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Análisis de las condiciones laborales de trabajadoras/es sociales que implementan programas en Chile en tiempos de COVID-19

p. 101-122

Résumé

Las y los trabajadoras/es sociales han jugado un rol activo durante la pandemia de Covid-19 en todo el mundo, dando soporte y continuidad a los programas sociales y en muchos casos, adaptándolos al nuevo contexto sanitario. En este capítulo examinamos los cambios en las condiciones de trabajo de las/os trabajadoras/es sociales que implementan programas sociales durante la pandemia del Covid-19, discutiendo nociones como las de subjetividad profesional y precarización, adaptación e incertidumbre en los marcos político-institucionales actualmente en curso. A partir de un estudio de carácter mixto secuencial, se identifica que si bien parte importante de las/os trabajadoras/es sociales que implementan programas no han cambiado mayormente sus condiciones de trabajo formales (aunque sí se observan cambios importantes en la carga de trabajo y los costos asociados a la implementación de los programas en estas nuevas condiciones), hay algunos grupos específicos que se han visto especialmente afectados a raíz de la pandemia del COVID-19: las/os colegas más jóvenes, menos preparados en términos de formación y que se desempeñan en la primera línea de ejecución de programas. Las entrevistas cualitativas nos permiten comprender con mayor detalle estas transformaciones, cómo se viven las complejidades del teletrabajo en el día a día de la intervención profesional, cómo se enfrentan los costos materiales y humanos, cómo se va reforzando una subjetividad profesional heroica y precarizada que ya venía observándose antes de la pandemia, pero que parece agudizarse ante la crisis. Se discute, cómo, en este contexto, las/os trabajadores sociales contestan frente a la precarización e inseguridad, proyectando desafíos y luchas futuras.

Entrées d’index

Palabras claves : implementación, Covid-19, precariedad, resistencias, Trabajadores sociales

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Texte intégral

Introducción

1En este capítulo examinaremos los principales cambios en las condiciones de trabajo de trabajadoras/es sociales en Chile producto de la pandemia del Covid-19, identificando aspectos críticos y desafíos que emergen dado este escenario. Las discusiones que aquí proponemos se sustentan en un estudio realizado durante 2020 en colaboración con el Colegio de Trabajadores/as Sociales de Chile y la Asociación Chilena de Escuelas de Trabajo Social Universitarias (ACHETSU), dirigido desde el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Trabajo Social de la Universidad de Chile8 y apoyado en el trabajo del proyecto Fondecyt Regular “Resistencias profesionales en la primera línea de implementación de programas sociales”9. El estudio se focalizó en responder dos preguntas específicas: ¿Qué cambios se han producido en las condiciones de trabajo de trabajadoras/es sociales que implementan programas sociales en tiempos de COVID-19? y ¿Qué cambios se han producido en la implementación de los programas producto de dicho contexto?

2En este capítulo revisaremos un aspecto específico del estudio: los cambios en las condiciones de trabajo de las/os trabajadoras/es sociales que implementan programas sociales10, discutiendo nociones como las de subjetividad profesional y precarización, adaptación e incertidumbre en los marcos político-institucionales actualmente en curso. La metodología se basa en un diseño mixto secuencial consistente en la aplicación de una encuesta online (contestada durante los meses de junio y julio 2020 por 872 trabajadoras/es sociales) seguida de la realización de 42 entrevistas semiestructuradas. Los hallazgos sugieren que hay algunos grupos específicos que se han visto especialmente afectados a raíz de la pandemia del COVID- 19: trabajadoras/es sociales más jóvenes, menos preparados/as en términos de formación y que se desempeñan en la primera línea de ejecución de programas. Las entrevistas cualitativas nos permiten comprender con mayor detalle estas transformaciones: cómo se viven las complejidades del teletrabajo en el día a día de la intervención profesional; cómo se enfrentan los costos materiales y humanos; cómo se va reforzando una subjetividad profesional heroica y precarizada que ya venía observándose antes de la pandemia pero que parece agudizarse ante la crisis, y cómo, en este contexto, las/os trabajadores sociales contestan frente a la precarización, e inseguridad, proyectando desafíos y luchas futuras. Analizando esta información desde una perspectiva que recoge contribuciones de las ciencias sociales críticas expresadas en los planteamientos de Guy Standing y Judith Butler, entre otras/os, cerraremos el capítulo con más interrogantes y algunas sugerencias en términos de posición profesional frente a los inciertos tiempos que corren.

Contexto de intervención: la primera línea de implementación de programas

3Para analizar las condiciones en que trabajan las/os trabajadores sociales en el contexto de la pandemia del Covid-19 en Chile, es imprescindible comenzar por un análisis histórico del desarrollo de la profesión. Desde sus orígenes, el trabajo social se ha definido a sí mismo como aquella profesión que opera en las intermediaciones entre sujeto y estructura, que ejerce en primera línea el rol de traductor de programas sociales, de mensajeras/os del Estado de cara al pueblo, a las familias, a los que sufren (Illanes, 2006). Ciertamente este no es el único lugar en donde opera el trabajo social, pero ha sido la primera línea de intervención -esa posición que implica “estar al frente” y que ha sido analizada hace décadas por los estudios de implementación en la figura de los frontline professionals- una de las dimensiones centrales del quehacer profesional en sus casi cien años de desarrollo. La dependencia de las/os trabajadores sociales de un marco político-institucional particular -el Estado, la ONG, la empresa, etcétera- ha implicado el reconocimiento de una contradicción a la base de la intervención profesional que ha sido relevada tanto por las tradiciones histórico-críticas como por las contribuciones postestructuralistas, feministas, decoloniales, entre otras, que se han traducido en los debates disciplinarios sobre la posición profesional y las pretensiones de transformación social en clave emancipatoria.

4Esta contradicción propia de una profesión que se ha ejercido bajo marcos político-institucionales que han encarnado históricamente los valores de orden, progreso, mérito, esfuerzo, obediencia y aculturación, y que al mismo tiempo busca la transformación y la justicia social, se vio radicalmente profundizada, en el caso chileno, con el giro neoliberal impuesto durante la dictadura y que continúan vigentes hasta hoy. Estas reformas, que incluyeron la privatización y mercantilización de prácticamente todos los dominios de la vida (Harvey, 2007), redundaron en un proceso de precarización de las condiciones de trabajo de las/os trabajadores sociales desde los años ochenta, especialmente de aquellos que se desempeñan en la primera línea de implementación de los programas sociales. Debido al esquema de terciarización derivado de las políticas de privatización se han producido dinámicas de competencia entre organizaciones que implementan los programas del estado, lo que ha alimentado la inestabilidad laboral de los equipos profesionales que implementan los programas sociales, siendo esto especialmente fuerte en las/os trabajadores sociales (Iturrieta, 2017). Los procesos de intervención suelen tener una duración acotada, impredecible en el tiempo, con bajas remuneraciones y con alta carga laboral, lo que redunda en una significativa rotación profesional. A ello se suman otras condiciones de operación que hacen compleja la implementación de los programas sociales: la falta de recursos materiales e infraestructura para desarrollar los programas, débiles sistemas de supervisión y asesoría y escasos espacios para la reflexión sobre el propio proceso de implementación (Muñoz Arce, 2020). La alta rotación profesional y también las dinámicas de competencia entre organizaciones que implementan los programas del estado terminan inhibiendo cualquier posibilidad de compartir y consolidar aprendizajes respecto de la implementación de los programas en un territorio específico (Muñoz Arce, 2020). Las/os trabajadores de primera línea y terciarizados, en general, presentan altos niveles de estrés y burnout, lo que produce una subjetividad profesional basada en la incertidumbre y precariedad (Sánchez y Villarroel, 2017; Schöngut-Grollmus, 2017; Bilbao et al., 2018; Muñoz y Madrigal, 2018).

5Finalmente, la terciarización de la implementación de programas sociales - por su propia naturaleza- ha profundizado la brecha entre diseño e implementación de los programas sociales. Así, son los niveles centrales del aparato estatal los que diseñan, evalúan y definen los financiamientos para los programas sociales, mientras que son las organizaciones de la sociedad civil y entidades privadas quienes las implementan, en una lógica crecientemente asociada al cumplimiento de metas y criterios de eficiencia económica. En este marco, los equipos profesionales que implementan los programas sociales rara vez son escuchados por quienes toman las decisiones de política en los niveles centrales, y los diseños emanados desde estos niveles centrales suelen carecer de sentido o de pertinencia para los equipos que ejecutan los programas en los territorios (Picasso-Rizzo y Andrade-Guzmán, 2019), lo que también ocurriría con los y las trabajadoras/es sociales que implementan programas (Muñoz Arce, 2018, 2020).

6Aunque estas características han tendido a mantenerse durante todo el periodo de la post-dictadura chilena (1990-2019), la pandemia provocada por el COVID-19 puede entenderse como un momento de quiebre que podría mantener, profundizar o transformar estas características. Como hemos discutido previamente (Villalobos et al., 2021) entendemos que estamos ante un desastre socio-natural global, y esto implica que es un escenario crítico y abierto. Así, aunque es posible que la pandemia provoque nuevos procesos de intervención, que sean (potencialmente) flexibles, orientados por el ideal de la justicia social y la transformación de las condiciones de vida injustas, también es posible que las lógicas de intervención rígidas y limitadas a la mera reparación y mantención del orden social ganen terreno. Así lo ha sugerido la Federación Internacional de Trabajadores/as Sociales cuando plantea que, si bien las/os trabajadores sociales estamos llamados/as a responder a esta crisis, tenemos que tener cuidado con que “la forma de responder no sea una que refuerce el status quo”. De lo contrario, nuestra acción “confirmará la brecha entre ricos y pobres. Mantendrá un contexto de filantropía y caridad en lugar de reconocer los activos dentro de la comunidad global que son los cimientos del cambio”. (FITS, 2020, p. 7)

7Este llamado de la FITS es particularmente relevante al analizar el contexto del trabajo social en Chile. La pandemia y todas las transformaciones asociadas a esta crisis sanitaria están ensambladas y traslapadas en una crisis política y de sentido mucho mayor. La revuelta que se desató el 18 de octubre de 2019 (18-O) – pero que da cuenta de un proceso histórico de acumulación del descontento social- marca el punto álgido de la crítica al modelo neoliberal extremo implementado en el país y su naturaleza incontrolada y desigual, evidenciando en ello “… la asfixia, el desgaste y la presión que produce tener que vivir, bajo modalidades distintas, dentro del sistema” (Araujo, 2019, p. 23), en un sistema marcado por el Estado subsidiario, la privatización y terciarización, que dan el marco institucional para el desarrollo de la intervención social como ya hemos expuesto.

8Como han planteado Stecher y Sisto (2019) los procesos de precarización del empleo y de las experiencias de trabajo que han caracterizado al mundo laboral en Chile durante las últimas décadas constituyen una clave ineludible para comprender las experiencias de indignidad, injusticia y falta de reconocimiento que están a la base de la movilización social y las demandas ciudadanas que se han manifestado con fuerza desde la revuelta 18-O. La precarización laboral, desde esta perspectiva, habría generado una especie de “reciclaje” de los movimientos sociales de trabajadores, con cada vez más centralidad en los grupos más precarizados (Pérez y Osorio, 2021; Gutiérrez-Croco, 2020).

9En otras palabras, la crisis política y la crisis sanitaria asociada al COVID-19 generan un escenario extremo -de descontento y de incertidumbre- en el cual desvelar las condiciones en que se desempeñan las/os profesionales en primera línea de implementación de programas sociales resulta fundamental. La noción de desastre, como hemos argumentado anteriormente (Villalobos et al., 2021) permite interpretar la pandemia del COVID-19 como un momento excepcional, donde se ponen en juego y se disputan ideologías y proyectos políticos; en el decir de Klein (2015), un momento de shock cognitivo, político y social. Y en este marco la pandemia es un punto de inflexión, donde se pueden mantener, mejorar o empeorar las condiciones de vida de las personas. Por lo mismo, es posible hipotetizar que la pandemia podría transformar las relaciones de poder que enmarcan las condiciones de trabajo de las/os trabajadores sociales y profesionales de primera línea en general, tal como se ha mostrado en anteriores eventos socio-naturales en Chile (Larenas, Salgado y Fuster, 2015) y en anteriores pandemias (Sze y Ting, 2004).

Precariedad y precarización

10La implementación del modelo económico neoliberal ha tenido efectos indudables en el mundo del trabajo. Dentro de estos, la precarización laboral ha sido una estrategia fundamental (Standing, 2011), puesto que la transformación de la estructura económica y productiva, así como la economía global de mercado, permiten hacer más competitivos a los distintos actores que en un escenario sin fronteras, donde existen las libertades normativas, pero refuerzan la inseguridad del empleo, el aumento de la intensidad del trabajo, la disminución salarial y la desprotección de las/os trabajadores (Villavicencio, 2019).

11Pensar el espacio laboral en términos de precarización implica asumir que hay un otro (sujeto, institución, mecanismo, etcétera) que ejerce fuerzas para precarizar. En otras palabras, la precariedad no es natural si no producida intencionalmente por la liberalización del mercado laboral bajo la influencia de políticas neoliberales (Standing, 2011).

12La noción “precario” deriva del latín precarius, que significa aquello que se obtiene a través de la petición y la súplica. De acuerdo con Cuevas (2015), en el derecho romano precarium era un tipo de contrato inseguro, donde el bien arrendado podía ser reclamado de vuelta por su dueño en cualquier momento. Ya en la etimología del término se devela el vínculo con la carencia, la fragilidad, la inseguridad, la falta de solvencia, la imposibilidad de autosustentarse sin pedir favores o suplicar, en definitiva, la incertidumbre.

13Para Butler (2016), la precariedad no es una condición pasajera o episódica, sino una nueva forma de regulación que caracteriza nuestra época histórica. En ese sentido, el discurso de la precariedad consolida el poder en un doble sentido, tanto para aquellos/as quienes quieren reducirlo, y para quienes amenazan con prolongarla como disputa por el poder. Esto tiene estrecha relación con el ejercicio profesional de las/os trabajadores sociales, en tanto el contexto actual se encuentra mermado por un conjunto de variables que condicionan no tan solo el quehacer profesional en el campo de lo público y de lo privado, sino también en cómo se ve imbricada en la subjetividad de las/os trabajadores sociales en contextos críticos como los actuales, desde un plano económico, político e incluso sanitario.

14Las coordenadas de precariedad y precarización permiten deconstruir y cuestionar lo que Butler (2016) llama “la organización de la seguridad”, teniendo en consideración las condicionantes neoliberales y la interrogante sobre como estas instalan la precariedad como un modo de vida, como “un principio organizador del proceso mediante el cual somos gobernados y llegamos a gobernarnos a nosotros mismos” (Butler, 2016, p. 14). En ese sentido, se vuelve fundamental ver como esta categoría en el neoliberalismo desarrolla un proceso de normalización, mediante la cual -parafraseando a Lorey (2016)- hace posible gobernar mediante la inseguridad, “democratizándose” la precarización. Esta última oleada de precarización - puesta tan claramente en la metáfora de la “uberización” de las condiciones de trabajo, no solo genera una precarización respecto del otro, sino que construye una subjetividad donde la precarización aparece como un “inevitable”, trastornando la idea de precariedad en el binomio precariedad/emprender -un enfoque que ha tenido fuerte impacto en la lógica de los programas sociales contra la pobreza, por ejemplo (Muñoz-Arce y Pantazis, 2018; Campana, 2020).

15Así, estos conceptos nos permitirán realizar un análisis histórico-político de como las nuevas formas de poder que se han desarrollado en el contexto actual -y con especial énfasis el contexto chileno- convergen con nuevos propósitos y finalidades reguladoras, en tanto “la necesidad de inmunización se torna primordial, mientras que el poder cobra la forma de una subyugación por y a través de esa necesidad” (Butler, 2016, p. 15). La precariedad dirá Lorey (2016) significa vivir con lo imprevisible, con la contingencia, y por ello se ha transformado en un instrumento de gobierno que se autorregula de modo que no puede sobrepasar un determinado límite, pues se debe conservar el orden existente y el equilibrio es clave para no poner en peligro el dominio y no arriesgar una conducción a la rebelión. No obstante, no puede ser tan solo vista como victimización o siquiera particularidad de ciertos sujetos como condición inherente, sino también como una forma de movilización y reorganización política que permita hacer un contrapunto con los regímenes que constantemente intentan aumentar su poder de gobernabilidad ante las poblaciones, y asumirla como activismo, viendo en ello las claves de la resistencia (Butler, 2016).

16A partir de ello, y observando este escenario saturado de incertidumbres, en el que se abren múltiples interrogantes sobre algo tan fundamental como nuestras condiciones esenciales de existencia y nuestra propia supervivencia (Scholten et al., 2020), es que el ejercicio profesional de las/os trabajadores sociales adquiere una importancia significativa. A continuación, describiremos la metodología que utilizamos para realizar el estudio que buscó, precisamente, examinar las condiciones de trabajo de trabajadoras/es sociales en este contexto de incertidumbre y supervivencia, las precarizaciones enfrentadas y sus respuestas frente a este escenario.

Metodología

17La metodología del estudio se basó en un diseño mixto secuencial (Creswell, 2015) que contempló en un primer momento la aplicación de una encuesta online que fue contestada durante los meses de junio y julio 2020 por 872 trabajadoras/es sociales. Para focalizarse en las/os trabajadoras/es sociales de primera línea, el análisis se limitó solo a quienes declararon estar en posesión de la licenciatura en trabajo social y se desempeñaban antes del inicio de la pandemia (15 de marzo) en la implementación de programas sociales en Chile, lo que correspondió a 652 encuestados/as. El alcance de la encuesta fue nacional11 y su aplicación fue posible gracias a la colaboración entre el equipo de investigación, el Colegio de Trabajadores Sociales y la ACHETSU. El instrumento fue difundido a través de las páginas web de las instituciones y redes sociales, y los datos se recolectaron entre el 10 de junio y 14 de julio de 2020. Para describir las principales tendencias de cambios de las condiciones de trabajo de las/os trabajadoras/es sociales de primera línea, se realizó un análisis bivariado con pruebas chi-cuadrado, la cual permite analizar la asociación que podría existir entre dos variables (Wooldridge, 2016).

18Respecto al perfil demográfico de quienes contestaron la encuesta, destacan las mujeres (82,8 %), de las cuales, el 49,7 % tenía 34 años de edad o menos. Un 15,5 % de las/os encuestados/as declara haber cursado estudios de posgrado. En el ámbito laboral, el mayor porcentaje trabaja en programas municipales (43,6 %), seguido por empresas o fundaciones privadas (21,7 %), instituciones públicas centrales (20,7 %), y ONGs (14 %), de los cuales, el 76,7 % lo hace en jornada completa, y cerca del 50 % percibe entre $700.000 (967 USD) y $1.100.000 (1.566 USD). Más de la mitad de las/os encuestados (55,8 %) declara que sus principales labores están asociadas al trabajo con usuarios en terreno (implementación de programas), un 18,5 % que sus labores están asociadas principalmente al diseño, coordinación y evaluación de programas, y un 25,7 % declara desempeñar labores tanto de trabajo en terreno con usuarios como de diseño, coordinación y evaluación (labores transversales). En términos de las áreas, las y los entrevistados declaran trabajar en diversos ámbitos, siendo los más mencionados los programas de niñez e infancia (44,7 %), salud y/o salud mental (34,7 %), pobreza y vulnerabilidad socioeconómica (30,4 %), educación y escuela (27,4 %) o juventud (25,4 %).

19En un segundo momento se realizaron entrevistas semi-estructuradas con 42 trabajadoras/es sociales que habían declarado estar disponibles para participar de la fase cualitativa del estudio. Las entrevistas se realizaron vía plataforma online y en los horarios que las/os entrevistados consideraron más adecuados. Las entrevistas tuvieron una duración de entre 45 y 60 minutos, y fueron transcritas literalmente y analizadas por el equipo de investigación. Se desarrolló un análisis temático siguiendo las indicaciones de Braun y Clarke (2006) y los principales hallazgos fueron discutidos en una jornada de reflexión realizada con las/os participantes del estudio. El perfil de las/os entrevistados fue variado: de diversos rangos etarios, habitando diferentes regiones del país, e implementando programas en tres áreas principalmente (salud, educación y pobreza). Al momento de la entrevista, se encontraban realizando su trabajo de diversas formas. Para algunas/os entrevistados el trabajo en terreno se realizaba en sistema de turnos (por ejemplo 15 días presenciales, 15 días en teletrabajo) mientras que otras/os se encontraban realizando únicamente trabajo remoto.

20Para reportar los resultados utilizamos seudónimos y siglas para identificar a las/os entrevistados, la región del país y el ámbito de intervención en el que se desempeñan. Todas/os las/los participantes tanto de la encuesta online como de las entrevistas firmaron un consentimiento informado aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

Resultados

21Independientemente de la modalidad de trabajo (remota, presencial o mixta), la encuesta arrojó que la mayoría (77 %) de los y las trabajadores/as sociales de primera línea declara haber continuado trabajando en el mismo programa donde lo hacía antes del inicio de la pandemia (ver Tabla 1), en línea con la relevancia descrita por McPherson (2020) sobre el rol de las/os trabajadores sociales en contextos de pandemia. Esto no significa, sin embargo, que no hayan ocurrido despidos durante estos meses, ya que la cifra de cesantes se eleva a un 6,8 %, siendo levemente mayor en el grupo etario de entre 35 y 48 años (9,5 %) y en quienes se desempeñan mayoritariamente en labores de terreno y con usuarios (7,5 %).

Tabla 1: Desde que comenzó el confinamiento, el distanciamiento físico y las medidas sanitarias decretadas a partir del COVID-19 (15 de marzo), ¿sigue usted trabajando en el (los) mismo (s) programa (s) sociales?

Porcentaje

Sí, estoy trabajando en el (los) mismo (s) programa (s)

494

76,5 %

No, estoy trabajando en más programas

37

5,7 %

No, estoy trabajando en menos programas

19

2,9 %

No, estoy trabajando en otro (s) programa (s) diferentes a los que implementaba, pero en la misma institución

25

3,9 %

No, ya no me encuentro trabajando en la implementación de programas sociales, pero sigo trabajando en la institución

6

1 %

No, ahora trabajo en otra institución

13

2 %

No, quedé cesante

44

6,8 %

Otro

8

1,2 %

Total

646

100 %

Fuente: Elaboración propia

22Esta mantención general de la situación laboral contractual no significa, tampoco, que no hayan ocurrido cambios en las condiciones laborales de las/os trabajadores sociales. La tabla 2 explora tres variables centrales de las condiciones laborales: i) los cambios en la remuneración de los trabajadores; ii) los cambios en la carga de trabajo y iii) la distribución de los costos de la intervención que ha supuesto la pandemia. Los resultados muestran que cerca del 75 % de los encuestados declara que su carga de trabajo ha aumentado en la pandemia (sin que esto se haya visto acompañado de un aumento considerable de las remuneraciones) y que, además, un porcentaje importante (37,5 %) declara que han sido ellos (las y los trabajadores/as sociales de primera línea) quienes han debido asumir los costos que ha implicado hacer cambios en la implementación de los programas sociales.

23Ahora bien, estas tendencias generales presentan, sin embargo, diferencias importantes según la edad, nivel educativo y función de las y los trabajadoras/es sociales. Respecto de la edad, el grupo etario más joven (22 a 34 años) declara en mayor proporción que su carga laboral es ahora “mucho mayor” (37,6 % frente a 32,3 % y 25,4 % de los otros grupos etarios) y haber disminuido más sus ingresos producto de la pandemia (10,5 % versus 6,4 % y 7,5 % de los otros grupos etarios).

24Las entrevistas nos entregan algunas pistas sobre la manera en que ha incrementado la carga laboral para este grupo. Por una parte, la urgencia de la crisis ha demandado a las/os trabajadores sociales ampliar su rango de experticia o respuesta profesional; y, por otra parte, la incorporación de las tecnologías de la información también ha supuesto desafíos adicionales. Al mismo tiempo, en muchos casos el trabajo remoto ha sido objeto de un incremento de las medidas de control y supervisión, muy en la línea de las tendencias gerenciales que predominan en la intervención social desde los ochenta (Garrett, 2018).

25Respecto al primer punto, muchas/os han sufrido en este tiempo cambios en sus funciones (Duboy-Luengo, 2020). De esta forma, la línea de especialización o el ámbito de expertisse profesional se desdibuja en este contexto. Así lo explica una trabajadora social de la región de Valparaíso, egresada hace 2 años y que se desempeña en el ámbito de salud:

“[…] puede venir un usuario a preguntarte por cualquier cosa, por pensiones, o por algún proceso legal, no necesariamente va a venir por un problema de salud, o hay un problema de salud, pero vinculado con muchas otras variantes, entonces en la demanda espontánea uno tiene que saber cómo orientar al usuario […] y eso ha significado prepararse […] de alguna manera es una carga mayor”
JB1, Valparaíso, salud

26El testimonio de otra trabajadora social, egresada hace 2 años y que se desempeña en una comuna de la región del Bío-Bío muestra cómo se ha producido el aumento de la carga laboral en tiempos de pandemia fundamentalmente por el giro hacia el trabajo remoto, cuestión que es descrita también por el conjunto de las/os trabajadoras/es sociales, que en un 88,2 % declaran que su trabajo ha debido migrar a teleintervención. Su relato muestra claramente como los principios de la flexibilidad laboral, claves en la noción de precarización, se llevan hasta el límite en el nuevo contexto de trabajo remoto:

“el trabajo remoto ha sido más complejo, por que ha generado, primero, una mayor vinculación con las familias y eso ha significado que el trabajo, ya no es hasta las 5 de la tarde, y hasta el día viernes, sino que el trabajo se extiende a los sábados, los domingos. [Las/os usuarios] son a veces más demandantes de información, hay situaciones bien especiales que han significado un abordaje fuera de horario y mucho uso de las tecnologías, lo que ha sido agotador”
VS1, Bío-Bío, educación

27Asimismo, el uso de las tecnologías de la información ha sido altamente indicado como un elemento significativo de cambio en las condiciones de trabajo durante la pandemia. Aunque es reconocido por muchas/os de las entrevistadas como un facilitador del trabajo, también ha generado nuevas formas de control de la intervención profesional. Así, el hecho de encontrarse trabajando de manera remota pareciera preocupar a los empleadores al punto de solicitar registros de cada acción realizada, entregándoles menos (y no más) autonomía, tal como se devela de la experiencia que comparte una trabajadora social de la región Metropolitana egresada hace 4 años:

“La carga laboral ha aumentado […] me piden rellenar más cosas, como un tema muy de papeleo, medio burocrático, si hice tal actividad, si llamé por teléfono a una profesora, tengo que llenar un registro [además] tenemos que tener una red social. Nos obligan a tener eso. Hago una publicación y tengo que hacer un registro de eso. Contacté a una apoderada, tengo que hacer un registro. Entonces todo eso tenemos que registrarlo y antes nosotras no lo hacíamos, lo que nos pedían eran un informe a mediados de año y un informe a fin de año. Ahora no, cada semana hay que subir un informe cualitativo y cuantitativo, como de cuántas cosas hiciste y los registros, entonces como que la carga ha aumentado al 100 %’’
SR1, Metropolitana, educación

28Adicionalmente a este aumento de la carga laboral por las diversas razones aquí comentadas, los/as trabajadoras sociales más jóvenes (22 a 34 años) declaran también en mayor proporción (41,9 % versus 34 % de los trabajadores de entre 35 y 47 años; y 29,7 % en las/los con 48 o más años, respectivamente) haber asumido los costos que ha implicado intervenir en este nuevo contexto.

29En las entrevistas aparece claramente este asunto. Las/os entrevistados señalan que tienen que costear minutos de celular para contactar a usuarios que no responden a los correos electrónicos, usar sus computadores personales o tener que comprar uno, pagar cuentas de electricidad, teléfono, internet, entre otros. Como grafica una entrevistada: “nos mandaron con teletrabajo, pero sin computador de la oficina, sin internet de la oficina, sin papel de la oficina, sin nada de la oficina, con todas las exigencias, pero sin nada de recursos” (DP, Maule, pobreza).

30En segundo término, el último nivel educativo alcanzado por los profesionales parece ser también una característica diferenciadora de las condiciones laborales, aunque de manera sutil. Los resultados de la encuesta arrojan que la posesión de un posgrado se podría relacionar con menor aumento de la carga de trabajo (71,3 % versus 75,2 %) y una mayor mantención de las remuneraciones (93 % versus 86,7 %). Aunque no estadísticamente significativas, las entrevistas mostraron hallazgos sobre la posición profesional que construyen aquellas/os colegas que no solo tienen mayor nivel educativo (fundamentalmente estudios de magíster) sino también mayor antigüedad en la institución, cargos de coordinación y contrato indefinido. Esta posición, menos precarizada que la del resto, redundaría en una mantención de la carga laboral, de las funciones y de las remuneraciones durante la pandemia. Así, las posibilidades de vincularse a asociaciones gremiales o sindicatos, desde esta posición más estable, también podría hacer la diferencia.

Tabla 2. Cambio en condiciones laborales desde el inicio del confinamiento

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Fuente: Elaboracion propia

31Finalmente, el perfil del trabajador o trabajadora, entendida como la función que este tiene, también es una variable relevante de distinción respecto de las condiciones laborales. Así, un 74,9 % de aquellos con perfil de implementador/a y un 79,9 % de trabajadores/as clasificados como transversales (es decir, que se desempeñan en labores tanto de trabajo en terreno con usuarios como de diseño, coordinación y evaluación de programas) declaran que su carga es mayor o mucho mayor desde la pandemia. En cambio, solo 66,4 % de quienes desempeñan exclusivamente en labores de diseño, coordinación y evaluación declaran que su carga de trabajo ha aumentado. Además, los costos que ha implicado este nuevo escenario también presentan diferencias según esta variable, ya que mientras el 26,9 % de los encuestados que desempeñan labores de diseño, coordinación y evaluación dice haber asumido los costos de la implementación en la pandemia, porcentaje que se eleva a 41,6 % para los que desempeñan funciones primordiales de trabajo en terreno y a 37 % para trabajadores transversales, aunque estas variables no presentan asociación estadística.

32Las entrevistas complementan esta información y entregan sentido a estos datos. Así, las/os entrevistados/as indican que aquellas/os trabajadores sociales que se desempeñan en la primera línea de implementación, y que además obedecen al esquema terciarizado de provisión de servicios sociales descrito, declaran tener una carga laboral mayor y pagar todos los costos de lo que implica la intervención en contexto de pandemia. La terciarización obstaculiza aún más el cumplimiento de derechos de las/os trabajadores en este contexto. Una trabajadora social reporta que desde el nivel central del ministerio que financia la intervención

“mandaron un instructivo para que se destinaran algunos recursos a que [la institución ejecutora] nos pagara parte de la cuenta telefónica por ejemplo... y de nuestro equipo la única que los solicitó fui yo... y al final no tuve respuesta...
DP, Valparaíso, pobreza

33Aunque estos costos son limitados en la percepción de algunos/as entrevistados, estos resultados podrían estar hablando de un proceso de subjetividad precarizada de quienes implementan programas sociales, similar a lo mostrado por Muñoz Arce (2018, 2020) antes de la pandemia y en línea con la idea de shock levantada por Klein (2015) respecto de los desastres. Esto significa que las/os trabajadores no necesariamente comprendan estos cambios en sus condiciones de trabajo (aumento de la carga, mantención de su remuneración y responsabilidad de costear materialmente las condiciones de operación) como parte del fenómeno de la precarización laboral, sino como ajustes necesarios que ellas/os tienen que hacer para que la intervención funcione, en una lógica muy cercana a la idea de subjetividad heroica trabajada por De la Aldea y Lewkowicz (2004). En una línea similar, sentimientos de culpa y desesperación también son reportados en las entrevistas ante la imposibilidad de proveer todo lo que las/os usuarios requieren en este contexto de crisis. Una trabajadora social de la región metropolitana, egresada hace dos años, señala:

“El saber que los estudiantes de tal escuela están pasando hambre y hay que gestionar algún recurso… no, aquí no es “los estudiantes”. Aquí es el Marcos, es el John, es el Martín, es la Camila, es la Sofía, entonces tú tienes el rostro de esos niños, que finalmente van de la mano con las necesidades que surgieron durante este contexto de pandemia, entonces yo creo que esa tensión se genera, y desde ahí me tocó pasar de la culpa a la responsabilidad, yo de por sí me siento ahí, a ratos tengo… soy muy culposa, entonces claro yo me sentía frustrada en el sentido que hay gente lo está pasando mal, y me están diciendo que los recursos son limitados, ¿Qué más puedo hacer yo? ¿Qué más está en mis manos?”
SR, región Metropolitana, educación

34La pregunta ¿qué más puedo hacer yo? que plantea esta entrevistada deja ver esa mediación entre la idea de subjetividad heroica y la activación de la capacidad de agencia para ir más allá de lo que establece el mandato o las condiciones institucionales. Otra profesional, que se desempeña en un programa de salud en la región de Los Lagos, plantea en esa misma línea: “asumí un rol que iba más allá de mis funciones y mi cargo, pero era un compromiso ético- social velar por el bien de todos y que el impacto de la pandemia fuera el menos posible”.

35Además de los cambios en las cargas y funciones, la evidencia internacional muestra la importancia que las/os trabajadores sociales pueden jugar en estos momentos. Así, se ha mostrado como las/os implementadores movilizan a las organizaciones comunitarias para satisfacer las necesidades de las poblaciones más vulnerables al contagio cuando las instituciones gubernamentales tardan en actuar (Sze y Ting, 2004), participan activamente en la protección del bienestar social, mediante procesos de educación sanitaria y la aplicación de las medidas de seguridad recomendadas (en el caso de comunidades empobrecidas y aisladas), organizan líneas telefónicas directas para la población en general (Sze y Ting, 2004; Hui y Tsui, 2004), promueven iniciativas de apoyo y capacitación orientadas a salvaguardar la salud física y mental de las y los trabajadores de primera línea en tiempos de pandemia (Gearing, Saini y McNeill, 2007; Rowlands, 2007), entre otras. En un estudio reciente en Chile, se encontró que trabajadoras/es sociales que se desempeñaban en hospitales durante el inicio de la pandemia utilizaron las redes sociales para crear espacios de interacción con las usuarias de un programa, incorporando una dimensión lúdica y participativa que no habían desarrollado antes, y para fortalecer vínculos afectivos y de adherencia a la intervención que no habían sido abordados antes de la pandemia (Duboy-Luengo, 2020).

36Este elemento también fue levantado en este estudio: el uso de la creatividad y posibilidad de reinvención dentro del marco de las condiciones de trabajo que tiene cada programa es sin duda una fortaleza de las/os profesionales, más aún en tiempos de crisis como los que vivimos. Una trabajadora social, egresada hace 5 años, lo expresa de manera muy clara: “se trata de darle una vuelta, de pensar con otras colegas, ¿qué podemos hacer, con lo que tenemos, en el contexto en que estamos? Y desde ahí darle la vuelta” (CM, región de Los Lagos, salud). Esta es una forma de contestar la precarización, sin duda, pero es también un “arma de doble filo” en el sentido en que representa esa frágil posición de la subjetivación profesional: entre la subjetivación precarizada: el “no tengo”, “no se puede”, “no me dejan hacerlo”, y la subjetivación heroica: “lo hago todo yo”, aunque esto implique inmolarme y de paso, refuerzo la posición de víctima de todos/as las/los demás involucrados en la intervención (De la Aldea y Lewkowicz, 2004).

37Además de los procesos de movilización, otras formas de contestación ante la crisis y la precarización de la intervención son las acciones de carácter colectivo que las/os profesionales impulsan en la lógica de la defensa de las condiciones mínimas que den dignidad al quehacer profesional. Un trabajador social, egresado hace más de 20 años, relata:

“Para mí el trabajo social busca la transformación social y siempre va a estar en un escenario de conflicto de distintos intereses frente a ciertos poderes dominantes y opresivos […] en ese contexto, igual siempre hay posibilidad de mejorar las cosas. Comparado con otras partes donde los colegas están precarizados, nosotros estamos bien […] lo que pasa es que acá las asociaciones gremiales se movieron bastante y exigieron condiciones. Nosotros como estamento de trabajo social también exigimos nuestras condiciones.”
CM1, Maule, salud

38Aunque interesante, el relato de este trabajador social, sin embargo, es singular en el contexto de las entrevistas realizadas. Así, el establecimiento de umbrales mínimos de dignidad en el trabajo, el “exigir nuestras condiciones”, en palabras del entrevistado, no fue una lectura encontrada con frecuencia en las entrevistas, a pesar de que este parece ser el marco que ha movilizado a los/as trabajadores en los últimos años en el país (Gutiérrez-Croco, 2020). El entrevistado tiene un perfil particular, muy en la línea de lo que arrojó la encuesta: se trata de un trabajador social con más de 20 años de experiencia laboral, con contrato indefinido, con estudios de magíster terminados, y con un perfil transversal (coordinación de programa e intervención individual/familiar), es decir, está en el perfil de profesionales que se encuentran menos precarizados. Otras/os entrevistados -con contratos a plazo fijo y a honorarios) responden ante la precariedad usando sus espacios de discreción profesional para cuidarse: estableciendo prioridades y centrándose en lo urgente (CM, Maule, salud), exigiendo vehículos para la realización de las visitas domiciliarias presenciales como condición mínima para efectuar su trabajo, (JB, Valparaíso, salud), solicitando pago de gastos asociados a la intervención remota (DP, Valparaíso, pobreza), exigiendo a las jefaturas no enviar correos electrónicos, ni mensajes fuera de los horarios de trabajo (VS, Bio Bío, educación).

Reflexiones finales

39Los resultados del estudio que hemos presentado en estas páginas permiten poner en discusión las condiciones de trabajo de las/os trabajadores sociales que implementan programas sociales en tiempos de pandemia, en el marco de una crisis política mucho mayor que se manifiesta desde la revuelta del 18-O, pero que adquirió ribetes particulares durante el invierno 2020, el tiempo más complejo de la primera ola del Covid-19 en Chile. Ciertamente, es posible observar una continuidad en términos de la precarización laboral que ya venía afectando a las/os trabajadores sociales antes de la pandemia no solo en Chile (Iturrieta, 2017) sino a escala mundial (Carballo, 2010; Garrett, 2018; Ioakimidis, 2021, entre otros). La inestabilidad laboral en que se encuentra la mayoría de las/os entrevistados/as debido a los contratos que se renuevan cada año, por ejemplo, da cuenta de un panorama de alta precarización laboral que tiene décadas de trayectoria. Sin embargo, el estudio permite observar aspectos de esta precarización que se agudizan durante la pandemia.

40Dentro de estos aspectos encontramos la pérdida de límites en términos de horarios de trabajo para quienes se desempeñan en trabajo remoto o la sobrecarga que implica atender urgencias gran parte del día, con poco tiempo para centrarse en los objetivos originales de la intervención, tanto en modalidades de trabajo presencial, remota o mixta. Observamos también elementos emergentes, en el sentido en que antes de la pandemia no se tenía registro de ellos como factor vinculado con las condiciones laborales para la implementación de programas. Nos referimos al uso e impacto de las tecnologías en la intervención, y el pago de los costos materiales de la intervención por parte de las/os profesionales para mantener su funcionamiento. Los resultados sugieren, en esta misma línea, que estamos frente a nuevas posibilidades de vigilancia y control de la intervención profesional, que se manifiestan, por ejemplo, en el tipo de registro y contenidos que se les exige reportar a algunas/os profesionales, el uso obligatorio de redes sociales para demostrar las actividades realizadas, etcétera. Así como a nuevas formas de inserción de la lógica del auto emprendimiento en los espacios laborales. La encuesta realizada, además, sugiere que son las/os profesionales jóvenes los/as más afectados/as tanto en términos de bajas en la remuneración, aumento de la carga de trabajo y pago de los costos asociados a la intervención, lo que deja abierta una línea de trabajo por abordar en futuros estudios.

41En tiempos de crisis, con algunos aspectos de continuidad y otros emergentes, podemos decir que, al agudizarse la precarización, se refuerza también la construcción subjetiva de la posición profesional desde las coordenadas de la incertidumbre, la falta de solvencia y la inseguridad. En este marco se construyen los modos de subjetivación al límite: la subjetivación precarizada, alienada, de servidumbre (Jaeggi, 2014) y la subjetivación heroica (De la Aldea y Lewkowicz, 2004). Y entre ellas, los puntos de balance que buscan, en palabras de una de las entrevistadas, “pasar de la culpa a la responsabilidad”. Sin duda esta búsqueda tiene a la base un cuestionamiento ético y político, que permite que surja la pregunta: ¿qué puedo hacer yo, desde mi posición profesional, para que esta intervención gane en términos de dignidad? La capacidad de agencia, de ser creativa/o, de reinventarse, junto con la lucha por derechos laborales, por exigir y demandar condiciones mínimas de dignidad para quienes intervienen, aparecen de manera tenue en los discursos de la mayoría de las/os entrevistados/as.

42En este sentido, el desafío que queda en el aire dice relación con aprovechar estratégicamente este momento de desastre, entendiéndolo como el momento excepcional que es, como el punto de inflexión que es. Es la coyuntura para que se profundice la precarización, pero también es el momento en que se pueden producir las transformaciones. La campaña de la UNICEF que posicionaba a trabajo social como una profesión esencial ( “Social workers are essential”12) fue una estrategia de reivindicación y reconocimiento que se proponía visibilizar el aporte de las/os trabajadores sociales en el abordaje de la pandemia y que, por tanto, exigía el apoyo y la protección de los gobiernos para su labor. Las tecnologías de la información permiten compartir prácticas, innovaciones y reflexiones que permitan remirar las intervenciones (en sus dimensiones estéticas, por ejemplo, dado que el cara a cara no es posible en tiempos de confinamiento) (Archer-Kuhn et al., 2020; Wang et al., 2020). Estas y otras iniciativas desarrolladas por colectivos, asociaciones gremiales, etcétera, requieren ser potenciadas y visibilizadas, en la perspectiva de construir subjetividades contra la precarización que se vive en el ejercicio del trabajo social.

43Hemos planteado el estudio desde una lógica que comprende el carácter sostenido, durante las últimas cuatro décadas, de la precarización de los espacios laborales en general, y de quienes implementan programas sociales en particular. En este sentido, vivimos un momento clave a nivel país. El proceso constituyente que se inició ante la revuelta del 18-O, ratificado en el plebiscito de octubre 2020, es otra coyuntura importante para pensar cómo la intervención social -y no solo el trabajo social- ha sido precarizada, y en este sentido, plantear la necesidad de transformar las condiciones laborales de quienes, en términos amplios, implementan la intervención del Estado. Esto pasa, claramente, por una discusión en profundidad precisamente respecto del rol del Estado, su lógica subsidiaria y focalizada, y el carácter tercerizado de las políticas sociales, y también por profundizar una discusión sobre el rol y las condiciones que permitan ejercer, con dignidad, el trabajo de implementación de programas, que permita tener “una vida vivible”, en el decir de Butler, tanto para usuarios/as como para quienes son responsables de dicha implementación.

Bibliographie

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Notes de bas de page

7  Núcleo Estudios Interdisciplinarios en Trabajo Social, Universidad de Chile

8  Agradecemos el trabajo de nuestras/os estudiantes del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Trabajo Social quienes participaron activamente en el diseño y aplicación de los instrumentos, así como en la realización de eventos de difusión de sus resultados

9  Agradecimientos a ANID / FONDECYT REGULAR N° 1201685.

10  El análisis de los resultados de la fase cuantitativa del estudio que abarca otras dimensiones adicionales a las condiciones laborales ha sido reportado en extenso en: Villalobos, C., Wyman, I., Muñoz, G. y Reininger, T. (2021). “Trabajadores y trabajadoras sociales de primera línea frente al Covid-19. Continuidades y transformaciones en Chile”. Revista Intervención 10 (2), 4-29.

11  En términos de su distribución geográfica, participaron trabajadores sociales de todas las regiones del país, pero principalmente concentrados en la Región Metropolitana (44 %), Valparaíso (14 %) y Biobío (8,8 %).

12  https://twitter.com/unicef/status/1295270439187611648

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