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Dimensiones relevantes para el análisis de la toma de decisiones en la intervención social en contextos de desastres

p. 81-99

Résumé

La pandemia por COVID-19, debido a su carácter catastrófico, ha evidenciado profundas desigualdades sociales y económicas que han decantado en crecientes procesos de precarización de gran parte de la población. Frente a esto, los equipos profesionales que trabajan en atención directa se han visto constantemente desafiados por los ajustes que trae el contexto de pandemia en los procesos de intervención social. En este escenario, se discute la pandemia como desastre, así como los desafíos en la observación y análisis de estos procesos, bajo la noción de discrecionalidad y la relevancia de la categorización. A su vez, se proponen algunas dimensiones analíticas para observar la toma de decisiones en la intervención en contextos de desastres, como una opción posible para establecer reflexiones que desdibujen una mirada tradicional de la disciplina en estos escenarios.

Entrées d’index

Palabras claves : Discrecionalidad, trabajo social, desastres, toma de decisiones, categorización


Texte intégral

Introducción

1La vivencia de la pandemia COVID 19 ha evidenciado y profundizado las desigualdades sociales, económicas, políticas y sanitarias en todo el planeta. La literatura ha sido no solo diversa y variada, sino que enfática en indicar cómo la pandemia ha profundizado la desigualdad económica y ha generado un incremento de las brechas sanitarias, educativas y laborales de las sociedades contemporáneas. En nuestro país el impacto de la crisis social y económica actual producto de la pandemia, se despliega diferenciadamente a lo largo de la estructura social, lo que hace evidente que los efectos de esta se distribuyan desigualmente en la población. Los más inmediatos se aprecian en los sectores más vulnerables: inmigrantes irregulares, personas sin hogar, con trabajos precarios y aquellas que se encuentran en el límite de la subsistencia, entre otras.

2En este contexto, se han desarrollado una variedad de procesos interventivos, la mayoría asociados a la distribución de recursos y el apoyo socioemocional, para contrarrestar la precariedad a la que se ha visto enfrentada gran parte de la población. Ello ha incluido una sobrecarga de los equipos profesionales de atención directa o de primera línea, además de cambios importantes en las formas de implementación en que se llevaban a cabo los programas sociales.

3En dicho escenario, un asunto a tener en consideración es el hecho de que, al intervenir, los equipos profesionales se enfrentan a distintos niveles de incertidumbre sobre los cuales toman decisiones. Por ello, se hace necesario explicitar los aspectos relevantes en dicho proceso decisional, lo que se logra interrogando el razonamiento que las y los profesionales usan cuando intervienen (Taylor y White, 2006). En el caso de trabajadores y trabajadoras sociales, diversos estudios (Laming, 2003; Reder et al., 1993) sugieren que sus decisiones no solo se ven afectadas por los niveles de incertidumbre a los que se enfrentan, sino también por importantes aspectos: a) sus juicios morales, los cuales a veces son prematuros, b) por interpretaciones selectivas de la información que reciben, producto de sus propios sistemas de creencias que muchas veces invalidan evidencia contraria a éstos, c) el uso de categorías sociales y clasificaciones sobre las y los usuarios; y d) las expectativas sobre los procesos de intervención que no necesariamente resultan concordantes con las de las instituciones. Todo lo mencionado puede afectar sus juicios y toma de decisiones.

4En tal marco, la pretensión de este escrito es justificar la relevancia y actualidad del problema de la discrecionalidad en la implementación de los programas sociales, sobre todo en contextos de crisis como el que se vive actualmente a nivel mundial. En este intento, se discute el desastre y los desafíos en la implementación de programas sociales, para luego, referirse particularmente a la prevalencia de una visión tradicional de la intervención, principalmente respecto de la forma en que se ha abordado la relación entre desastres y el trabajo social. Seguido, se hará referencia a la importancia de la discrecionalidad y la categorización en la intervención social; para finalmente dar cuenta de algunas dimensiones analíticas como propuesta para observar la discrecionalidad en la intervención en contexto de desastres. Por tanto, se trata de identificar los factores que, en esta discusión conceptual, se han determinado como relevantes en la definición del juicio profesional y que tensionan el espacio de reflexión sobre los procesos interventivos en contextos de desastres.

COVID 19: el desastre y los desafíos en la implementación de programas sociales

5El día 11 de marzo del 2020 la OMS por medio de un comunicado de prensa determina que la enfermedad COVID-19 se puede caracterizar como una pandemia (OMS, 2021). Entender lo que ello significa y lo vivenciado a más de un año de su aparición, permite considerarla como un desastre global en función de sus efectos y consecuencias en la población.

6En el informe del año recién pasado, la CEPAL (2021) indica que el impacto social por la pandemia es una crisis que no tiene precedentes en la región, que ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales y que los costos de la desigualdad, sin duda alguna, hoy resultan insostenibles. En cuanto a la pobreza, se visualizó entre el 2019 al 2020 un aumento desde un 30,5 % a un 33,7 %, lo que equivale a 22 millones de personas aproximadamente en situación de pobreza.

7La acumulación de déficits tanto a nivel urbano (el hacinamiento, la concentración habitacional en las grandes urbes, falta de servicios principalmente en localidades rurales con población indígena, la precariedad y colapso del transporte público, por mencionar algunos), así como la debilidad de los sistemas sanitarios, de los sistemas educativos y las brechas digitales, la profundización de las exclusiones laborales y de protección social, han contribuido como factores de riesgo, que potencian los niveles de contagio, de mortalidad y también la insostenibilidad de la situación de pobreza y desigualdad. Con todo, los efectos de la pandemia se vivencian y distribuyen diferenciadamente en nuestra población, en función de la cantidad de ingresos que poseen las personas (CEPAL, 2021).

8En dicho marco, la pandemia puede ser considerada como un desastre, es decir, como un fenómeno complejo que se desarrolla y vivencia en función de procesos territoriales y sociales en los que se entrelazan y reconfiguran las relaciones establecidas en la sociedad (Romero-Toledo y Romero, 2015). De esta manera, se entiende que los efectos de la pandemia no se pueden separar de las condiciones y circunstancias político-económicas en las cuales vive una población, así los desastres se entienden como fenómenos multidimensionales en los que se interrelacionan elementos políticos, socioeconómicos, ambientales y culturales, con las amenazas, riesgos y vulnerabilidades (Romero-Toledo y Romero, 2015; Lavell, 2005).

9El PNUD señala que un desastre, como la pandemia, interrumpe el desarrollo humano (PNUD, 2004), pero entendiendo que nuestras sociedades han seguido patrones de desigualdad, no es que exista una interrupción necesariamente de este tipo de desarrollo, sino que más bien se hacen evidentes y profundizan las desigualdades generadas por el propio desarrollo capitalista, alterando significativamente la estructura y comportamiento de una sociedad en su conjunto, pero con mayor énfasis en aquellas comunidades que la literatura ha indicado como vulnerables o más pobres (Pérez-Sales, 2003; Cardona, 2008).

10Con los desastres, y en particular con la pandemia, existe un doble impacto observable a nivel social y económico, haciéndose evidente la desigualdad en función a la composición y estructura social de base, observándose más inmediatamente en la población más pobre del país, y particularmente en la emergencia de “nuevos pobres”, que en su mayoría corresponden a la población que había superado la pobreza y que debido a la pandemia vuelve a caer en ella. (Martínez y Poblete, 2021)

11A partir de lo anterior, se pueden entender -sin un gran esfuerzo- las dificultades particulares que está sufriendo la región y nuestro país. Un desastre, como el que estamos experimentando, hace más visibles las desigualdades y carencias que tiene una determinada comunidad, precisamente en función de las problemáticas estructurales no resueltas, evidenciando la debilidad de las instituciones para evitarlos o paliarlos (Razeto, A., 2013; Buchenau y Johnson, 2009). Así, lo vulnerable que resulte una población a los efectos que tiene un determinado desastre, se establece en función del tipo de economía política de los recursos, y por ello, está vinculado al poder político y su ejercicio. Los desastres bajo esta óptica se observan y comprenden como ensamblajes en los que interaccionan factores físicos, ambientales, actores y grupos clave, también los conocimientos y las relaciones de poder, es decir, se trata de fenómenos complejos, que socavan las capacidades que tienen los enfoques deterministas de modelarlos, explicarlos (Danovan, 2017) y de intervenirlos. Desde un plano institucional, la situación de desastre conlleva una sobrecarga en los servicios de atención directa o de “primera línea”, -que en nuestra región ya tenían altos niveles de demanda- y que, frente a una situación crítica, se ven presionados al extremo, y con mayor fuerza aquellos dedicados a la atención de la población más precarizada. Lo anterior, tiene un efecto inmediato hacia las y los profesionales a cargo de la atención directa, quienes en nuestro país ya han sufrido transformaciones profundas en las formas de implementación y las condiciones laborales, especialmente trabajadoras y trabajadores sociales (Iturrieta, 2017; Muñoz, 2018). Sin embargo, paradójicamente el trabajo y la acción que realizan se considera de vital importancia en la entrega de cuidados y servicios durante y después de la emergencia (Sweifach et al., 2015).

12Un estudio reciente (Villalobos et al., 2020), cuyos resultados son concordantes con la literatura que ha estudiado los desastres y los desafíos que se presentan para los equipos profesionales en la implementación directa, explora los principales cambios en las condiciones de trabajo de las y los trabajadores sociales encargados de esta implementación, en función de los efectos de la pandemia en Chile. Se indica que cerca de un 75 % de las personas encuestados declaran haber sufrido un aumento en su carga laboral (manteniendo condiciones salariales), y que más de un tercio ha asumido los costos que implicó el cambio en la implementación de los programas.

13En cuanto a dichos cambios, indican que se producen mayoritariamente en las formas de relacionarse con la población usuaria (formas de comunicación y/o en la restricción de los encuentros físicos con mayor frecuencia), así como también en los aspectos metodológicos y/o prácticos, considerados por las propias personas encuestadas como cambios medianamente profundos. Evidencia importante se indica en el estudio, sobre la existencia de un grupo de trabajadoras y trabajadores sociales que se ven afectados mayormente por la pandemia, asociados al sector con condiciones más precarias (menores sueldos y estabilidad) y que tienen una mayor relevancia en la crisis por trabajar en áreas asociadas a salud y pobreza, y además en roles de implementación.

14Los cambios que se producen en los programas sociales debido a la pandemia confirman la relevancia que tienen las y los trabajadores sociales de primera línea o de implementación directa de programas sociales, como agentes activos frente a los desastres, y a su vez como quienes asumen los costos de implementación, sin tener necesariamente mayores niveles de participación en los cambios de los programas (Villalobos et al., 2020), manteniendo los problemas de coordinación entre diseño e implementación, que programas sociales chilenos arrastraban antes de la pandemia (Muñoz, 2020).

Desastres y trabajo social: el peso de una visión tradicional en los procesos de intervención y en su abordaje

15Entender los desastres como procesos en que las acciones humanas y lo que desarrolla una sociedad en su conjunto, están en la fuente de su origen, implica que no deben visualizarse como resultados de fuerzas externas y que sus impactos en las sociedades varían dependiendo de los sistemas de desarrollo y protección que estas tengan. Se refuta con ello, la visión hegemónica y generalizada de los desastres como eventos aislados, individualizados, circunstanciales y desvinculados de la estructura social.

16Siguiendo a Soares (2020) entender los desastres como procesos arraigados a la estructura social, nos invita a interpretarles y evaluarles en función de la interseccionalidad entre los determinantes históricos de la desigualdad y la estructura de producción/reproducción de las precariedades, el sentido que tiene la vida en el sistema capitalista, las formas de ocupación territorial, la participación en el acceso a los servicios, por mencionar algunos. Todo ello, implica cuestionar la neutralidad supuesta de las decisiones técnicas sobre los desastres, los intereses políticos y económicos que determinan las acciones sobre ellos, así como desnaturalizar los procesos sociales complejos que reproducen las injusticias y agudizan la cuestión social.

17La demanda por la atención en la emergencia y el post desastre, hacia el trabajo social, es evidente, principalmente por su conexión como disciplina en el abordaje de las manifestaciones de la cuestión social. Pero también lo es, el énfasis que se le otorga a este llamado -establecido en función de los impactos y la asistencia de ellos- con la inmediatez de la atención directa, generando un trabajo particular y focalizado que evoca y vuelve a reproducir una mirada conservadora, asistencial y clientelar de lo que se espera de la intervención y de sus profesionales.

18Si bien, se ha avanzado en la reflexividad disciplinar sobre estos procesos particulares de intervención, ella versa generalmente sobre la mejora en la calidad de la atención, vinculadas precisamente a la respuesta inmediata y el rol que le cabe a ésta en las condiciones reactivas sobre la emergencia y el post desastre, cuestión no diferente para el caso de la pandemia COVID-19 (Cheng, et al., 2020; Rashmi y Nair Lekshmi, 2021; Chun-Sing, 2020).

19Lo anterior contribuye aún más al distanciamiento del trabajo social y sus profesionales, de un abordaje del desastre que tenga en su base una concepción de éste, como acontecimiento interrelacionado y explicado en relación con las características de los modelos de desarrollo, supeditando la mirada a la concepción hegemónica sobre lo esperable para la intervención social en su conjunto. La mantención de estas visiones tradicionales, el énfasis en las actividades prácticas, así como la necesidad de respuestas inmediatas al evento en particular, son ejes clave de reproducción de la visión conservadora y tecnológica, que reafirma la prevalencia de la disciplina y el ejercicio profesional anclada a la ejecución terminal de las políticas públicas (Soares, 2020).

20Con este marco interpretativo, la literatura en desastres y el rol del trabajo social en la región, ha tendido a mostrar una falta de formación y preparación previa de trabajadores y trabajadoras sociales, con lo cual la intervención se sustentaría en acciones voluntaristas, con valores personales e incluso religiosos (solidaridad, caridad, compasión, principalmente) como ejes movilizadores de las acciones (Ortiz, 2010). Con ello, prima cierta precariedad en la inserción profesional para la gestión de los desastres, entendiendo que las prácticas tienden a insertarse en lógicas asistencialistas, con lo cual se impone el reino de la necesidad en tensión al reino de los derechos, así como también se presenta dicha gestión como sucesión de etapas aisladas (prevención, mitigación, respuesta en emergencia, reconstrucción), reproduciendo la lógica gerencial que ha impregnado las prácticas del servicio público en las últimas décadas (Vargas, 2015).

21Por otra parte, también se ha indicado para el caso de la gestión de los desastres que los equipos del trabajo social tienden a asumir funciones que son solicitadas y delimitadas por profesionales de otras disciplinas, sin la participación directa en la toma de decisiones, y que muchas veces conduce a acciones que no son de su competencia. Existe así, una subordinación técnica y social del trabajo social hacia otras profesiones, precisamente por la falta de claridad sobre las atribuciones y competencias profesionales, lo que restringe cada vez más la participación de trabajadoras y trabajadores sociales en la planificación social, la gestión y evaluación de las políticas públicas (Bonfim, 2015)

22Considerando la situación particular de Chile, la experiencia no resulta muy distinta. Se ha mostrado incipientemente cómo los equipos profesionales tienen poca participación en la toma de decisiones sobre los ajustes realizados a los programas sociales en el contexto de pandemia, y que sumado a la forma de ordenación del Estado -con una ausencia en la organización de programas sociales, una lógica instalada de competencia y de focalización en la política social-, se evidencian más claramente las limitaciones en la implementación de estos programas sociales (Villalobos et al., 2020), y con ello una posible profundización de las tensiones en los procesos de intervención cargadas hacia los equipos profesionales.

23Precisamente se ha indicado que, en los procesos de desastres, trabajadores y trabajadoras sociales experimentan dilemas morales, entendidos como disonancias éticas, que se ponen en juego en estos escenarios. Ello ocurre cuando las políticas, procedimientos y prácticas entran en tensión entre lo solicitado por las organizaciones mandantes y lo que se requiere para brindar un servicio y atención acorde a las demandas de las personas. Esta cuestión, no solo ha sido abordada en función de la labor de profesionales del trabajo social con atención directa en desastres, sino que también es una cuestión estudiada en el ámbito de la salud (Gerdin et al., 2014), particularmente con profesionales de atención directa.

24En un estudio realizado con trabajadores y trabajadoras sociales de EE. UU., Israel y Canadá, se investiga la disonancia experimentada al tratar de satisfacer las necesidades y el bienestar de las personas atendidas, con las restricciones políticas y legales establecidas por protocolos y compromisos de los programas sociales, todo dentro del entorno caótico de las condiciones posteriores al desastre. En los resultados destaca cómo las y los trabajadores sociales se vieron enfrentados al peso moral que trae la toma de decisiones en este contexto, sobre todo para lograr hacerse cargo de las necesidades de las personas (principio de beneficencia) en contraposición del compromiso y fidelidad hacia las instituciones en las que trabajaban. Todas las acciones desarrolladas -a saber, el engaño a las administraciones de los programas, la resistencia a las políticas obstructivas o a las limitaciones de los recursos y servicios, así como la creatividad para eludir protocolos de las políticas y programas- implicaron un alto nivel de estrés considerando las opciones posibles y el peso que tiene la toma de decisiones en estos escenarios (Sweifach, Linzer y Heft, 2015), que no solo son de incertidumbre sobre funcionamientos metodológicos de los programas, sino que muchas veces de incertezas laborales y contractuales.

25Volviendo a lo planteado anteriormente, la cuestión de base es cómo avanzar en una reflexión disciplinar, en este caso, que permita la observación de la toma de decisiones que se haga cargo de las tensiones que implica la intervención social en escenarios de desastres. Con ello, cómo permitir una reflexión que vaya más allá del contexto inmediato de los desastres, tanto de la emergencia como de los escenarios post desastres y que desdibuje la mirada tradicional asistencial y clientelar, así como la visión hegemónica del desastre y de las expectativas que se tienen del actuar profesional.

26Suponemos que el desastre y las catástrofes se entienden como acontecimientos con una dimensión ontológica que potencia el desarrollo de prácticas políticas, puestas en marcha que tienen diferentes consecuencias hacia la población, dónde se aprovecha la visión del “evento” para generar otros órdenes políticos, con nuevos significados y por ende relaciones de poder en su desarrollo (Soldani, 2011). La propuesta es inscribir la reflexión en el esfuerzo desarrollado por muchas personas en la disciplina, y que ha posibilitado realizar análisis y producir conocimientos sobre la realidad situada, buscando con ello la transformación de la misma, y que como se evidencia en el contexto de desastre, se mantiene como un desafío pendiente (Soares, 2020).

Relevancia de la discrecionalidad en la implementación de programas sociales

27Como se mencionó anteriormente, en contextos de desastre la pandemia producto del COVID-19, y la observación de la toma de decisiones en los procesos de intervención social, se vuelve un asunto relevante. Por ello, la discrecionalidad parece ser un concepto a tener en cuenta.

28El tema de la discrecionalidad en la implementación de programas sociales ha sido estudiado desde hace décadas en el mundo anglosajón, sin embargo, existen escasos estudios en Chile al respecto. Así también, no se observan muchas investigaciones acerca de las conceptualizaciones que los equipos profesionales de los servicios sociales tienen sobre personas usuarias y las familias con las que trabajan (Gómez, Muñoz y Haz, 2007) ni sobre la incidencia de las mismas en los procesos interventivos.

29En un relevante estudio sobre el tema de la discrecionalidad, Lipsky (1980), observó que las y los trabajadores de los servicios públicos en lugar de apegarse a las reglas de la política social, eran más bien quienes finalmente hacían la política, ya que, eran capaces de determinar la distribución de beneficios y sanciones gubernamentales. Otros estudios, dándole la razón a Lipsky, han indagado sobre las narrativas de trabajadoras y trabajadores públicos en los servicios sociales en EEUU y han observado que basaban sus decisiones, en sus juicios sobre el valor de la persona usuaria, es decir, que el peso de sus decisiones más que basarse en las reglas, los procedimientos o las políticas, descansaban en elecciones normativas definidas en su relación con el público. (Maynard-Moody y Musheno, 2000). De esto se esgrime que, en la implementación de las políticas sociales, existen ciertos juicios morales sobre los públicos con los que se interactúa, que están basados en el conocimiento acumulado de las y los profesionales, derivado de su constante interacción con usuarios y usuarias. Además, en estos juicios, influyen las identidades profesionales, así como sus identidades de clase, de género y etnia. De manera similar, se ha evidenciado que los objetivos individuales de las y los profesionales que trabajan en los programas sociales no siempre estaban alineados con los objetivos organizacionales, pues, los primeros son permeados por las experiencias personales, las características del tipo de trabajo y las condiciones estructurales del mismo, todas variables que afectan finalmente el desempeño y toma de decisiones de las y los trabajadores en su relación con las personas (Matheson, 2007).

30Por otra parte, en el marco del creciente impacto de la nueva gerencia pública (Aguilar, 2007), o gerencialismo (Evans y Harris, 2004), ha proliferado una creciente reflexión sobre la subversión del servidor y servidora pública, al verse su ejercicio encadenado a demandas administrativas que limitan su autonomía profesional o que le contienen para involucrar a las poblaciones usuarias en la toma de decisiones; como sea, la cuestión que surge es en torno a la identificación de las estructuras actuales de la administración pública, que afectan la toma de decisiones y en el cómo la afectan.

31En el caso particular de la disciplina del trabajo social, el desarrollo de la administración pública ha reducido la profesión a un set de tareas externamente administradas y reguladas (Jones, 1999) lo que trae como consecuencia una relación rutinizada y, a veces extremadamente burocratizada, con las personas usuarias, lo que produce un aumento en la homogeneización de las mismas. No obstante, tanto en el mundo anglosajón como en América Latina, se han levantado prácticas reflexivas desde la profesión que han permitido resguardar la autonomía profesional y su relación con las y los usuarios (Barnes y Prior, 2009).

32Los equipos profesionales del trabajo social evidentemente requieren que sus decisiones y sentencias contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, sin embargo, esto no siempre sucede. La literatura ha explicado estos resultados sobre la base de los contextos de incertidumbre que esta profesión enfrenta (Taylor y White, 2006), sin embargo, existen otros factores que determinan la toma de decisiones de las y los profesionales de servicios sociales quienes, al asumirse irreflexivamente, terminan afectando negativamente las intervenciones sociales. Estos factores han sido abordados desde la sociología, en el marco de la estratificación y categorización para comprender el mundo, y su correlato en estigmatizaciones y exclusiones (Boyne, 2006). También han sido estudiados desde la administración pública, bajo el concepto de discrecionalidad del o la profesional que actúa en primera línea, y que se ven constreñidos/as por sus propias visiones de mundo, así como por la institucionalidad desde donde operan (Lipsky 1980; Maynard-Moody y Musheno, 2000; Matheson, 2007); y existen estudios del mundo anglosajón que se han dedicado a investigar estos marcos referenciales desde el trabajo social, contribuyendo con conocimiento que perfecciona las intervenciones sociales (Taylor y White, 2006; Evans y Harris, 2004). En Chile, hemos avanzado insuficientemente en esta línea de investigación, en general los estudios indican lo que las y los trabajadores sociales hacen mal, o qué debiera hacerse, pero no se ha estudiado el cómo los trabajadores sociales hacemos las cosas (Taylor y White, 2006).

33Los marcos referenciales utilizados en Chile, para conceptualizar a las familias que reciben beneficios públicos no se revisitan en función de las transformaciones sociales y económicas que el país ha sufrido en los últimos años, ni menos en periodos de crisis social y económica como la que se ha experimentado desde la aparición de la pandemia COVID-19.

34La realidad nos muestra que las decisiones tomadas en el ámbito de la protección social, tienden a fundamentarse en criterios opacos, clasificando a individuos o familias en categorías homogéneas que no siempre las representan, por ello se hace imprescindible la investigación sobre las nociones bajo las cuales las y los trabajadores sociales comprenden a quienes participan de los procesos de intervención, de modo de identificar vínculos entre las categorías que formulan, y la toma de decisiones que realizan. Esto además se sustenta en el hecho de que empíricamente se ha evidenciado que las decisiones tomadas dentro del sistema de protección social, dependen del origen de las categorías que los equipos profesionales formulan.

35De este modo, puede concluirse que existe cierto acuerdo en la necesidad de analizar las maneras de categorizar que realizan las y los profesionales y el impacto de ello en la intervención social. Así también, lo mencionado deja en evidencia la falta de modelos analíticos que vinculen la categorización de la toma de decisiones de los equipos profesionales, con los impactos de las mismas, las cuales pueden resultar en estereotipos y discriminaciones, no siempre intencionales, de grupos sociales con los cuales se trabaja. Por lo tanto, estudiar las conceptualizaciones de los equipos de servicios sociales sobre las poblaciones usuarias con las que intervienen, es el primer paso para desarrollar un modelo categorial donde los procesos de toma de decisiones se hacen cargo críticamente de las experiencias que modelan la construcción de categorías, limitando las posibilidades de forzar el ajuste de poblaciones heterogéneas a categorías que no las representan. (Muñoz, 2015).

La categorización y el riesgo de generar exclusiones

36La importancia de la dimensión teórico-conceptual en los procesos de intervención promovidos por el trabajo social, ha vuelto relevante conocer estas conceptualizaciones, entendiendo que resulta vital para examinar los procesos de intervención social, debido a que las categorizaciones y clasificaciones desarrolladas por las y los profesionales son determinantes sobre el tipo de prestación al que acceden las personas en necesidad (Muñoz, 2015). Estudios internacionales avalan el hecho de que las categorizaciones de las y los trabajadores públicos impactan sobre las y los usuarios, pues, informan las evaluaciones de los beneficios (Lipsky, 1980; Maynard-Moody y Musheno, 2000).

37En sus prácticas cotidianas los servicios sociales deben categorizar, inventariar, y atender a un gran número de personas, lo cual resalta la importancia de las categorías conceptuales en los procesos interventivos. La política moderna se ocupa de la administración de individuos y de la vida (Foucault, 2008), y la clasificación de la otredad constituye un recurso para la toma de decisiones (Fryer y Jackson, 2008), ya que, permite el tránsito de casos individuales a casos generales, estables en el espacio y tiempo, ayudando a administrar a personas que en teoría se distribuyen en grupos internamente homogéneos y heterogéneos entre ellos.

38Desde un plano teórico, las clasificaciones son construcciones sociales que permean la vida social, pero que producen estereotipos y prejuicios, por ello es una dimensión inevitable de la categorización (Hamilton, 1981; Fiske, 1998; Macrae y Bodenhausen, 2002). Por su parte, la sociología ha contribuido a comprender la sociedad a través del uso de categorías y clasificaciones que reproducen distinciones sociales (Boyne, 2006) que han sido de utilidad para legitimar o fundamentar formas de estratificación social y la disputa de clases (Thévenot, 1995). Debido a esto último, se ha levantado un interés por estudiar el rol de las formas de clasificación en la coordinación social y particularmente en el tratamiento de las personas (Foucault, 2008).

39Ahora bien, entendiendo la intervención social como una operación con impactos simbólicos, la clasificación puede abrir o cerrar oportunidades para la acción humana, afectar la visión que las personas tienen de sí mismas, su comportamiento y la visión y conductas que las y los demás tienen en relación a ellas. De este modo, el reconocimiento identitario, aquella confrontación simbólica permanente entre personas dentro del proceso interventivo, se vuelve un cruce relevante en toda intervención social, debido a que el etiquetamiento que se produce por las prácticas de intervención afecta a las personas y su relación con el mundo (Fryer y Jackson, 2008).

40Plantear que las personas en los procesos de intervención son construidas enunciativamente mediante categorizaciones y etiquetamiento implica aceptar que ellas son “hechas existir” (Barad, 2003) en los procesos interventivos mediante prácticas socio-materiales concretas. Este abordaje relacional y pragmático (Bernasconi, 2015), comporta un giro hacia una ontología política (Mol, 2002, 2010) o, en otros términos, hacia alternativas performativas que redireccionan la atención de la intervención social desde temas de correspondencia entre descripción y realidad hacia asuntos de prácticas, haceres y actividades (Barad, 2003).

41Con lo dicho, surge la necesidad de establecer modelos enunciativos que vinculen la categorización al proceso de toma de decisiones, y para ello relacionan los procesos de cognición social y la categorización, donde la discriminación y prejuicios son consecuencias de nuestros procesos cognitivos. Esto a su vez, implica considerar que las categorías con las que las personas son categorizadas no se construyen a priori y de acuerdo a aspectos formales, sino que emergen de cadenas de asociación y experiencias a las que el proceso de clasificación está unido. Las implicancias resultantes de dicha construcción impactan a la política social, toda vez que, pueden acentuar inequidad y exclusión (Boltanski y Thévenot, 2006).

A modo de cierre: dimensiones analíticas para observar la intervención en contexto de desastres

42La observación de la toma de decisiones y con ello de la discrecionalidad en la implementación de programas sociales, ha sido estudiado desde hace décadas en el mundo anglosajón, sin embargo, como se mencionó existen escasos estudios en Chile al respecto. Así también, no se observan muchas investigaciones acerca de las conceptualizaciones que las y los profesionales de los servicios sociales tienen sobre las personas usuarias y las familias con las que trabajan (Gómez, Muñoz y Haz, 2007), ni sobre la incidencia de las mismas en los procesos interventivos. Por ello, se vuelve relevante establecer dimensiones, que, si bien operan a la vez e indiferenciadamente, pueden distinguirse analíticamente para el estudio del concepto (ver figura 1).

Figura 1. Matriz dimensiones analisis/observacion discrecionalidad en contextos de desastres

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Fuente: elaboración propia, 2021

43Una primera dimensión que se busca establecer para la realización de la observación y análisis de la discrecionalidad y toma de decisiones en los procesos de intervención en contexto de desastres, la hemos denominado experiencial. Con ella se busca referir al sustrato y el peso de la propia experiencia práctica que tienen las/os profesionales y que estarían influenciando las elecciones y los modos de operación. Se busca entender la experiencia como el punto nodal en que se interseccionan lenguaje público y la subjetividad privada, las dimensiones culturales compartidas y la interioridad individual, entendiendo que se trata de algo que debe ser necesariamente vivenciado o sufrido, pero que, no obstante, puede ser transmitido por medio de un relato de elaboración secundaria, que la transforma en una narrativa de sentido (Jay, 2003)6.

44Bajo esta dimensión la observación y problematización de las propias vivencias que tienen las/os profesionales previas remiten a las experiencias laborales, los procesos de autoformación, las percepciones sobre protocolos normativos, y en general la vida material que atraviesa la propia subjetividad, así como los aprendizajes desarrollados por el error y la equivocación, y la historicidad vinculada a las vivencias profesionales con los procesos de intervención. Se trata de la vivencia anclada en la sensibilidad de las personas respecto de su entorno, entendiendo que no responde a una sucesión de estados de consciencia, sino a un curso continuo, con fases y ritmos, en las que se articulan las cosas que le pasan a las personas (pasividad) y las cosas que hacen (actividad).

45Una segunda dimensión a destacar, se refiere a las disonancias de expectativas que viene a dar cuenta del alineamiento/desalineamiento, entre los objetivos individuales y los objetivos organizacionales. En este sentido, se trata de entender que, en los contextos de alta incertidumbre, se cruzan y ponen en juego los objetivos que los equipos profesionales valoran como principios a conseguir por medio de los procesos interventivos, con los objetivos que tienen las propias organizaciones y programas sociales para con las poblaciones usuarias de estas. Aquí, tal y como se indicaba en apartados anteriores, se busca poner en foco de análisis las distancias, disonancias y resistencias que se establecen cuando entran en conflicto estos objetivos, lo que puede darse a nivel del sentido y orientación que toman los procesos interventivos, en conjunto con los procedimientos y las lógicas de las metodologías, así como los compromisos establecidos con la organización y las personas usuarias.

46Una tercera dimensión es la normativa, la cual se encuentra asociada a los marcos valóricos de referencia que profesionales utilizan para resolver dilemas morales y éticos que se tensionan en las interacciones con las personas que participan de los procesos de intervención. Esta dimensión permite conocer los juicios morales sobre las y los usuarios con los que se interactúa. Dentro de esta dimensión, se puede visualizar la valoración de la situación a intervenir, que incentiva las decisiones en la intervención y además hace visible el horizonte normativo (situación esperada) al cual se pretende llegar.

47La cuarta y última dimensión a presentar es la dimensión conceptual. Esta refiere a la configuración de categorías conceptuales acerca del problema y de quienes participan como usuarias y usuarios de la intervención social. Tiene que ver con la utilización de enfoques teóricos desde los cuales se hace posible comprender y enunciar la intervención. En este sentido, la dimensión conceptual, permite reconocer la heterogeneidad de agentes que concurren a la configuración de un problema social y comprenderle a través del uso de categorías y clasificaciones que producen o reproducen distinciones sociales que, en el tiempo, han sido de utilidad para legitimar o fundamentar formas de estratificación social (Bernasconi, 2015).

48La presentación de estas dimensiones analíticas para observar la toma de decisiones en los procesos de intervención, tiene la intención de poder visualizar las estrategias utilizadas en función de las tensiones que allí se vivencian, junto con considerar sus efectos y consecuencias para equipos profesionales, las personas usuarias y la propia estructura de organización que encuadra los programas y políticas. Se entiende que la delimitación analítica permitiría abordar el marco de resistencias que se generan en los espacios de intervención, así como las estrategias utilizadas para alcanzar los objetivos, y la creatividad que se pone en juego de parte de los equipos profesionales para enfrentar y resolver las tensiones y dilemas que enfrentan en los procesos interventivos.

49Al entender que las dimensiones presentadas operan de manera superpuesta, se aporta en el abordaje de la toma decisiones en los escenarios de desastres y post desastres, abandonando el cuestionamiento por la acción inmediata en la emergencia, asumiendo estos procesos en tensión, como escenarios en que se generan determinados órdenes políticos que tienen consecuencias materiales y simbólicas sobre las poblaciones que dicen beneficiar.

Bibliographie

Referencias bibliográficas

Aguilar, L. (2007). El aporte de la política pública y de la nueva gestión pública a la gobernanza. Revista del CLAD Reforma y Democracia. (39), 1-15.

Barad, K. (2003). Posthumanist performativity: toward an understanding of how matter comes to matter. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 28 (3), 801-831. https://dx.doi.org/10.1086/345321

Barnes, M. y Prior, D. (2009). Suversive citizens power, agency and resistance in public services. The policy Press University of Bristol UK.

Bernasconi, O. (2015). ¿Qué nos hace ser individuos? Por un enfoque post-humano, pragmático y relacional. Athenea Digital, 15 (2), 205- 229. http://dx.doi.org/10.5565/rev/athenea.1402

Boltanski, L. y Thévenot, L. (1999/2006). On justification: the economies of worth. Princeton: Princeton University Press.

Boltanski, L. y Thévenot, L. (2006). On justification: economies of Princeton. Princeton University Press.

Bonfim, P. (2015). Conservadorismo moral e serviço social: a particularidade da formação moral brasileira e a sua influência no cotidiano de trabalho dos asistentes sociais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.

Boyne, R. 2006. Classification. Theory, Culture and Society, 23 (2-3), 21- 50.

Buchenau, J. y Johnson, L. (Eds.) (2009). Afterschocks. Earthwakesand popular politics in Latin America. University of New Mexico Press.

Cardona, O. (2008). Medición de la gestión del riesgo en Latinoamérica. Revista internacional de Sostenibilidad, tecnología y humanismo, (3), 1-20.

Cheng, P., Xia, G., Pang, P., Wu, B., Jiang, W., Li, Y., Wang, M., Ling, Q., Chang, X., Wang, J., Dai, X, Lin, X. y Bi, X (2020). COVID–19 Epidemic Peer Support and Crisis Intervention Via Social Media. Community Mental Health Journal, (56), 786–792 https://doi.org/10.1007/s10597-02000624-5

Chun-Sing, J. (2020). What have hospital social workers been prepared for COVID-19 from SARS, MERS, and H1N1? Health y Social Work, 45 (3), 211-214. doi: 10.1093/hsw/hlaa017.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (diciembre de 2019). Panorama Social de América Latina 2019. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44969-panorama-social-america-latina-2019.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2021). Panorama Social de América Latina 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020

Donovan, A. (2017). Geopower. Progress in Human Geography, 41 (1), 44–67.

Evans, T. y Harris, J. (2004). Street-level bureaucracy, social work and the (exaggerated) death of discretion. British Journal of Social Work, 34 (6): 871-895. doi: 10.1093/bjsw/bch106.

Fernández-Sánchez, H., Gómez-Calles, T., y Pérez, M. (2020). Intersección de pobreza y desigualdad frente al distanciamiento social durante la pandemia COVID-19. Revista Cubana de Enfermería, (36), 1-15.

Fiske, S. (1998). Stereotyping, prejudice, and discrimination. Handbook of Social Psychology, (2), 357-414.

Foucault, M. (2008). El nacimiento de la biopolítica. Hampshire: Palgrave.

García, América y García, Margarita (2005). Concepciones paradigmáticas subyacentes en el manejo e investigación sobre desastres. Revista de Investigación (Instituto Pedagógico de Caracas), (57), 123-142.

Gerdin, M., Clarke, M., Allen, C., Kayabu, B., Summerskill, W., Devane, D., MacLachlan, M., Spiegel, P., Ghosh, A., Zachariah, R., Gupta, S., Barbour, V., Murray, V., von Schreeb, J. (2014). Optimal evidence in difficult settings: Improving health interventions and decision making in disasters. PLoS Med, 11 (4): e1001632. doi: 10.1371/journal.pmed.1001632.

Goes, E., Ramos, D. y Ferreira, A. (2020). Desigualdades raciais em saúde e a pandemia da Covid-19. Trabalho, Educação e Saúde, 18 (3), e00278110. https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00278

Gómez, E., Muñoz, M. y Haz, A. (2007). Familias multiproblemáticas y en riesgo social: características e intervención. Psykhe, 16 (2), 43-54.

Iturrieta, S. (2017). Entre burbujas, sensaciones y realidades de la profesión más masificada en Chile: el Trabajo Social. Revista Cuaderno de Trabajo Social, 9 (1), 9-26.

Jay, M. (2003). La crisis de la experiencia en la era postsubjetiva. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales.

Jones, C. (1999). Social work: regulation and managerialism. En Hexworthy, M. y Hallord, M. (eds). Professionals and the netc managerialism in the public sector. Buckingham University Press UK.

Laming, H. (2003). The Victoria Climbié inquiry: report of an inquiry, presented by the Secretary of State for Health and the Secretary of State for the Home Department by Command of Her Majesty. January 2003, Cm 5730, Norwich, TSO.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachmentdata/file/273183/5730.pdf

Lavell, A. (2005). Los conceptos, estudios y práctica en torno al tema de los riesgos y desastres en América Latina: evolución y cambio, 1980-2004: el rol de la red, sus miembros y sus instituciones de apoyo. FLACSO, Secretaría General. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/flacso/secgen/lavell.pdf

Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. New York: Russell Sage Foundation.

Macrae, N. y Bodenhausen, G. (2000). Social cognition: thinking categorically about others. Annual Review of Psychology, (51), 93-120.

Matheson, C. (2007). In praise of bureaucracy? A dissent from Australia. Administration and Society, 39 (2), 233-261.

Maynard-Moody, S. y Musheno, M. (2000). State agent or citizen agent: two narratives of discretion. Journal of Public Administration Research and Theory, 10 (2), 329-358.

Martínez, N. y Poblete, M. (2021). Pobreza y COVID-19. Una mirada general a los ajustes conceptuales y de mediciones de la pobreza en el contexto de la pandemia. Asesoría Técnica Parlamentaria

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/31968/1/BCN_Pobreza_y_COVID_ajustes_conceptuales_y_de_mediciones_de_la_pobreza_finalPDF.pdf

Mol, A. (2002). The body multiple: ontology in medical practice. Durham: Duke University Press.

Mol, A. (2010). Actor-network theory: sensitive terms and enduring tensions. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 50 (1), 253-269.

Muñoz, G. (2018). The neoliberal turn in Chilean social work: frontline struggles against individualism and fragmentation, European Journal of Social Work, 22 (2), 289-300.

Muñoz Arce, G. (2020). Trabajo interprofesional en Chile. Revista Rumbos TS. Un espacio crítico para la reflexión en Ciencias Sociales, (21), 87-108.

Muñoz, C. y Aguirre, B. (2012). Política nacional de infancia en Chile. Derechos limitados, 12 (1), 49-58.

Muñoz, C. (2015). Juicio profesional y toma de decisiones sobre familias con necesidades complejas. Informe final, FONDECYT N° 1131128.

OMS (2021) COVID-19: Cronología de la actuación de la OMS https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19

Ortiz, F. (2010) Serviço Social no Brasil: os fundamentos de sua imagem social e da autoimagem de seus agentes. Rio de Janeiro: E-papers, 2010.

Pérez-Sales, Pau (2003). Intervención en catástrofes desde un enfoque psicosocial y comunitario. Revista Átopos, (1), 5-18.

PNUD (2004). Reducing Disaster Risk. A challenge for development. United Nations Development Programme. New York.

Quiroz, C. (2020) Consecuencias del cierre de escuelas por el COVID-19 en las desigualdades educativas. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 2020, 9 (3). https://doi.org/10.15366/riejs2020.9.3

Razeto, A. (2013). Potenciando el desarrollo local de comunidades afectadas por desastres. Revista INVI, (28), 11-136.

Rashmi, M. y Nair Lekshmi, V. (2021). Community mobilization during epidemic emergencies: Insights from Kerala. Qualitative Social Work, 20 (1-2), 336–342 DOI: 10.1177/1473325020973360

Reder, P., Duncan, S. y Gray, M. (1993). Beyond blame: child abuse tragedies revisited. London: Routledge.

Rodríguez-Bailón, R. (2020). Inequality viewed through the mirror of COVID-19 (La desigualdad ante el espejo del COVID-19). International Journal of Social Psychology, 35 (3),

647-655, DOI: 10.1080/02134748.2020.1796298

Romero-Toledo, Hugo y Hugo Romero (2015). Ecología política de los desastres: vulnerabilidad, exclusión socio-territorial y erupciones volcánicas en la Patagonia chilena. Magallania, (43), 7-26.

Sánchez-Cruz, E., Masinire, A., y Vez, E. (2021). The impact of COVID-19 on education provision to indigenous people in Mexico. Revista de Administração Pública, 55 (1), 151-164. https://doi.org/10.1590/0034761220200502

Soares, A. (2020). Onde estamos e para onde vamos? Notas sobre o exercício profissional de assistentes sociais em desastres. Textos y Contextos, 19 (1), 1-14.

Soldani, G (2011). Políticas de la catástrofe. Nuevos paradigmas entre excepción, gobierno, riesgo y soberanía. Leviathan-Cuadernos de Pesquisa Política, (2), 55-77

Sweifach, J., Linzer, N. y Heft, H. (2015) Beneficence vs. fidelity: serving social work clients in the aftermath of catastrophic events. Journal of Social Work Values y Ethics, 12 (1), 3-12.

Taylor, C. y White, S. (2006). Knowledge and reasoning in social work: educating for humane judgement. British Journal of Social Work, (36), 937–954. DOI: 10.1093/bjsw/bch365

Thévenot, L. (2009). Postscript to the Special Issue: Governing Life by Standards: A View from Engagements. Social Studies of Science, 39 (5), 793– 813. https://doi.org/10.1177/0306312709338767

Vargas, M. (2015). Reino da necessidade versus reino dos direitos: desafios e impasses ao assistente social em contextos de desastres. En Siqueira, A. et al. (Org.). Riscos de desastres relacionados à água. São Carlos: Rima.

Villalobos, C., Wyman, I., Muñoz, G. y Reininger, T. (2020) Trabajadores y trabajadoras sociales de primera línea frente al COVID-19. Continuidades y transformaciones en Chile. Revista Intervención, 10 (2), 4-29.

Notes de bas de page

6  Se entiende que el propio concepto de experiencia tiene un sustrato problemático en sí, pero que no por ello no puede dejar de ser abordado. En este sentido, la propia crisis del concepto es un tema de discusión y debate, y desde allí la posición se acerca más bien a lo planteado por Gadamer, quien discutiendo a Hegel planteará que la Erfahrung definida como concepto post científico, tendría un sentido productivo por su negatividad, dónde no solo habría un conocimiento que nos llevaría a la decepción y con ello a la corrección, sino que también un conocimiento abarcador que vamos adquiriendo. Dicho concepto incluye la temporalidad del tiempo histórico, la importancia de aprender de ejemplos negativos y la conciencia de la interdependencia intrincada entre la reflexión y los otros conceptos como institución, percepción y sensación. Para más detalle ver: Jay (2003, p. 30-31).

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