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Ciudadanías en Conflicto

 | 
Camila Berríos
, 
Carolina García

Introducción

Texte intégral

1Las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales de las últimas décadas han posicionado a la ciudadanía como tema de interés público, generando un amplio debate en torno a su conceptualización y a las características del modelo educativo que se requiere para la formación ciudadana.

2Si bien el concepto de ciudadanía, como toda construcción cultural, ha ido evolucionando de manera paralela a las transformaciones que han experimentado los sistemas sociopolíticos modernos y como reflejo de las cambiantes relaciones entre los sujetos y el poder, durante las últimas décadas dicha evolución se ha visto acelerada por la conjunción de tres situaciones que han tensionado aún más no solo la forma en que los ciudadanos se relacionan con el Estado, sino que han redefinido las dimensiones y alcances del ejercicio ciudadano y han cuestionado los límites del Estado-nación como comunidad política, transformando la naturaleza de la identidad y el sentido de pertenencia sobre los que, tradicionalmente, se sustentaba el compromiso ciudadano.

3Los desafíos y tensiones que enfrenta actualmente la ciudadanía se ven complejizados por las redes de relaciones e interacciones que se generan entre la globalización, la crisis del sistema democrático y la incertidumbre vinculada a la sociedad del conocimiento, las que producen cuestionamientos a la forma en que tradicionalmente se concibió la sociedad, la relación con el poder y la naturaleza de la participación ciudadana, y hacen necesario replantearse cuál debiese ser el camino más apropiado para formar a los ciudadanos que la sociedad actual necesita.

4Como consecuencia de lo anterior, una de las pocas certezas que se tiene en la actualidad es que no hay consenso sobre qué es la ciudadanía. Aunque la ciudadanía tradicionalmente ha sido objeto de debates y discusión en torno a su significado y lo que implica la práctica ciudadana en las sociedades modernas, esta indefinición se ha visto ampliada y profundizada por los desafíos y tensiones mencionados, haciendo necesario aceptar que las reflexiones sobre la ciudadanía son multidimensionales. Es decir, deben ser abordadas ya no solo desde una perspectiva política, sino también desde las dimensiones económica, social, cultural y de género.

5En las siguientes páginas se presenta un análisis sobre el efecto que las características de la sociedad actual están teniendo sobre la ciudadanía, para explicar por qué se puede afirmar que hoy enfrentamos una serie de ciudadanías en conflicto y para comprender por qué un libro como este, que ofrece múltiples perspectivas y distintos formatos de análisis, es al mismo tiempo un reflejo de la complejidad que enfrentan los estudios ciudadanos, pero un recurso necesario para poder hacernos cargo de dicha complejidad.

1. Los debates tradicionales sobre la ciudadanía

6En las sociedades contemporáneas se entiende la ciudadanía a partir de tres dimensiones centrales: la titularidad, que implica ser titular de derechos y deberes, la condición política, que define al ciudadano en su capacidad de participar e intervenir en los procesos políticos y formar parte de las instituciones públicas de gobierno de la sociedad, y la identidad o pertenencia a una comunidad determinada, con una historia y unos rasgos étnicos o culturales propios (Giraldo, 2015). En torno a la naturaleza de cada una de estas dimensiones se han desarrollado una serie de debates, algunos de carácter tradicional, vinculados a las características del Estado moderno y la comunidad política que lo conforma, y otros que se han ido sumando a partir de las transformaciones generadas por la globalización y la expansión del ideario neoliberal.

7Dentro de estos debates, el más tradicional se ha desarrollado entre los partidarios de los derechos, la libertad y la justicia y los partidarios de una ciudadanía responsable y comprometida con la comunidad. Desde una perspectiva minimalista, este debate se ha reducido a dos formas mínimas de concebir la ciudadanía: la ciudadanía limitada y la ciudadanía amplia (Tilly, 1995, como se citó en Faulks, 2000; Barcena, 1997; Kerr, 2001; Naval, 2000).

8La ciudadanía limitada es aquella que privilegia la titularidad enfatizando los derechos ciudadanos y considerando al Estado como un mal necesario, cuya obligación fundamental es garantizar la igualdad en el acceso a los derechos civiles. Esta concepción critica cualquier intento por establecer las directrices de lo que debe ser el bien común, por considerarlo un peligro que amenaza con limitar el ejercicio pleno de los derechos. La ciudadanía es concebida como un estatus legal que afecta la posición del individuo solo en la esfera pública, y que define al ciudadano como un agente independiente, preocupado de sus intereses individuales, sin la necesidad de asumir responsabilidades o un compromiso moral con su comunidad. Además, también limita la condición política del ciudadano a la participación a través del ejercicio electoral, definiéndolo como un actor pasivo y sin aludir a los principios identitarios sobre los que debe constituirse su compromiso comunitario (García, 2016).

9La ciudadanía amplia, por su parte, plantea que el ejercicio de los derechos que brinda la titularidad exige asumir y cumplir los deberes que implica la vida en una comunidad política que, además, debe ser la encargada de establecer los criterios de la vida buena. Desde esta perspectiva, la ciudadanía es una condición moral que afecta al individuo tanto en la esfera pública como en la esfera privada, y exige ciudadanos virtuosos, es decir, sujetos activos y no agentes pasivos, que reconozcan y valoren los vínculos de interdependencia con su comunidad y que participen activamente en espacios mucho más amplios que las instancias político-electorales (García, 2016).

10Esta interpretación minimalista de las concepciones ciudadanas es una exacerbación de las teorías liberal y cívico republicana, que incorpora los efectos de las transformaciones sociopolíticas, culturales y económicas del siglo XX. Sin embargo, es una interpretación muy limitada, que no refleja la pluralidad de posiciones actuales frente a la ciudadanía (García, 2016).

11Existe un debate mucho más amplio y complejo que surge del impacto que han tenido sobre el concepto de ciudadanía las demandas de democratización y de igualdad social promovidas durante el siglo XX y la crisis que ha caracterizado a las democracias liberales durante las últimas décadas. Este debate se ha organizado en torno a la tensión entre la perspectiva individual de la ciudadanía, vinculada a los derechos ciudadanos e identificada con los ideales liberales, y la perspectiva colectiva, relacionada al compromiso moral con la comunidad y vinculada con las ideologías comunitarista y cívico-republicana.

12Desde la tradición liberal, los principios fundamentales sobre los que se define la ciudadanía son la racionalidad de los individuos, el rol neutral del Estado y la primacía de los derechos civiles y políticos. Desde esta perspectiva, la titularidad ciudadana es un estatus que debe ser garantizado por un Estado fundamentado en el ideal de justicia, concebida como el acceso igualitario de todos los ciudadanos a los derechos civiles y políticos vinculados a dicho estatus, brindando la posibilidad de que los ciudadanos juzguen por sí mismos qué es la vida buena (Kymlicka, 1995). Es decir, el Estado no debe establecer un marco legal y valórico para determinar qué es el bien común, porque los individuos, como seres racionales, son capaces de auto determinarse a través de lo que ellos consideran la vida buena (Kymlicka, 2003). Imponer una visión común implicaría una amenaza al libre ejercicio de los derechos ciudadanos, favoreciendo la exclusión de quienes piensan diferente o no quieren participar de las instancias definidas por la política estatal (Kymlicka, 1995). Desde esta perspectiva, los derechos asociados a la titularidad son de carácter civil y político, ya que los derechos sociales son considerados producto de las elecciones racionales de los seres humanos y no condiciones previas a la conformación del Estado.

13En síntesis, la premisa fundamental de la ciudadanía liberal es la libertad y no la igualdad de los ciudadanos, salvo en el acceso a los derechos civiles. La condición ciudadana, por tanto, limita la participación a los espacios de participación político-electoral, sin exigir un compromiso moral con su comunidad. El resultado ha sido la formación de ciudadanos pasivos, más empoderados en su condición de consumidores que como miembros de una comunidad, por tanto, con una identidad que se sustenta en los intereses individuales (Yarza, 2005). Frente a las concepciones ciudadanas de raigambre liberal, aparecen propuestas que critican la definición de la ciudadanía solo a partir de los derechos, sin asumir los deberes que implica la vida en comunidad, por considerar que debilitan los fundamentos democráticos a partir de los cuales se han obtenido esos derechos (Faulks, 2000). Desde esta perspectiva, lo esencial de la condición ciudadana es la responsabilidad con la comunidad y el compromiso con lo que esta ha definido como bien común.

14Entre estas propuestas se puede destacar, en primer lugar, la concepción comunitarista de la ciudadanía, que niega la supremacía de los derechos sobre los deberes y el bien común, considerando que todos son igual de importantes en términos morales: los derechos solo adquieren sentido cuando se hacen asumiendo los compromisos con la comunidad, en busca de su bien común (Taylor, 1989, como se citó en Faulks, 2000). Plantea que la titularidad ciudadana se desarrolla en un contexto social determinado, en el que los individuos no son agentes desvinculados, sino sujetos contextualizados, insertos en una red de roles y relaciones sociales que inciden en sus acciones y elecciones. Es por ello que el Estado, como expresión política de la comunidad, no puede ser neutral frente al bien común, sino que debe establecer claramente en qué consiste, sintetizando los aportes colectivos que han contribuido a su definición (Sandel, 1984; Taylor, 1986, como se citaron en Kymlicka, 1995), es decir, los elementos históricos, morales, pero sobre todo culturales –lengua, etnia y/o religión— sobre los que se organizan los Estados nacionales (Viroli, 1995; Kymlicka, 1995) y a partir de los cuales se debe desarrollar la identidad y el sentimiento de pertenencia comunitario.

15Si bien la ciudadanía comunitaria ha significado un aporte en la ampliación de la definición de la ciudadanía, al igualar en importancia a los derechos cívicos, políticos y sociales, su convicción de que la cohesión de la comunidad se sostiene en ideales de carácter nacionalista, en algunas ocasiones ha fundamentado el desarrollo de gobiernos no democráticos, constituidos sobre un ferviente racismo o nacionalismo que han llevado a marginar a los grupos sociales que no comparten la misma estructura cultural, o a beneficiar gobiernos de carácter autoritario comprometidos con la defensa de los principios identitarios del Estado-nación (Viroli, 1995; Kymlicka, 1995; Faulks, 2000; Heater, 2007).

16La tradición cívico republicana, por su parte, aunque también considera que la titularidad ciudadana se sustenta tanto en los derechos como en el compromiso con el bien común, se diferencian de los comunitaristas en que la base del compromiso comunitario es de carácter político y no cultural. La comunidad de los republicanos se estructura sobre la base del Estado territorial moderno, pero no se concibe como una nación, sino como una patria, es decir, como una construcción legal que se ha constituido a lo largo del tiempo. Por tanto, la virtud política es identificada como patriotismo: lealtad y amor a la patria, el que se constituye a partir del sentido de pertenencia que otorga la historia y la institucionalidad en común, de manera independiente de la composición cultural y étnica de la comunidad (Habermas, 1998; Heater, 2007; Magnette, 2005). Además, a diferencia de la perspectiva liberal, plantea que la ciudadanía no se limita al estatus que otorga la titularidad, sino que corresponde más bien a una acción compuesta por tres dimensiones: la política, referida a la participación en los procesos electorales; la civil, relacionada con la defensa de los derechos básicos de todo ser humano; y la social, orientada a la organización colectiva y al compromiso social (Marshall, 1949). De esta manera, desde la perspectiva republicana la condición ciudadana es activa y compleja, ya que exige una participación fundamentada en un fuerte compromiso ético con el bien común y mucho más amplia que los espacios ofrecidos en las instancias político-electorales (Viroli, 1995; Kymlicka, 1995; Heater, 2007).

17Pesea las diferencias que presentanlas tres tradiciones teóricas analizadas, todas comparten la necesidad de los límites del Estado-nación para poder desarrollarse. Es por esto que se considera que ninguna de estas formas de concebir la ciudadanía es capaz de enfrentar los desafíos supranacionales y multiculturales que ha generado la globalización, impulsando la aparición de nuevas aproximaciones teóricas a la ciudadanía que conviven con las anteriores, complejizado no solo su conceptualización, sino también las formas de concebir su ejercicio.

2. El impacto de la globalización en la conceptualización de la ciudadanía

18Las transformaciones económicas, sociales y culturales impulsadas por la globalización durante las últimas décadas, han generado un profundo cuestionamiento a la estructura del Estado nación como el tipo de comunidad ideal para un ejercicio ciudadano de carácter democrático y promotor de la justicia social.

19Por una parte, el crecimiento sostenido de las migraciones internacionales y las transferencias culturales facilitadas y aceleradas por el desarrollo del mercado internacional y de los medios de comunicación, en especial de las redes sociales, ha estimulado la diversificación cultural de las sociedades, generando importantes tensiones. En primer lugar, porque se han incrementado las demandas de las minorías étnicas y de género por una igualdad efectiva de derechos y por obtener espacios de participación ciudadana desde sus propias formas culturales (Davies et al., 2005; Davies & Issitt, 2005; Stavenhagen, 2008). Y, en segundo lugar, porque las aspiraciones homogeneizadoras de los países desarrollados en torno a su modelo cultural (democrático, capitalista y consumista), ha despertado la resistencia de culturas locales que luchan por mantener sus particularidades (Heater, 2007; Faulks, 2000).

20A lo anterior se suman los efectos de la mundialización de la economía y la expansión del modelo neoliberal, y la forma en que han promovido la integración de los Estados nacionales en organizaciones supranacionales principalmente de carácter comercial. Estas organizaciones han tendido a difuminar los límites políticos y culturales entre los Estados nacionales y han limitado su poder para decidir soberanamente las políticas económicas y sociales, generando una profunda crisis de autoridad y un cuestionamiento a los vínculos identitarios de unidad nacional (Davies, 2006; Faulks, 2000; Keating, 2009; H. Marshall, 2009; Suárez, 2008).

21Desde esta perspectiva, uno de los primeros debates que se ha generado respecto a la ciudadanía, se relaciona al debilitamiento del Estado-nación como referente de identidad y espacio para el ejercicio ciudadano. La preocupación por lograr una democracia efectiva surge dentro de la izquierda ideológica, entre las propuestas de la ciudadanía cosmopolita y la ciudadanía patriótica, en relación a la titularidad de la ciudadanía y al ámbito de acción ciudadana (Habermas, 1998).

22La ciudadanía cosmopolita, relacionada políticamente con la izquierda liberal, plantea la insuficiencia del Estado-nación como un espacio válido para el ejercicio de una ciudadanía democrática. Su principal fundamento teórico es la “Política de la Diferencia”, que plantea el respeto por las particularidades de todo grupo étnico, como la base para alcanzar la justicia y la realización personal. Plantea que la comunidad que otorga la titularidad ciudadana es de carácter mundial, y por tanto los compromisos morales no pueden limitarse a los que viven dentro de un Estado, sino que deben establecerse con todos los seres humanos (Nussbaum, 1995). Consideran que la democracia no necesita de una unidad nacional, sino simplemente de la adhesión a los principios universales de libertad, igualdad y participación política. Es por ello que promueven la conformación de una ciudadanía cosmopolita, sostenida en una identidad que se sustenta en los derechos humanos (Hung, 2012) que permita la formación de “ciudadanos del mundo”, comprometidos democráticamente con todos los seres humanos, y respetuosos de sus distintas manifestaciones culturales (Nussbaum, 1995).

23El patriotismo constitucional, por su parte, identificado políticamente con la social democracia, propone una ciudadanía que coincide en varios de sus planteamientos con la tradición cívico-republicana, pero se define fundamentalmente en la respuesta que busca dar a la propuesta cosmopolita. En ese sentido, la ciudadanía patriótica reivindica los límites del Estado-nación como la única comunidad política que puede asegurar de manera efectiva tanto la titularidad como la condición ciudadana, ya que la participación efectiva de los ciudadanos, solo se puede ejercer dentro de los límites institucionales del Estado, pues no existe una institucionalidad política de carácter mundial que permita el ejercicio democrático de la ciudadanía. Salir de los límites del Estado-nación, implica ingresar a otro nivel que no se limita a imponer nuevas formas de participación ciudadana, sino que, además, podría limitar el desarrollo de las formas culturales propias (Gutnam, 1995; Perterson, 2012). Para los patriotas, la democracia requiere de un compromiso republicano alimentado por el sentido de pertenencia y de una identidad patriótica, de origen político, y relacionada a la libertad común de un pueblo, protegida por las leyes, la constitución y las costumbres republicanas. Al igual que los cosmopolitas, los patriotas rechazan la constitución de una identidad ciudadana sustentada en la nación, por considerar que su naturaleza étnica y religiosa es una amenaza para la democracia, ya que promueve una identidad cultural única que atenta contra el pluralismo social, político, cultural y moral que impera en las sociedades democráticas (Bobbio como se citó en Viroli, 1995); y porque la nación puede coexistir con cualquier forma de gobierno, incluso gobiernos de carácter totalitario, pero la patria no. Al fundamentarse en una identidad política de carácter legal e institucional, no aspira a la homogenización cultural siendo perfectamente compatible con el pluralismo cultural que caracteriza a las sociedades en la actualidad (Viroli, 1995).

24En Europa se ha desarrollado una posición intermedia entre cosmopolitas y patriotas, vinculada a la conformación de una ciudadanía supranacional o post-nacional, en torno a la Unión Europea. Los promotores de la ciudadanía europea comparten con los cosmopolitas la idea de que la participación ciudadana ya no se restringe a los límites del Estado-nación, porque la globalización ha borrado las fronteras económicas, sociales y políticas entre los Estados y ha proporcionado una institucionalidad política más amplia (Keating, Ortloff & Philippou, 2009; H. Marshall, 2009). Sin embargo, al mismo tiempo comparten con los patriotas, la idea de que la titularidad y la condición ciudadana solo pueden garantizarse dentro de una institucionalidad política clara y estable y de que dicha ciudadanía se debe sostener sobre una identidad patriótica de carácter ampliado y europeo, que permita el desarrollo del compromiso ciudadanos entorno a la institucionalidad que ha dado origen a esta comunidad de países (Keating, 2009).

25Pese a que estas tres propuestas proponen formas ciudadanas para enfrentar los desafíos de la globalización, han sido criticadas desde otras perspectivas teóricas por considerar que ninguna de ellas permite responder efectivamente a la complejidad de los desafíos del mundo actual. Aunque se coincide con la idea de que la estructura del Estado-nación se hace cada vez más insuficiente para asegurar una inclusión democrática y justa de las demandas multiculturales, también se considera que no existe en la actualidad una institucionalidad que permita ejercer plenamente una ciudadanía de carácter mundial. Por tanto, es necesario descifrar de qué forma solucionar las demandas multiculturales dentro de las estructuras estatales que siguen vigentes. Frente a ese desafío, ha surgido otra corriente de debate teórico que busca dar respuesta a los desafíos multiculturales y supranacionales de la ciudadanía desde una “perspectiva holística” (Faulks, 2000), que integre su naturaleza individual y colectiva, conjugando la importancia de la universalidad de los derechos con el compromiso comunitario y ético que necesitan los sistemas democráticos circunscritos a los límites del Estado. Se considera que el equilibrio entre derechos individuales y compromiso comunitario es fundamental para asegurar la universalidad de la titularidad de derechos, la participación efectiva de la ciudadanía y el desarrollo del sentido de pertenencia a una comunidad no homogénea, pero que comparte una visión clara del bien común.

26Dentro de esta línea de debate, se pueden destacar en primer lugar, la propuesta de la ciudadanía multicultural (Banks, 2008), que promueve una condición ciudadana relacionada a la participación no solo civil, política y social, sino que además, agrega una cuarta dimensión de carácter cultural, es decir, promueve el ejercicio ciudadano desde las particularidades culturales de cada uno de los grupos culturales que conforman la sociedad, para permitir el desarrollo de una identidad común básica que reconozca la coexistencia de las múltiples culturas, como requisito para el funcionamiento del Estado-nación. En esta misma línea, pero desde un punto de vista más radical, la ciudadanía intercultural (Stavenhagen, 2008), no solo promueve el respeto a la diversidad cultural y la ampliación de formas de participación, sino que, además, impulsa la formación de una identidad nacional que sintetice el aporte de cada uno de los grupos culturales que coexisten dentro del Estado.

  • 1 Esta concepción ciudadana también ha sido abordada por los siguientes autores: (Allan & Charles, 2 (...)

27En segundo lugar, desde la perspectiva holística se encuentra en pleno desarrollo la propuesta de la ciudadanía global1 (Davies, 2006; Osler, 2011; UNESCO, 2015). Para representar las condiciones culturales y políticas del mundo globalizado, promueve una condición ciudadana desde los cuatro niveles posibles de participación –cívica, política, social y cultural– con la finalidad de asegurar una igualdad efectiva entre los ciudadanos, independiente de su origen étnico o cultural. A esto se suma la búsqueda de la justicia social y la promoción de una participación activa desde las propias formas e intereses culturales, a través de la formación de una identidad escalonada, es decir, una identidad que reconoce los distintos niveles de pertenencia comunitaria, tanto a nivel local como nacional y global, reconociendo que los espacios de participación son diversos. Sin bien la participación político-electoral está circunscrita al Estado, existen otros espacios de participación civiles, sociales, culturales y políticos tanto a nivel local, como a nivel planetario (UNESCO, 2015).

28Por último, la tercera propuesta que se puede destacar corresponde a la ciudadanía posmoderna (Faulks, 2006) cuyo principal objetivo es asumir el problema que representa el Estado para alcanzar una ciudadanía realmente universal, pero sin desconocer que en la actualidad es la única comunidad política que ofrece las condiciones para desarrollar una ciudadanía efectiva. Para la ciudadanía posmoderna, el ideal es eliminar las divisiones estatales y conseguir la conformación de una institucionalidad de carácter mundial que permita el ejercicio ciudadano. Sin embargo, considera que mientras eso no ocurra, la participación política debe fundamentarse en la propuesta del patriotismo constitucional, complementándolo con la superación de las divisiones entre la esfera pública y la esfera privada en busca de consensos y del desarrollo de identidades múltiples y escalonadas (Heater, 1990, como se citó en Faulks, 2000). El desarrollo de estas identidades, busca fusionar el pluralismo cultural de las sociedades posmodernas, con la participación de los ciudadanos en las distintas instituciones políticas y sociales de carácter local, nacional y global, que han surgido en los últimos años.

29En la actualidad, cada una de las conceptualizaciones ciudadanas presentadas, permiten dimensionar la controvertida naturaleza que presenta la ciudadanía y la relevancia que tiene en la definición de la conformación política y social de las sociedades actuales. Además, evidencian que, en el proceso de evolución conceptual, ninguna de las visiones presentadas se ha impuesto a las otras, sino que, por el contrario, todas siguen conviviendo y complementándose con nuevas visiones relacionadas a los desafíos que propone la consolidación de la sociedad del conocimiento y al impacto que ha tenido la crisis del sistema democrático, análisis que se ofrece a continuación.

3. Los desafíos ciudadanos de la sociedad del conocimiento

30Otra de las condiciones fundamentales que ha determinado a la sociedad durante las últimas décadas, ha sido la consolidación de la sociedad del conocimiento, caracterizada por el crecimiento exponencial de la información y por el vertiginoso desarrollo de la tecnología y los medios de comunicación, especialmente de las redes sociales, lo que ha dado origen a una sociedad en permanente cambio y marcada por la incertidumbre (Bauman, 2009; Morin, 2009). El aumento de la producción de conocimiento científico y su disposición instantánea en la Red, sumado a la masificación en el acceso a la información, ha ido provocando la pérdida de certezas sobre los saberes existentes. Así mismo, el carácter inmediato que han adquirido las relaciones humanas producto de la interconectividad comunicacional y tecnológica, ha provocado una creciente inestabilidad en los fundamentos valóricos de la sociedad.

31La incertidumbre se ha ido poco a poco apoderando de los sujetos y las colectividades, generando una crisis de sentido que vuelve “líquidas” las instituciones: estas siguen funcionando, pero las significaciones morales, sociales, políticas y culturales sobre las que tradicionalmente se sustentaban, están vaciándose de sentido (Bauman, 2007a; Lipovetski, 2000). Esto ha dado origen a lo que algunos denominan la era posmoderna (Lipovetski, 2000) o la era de la licuefacción (Bauman, 2007a), caracterizada por la crisis de los marcos referenciales dados por la modernidad, generando un cuestionamiento a la institucionalidad sobre la que se sostiene su modelo de organización social y el retraimiento hacia la identidad tanto individual como colectiva, lo que deriva en una crisis del sentido y significado de los sujetos y de la acción individual y colectiva.

32Beck, Giddens y Lash (1994) sostienen que el quiebre de las formas sociales tradicionales de fase industrial y la incapacidad de las instituciones para responder a las nuevas características y demandas de la sociedad derivan de los propios logros de la modernización, y de la aceleración histórica de las transformaciones sociales que generó, dando paso a un nuevo tipo de modernidad que se constituye desde la “individualización como forma social”, es decir, a partir de sujetos que frente a la desintegración de las certezas que caracterizaron a la sociedad industrial, buscan nuevas certezas de carácter individual, no colectivas. Sinembargo, dicha búsqueda se realiza en un contexto de globalización, en el que la interdependencia se incrementa al mismo tiempo que la individualización, profundizando la incertidumbre y la crisis de sentido, ya que el mayor nivel de poder personal con el que cuentan los sujetos, les hace aún más conscientes de la incertidumbre respecto de sí mismos y de su futuro (Beck, Giddens y Lash, 1994). En este contexto emergen con fuerza las tendencias hacia la centralidad de las identidades y de sus reconfiguraciones, ya que al debilitarse las estructuras que daban sentido, surgen nuevas subjetividades y la pluralidad de identidades es un proceso inevitable.

33Por ello, la multiplicidad de los conceptos de ciudadanía se entiende porque al centro del debate se encuentra una gama de resignificaciones identitarias vinculadas a la etnia, la cultura, la sexualidad, la ideología y la identidad nacional.

34La importancia que tiene la resignificación de las identidades es fundamental para abordar la ciudadanía, ya que, como una de sus dimensiones constitutivas, impacta en el sentido que se asigna a la vinculación entre comunidad y ciudadanía. El retraimiento hacia identidades esencialistas ligadas a los principios nacionalistas como refugio a la incertidumbre del sistema social actual, promovido por el fortalecimiento de la individualización y el debilitamiento del compromiso comunitario, ha traído consecuencias negativas a la idea de ciudadanía, porque se ha traducido en el distanciamiento del campo político. Como sostiene Mouffe (1999) lo político tiene un papel central en la conformación de las sociedades, ya que refiere al conflicto propio de las relaciones sociales y de la construcción de identidades colectivas, y define el tipo de ciudadanía que se busca promover, lo cual es fundamental para determinar el tipo de sociedad y de comunidad política que se quiere construir (Mouffe, 1999). La identidad política es una construcción social que no se fundamenta en la homogeneidad cultural, sino en la participación en los procesos políticos, por tanto, es contingente y flexible. En ese sentido, la identidad política es un tipo de identidad que permite promover la cohesión social en contextos diversos, marcados por las aspiraciones individuales y el conflicto de intereses no solo distintos, sino que muchas veces contrapuestos (Pitkin, 1972, citada en Mouffe, 1999). En consecuencia, frente a sociedades cada vez más diversificadas e individualistas, el debilitamiento de la identidad política solo profundiza la sensación de incertidumbre y la crisis de sentido.

35A lo anterior se suma el impacto de la interdependencia generada por la globalización, y la forma en que esto ha ampliado la complejidad de las sociedades actuales. Los efectos sociales, políticos, económicos y culturales de la modernidad han generado una serie de desafíos de carácter global, muchos de los cuales, además, ponen en riesgo la misma sobrevivencia de la especie humana (Morin, 2009), como por ejemplo, el aceleramiento del cambio climático, los problemas ambientales vinculados a la renovación de recursos claves como el agua y la existencia de múltiples arsenales nucleares altamente destructivos, a disposición de un número cada vez más creciente de grupos extremistas y terroristas. Frente a estos desafíos, se requiere de una ciudadanía capaz de afrontar los conflictos en toda su complejidad, de manera integral e interdisciplinaria, para poder abordar las múltiples dimensiones que intervienen en ellos.

36En ese sentido, Morin (2009) plantea la necesidad de una ciudadanía planetaria, fundamentada en una dimensión identitaria que más allá de todas las diferencias que existen entre los sujetos, todo ser humano debería poseer: la identidad terrenal. Dicha identidad se caracteriza por ser consciente de que la diversidad es una dimensión constitutiva del ser humano como especie y no es algo que “ha surgido” en las últimas décadas, así como por asumir la fragilidad tanto de la condición humana como del conocimiento que se ha construido. Esta dimensión identitaria permitirá abordar la incertidumbre desde una perspectiva constructiva, como una condición constitutiva del ser humano que determina que nadie es dueño absoluto de la verdad, y por tanto se necesita trabajar colaborativamente para superar los desafíos de la sociedad actual y avanzar en la búsqueda colectiva de las soluciones a los problemas actuales. Lo anterior representa un desafío extra a la necesidad de contar con ciudadanos activos y participativos, ya que, además de requerir que desarrollen una identidad y un compromiso con las distintas comunidades políticas a las que pertenecen, se necesita que cuenten con las competencias requeridas para desenvolverse en un escenario cada vez más incierto y complejo. Sin embargo, este desafío se torna cada vez más difícil frente a un sistema democrático que pierde cada vez más legitimidad y que se estructura a partir de un modelo socioeconómico que en lugar de formar ciudadanos, está enfocado de formar consumidores comprometidos con sus intereses individuales. A continuación, se analizan las características de las crisis del sistema democrático y el impacto que esto ha tenido en la concepción y el ejercicio de la ciudadanía.

4. La crisis del sistema democrático y su impacto en la ciudadanía

37Actualmente, a nivel mundial, el sistema democrático está enfrentando una profunda crisis de representatividad y legitimidad, caracterizada fundamentalmente por el distanciamiento entre los ciudadanos y la política tradicional y cuyo síntoma más evidente es el debilitamiento del compromiso ciudadano y la creciente apatía hacia la política tradicional, especialmente de las generaciones más jóvenes (Putnam, 2000).

38El elitismo de las democracias representativas y su convicción de que la participación electoral es el único mecanismo de toma de decisión en el cual los ciudadanos pueden participar activamente, ha ido cerrando los espacios de deliberación de lo público a la ciudadanía, quitándole el componente de lo político a la política (Mouffe, 1999). Aunque la institucionalidad sigue funcionando, es decir, los cambios de gobierno se desarrollan pacíficamente, las elecciones se realizan periódicamente y las instituciones políticas cumplen las funciones para las que fueron creadas. Al mismo tiempo la indiferencia hacia la participación política tradicional en los espacios electorales y en relación a los partidos políticos, se profundiza cada vez más.

  • 2 Sobre este tema también se pueden consultar los trabajos de De Groot, Goodson & Veugelers, 2014; D (...)
  • 3 Para profundizar sobre este tema se pueden consultar los trabajos de Campbell, 2013; Checkoway & A (...)

39Pese a que desde inicios de la década de los noventa, la democracia representativa se ha consolidado prácticamente en todo occidente, de manera paralela se ha experimentado una creciente disminución del universo electoral y de la participación en organizaciones políticas y laborales, incluso en democracias tradicionales como la inglesa y la norteamericana (Crick, 1998; PNUD, 2015)2. Además, se ha ido potenciado la participación a través de la protesta y la manifestación callejera, pero desvinculadas de la clase política y los partidos políticos (Mycock & Tonge, 2012; Somma & Bargsted, 2015), y han surgido nuevas instancias de participación a través de las redes sociales transformándose en un espacio abierto y masivo para que los ciudadanos puedan manifestar sus ideas y opiniones, frente a los temas de interés público3.

40Chile no ha quedado al margen de esta crisis, la que presenta características muy similares a lo que ocurre en el resto de América Latina. El estudio del PNUD sobre el estado de la democracia en la región, ya mostraba en 2004 que el compromiso democrático a nivel regional es bastante débil. Solo el 40% de los jóvenes de entre 16 y 29 años consultados, tiene orientaciones y opiniones democráticas claras, mientras que el 31,2% se muestra ambivalente frente al sistema democrático y 28,7% tiene orientaciones no democráticas. Además, el 56% de los entrevistados opina que el desarrollo económico es más importante que la democracia y el 55% apoyaría a un gobierno autoritario si pudiese solucionar los problemas económicos (Flores y García, 2015).

41Estas cifras llaman la atención cuando se considera que Chile y varios países latinoamericanos restablecieron la democracia solo hace un par de décadas, después de experimentar extensos gobiernos autoritarios, caracterizados por la marginación política y por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Además, actualmente cuentan con sistemas democráticos de hecho y de derecho, desarrollan procesos electorales pacíficos y periódicos y han definido políticas de formación ciudadana orientadas a desarrollar el compromiso y la conciencia de vivir en una sociedad democrática, implementándolas universalmente a través de los sistemas educativos (Flores y García, 2015). Sin embargo, tal como lo muestra el estudio de Corral (2011) sobre el estado de la democracia en América Latina, pese a que la preferencia por el sistema democrático como la forma de gobierno más óptima bordea el 70%, el nivel de satisfacción con la democracia solo se aproxima al 50%. A esto se suman los bajos niveles de confianza en las instituciones básicas del sistema democrático, como el Poder Legislativo, que solo cuenta con una confianza promedio que bordea el 40% y los partidos políticos, que cuentan con una confianza promedio cercana al 32%.

42La crisis que se está experimentando puede entenderse desde la paradoja fundacional sobre la que se han estructurado las democracias occidentales, que tienen un discurso proclive a la participación, pero en la práctica restringen los espacios de participación política o permiten que estos sean absorbidos por la lógica economicista del mercado, produciendo la mercantilización de todas las esferas sociales (Flores y García, 2015). Sin embargo, en Chile esta situación se ha visto ampliada y profundizada por las particularidades de la historia reciente del país.

43Durante la dictadura, la democracia pasó a concebirse como un destino unívoco, es decir, como la única forma que podía tomar la política para recuperar los espacios de participación y autodeterminación suprimidos por la dictadura (Lechner, 2002). Sin embargo, el retorno a la democracia no cumplió con las expectativas que había generado. Tal como lo plantean Flores y García (2015), la transición tuvo un desarrollo pactado entre cúpulas políticas, distanciado de la ciudadanía y como consecuencia, la democracia alcanzada comenzó a perder su sentido, porque no era lo que se esperaba ni lo que se había prometido. Las preocupaciones cotidianas, los intereses y las opiniones de las personas, no tuvieron el espacio esperado y la participación ciudadana se vio cada vez más reducida a la participación electoral. El sistema democrático se transformó en lo que Castoriadis (1999) denomina una oligarquía liberal, ya que la política se concentró en cúpulas de poder, manejadas por una minoría política que ha llegado al poder por la vía electoral, pero sin dar más espacios de participación al ciudadano común y corriente.

44A la desilusión por el tipo de sistema democrático construido, se han sumado los efectos de la consolidación del modelo neoliberal en Chile, los cuales han tenido efectos mucho más profundos que en el resto de los países occidentales, ya que la dictadura no solo impulsó reformas económicas desde esta concepción ideológica, sino que a partir de ella, impuso una nueva organización social que promovió la penetración de las ideas neoliberales en todas las esferas sociales (García, 2016). Chile se transformó a fines de la década de 1970, en el “laboratorio” de los ideólogos neoliberales, convirtiéndose en un caso paradigmático, ya que en ningún otro país del mundo se implementaron sus propuestas con el nivel de profundidad que se ha hecho en Chile (Gazmuri, 2000; Cavallo, 2008). Tras el retorno a la democracia, estas transformaciones tampoco fueron revertidas, provocando que la lógica economicista haya invadido tanto la esfera pública como la esfera privada, mercantilizando todos los aspectos de la vida cotidiana (Flores y García, 2015). Por esta razón en Chile, quizás con mayor profundidad que en el resto de los países occidentales, se ha impuesto una lógica en la que cada cosa, cada relación e incluso cada persona, asumen como medida y única razón de sí su valor de cambio en el mercado, contribuyendo a profundizar la desigualdad y la segregación social (Angus, 2015; Arendt, 2003; Bauman, 2009; Kelly, 2010; Fernández, Fernández y Alegre, 2007; Yarza, 2005).

45La disminución de los espacios de participación sumado a la mercantilización de la sociedad han dado origen a lo que Cornejo et al. (2007) denomina, una “democracia de baja intensidad”, caracterizada por una participación ciudadana limitada a la esfera electoral y por la homogenización de la relación del ciudadano con el Estado, a sus vinculaciones con el mercado (Bellinger y Arce, 2011; Teichman, 2009; Yarza, 2005). El Estado chileno se ha visto cada vez más reducido en sus funciones, limitándose a generar las condiciones adecuadas para que el sistema económico funcione, a establecer un orden social acorde a la mercantilización, lo que implica limitar la participación ciudadana a la capacidad de consumir (García y Flores, 2011).

46En este escenario, la crisis del sistema democrático se encuentra íntimamente relacionada con los procesos de individualización y con una ciudadanía que se define a partir de la resignificación de identidades individuales en las que el componente colectivo y político se hace cada vez más difuso, debilitando la condición ciudadana al limitar la participación política o restringirla a espacios de acción que no siempre tienen un impacto directo en la toma de decisiones, lo que termina por profundizar el desencanto con el sistema político. Como consecuencia, la ciudadanía se asume cada vez más desde una perspectiva minimalista, que solo enfatiza en la titularidad, es decir, en el estatus que asegura el acceso a determinados derechos civiles.

47Uno de los efectos más preocupantes que ha tenido la interacción entre crisis de sentido, incertidumbre, problemas globales, sociedades más diversificadas y multiculturales y la pérdida de legitimidad de la democracia representativa, ha sido la emergencia de fuerzas políticas radicales que buscan un retorno a las certezas dadas por las identidades esencialistas, en un contexto de erosión del terreno social y de las identificaciones colectivas. En un extremo, se encuentran los movimientos fundamentalistas que utilizan el terrorismo como forma de erosionar al sistema y reivindicar las demandas de los grupos que ellos consideran excluidos y discriminados. En el otro extremo, se encuentran las fuerzas de extrema derecha que se han visto fortalecidas, especialmente en Europa, producto de la crisis de legitimidad de los partidos políticos tradicionales, los elevados niveles de desigualdad que afectan a importantes sectores de la población, las crisis económicas y las reformas de austeridad, junto al conflictivo proceso de inmigración de los últimos años (Mellón y Hernández-Carr, 2016).

48La mundialización del modelo capitalista a partir de las lógicas neoliberales y el tipo de integración que supuso la consolidación de la Unión Europea (Fernández, 2002), han sido para la derecha radical, los responsables del desempleo, la inmigración y, por sobre todo, la pérdida de soberanía, en donde las decisiones ya no se dan a escala nacional (Febbro, 2014). Este último punto es de suma relevancia ya que “la interacción de los intereses nacionales es el factor más relevante que organiza las políticas e instituciones básicas de la Unión Europea” (Marks, Wilson & Ray, 2002: 585).

49Este contexto se ha visto reforzado por la transformación de la socialdemocracia europea a una élite neoliberal, lo que ha debilitado su diferenciación con el conservadurismo tradicional y el liberalismo europeo, tanto en términos de políticas como referentes ideológicos, y la ha identificado negativamente, con la idea de una Europa unida, la cual se encuentra actualmente en crisis (Fernández, 2002). Estas condiciones, sumadas a la crisis económica que estalló el 2008 y a las políticas de austeridad que la acompañaron, han contribuido al ascenso de fuerzas políticas de derecha radical que recogen en su discurso temáticas abandonadas por los partidos tradicionales (Febbro, 2014).

50Frente a estas problemáticas, la propuesta de la derecha radical se ha fundamentado en un nacionalismo de carácter “nativista”, ideología que sostiene la oposición ferviente a la presencia en un Estado de personas e ideas extranjeras no-nativas, que son consideradas amenazas a la identidad y seguridad de la mayoría del grupo nativo, es decir, la nación (Coben, 1964; Hernández-Carr, 2011; Higham, 1958; Mudde, 2007). El fuerte rechazo a la inmigración y particularmente la creciente islamofobia que se presenta en el discurso de la derecha radical se explica por la supuesta amenaza que presenta a la identidad cultural del pueblo nativo. El racismo del siglo XX es reemplazado ahora por la cultura, concebida como una cuestión estática e internamente homogénea, a la cual la población inmigrante es ajena (Hernández-Carr, 2011). La caracterización populista de la derecha radical está dada por la apelación tanto a las clases populares como a la nación interclasista cultural e identitariamente homogénea, en donde el enemigo es tanto la clase política como los extranjeros.

51Ciertamente el ascenso de la derecha radical a la política institucional, a través de partidos políticos que ganan espacios de representación en sus sistemas de partidos, no es un fenómeno propio de Europa. El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de 2016, es otra de las manifestaciones del fenómeno anti cosmopolita y nacionalista de los últimos años. El fundamento tras este triunfo corresponde a un rechazo al denominado “poder material” que genera en los ciudadanos una percepción de pérdida de control efectivo sobre el destino de sus vidas, generando un miedo e incertidumbre abrumadora con respecto al futuro (Semán, 2017).

52En América latina, pese a que tras el fin de los gobiernos dictatoriales y como respuesta a las reformas neoliberales impulsadas durante los ochenta y noventa, muchos países latinoamericanos comenzaron a ser gobernados por líderes y partidos políticos de izquierda y centro izquierda (Rovira Kaltwasser, 2014). Sin embargo, esto no ha supuesto que la derecha latinoamericana haya dejado de existir o perdido significancia en la región (Luna y Rovira, 2014). De hecho, México, Chile, Colombia y Argentina, son casos en donde la fuerza de la derecha ha ido aumentando y los gobiernos nacionales de líderes y partidos de esta fuerza política se han instalado en los últimos años.

53La derecha latinoamericana, por cierto, no es asimilable a las extremas derechas analizadas para Europa y Estados Unidos, no obstante, los efectos de la crisis global, han repercutido a su vez, en los países de América latina. La crisis de los gobiernos post-neoliberales generó la oportunidad para el avance de la “nueva derecha”, caracterizada por nuevos discursos, métodos y formas que buscan revertir los años de pérdida electoral, así como generar un “nuevo” arraigo principalmente en las clases medias (López Segrera, 2016). En este sentido, Castro (2015) señala que la nueva derecha en la región, se basa en un diverso –pero consistente– conjunto de procedimientos y estrategias políticas que buscan renovar imágenes y procedimientos, pero que mantienen precedentes de una derecha tradicional y arraigada en la historia latinoamericana.

54Por otro lado, Rovira Kaltwasser (2014) no habla necesariamente de una “nueva derecha” en América latina, pero sostiene que una de las características más desafiantes de la derecha es el uso de una estrategia política que busca “desarrollar opciones electorales no partidistas. En este caso, se da pie a la conformación de liderazgos que buscan competir en elecciones pero que de forma deliberada rehúyen la construcción de partidos políticos” (Rovira Kaltwasser, 2014: 43). Lo anterior va de la mano con la promoción de un discurso y actores colectivos que intentan incidir en los procesos de formación de preferencias, principalmente en temáticas vinculadas a la regulación de la economía, cuestiones identitarias y valóricas (Rovira Kaltwasser, 2014).

55Las diferencias contextuales y particulares entre los casos analizados son evidentes. Sin embargo, la crisis generada por la tensión globalizadora y los efectos negativos del neoliberalismo tienen un amplio alcance, al menos en lo que respecta a la mayoría de las democracias de occidente. El ascenso político de derechas más radicales, y en algunos casos fuertemente nacionalistas y xenófobos, es un fenómeno que causa preocupación. Las consecuencias de la desigualdad extrema y el empleo precario, confluyen con el descrédito de los partidos y sistemas políticos tradicionales, en un contexto de extendida sensación de temor producto de la falta de certezas y la frustración de expectativas. Es en ese escenario en el cual adquiere relevancia una derecha que ha entrado a disputar con fuerza el campo político con un discurso anti político centrado en temas como la eficacia económica y la seguridad ciudadana cuestiones que son valoradas por una mayoría de los votantes (Rovira Kaltwasser, 2014), así como la exaltación de identidades esencialistas, diferenciadas y en abierto conflicto con los “otros”.

56Griffin (2000) sostiene, para el caso europeo, que la paradoja de las formaciones políticas de derecha, y por tanto, su mayor peligro, consiste en que han asumido “los postulados del sistema democrático liberal pero quieren que únicamente los miembros del grupo étnico mayoritario sean considerados miembros de pleno derecho de la sociedad” (Griffin, 2000 en Hernández-Carr, 2011:144). En este sentido el peligro no recae en la posibilidad de anulación de las libertades y el quiebre del sistema democrático, sino que el sistema acepte y adopte un proyecto político basado en la discriminación y exclusión. Sin embargo, muchos de los valores de la derecha radical son abiertamente antidemocráticos, por lo tanto, como señala Rodríguez (2006) a pesar que acepten el marco institucional, no como una estrategia política coyuntural, sino de manera estructural, su discurso y valores pueden erosionar considerablemente la legitimidad de las instituciones democráticas (Rodríguez, 2006 en Hernández-Carr, 2011).

57Ante este escenario, se hace fundamental asumir la complejidad de la crisis que se está experimentando y tratar de comprender su naturaleza para poder avanzar en la conformación de una ciudadanía capaz de desenvolverse en este escenario, para contribuir a la construcción de sociedades más justas y democráticas. En ese sentido, se ofrece una perspectiva interpretativa desde la teoría de los imaginarios sociales, para comprender cuál podría ser el ámbito de acción que permitiera avanzar en la superación de las crisis y en la conformación de la ciudadanía que la sociedad actual necesita.

5. Los desafíos ciudadanos en una era de crisis e incertidumbre. Una aproximación comprensiva desde el imaginario social

58Una de las perspectivas para asumir la naturaleza de la actual crisis del sistema democrático es la propuesta por Castoriadis (1995), quien propone que se trata de una crisis del imaginario social y de las significaciones y sentidos que este otorga a las acciones humanas. Esta perspectiva plantea que el actual sistema político se ha constituido sobre una democracia considerada como procedimiento y no como régimen, negando el imaginario social, es decir, las significaciones construidas y compartidas socialmente. Esta democracia procedimental corresponde a una Burocracia Capitalista (Castoriadis, 1999) una simbiosis perfecta entre Estado y mercado, que da origen a una sociedad que al mismo tiempo está dualizada y atomizada (García y Flores, 2011). Dualizada porque separa la esfera política de la esfera social, dividiendo a la sociedad en dos grupos: el de los que pueden participar de la lógica de mercado y que además tienden a ser los que participan en la toma de decisiones y aquellos que están marginados porque no pueden consumir y que optan también por marginarse de la toma de decisiones políticas (García y Flores, 2011). En efecto, tanto en Chile como en América Latina, los sectores más desposeídos son precisamente los que cuentan con menos espacios de participación y se manifiestan más apolíticos (Carreras y Castañeda-Angarita, 2014; Castillo et al., 2015; Espínola, 2005; Gómez, 2008; PNUD, 2015; Reimers, 2005).

59La sociedad actual está además atomizada, porque la lógica capitalista ha construido un meta-relato del paraíso individualista que ha roto los vínculos sociales y ha ido acabando con los ideales colectivos (García y Flores, 2011). La esfera pública ha sido completamente colonizada por los intereses privados (Angus, 2015; Arendt, 2003; Bauman, 2007), imponiendo el bienestar individual por sobre el bien común, que queda reducido a un segundo plano, cuando no desaparece por completo. En otras palabras, el ágora ha sido absorbida por el oikos.

60La combinación de dualismo y atomización ha minado la integración social, ya que mientras más individualistas se vuelven los individuos, más se erosiona la acción colectiva y la conciencia del “nosotros” que es básica para dar coherencia al sistema democrático y crear una cohesión social en torno a él (García y Flores, 2011; Lechner, 2002). En consecuencia, el sistema burócrata capitalista ha dado origen no al sujeto social, sino al individuo individualizado y privatizado que promueve una subjetividad des-subjetivada (García y Flores, 2011). Esto no quiere decir que se suprima la subjetividad, sino que esta subjetividad no considera o no asume las dimensiones fundamentales del ser humano. En primer lugar, desconoce que cada sujeto es en sí mismo social, porque solo puede existir y constituirse en un contexto intersubjetivo. Y en segundo lugar, omite la historicidad del ser humano, el hecho de que habita en un momento y espacio determinado, y que ese habitar forma parte de un continuo mayor, conectado con un pasado a través de la tradición, y con un futuro a partir de la expectativa. Por ello, la subjetividad de la era del consumo, limita las posibilidades de desarrollar componentes identitarios que refuercen el sentido de pertenencia comunitario y la necesidad de un ejercicio comunitario comprometido con el bien común.

61Desde la perspectiva de los imaginarios sociales, la crisis del sistema democrático actual, organizado como sistema burócrata capitalista, con su democracia representativa y restringida, y la mercantilización del espacio público y privado, se origina en su propio imaginario social, marcado por la imposición del ideal capitalista (Castoriadis, 2005). El sistema está des-subjetivado, porque es el mismo imaginario social y la comprensión antropológica que tiene del ser humano, como un ser ya dado, eterno y absoluto, y por tanto a histórico y descontextualizado, el que ha creado las condiciones para esa des-subjetivación (García y Flores, 2011).

62Todo imaginario social tiene un poder instituyente, que permite el desarrollo de la sociedad, y que posee una doble dimensión: lo político y la política. Lo político está presente en todo tipo de sociedad y está vinculado a la dimensión explícita del poder, es decir, a las instituciones e instancias instituidas para emitir órdenes sancionables (Castoriadis, 1995: 50). Estas instituciones que encarnan explícitamente el poder, son una necesidad constitutiva de toda sociedad, para enfrentar los factores que amenazan su existencia (Castoriadis, 2004). La política, en cambio, es el resultado de una creación social e histórica muy particular, que solo se presenta en las sociedades autónomas y que consiste en la dimensión implícita del poder: la acción que construye el imaginario social y la red de significaciones e instituciones vinculadas a él y las decisiones futuras que buscan transformarlo (Castoriadis, 1995).

63Las sociedades autónomas son aquellas sociedades que son conscientes de que la institucionalidad sobre la que se han organizado es una construcción propia, resultado de la interacción intersubjetiva de los individuos que la componen y, por tanto, son capaces de cuestionarla permanentemente (Castoriadis, 1998). Pese a que todas las sociedades a lo largo de la historia y en la actualidad construyen sus imaginarios sociales y determinan su institucionalidad, son muy pocas las que se han aproximado a constituirse como sociedades autónomas (Bauman, 2009), ya que la mayoría de las comunidades humanas asumen que la institucionalidad a partir de la cual se organizan, se ha constituido de manera externa a ella, adjudicándolo a una autoridad o poder extra social, como por ejemplo, las leyes del mercado, que impone dicha organización a los miembros de la comunidad, sin que estos tengan más intervención que aceptarla y respetarla. Aunque en la actualidad todas las sociedades occidentales reconocen la autonomía como una de sus características básicas (Fernández et al., 2007), en términos prácticos, la autonomía entendida como la capacidad política de transformar la sociedad, es en el mejor de los casos un proyecto, y para los más pesimistas, una utopía (Bauman, 2009). La expansión del imaginario capitalista y los sistemas burócrata capitalistas a los que ha dado origen, han atrofiado la capacidad política de estas sociedades, transformándolas en sociedades heterónomas. Las sociedades burócrata capitalistas funcionan a partir de la lógica de las leyes del mercado (Castoriadis, 1995), asumidas como un conjunto de leyes extra sociales que no pueden ser modificadas sin desatar una serie de males que terminarían por destruir la sociedad (Bauman, 2009; Fernández et al., 2007). Sin embargo, este imaginario social tiene una radicalidad particular. Su naturalización no solo ha significado un distanciamiento entre el poder y la política, al asumir que la des-subjetivación de la política y la limitación de la participación ciudadana, “deben” ser así, y no pueden modificarse, como si en cada una de estas realidades que han dado forma al sistema, el accionar humano no hubiese intervenido (Lechner, 2002). Sino que, además, han generado el distanciamiento entre lo político y las instituciones que tradicionalmente han estado a cargo del poder (Bauman, 2009).

64Hoy lo político no puede “tocar” a la economía; capitalismo y democracia representativa solo son compatibles si comparten los mismos intereses, por tanto, el establecimiento de los límites sobre los que deben actuar los individuos solo pueden ser establecidos por el gobierno o el parlamento, si no afectan los intereses económicos y de mercado, de lo contrario, corren el peligro de la desestructuración, la crisis y el derrocamiento (Castoriadis, 1998; Fernández et al., 2007). La institucionalidad gubernativa está al servicio de los intereses de las organizaciones económicas supranacionales, impulsadas paradójicamente por los mismos Estados que pierden cada vez más poder frente a su avance, viéndose la mayoría de las veces incapacitado de responder a las necesidades y las demandas sociales contrarias a la lógica de mercado (Bauman, 2009; Castoriadis, 1998, 2005; Fernández et al., 2007).

65La radicalidad del imaginario capitalista se ha traducido en una transformación profunda y autodestructiva de las estructuras de la sociedad moderna, ya que no es solo la política lo que está desapareciendo, sino también lo político. La institucionalidad a partir de la cual se ha desarrollado el poder político en occidente durante los últimos 200 años está llegando a su fin, sin ofrecer alternativas democráticas capaces de reemplazarlas, confiando en que la mano “invisible” del mercado entregue la solución (Bauman 2007; Fernández et al., 2007).

66Asumir la crisis democrática desde la teoría de los imaginarios sociales, implica aceptar que es la misma sociedad la que está provocando esta crisis, estando en sus manos la posibilidad de revertirla y de transformar el imaginario capitalista. Sin embargo, puede parecer un contrasentido plantear que la solución a esta crisis es cambiar el imaginario social que la misma sociedad ha construido, pero la necesidad de hacerlo responde a la radicalidad de este imaginario, que mientras más se desarrolla y se expande, pone en peligro la supervivencia de la misma sociedad que le dio origen. Para lograr esta transformación es necesario desarrollar no solo la autonomía de los individuos, sino sobre todo la autonomía de la sociedad, y en ello, la educación, tiene un rol fundamental.

6. La construcción de una ciudadanía democrática y autónoma: los desafíos de la educación

67Construir una sociedad democrática significa construir una sociedad autónoma, una sociedad que asume al imaginario social como una creación social y no se detiene en una concepción cerrada y definitiva de la justicia, la igualdad o la libertad, sino que se instituye generando los espacios para que estas dimensiones puedan ser permanentemente cuestionadas y transformadas por el accionar político de los ciudadanos, en atención al funcionamiento de la sociedad (Castoriadis, 1995). Por tanto, una sociedad democrática debe desarrollar no solo el poder político, sino sobre todo la política, es decir, los espacios para que sean los ciudadanos quienes determinen de manera reflexiva y deliberante, las características del sistema democrático en el que quieren vivir.

68La legitimidad del poder político y de la legislación que establece los límites a la libertad y a los derechos ciudadanos, no radica en el poder coercitivo de las instituciones, sino la internalización que los individuos hagan de su significación (Castoriadis, 1998). Para que los individuos se comprometan con esta institucionalidad y acepten los límites que establece deben sentirse parte de ella, deben sentir que sus intereses, fueron al menos considerados en el momento de establecerla. En consecuencia, un ciudadano democrático debe ser por definición crítico y autónomo, debe contarcon espacios concretos no solo para cuestionar la institucionalidad vigente, sino también para impulsar su transformación (Castoriadis, 1995). Desde esta perspectiva, no basta con asegurar la libertad de elección de los representantes, sino que, además, se debe garantizar una libertad de acción que permita fijar los márgenes del espacio dentro del cual podrá elegir. Una sociedad democrática debe fundamentarse en la acción política, asumida como una acción colectiva y explícita, en la que todos y cada uno de los miembros de la comunidad participa, sin exclusión alguna, asegurando de esta manera una participación libre e igualitaria (Castoriadis, 1995; Wheller-Bell, 2014).

69La sociedad chilena durante los últimos años ha aspirado a formar una sociedad democrática, estimulando la formación de ciudadanos críticos, participativos y comprometidos con el sistema, pero las acciones colectivas a partir de las cuales se ha ido construyendo la ciudadanía, han logrado precisamente lo contrario. El sistema sigue funcionando, pero al mismo tiempo se está resquebrajando porque el compromiso ciudadano se debilita cada vez más producto de que el sistema ha tendido a marginar a los ciudadanos de los espacios de poder y de la toma de decisiones, potenciando su apatía política, porque sienten que sus intereses no son considerados. En cambio, en el mercado, los sujetos “creen” tener toda la libertad de poder elegir qué es lo que quieren para satisfacer sus necesidades individuales, a partir de sus propios intereses, sin preocuparse por el bien común, y mejor aún, sin que nadie sancione ese desinterés. El ciudadano ideal pierde terreno a pasos agigantados frente al consumidor real, un consumidor individualista, cada vez más desvinculado de los intereses colectivos y que por ello contribuye a fragmentar la subjetividad social que el sistema democrático necesita para seguir operando, generando así un complejo círculo vicioso.

70Superar la crisis del actual sistema democrático chileno, transformando el imaginario social (Castoriadis, 1999), exige generar un cambio en los hábitos y las significaciones de los sujetos. La paradoja de este cambio, es que quienes deben realizarlo, son los mismos sujetos a los que este imaginario social ha des-subjetivado. Es decir, la solución a los problemas del sistema exige el accionar colectivo de ciudadanos críticos, reflexivos, participativos y con una clara conciencia política y social, en un sistema que en la práctica apunta precisamente a eliminar ese tipo de ciudadanía (Wheller-Bell, 2014). Por ello, pareciera ser el ámbito educativo, elespacio fundamental para impulsar la ruptura del imaginario capitalista (Castoriadis, 1995), pero este no debe ser cualquier espacio, ya que “no puede haber sociedad democrática sin paideía democrática” (Castoriadis, 1995: 56), es decir, que la construcción de una sociedad democrática no puede producirse si no existe una educación organizada democráticamente y orientada a formar ciudadanos democráticos y autónomos. Esto implica asumir la experiencia educativa no como una instancia de preparación para el futuro ejercicio ciudadano, sino que la experiencia en la propia escuela debe estar organizado como un ejercicio democrático, para que los estudiantes cuenten con los espacios para ejercer la ciudadanía en sus dimensiones civil, social, cultural, pero, sobre todo, política.

7. Una aproximación multidisciplinar a los desafíos de la ciudadanía

71El presente libro tiene por finalidad abordar la ciudadanía a partir de toda la complejidad planteada en el análisis desarrollado. Se construye sobre la premisa de que en la actualidad no se puede hablar de “una ciudadanía”, sino que existen múltiples ciudadanías, muchas de las cuales se encuentran en conflicto, porque se fundamentan en principios identitarios contrapuestos y promueven la conformación de sociedades muy disímiles. En ese sentido, se propone una compilación de trabajos que se han construido desde perspectivas muy diversas y se presentan en variados formatos –artículos, revisiones, ensayos– porque no existe una única forma de abordar los desafíos ciudadanos. Sin embargo, todas las propuestas comparten su preocupación por la crisis que está experimentando el sistema democrático, y creen necesario construir reflexiones sobre la ciudadanía para superar dicha crisis y asegurar la construcción de sociedades justas y democráticas, que sean capaces no solo de asumir los desafíos de la sociedad globalizada, sino sobre todo, construir una comunidad global que se fundamente en la convivencia pacífica y en la que cada sujeto, independiente de su origen étnico, de su género, de su condición social o de su orientación sexual, se sienta parte de esta comunidad y quiera participar activa y críticamente en la construcción del bien común.

72Los diez trabajos que incluyen este libro están organizados en tres secciones que abordan diversos ejes temáticos: La primera sección trata sobre los enfoques y nociones fundamentales sobre la teoría de la ciudadanía e intenta dar cuenta de las tensiones históricas, políticas y filosóficas que han rodeado la construcción del concepto y su práctica, desde la Grecia clásica hasta la actualidad. En la segunda sección, se aborda la importancia de la formación ciudadana para el desarrollo de la democracia en las actuales condiciones de cambio social, las características políticas e ideológicas de la educación ciudadana en Chile, y los desafíos que estas presentan, y reflexiones en torno a orientaciones para la formación ciudadana en el sistema escolar chileno. En la tercera sección se trabajan problemáticas relacionadas con los sujetos sociales y las transformaciones actuales de los campos de referencia social, que tensionan los tradicionales vínculos políticos entre las instituciones y la sociedad civil, afectando a su vez, las clásicas concepciones sobre la ciudadanía.

73En la primera sección, Ciudadanías: conceptos claves, Hernán Neira aborda la noción de ciudadanía centrándose en algunos momentos de ella en la filosofía clásica y posteriormente en la ilustrada. En el capítulo titulado Ciudadanía: conceptos fundamentales, presenta algunos de los principales aspectos del asedio que ha sufrido el concepto en la filosofía contemporánea. El autor muestra la tensión existente entre, por una parte, el hecho de que la ciudadanía asegura derechos y, por otra, excluye de estos a una parte importante de la población. A partir de este análisis, examina una serie de resquebrajamientos y cuestionamientos que se producen en el concepto de ciudadanía. Neira sostiene en este trabajo, que la noción de ciudadanía, a pesar de su ambigüedad, permite distinguir y contraponer una serie de derechos a los sistemas autoritarios que tienden a constituirse sobre una serie de negaciones de los derechos ciudadanos.

74El capítulo de Diana Aurenque y Martín de la Ravanal, titulado La ciudadanía y su rol político: modelos, contextos y actualidad, expone los principales paradigmas y fundamentos teóricos del concepto ciudadanía desarrollados por el pensamiento filosófico político occidental. Se revisa la evolución histórica y teórica del concepto, enfatizando la diferencia entre la versión moderno-liberal de ciudadanía y las versiones “clásicas” de la soberanía. El trabajo también explora las posibilidades y límites que ofrece la versión moderna de la ciudadanía, enmarcándola en discusiones con otras corrientes normativas contemporáneas tales como el comunitarismo, el neo-republicanismo democrático o la teoría del reconocimiento.

75En el último capítulo de la sección, titulado Dilemas teóricosy estratégicos de la representación política, Marcelo Mella analiza desde una perspectiva interpretativa y crítica, las creencias extendidas acerca de la relación entre gobierno representativo y democracia, y de la forma en que esta relación se reconstruye con la evolución histórica. El autor sostiene que la evolución del concepto, sus desplazamientos y su relación con la idea de democracia, han sido resultados de coyunturas críticas dentro de determinados procesos históricos, ya que el concepto de representación política, así como todos los conceptos, es un instrumento para procesos contenciosos vinculados a la disputa por el poder. En el capítulo se describe las condiciones bajo las que la representación constituye un complemento de la democracia, así como de otros tipos de régimen político, y explica en qué medida los desafíos del gobierno representativo están relacionados con el paso de la “democracia de partidos” a la “democracia de audiencias”.

76Abriendo la sección II, Christian Retamal, en el capítulo titulado Contingencia extremae inseguridad ontológica. Condiciones determinantes de la formación ciudadana, analiza las condiciones globales más importantes que crean un nuevo escenario para la formación ciudadana en Chile en base a la idea de la “modernidad líquida”. El autor examina las peculiaridades de la contingencia extrema y la inseguridad ontológica, explicando cómo las bases de la experiencia de la seguridad ontológica se desvanecen a medida que el capitalismo expande una nueva cultura de la transformación permanente, sin contrapesos de estabilidad. En base a este análisis, el autor enfatiza en el rol de la formación ciudadana en la construcción de un nuevo ethos en contexto de contingencia extrema, de qué manera puede ayudar en esta construcción, y las amenazas a las que se ve enfrentada por determinados enfoques, como el comunitarismo extremo, los fundamentalismos, y como puede ser de utilidad explorar una salida cosmopolita.

77En el siguiente capítulo de esta sección, titulado Neoliberalismo, educación y ciudadanía en Chile: ¿ciudadanos y/o agentes económicos?, Cristóbal Friz esboza un panorama de la relación entre educación y ciudadanía, tal como ella ha sido pensada e instituida en el Chile de las últimas décadas, marcadas por la impronta de las políticas neoliberales. En base a esto, el artículo pretende ofrecer un acercamiento general al problema de la formación ciudadana en el país, desde una perspectiva crítica. La finalidad es poner de manifiesto que la cuestión de la formación ciudadana –y de la relación ciudadanía/educación– es ante todo un problema complejo, que requiere de sostenidos esfuerzos para poder ser planteado y abordado en términos distintos a los del ideario neoliberal.

78El capítulo de Carolina García y Claudia Córdoba, titulado Educación ciudadana y segregación socioeconómica: reflexiones en torno a los límites del sistema escolar chileno, analiza y reflexiona críticamente en torno a las dificultades que conlleva formar en ciudadanía en un país como Chile, que tiene un sistema escolar altamente segregado tanto en términos socioeconómicos como académicos. La educación ciudadana que se desarrolla en la escuela, señalan las autoras, ha adquirido gran relevancia, transformándose en uno de los principales temas educativos de la agenda pública y por tanto, se ha generado un amplio debate sobre las características que debe tener el modelo educativo para formar a los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. En esta línea, García y Córdoba realizan una propuesta reflexiva para abordar el desafío de la formación ciudadana en el sistema chileno actual.

79Cerrando la sección, Carolina Jorquera, en el capítulo titulado La educación ciudadana como acción transformadora de la escuela, sostiene que la puesta en marcha de la Ley 20.911 que crea el plan de formación ciudadana, reedita desafíos que ha tenido desde el inicio de los años noventa la escuela en Chile. Estos desafíos están en directa relación con la formación de personas comprometidas con los Derechos Humanos y la democracia que puedan contribuir como ciudadanos al bien común; meta radical en una sociedad post dictadura. En esta línea, la autora reflexiona en torno a las consecuencias transformadoras que tiene para la institucionalidad educativa, la concreción de esta política educacional.

80Abre la tercera sección del volumen, el capítulo ¿Empoderamiento ciudadano? Evolución y determinantes de la participación y la politización en Chile, 1990-2016, de Consuelo Núñez, Rodrigo Osorio y Matías Petit. Los autores muestran, a través de datos de encuestas, que las formas de participación política convencional han disminuido en el tiempo y que las no convencionales no han aumentado significativamente. Lo anterior interpela la idea generalizada de un aumento en la participación no convencional o informal. Sin embargo, la existencia de estas formas de participación podría dar cuenta de una nueva forma de ciudadanía política, con vínculos más alejados de las formas tradicionales de participación, asociadas principalmente a las elecciones. En este sentido, el texto señala que los desafíos de la formación ciudadana consisten en reconocer e incentivar las múltiples formas de participación política, pero también se debe incentivar a través de la formación ciudadana, que la participación se canalice mediante los canales formales para lograr una mejor calidad de la democracia.

81El capítulo de Camila Berríos y Takuri Tapia, Movimiento Secundario en Chile: demandas políticas y lógicas organizacionales, analiza las orgánicas internas del movimiento secundario, su relación con la institucionalidad, las demandas generadas por las fuerzas políticas y la relación entre estas variables. El texto se enfoca particularmente en las formas de organización que han construido los estudiantes secundarios en los últimos años, y las dinámicas internas para la formación de demandas a la institucionalidad. Los autores sostienen que el interés de los jóvenes estudiantes por lo público y lo político no ha desaparecido completamente, así lo indican los ciclos de movilización social estudiantil en Chile. Más bien, se observa un rechazo a las formas de participación tradicionales, así como los mecanismos de toma de decisión excluyentes y poco participativos.

82Cierra la sección, y el presente volumen, el capítulo de Jaime Barrientos y Ricardo Espinoza, titulado Sexualidad y Relaciones de Género: un campo de ciudadanía en transformación. El trabajo busca problematizar la relación entre la sexualidad y las relaciones de género como elementos vinculados necesariamente a la idea de ciudadanía. Las transformaciones de las representaciones y prácticas genérico-sexuales hacen necesario abordar en materia de políticas públicas la ampliación de los derechos referidos al género y la sexualidad. Frente a lo anterior, los autores dan cuenta de determinadas dificultades o limitaciones que persisten y que hacen necesario impugnar el proceso de construcción de normas socio-sexuales. Los autores plantean un recorrido histórico por controversias en torno a la sexualidad y al género a fin de posicionar una discusión relativa a los mecanismos que han regulado dichas prácticas, y a un cuestionamiento sobre el lugar del sujeto y los posibles agenciamientos en cuanto a una ciudadanía sexual y de género.

83La construcción del presente volumen surge como una iniciativa del área de formación ciudadana que se está desarrollando en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile desde finales del 2015. La implementación de Cursos Sello de formación ciudadana en las distintas carreras de la Facultad fue el primer paso para avanzar en la misión institucional que tiene la Facultad de Humanidades de formar ciudadanos activos, críticos y comprometidos con lo público. Tanto los cursos de formación ciudadana como el presente libro han sido producto de la colaboración, el compromiso y el trabajo interdisciplinario de distintos actores dentro de nuestra Facultad. Es en base a este esfuerzo colectivo que agradecemos al Decano de la Facultad de Humanidades, Marcelo Mella, por el apoyo brindado a este proyecto, y a la Vicedecana de Investigación y Postgrado, Diana Aurenque por su compromiso y colaboración en la construcción del libro. Así mismo, agradecemos al equipo de colaboradores académicos compuesto por Jaime Barrientos, Claudia Córdoba y Christian Retamal. Agradecemos especialmente a todos los autores y autoras por participar activamente en este libro. Finalmente queremos dar las gracias a los evaluadores anónimos que han contribuido decisivamente a mejorar el resultado final de esta publicación.

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Notes

1 Esta concepción ciudadana también ha sido abordada por los siguientes autores: (Allan & Charles, 2015; Fanghanel & Cousin, 2012; Gifford, Mycock & Murakami, 2014; Oxley & Morris, 2013; Reimers, 2006; Sung, Park & Choi, 2013).

2 Sobre este tema también se pueden consultar los trabajos de De Groot, Goodson & Veugelers, 2014; Dobozy, 2007; Mycock & Tonge, 2012; Osler & Starkley, 2001; Porter, 2013.

3 Para profundizar sobre este tema se pueden consultar los trabajos de Campbell, 2013; Checkoway & Aldana, 2012; Conner, Zaino & Scarola, 2012; Hernández, Robles y Martínez, 2013; Kaun, 2014; Mihaidilis & Thevenin, 2013; UDP-Feddback, 2011.

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