Introducción. Memoria, capitalismo y resistencias: el caso de la violencia política en Chile (1973-1986)
p. 31-53
Texte intégral
1¿Qué pasado se ha rescatado en la historia reciente de Chile? ¿Qué se quiere recordar? ¿Qué significado tiene nuestra convivencia con él? Walter Benjamín en sus Tesis sobre el concepto de historia se preguntaba: “¿acaso en las voces a las que prestamos oído no resuena el eco de otras voces que dejaron de sonar? Hay un compromiso secreto de encuentro entre las generaciones del pasado y la nuestra.” No hablamos solos, hay muchas voces y ecos que tienen algo que decir, un diálogo que es necesario reestablecer.
2Existe un pasado tensado por combates y confrontaciones políticas, que quieren ser camufladas en torno al supuesto “consenso” que articularía a la actual sociedad chilena. Sin embargo, el conflicto por la memoria relampaguea una y otra vez, sale a flote, se filtra por las ranuras de ese muro que pretende contenerlo. Afloran polémicas, discusiones, acusaciones, que lanzan por lo aires “esa imagen de país” emergente que “mira hacia futuro” que el Chile posdictatorial quiso proyectar en la región. La disputa en torno a la memoria pública desenvaina sus argumentos y accionares visiblemente entorno a fechas, lugares y espacios sobre los cuales se articula una importante dinámica social.
3Esas coyunturas de activación de la memoria, las describe Jelin como “hitos o marcas, ocasiones cuando las claves de lo que está ocurriendo en la subjetividad y en el plano simbólico se tornan más visibles, cuando las memorias de diferentes actores sociales se actualizan y se vuelven “presentes””.1 De esta forma, cada 11 de septiembre, día del golpe militar que derrocó al Presidente Allende, da paso a distintos ritos cargados de simbolismos, de manifestaciones de orgullo y justificación como en el caso de la derecha, y por otra parte, y en mayor medida, es reactualizado en torno al dolor, la reflexión, la ira y la confrontación hacia el poder. Constituyen lo que se han llamado “sitios en el tiempo”, capaces de activar la memoria y proyectarla hacia el futuro, impidiendo el olvido2
4Hoy existe consenso entre los historiadores en visualizar las cuestiones de la “memoria histórica” como un problema que no solo implica el hecho emocional de recordar una gran tragedia humana, sino que, más allá de eso, como un problema eminentemente político. Como ha sido señalado, la historización de la memoria histórica reciente de Chile, permite visualizar “el hacer y deshacer de la legitimidad política y cultural” en tiempos de la dictadura y como “en la lucha por las mentes y corazones de Chile, la cuestión de la memoria se volvió estratégica política, moral y existencialmente tanto durante como después de la dictadura”3
5Por ello es necesario analizar los ejes sobre los cuales se han activado los distintos tipos de memorias que convergen o se confrontan de acuerdo a diversas necesidades, iniciativas y propósitos. Comenzamos con quienes han insistido en hacer presente, han encabezado las batallas por incorporar ese pasado a las filas del presente que amenaza con su no reconocimiento, con su doble desaparición. Ante esa sensación amnésica, emanada de la desorientación que genera una situación traumática y el comportamiento de quien no puede recuperar su pasado y, por tanto, no sabe hacia donde dirigir los pasos, en Chile –como en Argentina y Uruguay– “los emprendedores de la memoria” encarnados por grupos de Derechos Humanos, llevaron a cabo importantes movilizaciones y luchas cotidianas por dar a conocer el horror de la dictadura militar y exigir justicia. Una pregunta ¿Dónde están?, un ¡No a la impunidad! e innumerables batallas cotidianas fueron libradas contra una serie de mecanismos destinados a desviar la atención de esa búsqueda de verdad y justicia. Una batalla contra “el cambio de página” que recorrió los obstáculos que le anteponía la dictadura y que se ha extendido persistentemente durante los sucesivos regímenes de la Concertación4. Un camino que, lejos de acabar, continúa, pues si poco a poco han logrado poner el tema de los atropellos a los derechos humanos en la discusión pública, venciéndose maquinarias judiciales y dispositivos políticos, y se han logrado avances que apuntan hacia el reconocimiento público de las atrocidades cometidas durante la dictadura militar y el castigo a los culpables, aún son hechos que se revelan insuficientes.
6Nos referimos a las iniciativas asumidas gracias a la presión ejercida por los “emprendedores de la memoria” y que, según el discurso oficial, buscan favorecer el reencuentro nacional y la consolidación democrática. Así, en 1991, durante el gobierno de Patricio Aylwin, es dado a conocer el “Informe de Verdad y Reconciliación” o Informe Rettig, que entregó un recuento oficial sobre chilenos asesinados y desaparecidos como consecuencia de la violencia política. Luego, la Mesa de Diálogo, instaurada por el gobierno de Eduardo Frei entre miembros de las Fuerzas Armadas y otras instituciones; y, por último, “la Comisión de Prisión Política y Tortura” o Informe Valech, surgida como iniciativa de la administración de Ricardo Lagos5. Este último entrega el significativo testimonio de 28 mil víctimas de la tortura, da cuenta de casi 1200 recintos de detención y propone una serie de medidas de compensación entre las que se encuentra el pago de una pensión a las víctimas. Así mismo, estipula que las identidades de los torturadores no se darán a conocer sino hasta en cincuenta años más. Ante tal restricción saltan los cuestionamientos: ¿Cuál es la idea de justicia? ¿Cuál el camino por el que quiere llegarse a la anunciada reconciliación nacional?. Quizás en esas decisiones podemos encontrar algunas luces para comprender por qué las iniciativas promovidas no han logrado cristalizar en el reencuentro nacional, y por qué ante una fecha, un velo que se descorre, una apelación ante tribunales, aparezcan nuevamente las disputas de una sociedad aún fracturada por el golpe militar.6
7Respecto a las memorias que se han construido en torno a la militancia que optó por “todas las formas de lucha”, es necesario indagar sobre las representaciones que han primado, cómo han sido figuradas, calificadas, estereotipadas en las diferentes narrativas que las tienen como punto de referencia en el despliegue de argumentos, reflexiones, justificaciones o negaciones. En primer lugar, durante el régimen militar primó la satanización, sindicados en el discurso oficial como el enemigo que la sociedad debía reconocer y denunciar. Eran “extremistas” “terroristas” o “antisociales”, seres perversos que se regocijaban con la violencia y que atentaban contra los cimientos de la nación y de la propia sociedad civil. De acuerdo al general Pinochet “seres anormales, aniquilados psicológicamente por su odio, el que vierten a la sociedad en nombre de los ´ principios` que su organización les entrega… verdaderamente merecen lástima por el nivel de desquiciamientos de su condición humana”.7 Ante esa satanización y criminalización, la batalla fue emprendida en torno a la dimensión de lo traumático, de las consecuencias y horrores de la represión, en torno a una memoria emotiva e indignada que quería dar a conocer lo que pasaba, que quería sensibilizar a la opinión pública sobre el uso sistemático de la tortura, la muerte y la desaparición. Alrededor de esa batalla, se construyó una memoria que anteponía la esfera de la victimización de los combatientes a su postura ideológica, desdibujando su identidad política y adhesión a un proyecto revolucionario de transformación social8.
8Por otra parte, la política de la memoria del Partido Comunista de Chile funcionó, hasta fines de la década de los 90, por una vía oficial que la desvinculó de cualquier relación con el FPMR. No obstante haber nacido como brazo armado del PC, desde sus orígenes el rodriguismo anunció vida independiente, lo que se acentuó con el quiebre entre parte importante de los integrantes del Frente y el resto del Partido. Existen pocos relatos oficiales sobre la paternidad del FPMR. Encontramos una referencia que data de 1999, en la extensa entrevista que realiza Claudia Korol a Gladys Marín. En ella, la entonces Secretaria General del PC, analiza el origen y desarrollo de la PRPM como un cambio en la línea política que se rebelaba como insuficiente y que terminó derivando en “la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez… eso ya involucra una política distinta”.9
9Más pública fue la declaración de Guillermo Teillier, actual Presidente del partido, que realiza al semanario El Periodista. En esas líneas Teillier desvincula a Fidel Castro de la creación del FPMR10: “Afortunadamente nosotros, los comunistas chilenos aprendimos que había que ser capaces de construir nuestro propio destino y el Frente es creación nuestra. Propia. Nuestra. Y todo lo que hicimos. Todo lo que hizo el Frente son conclusiones que se sacaron acá dentro. Ahora que Fidel o Cuba, la Revolución cubana colaboró en lo que le solicitamos, sí colaboró y eso es difícil de olvidarlo y hay que tenerlo en cuenta porque lo hicieron de manera desinteresada. Pero los responsables de lo que ocurriera con lo que ellos nos entregaron éramos nosotros”.11 Pero también en esa entrevista Teillier dijo que nunca habían negado la procedencia del Frente, lo que contrasta con otras declaraciones, especialmente las de la década de 1980 y comienzos de los 90. Por ejemplo en 1985, Luis Corvalán respondía a un periodista que indagaba sobre la procedencia del FPMR: “El PC es una organización política. El FPMR es una organización militar, es una organización autónoma. Hay comunistas en el FPMR, pero no solo comunistas. No es el brazo armado del PC. El mismo Frente se ha proclamado brazo armado del pueblo, o pretende serlo por lo menos. El FPMR ha entrado en la arena del combate realizando principalmente apagones, sabotajes en la red eléctrica, promoviendo barricadas en las poblaciones para protestar y defenderse de las arremetidas policiales. Y yo creo que esto es aceptado y celebrado por la población. Creo que es una contribución al desarrollo de la lucha del pueblo por la democracia”12. Y si su desvinculación pública hasta 1987 fue proseguida por muestras de apoyo, en el contexto de la “transición”, el PC se desentendió inclusive de las acciones que fueron decididas dentro de los marcos de la propia organización, como fue el atentado contra Augusto Pinochet13. Ante la pregunta realizada por la periodista Raquel Correa, sobre si la emboscada en El Melocotón fue un acto de terrorismo, Volodia Teitelboim, respondía: “Muchos tratadistas justifican el magnicidio en las dictaduras terroristas. Nosotros no creemos en su conveniencia, pero son hechos históricos que se generan en determinadas situaciones políticas. Yo no justifico estos hechos... si los considero explicables. El PC no está de acuerdo en realizar ninguna acción de tipo militar, pero cree que la experiencia histórica chilena tan dramática, de un golpe que causó tantas muertes, no debe volver a repetirse.”.14
10Esta desvinculación dio pie a que incluso en la historiografía chilena reciente se cometan imprecisiones de este tipo: “Cabe recordar que el PC tendió a vincularse estrechamente a un grupo terrorista, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que surgió a fines de 1983, a la vez que ambos compartían el diagnóstico de que en el país estaba “madurando rápidamente una situación revolucionaria”.”15 Esta cita grafica dos cosas, por una parte, el desconocimiento acerca de los orígenes del FPMR que todavía impera en algunos círculos –incluso entre destacados historiadores–, y por otra, la adjetivación legada por la dictadura y que luego será retomada durante los años de la renaciente democracia.
11Efectivamente, los gobiernos de la Concertación y el marco institucional heredado de la dictadura, generaron un nuevo régimen de la memoria, entendida como narrativa, acción pública y relación social, que no han permitido “recuperar la memoria” clausurada en los años del régimen militar. En los márgenes del discurso oficial aún existe un pasado que no ha podido ser sacudido para que algunas de sus astillas converjan en este presente. Así, se ha desarrollado una visión que agrupa a quienes asumieron un proyecto armado y a los agentes de la dictadura en el mismo lugar, con responsabilidades equiparables a la hora de referirse a los grados de violencia que enfrentaron a la sociedad.16 De esta forma, se impone una visión en que la violencia es condenada “venga de donde venga”, aislando las causas estructurales del conflicto y haciendo circular un discurso que exalta esa “vocación democrática” de país, basada en el diálogo y la vía pacífica hacia la reconciliación y el entendimiento.
12Paralelamente, a la hora de referirse a esta militancia, se imponen narrativas recreadas a partir de escenarios vacíos, estructuras superpuestas donde sólo operan cúpulas políticas sin la tensión por las que se mueven nuestras sociedades, como un juego electrónico de buenos contra malos, completamente extranjeros del tiempo y de la vida. De aquí hay un paso hacia la propuesta que centra sus supuestos en una militancia manipulada-manipulable por una dirección externa a ella –cubana en este caso–, que los utiliza como marionetas con nula capacidad de análisis y decisión propia, movidas por una voluntad ubicada desde afuera y por encima de ella.17 En otros casos, ya sea para acusarlos o librarlos de cualquier responsabilidad, son rebajados a la categoría de borrachos autómatas, cegados por un afán “aventurerista” o “suicida” que los impulsa como trampolín seguro hacia la muerte. Esta visión olvida muy fácilmente que la muerte es algo demasiado serio como para no sopesarla, que son elecciones concientes, nacidas desde un compromiso militante, inscrito en las luchas nacionales –con aspiraciones “internacionalistas”– que se levantan contra un contexto de opresión y explotación capitalista y contra una dictadura militar que había barrido una experiencia que se proponía la construcción del socialismo.
13Por otra parte, existe la “memoria militante, que reduce su análisis meramente a lo moral o ético, nos referimos a la idealización de la militancia. Una memoria que reconstruye gestas protagonizadas por héroes a prueba de cualquier examen crítico, una “conciencia ideal insurgente” que encarna proezas y patrimonios que hay que resguardar de cualquier peligro, una exaltación del héroe que impide la discusión sobre los errores y fallas, obstaculiza su recuperación política y de paso un diálogo fecundo con el presente.18
14En contraste a estas “memorias”, este trabajo parte de la base que no hay ni víctimas ni demonios, que nos encontramos con actores políticos, con sujetos rebeldes concientes de su propia historia, protagonistas de un proceso de enfrentamiento con el poder en medio de conflictos y desgarramientos internos. Personas de carne y hueso con afán de justicia –muchas veces sublimada–, con ambiciones, amores y rencores que en un determinado espacio y tiempo toman decisiones –tensando experiencias y expectativas– y por lo tanto, asumen responsabilidades inscritas en una historia social y política. ¿Cómo entender una decisión de esa envergadura a 30 años? Para acercarnos a este tiempo no sólo habrá que reconstruir un proceso estructural que marcaba el escenario por el cual se movían, sino que conjuntamente deberemos seguir el sentido de su “experiencia”, en dónde tenían enfocada la mirada cuando decidieron empuñar las armas, la búsqueda del sentido con el cuál leían el pasado y soñaban el futuro. Un espacio cargado de simbolismos, de imaginarios, de cotidianos y proyectos, donde se combinan estructuras, coyunturas y acontecimientos que definen situaciones concretas imposibles de repetir. Para dar cuenta del compromiso de una generación que intentó enfrentar a la dictadura y transformar la sociedad con su militancia e identificarse con ella, deberemos manejarnos en dos niveles: en la práctica y en la teoría, es decir, revisar como se llevaba en las acciones lo que se sostenía con palabras y viceversa, en un proceso colectivo e individual.
15¿Hubiera podido entablarse “naturalmente” el neoliberalismo en Chile?. Existe consenso entre los investigadores que esta respuesta es negativa, pues no hubo nada “natural” en la implementación del neoliberalismo en Chile, fue necesaria la violenta irrupción de Pinochet y de quienes asumieron la reformulación del aparato estatal en aras de emprender las rutas que el neoliberalismo prometía. Fue necesario echar a andar una serie de aparatos represivos y legislativos para regular la “espontaneidad y autonomía” que requería el mercado. Se inició un proceso de privatizaciones y recortes del presupuesto social aunado con la imposición del toque de queda, la ley marcial y la supresión de todas las libertades civiles, operaciones rastrillo en la poblaciones periféricas, allanamientos de domicilio, redadas y arrestos masivos, campos de concentración, torturas, ejecuciones, desapariciones19.
16En definitiva, para la implantación y proyección del neoliberalismo en Chile, tuvo que correr mucha sangre y pobreza bajo el puente. Fue necesario como primera condición aplicar lo que Moulian llama “dispositivo-terror” (poder sobre los cuerpos) que generó las condiciones de posibilidad para que el “dispositivo-saber” (poder sobre las mentes: implementación del proyecto neoliberal) y el “dispositivo-derecho” (normativo-jurídico: Constitución de 1980) pudieran viabilizar este desarrollo capitalista como acción contra un movimiento popular ascendente. En palabras de Moulian, “una dictadura revolucionaria de corte terrorista es aquella donde el instrumento central es el poder-terror, poder para reprimir y para inmovilizar, pero también para conformar las mentes a través del saber, de un saber. De éste fluyen interpretaciones, ideas-fuerzas que explican y orientan la acción, pero también una normatividad, una capacidad creadora de normas, de prescripciones que se transforman en derecho, en poder-derecho, por tanto en “poder-hacer”.20
17Mediante la violencia sistemática y el terror como política de Estado, fueron implementadas distintas medidas que tenían como objetivo aplicar las recetas del experimento neoliberal en Chile, enarbolando la retórica de la “modernización” y la figura del “tecnócrata” en desmedro de los desprestigiados “políticos”. Se echó a andar el proceso de reestructuración estatal y privatización de los bienes públicos, asesorado técnica y operativamente por los llamados Chicago boys.21. Las principales reformas estructurales implementadas durante la dictadura militar, enfatizaron las modificaciones que experimentó el papel de Estado y la notable reducción de su intervención en la economía, a través de la reducción del gasto público, eliminación del déficit fiscal, reprivatizaciones e integración al mercado mundial. En este sentido, “257 empresas y alrededor de 3.700 parcelas y fundos que fueron intervenidos y/o transferidos ilegalmente al Estado (o a los trabajadores) fueron rápidamente devueltos a sus antiguos dueños”.22 Esto fue de la mano con la reducción de programas estatales de apoyo de créditos y asistencia técnica al campesinado. Asimismo, se produjo un “proceso de reprivatización, que transcurre entre 1974 y 1978, contempla transacciones monetarias y corresponde al desmantelamiento de la APS23 creada por el gobierno de la U.P. A fines de 1973, más de 400 empresas y bancos estaban legalmente bajo el control del Estado (por intervención o por propiedad). A fines de 1980, sólo quedaban unas 45 empresas (incluyendo un banco) en el sector público; las restantes habían sido reprivatizadas.”24
18De esta manera, el proyecto económico del gobierno militar se inclinó por una estrategia de desarrollo “hacia fuera”, que privilegiaba la integración a los mercados internacionales. Y si estas reformas liberalizadoras produjeron por un tiempo el llamado “milagro económico chileno”, en la década de los 80 el modelo mostró sus fisuras y los costes sociales que trajo aparejado: “Los años 1982-83 registran la peor recesión económica en Chile desde la década del 30. El PGB cae 15%, la industria y la construcción experimentan contracciones superiores al 20%, el desempleo efectivo alcanza a 30%, el número de quiebra de empresas se triplica, el Banco Central pierde más del 45% de sus reservas internacionales”25. Y si la deuda externa hasta 1977 ascendía a US$ 5.200 millones hacia fines de 1982 fue de US$ 17.100 millones; pagarla puntualmente –en concordancia con las medidas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional– fue la política económica y financiera prioritaria, es decir, mermar el desequilibrio externo a costa de agravar el interno, cuyas consecuencias serían más fáciles de manipular con políticas represivas26
19Como salida al colapso económico, a mediados de los ochenta se inició una segunda oleada de reformas estructurales, a través de una amplia política de privatizaciones. Además, se implementaron reformas tributarias y del sistema provisional, que pasó a ser capitalizado por manos privadas.27 El costo social del ajuste estructural de la década de los ochenta, se manifestó especialmente en el sector laboral, ya que el desempleo llegó 24% entre los años 1982 y 1985, con una cota máxima de 31,3% en 1983. Por su parte, el salario real se redujo en 20%28.
20Pero dentro de estas transformaciones estructurales que vivía el país, persistieron costumbres, ritos y enigmas que se adaptaban, modificaban o cambiaban. Porque el violento proceso de represión y despojo no viene solo, esas fuerzas no actúan sobre un terreno quieto para hacer y deshacer. Si entendemos la complejidad de esta relación como un proceso social total, podremos ver que lo que se alza como dominante, jamás lo hace de un modo exclusivo. En Chile se han generado múltiples levantamientos en contra de la dominación, movimientos proteccionistas, nacionalistas y socialistas; luchas ideológicas, políticas y sociales que lograron mecanismos de control a través de la negociación de las condiciones del mando y sus leyes.29 Hasta 1973, existía en Chile una clase obrera poderosa, que unida a los programas de partidos políticos y articulando sindicatos, consiguió ampliar los espacios de negociación con el aparato estatal capitalista.30 Al momento del triunfo de la Unidad Popular, también había un movimiento poblacional bastante desarrollado, y si, tal como lo grafica Mario Garcés, ambos respondieron a lógicas distintas, ya que el movimiento obrero se desarrolló en el campo de la producción y el de los pobladores lo hizo primordialmente en el acto de “tomar su sitio”, “ambos movimientos tienen en común su base popular y ambos también dan cuenta de las dificultades de las mayorías populares para asegurar su sobrevivencia social en medio de condiciones histórica y reiteradamente adversas”31
21Ante la negación de las autoridades para crear “leyes o medidas” que contemplaran sus necesidades, tuvieron que imponerlas ellos mismos, a través de un modelo de acción directa, lo que difícilmente puede ser considerado de “espontáneo” o “instintivo”. Esta experiencia histórica les legó formas de acción, un sentido de comunidad grupal y estrategias de resolución de conflictos. En la historia del movimiento popular chileno, la huelga ilegal, las marchas y la violencia callejera, mediaron entre el valor de cambio del mercado y el valor de uso de una comunidad y podía conducir a la puesta en escena social de las necesidades de estos sectores y a la aprobación de un petitorio: “En términos históricos, la “violencia política popular” le otorgó a los sectores menos poderosos y organizados de la sociedad (mayoritarios) un protagonismo que puso en constante dilema a los gobiernos: el dilema entre privilegiar el equilibrio macroeconómico o acceder a la demanda social, con el riesgo de incurrir en espirales inflacionarias”32
22Para graficar esta afirmación, tomemos el ejemplo de los pobladores llamados “sin casa”. Ante la indiferencia de las autoridades, buscaron solucionar los graves problemas habitacionales de las principales ciudades del país, utilizando como mecanismo de acción las “tomas”, es decir, ocupaciones de terrenos en donde instalar sus techos, intentando materializar la aspiración de una mejor vida. A través de distintas acciones reivindicativas, lograron crear mecanismos de presión para que el Estado les concediera la calidad de interlocutores válidos y reacomodara sus normas de operación: “Así como la ‘organización obrera’ y el movimiento obrero fueron anteriores a la legislación social (las primeras leyes laborales se promulgaron en 1924 y la primera ‘huelga general’ en Chile se verificó en 1890), con los pobladores ocurrió algo semejante: primero fue la organización y luego la acción del Estado, bajo presión popular”33
23Luego del golpe de estado, las formas de negociación que había conocido el movimiento popular chileno fueron clausuradas por la dictadura. Los espacios de negociación existente entre dominantes y subalternos fueron barridos. Esto constituye un hilo necesario a tener presente, a la hora de entender el proceso de la constitución de las resistencias que se tejieron durante los años de gobierno militar. El discurso que circuló en la intimidad cotidiana, las acciones anónimas de subversión, las masivas y visibles jornadas de protesta, se hizo en un fuerte contexto represivo.
24Las protestas de masas contra la dictadura irrumpieron a principios de los ochenta, paralelamente a la grave crisis económica a la que hacíamos referencia. Los sectores poblacionales encabezaron violentos enfrentamientos, haciéndose oír entre avenidas y voces anónimas un discurso que hasta entonces se había mantenido oculto. Muchas miradas históricas explican la irrupción de las jornadas de protestas producto del colapso económico y financiero del país, porque efectivamente el ciclo de protestas coincidió con dicha crisis. Efectivamente, esas jornadas se relacionaron también con el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores y el aumento de la inseguridad que afecta prioritariamente a los grupos más pobres de la población34. Pero siguiendo a E. P. Thompson, esto sólo puede ser el punto de partida para una investigación. El historiador británico critica a la tradición historiográfica que explica los disturbios como “rebeliones de estómago”, una línea de análisis hambre-elemental-instintiva, un reduccionismo economicista, según el cual “no necesitamos más que unir un índice de desempleo y uno de altos precios alimenticios para encontrarnos en condiciones de hacer un gráfico del curso de los disturbios sociales”.35 Conformándose con esta explicación, se abandona la investigación en el momento en que adquiere mayor interés historiográfico.
25En el Chile dictatorial las medidas de “reestructuración neoliberal” estaban alterando considerablemente los esquemas de empleo y de vida tradicionales; la pobreza urbana y rural conducía a muchos al sector informal, o al nuevo trabajo precario que incorporaba a ingentes filas de mujeres a un trabajo temporal y mal pagado. La privatización del sector salud y educación restringía su acceso. Muchas de las conquistas ganadas por el movimiento popular hasta 1973, se comenzaron a perder. La cesantía y el hambre, los allanamientos masivos, la represión, implicaron un conjunto de humillaciones y códigos rotos. Había un precio “moral” que se estaba pasando a llevar, y con ello formas de entender y moverse en el mundo. En ese contexto, se estaban moviendo más procesos, la cesantía y el hambre implicaban la transformación de formas de vida, de valores de uso en valores de cambio. En definitiva, la crisis económica hizo gatillar un descontento que ya se venía organizando, permitiendo que saliera a flote ese discurso oculto que esperaba su momento público para articularse y sumar los descontentos.
26Las organizaciones sindicales fueron uno de los principales objetivos de la política represiva. El nuevo Plan Laboral, implementado desde 1979, fomentó la flexibilización del trabajo, lo que debilitó el poder de negociación del hasta entonces fuerte y cohesionado movimiento sindical. Particular importancia cobraron las siguientes medidas. Primero, la posibilidad de poner término al contrato de trabajo unilateralmente por parte del empleador, sin entregar causa ni motivos (se estableció la causal “por necesidad de la empresa)”. Segundo, se restringió el derecho a huelga, ya que tras sesenta días, el empleador podía contratar nuevos trabajadores en reemplazo de quienes participaban en la huelga. Tercero, se estableció la afiliación voluntaria al sindicato (antes era obligatoria), se autorizó que en una misma empresa pudiesen existir varios sindicatos y se prohibió la negociación colectiva por rama de producción, estableciendo la negociación entre sindicato y patrón, reduciendo el poder de presión del movimiento sindical.36
27Con ello se explica en parte que la rearticulación de las organizaciones de izquierda se produjera en el mundo territorial, donde empezó a tejerse la red de la resistencia, la comunidad solidaria de origen que dio las coordenadas para enfrentar tiempos adversos. En la capilla, en las comunidades de base, en los grupos juveniles y deportivos, se incubó la futura irrupción poblacional.37 Así, la defensa territorial que comenzó a operar visiblemente desde los años 80 –pero que se fraguaba desde 1975– se materializó en los enfrentamientos y organizaciones barriales. Fue en esa red territorial donde se desenvolvió, a través de la acción rápida y directa, la Política de Rebelión Popular de Masas y prestó una red de protección y apoyo al accionar del FPMR y el resto del andamiaje militar de los comunistas chilenos.
28Si bien, la primera protesta, realizada el 11 de mayo de 1983, fue convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre, como ha sido señalado, “las directivas sindicales convocan, sobre todo más allá del sindicalismo, pero no se alcanza a reponer un movimiento sindical fuerte capaz de constituirse en protagonista de la protesta. Las explicaciones abundan, llegándose a sostener, por algunos, que simplemente los obreros protestan en su población, lo que es difícil de discutir, pero que es del todo insuficiente para justificar la aparente apatía obrera”38. ¿Cómo se explica que un movimiento sindical debilitado sea el actor convocante a una de las más importantes manifestaciones en contra de la dictadura? Algunos apuntaban a la alta legitimidad con que contaban esto sectores y que la modalidad de la “protesta” –es decir, no la huelga– permitía la incorporación de amplios sectores sociales39
29Este es un punto interesante a tener en cuenta, ya que la vulnerabilidad de los lugares de trabajo y la fácil identificación de los participantes, la fragilidad de los empleos y las posibles sanciones, contrastaban con el anonimato que permitían las protestas en el territorio. El anonimato para hacer frente a la dominación ofreció refugio, un canal para expresar frustraciones e irritabilidades. Ello lo vemos reflejado en diversos mecanismos de expresión, como por ejemplo, el rayado anónimo, la consigna o la piedra lanzada desde la oscuridad. En tiempos en que la censura era la norma, en que la prensa estaba amordazada y las formas de comunicación “vigiladas”, la propaganda escrita en la pared fue un recurso muy usado de comunicación y de amenaza al régimen y a sus defensores. Así se desarrollaron ampliamente las brigadas muralistas, especializadas en crear obras de arte de grandes dimensiones en tiempo record. Recorrer las calles de las poblaciones era emprender un paseo por una galería multicolor en donde la iconografía traía al recuerdo valores, miradas y sueños del imaginario popular. Osadía, valentía, solidaridad, eran cualidades ampliamente respetadas que aparecían una y otra vez representadas.
30Gran importancia cobraron los cantos, gritos y consignas con suma ocurrencia; en la vociferación de esas rimas muchos podían expresar sus ideas, ira y amenazas al régimen refugiados en la masa anónima o tras un rostro cubierto, que las entonaba al unísono recreando parte de una memoria e identidad común. Durante las protestas, los barrios adquirían movimiento. Si el toque de queda impedía recorrer libremente las calles, en la ciudad vacía comenzaban a moverse sombras desafiantes que destellaban bombas incendiarias, barricadas, piedras, levantaban escenarios móviles e improvisados que se constituían en verdaderas tribunas de expresión, agilidad, solidaridad y complicidad.
31Lo anterior nos ayuda a comprender mejor que aunque la convocatoria viniera desde los líderes sindicales, de la que fueron partícipes además los dirigentes de los principales partidos de oposición, como bien apunta Gabriel Salazar, “el llamado de los líderes de arriba no habría sido eficaz sin el liderazgo de base, encarnado en autoridades como el sacerdote o el vecino-militante. Lo anterior, unido a la transmisión oral de las experiencias de base, afianzó el sentimiento de comunidad al interior de la población. Se tejió así una red solidaria que ofreció seguridades a quienes participaron en la “fiesta catártica” en que se convirtieron las protestas.”40
32No venían “desde afuera” los militantes que eran escuchados a la hora de la convocatoria, sino que eran autoridades en la población, en el medio en que transcurría el cotidiano, compañero en la cancha de fútbol, en el bar de la esquina, en el colegio de los hijos. Eran reconocidos por venir construyendo las resistencias cotidianas, por participar con ingredientes o como cocineros en las ollas comunes, en los comedores infantiles, en las recolecciones de juguetes y útiles escolares para los niños, en las actividades artísticas para ayudar a los familiares de los presos políticos. Porque como se ha señalado, “el barrio, donde se movían como peces en el agua los dirigentes locales, se convirtió en un espacio de creatividad. Efectivamente los líderes locales generaron en cada barrio o población formas particulares de aplicación de las consignas centrales, adecuándolas al ethos local”41
33La convocatoria a la primera jornada de protesta, exclamaba: “nuestro problema no es una ley más o una ley menos...” sino que, “era necesariamente por el fin del régimen y la vuelta a un régimen democrático que permitiera reconstruir el país y no sólo desde el punto de vista económico, sino que también en sus fundamentos éticos y políticos: la protesta abre esa posibilidad”42. Distintas formas e intensidades se idearon para manifestar el descontento, en universidades fue a través de asambleas, actos culturales, protestas en los planteles, etc. En algunos lugares de trabajo, con ausentismos, declaraciones, atrasos. Hubo bocinazos y enfrentamientos en el centro de la ciudad. Y cuando cayó la noche, muchos se reconocieron compartiendo un sentimiento de injusticia al son de una sonajera de ollas vacías iluminadas por cientos de barricadas, acompañadas de piedras y cócteles molotov. La jornada dejó como saldo: 2 muertos, 50 heridos y 300 detenidos. La represión no se hizo esperar: censura de radios, allanamientos masivos en las poblaciones y clima de persecución.43
34Lejos de intimidar, las medidas causaron mayor indignación. Entre mayo y agosto el país se conmovería con otras tres jornadas que irían aumentando en el grado de enfrentamiento y de represión. Los días 11 y 12 de agosto de 1983 se realizó la cuarta protesta, aumentando en masividad y radicalidad, sobre todo en el segundo día extendido principalmente en las poblaciones periféricas: “Más allá de quién la convoca, a estas alturas la protesta se ha convertido en un instrumento del cual se ha apropiado un pueblo que quiere expresar su descontento (...) el Gobierno juega a dos bandos: articula negociadamente una “salida política” a través de un cambio de gabinete –que implica la búsqueda de un diálogo con parte de la oposición y la definición de un plan de transición hacia algún tipo de democracia restringida– y juega al mismo tiempo la lógica de la guerra en su más alta expresión de lucha: con toque de queda, 18.000 militares ocupan la ciudad”44. Esta vez fueron 29 los muertos, 100 resultaron heridos por balas, apaleos y torturas, aproximadamente 1.000 personas fueron detenidas y muchas otras sufrieron el allanamiento de sus poblaciones, destrozos e incluso incendios por parte de Carabineros, militares y civiles.
35Pero las protestas continuaron, la quinta protesta se extendió entre los días 8, 9,10 y 11 de septiembre de 1983, con actos por la memoria de Salvador Allende, nuevas manifestaciones en universidades y poblaciones, e incluso una toma de estudiantes secundarios, funerales, marchas y barricadas con enfrentamiento fueron la tónica. Esta vez bajó el apoyo de las clases medias y aumentó el carácter de lo que De la Maza y Garcés llaman “periferización” y “juvenilización” de la protesta, apuntando hacia las formas y contenidos de una movilización que se “autonomiza” de la oposición interesada en buscar formas de diálogo con el régimen militar para una salida política y ordenada. El saldo de esos días con sus noches fue de 15 muertos, 400 heridos y 600 detenidos.
36Las siguientes protestas estarán caracterizadas por las disputas en la oposición, cruzadas por la estrategia de la Alianza Democrática (AD) y el Movimiento Democrático Popular (MDP).45 Ambas visiones disputaron espacios y mecanismos para liderar el proceso de descontento en curso. Por una parte se establecieron tensamente las bases de negociación entre la AD y el régimen, y por otra, en diciembre de 1983, hace su aparición pública el FPMR, brazo armado del Partido Comunista. Desde principios de 1984 comenzaron a hacerse frecuentes formas de propaganda armada, bombas a instalaciones eléctricas, tomas de radios para masificar proclamas, y acciones de sabotaje, cadenazos, apedreos e incendio de locomoción colectiva, asaltos a locales comerciales y supermercados.
37Este proceso de radicalización distanció aún más las posiciones entre los opositores al régimen. La AD se negaba a establecer cualquier alianza con el Partido Comunista, al que acusaba de “violentista”, ya que se consideraba que dicho accionar legitimaba nuevos actos represivos e impedía que se sumaran nuevos sectores a la oposición al régimen46. Como vemos, dentro de la oposición política primaron dos criterios distintos, pero ambos requerían de la movilización popular para legitimar su posición de cambio o salida al régimen. Mientras que el sector moderado –la AD– necesitaba de movilizaciones controladas para enfrentar con buen pie el proceso de negociación con la dictadura, el MDP proponía llevar “más allá” el descontento popular, promoviendo y estimulando la radicalización de las posiciones. Esta fractura de la unidad que en los primeros tiempos se había logrado al menos a nivel de la práctica, junto con la pasividad de los sectores medios, la dispersión de discursos y el desgaste propio de largas jornadas de movilización –la gente no podía protestar todo el tiempo– redundaron en que la intensidad comenzara a descender.
38La evaluación realizada por los sectores moderados de la oposición sobre el giro que adoptaron las “protestas”, fortaleció a este sector en la urgencia de lograr una salida negociada de la dictadura. Los ejes del discurso se basaron en dos tesis fundamentales: por una parte, se estimó que se había llegado a un punto de “rutinización” de las protestas, remitiéndose solo a una revuelta territorial y, por otra, que quienes las protagonizaban en las poblaciones, respondían a un fenómeno de “anomia” social, no reconociéndole su carácter de movimiento social y político.47
39De todas formas, como señalábamos, la necesidad de movilización estaba presente. En 1986 se sentaron las bases para crear la Asamblea de la Civilidad, una coordinadora de organizaciones políticas y sociales que tuviera la legitimidad y capacidad de convocatoria para movilizar a amplios sectores del país. Esta entidad, que integraba a toda la oposición en su interior, convocó a las jornadas de protestas del 2 y 3 de julio de 1986, fechas que marcaron el clímax y final de una etapa. El movimiento de estos días resaltó por su masividad, grados de enfrentamiento y paralización de las actividades del país; como correlato, ganaron en ferocidad los grados de represión propiciados por el régimen. Fue en estas movilizaciones cuando dos jóvenes fueron quemados vivos por fuerzas represivas.48
40Esta frágil iniciativa de dirección unificada terminó por romperse definitivamente luego que el 11 agosto de 1986 se descubriera la internación de armas en Carrizal Bajo, y más tarde, por el fallido atentado al general Pinochet en septiembre del mismo año. El fracaso de estas dos operaciones de gran envergadura inscritas en lo que el Partido Comunista había determinado como el “año decisivo”, junto con la lluvia de condena y crítica que le siguió desde las cúpulas políticas, provocaron que el PC quedara aislado, acusado de “hacerle el juego” a la dictadura, argumento que paradójicamente había sido usado por los propios comunistas contra el MIR durante la Unidad Popular, buscando evitar el denominado “desborde” izquierdista.49
41A fines de 1986, en la oposición moderada se impuso la mirada que estimaba que las movilizaciones habían fracasado, que había que distanciarse del MDP y que el único camino era una “salida negociada” con la dictadura, dentro de los márgenes establecidos por la Constitución de 1980, aprobada fraudulentamente por el régimen aquel año50. Según uno de los ideólogos de esta posición, la oposición había realizado un “aprendizaje… que las transiciones se hacen desde los espacios político institucionales conquistados al interior de un régimen militar y que, no habiendo un poder político militar alternativo, mientras la oposición profundice su presencia en ellos habrá posibilidad de término del régimen y tránsito a la democracia”51. Esta visión privilegió el protagonismo de las elites en la búsqueda a una salida de la dictadura militar, dejando fuera a las acciones y voluntades de hombres y mujeres que quisieron decidir libremente otro destino societal. Así, desde 1987 se comenzaron a apreciar las concesiones en materias políticas, económicas y en derechos humanos que caracterizaron al proceso de “transición” encabezado por los nuevos gobiernos democráticos, cuyo resultado final fue la continuidad de la política económica neoliberal del régimen saliente y la conservación de importantes espacios de poder para los partidarios del régimen.52
42De esta manera, junto al inicio de la década de los noventa comenzó una nueva fase caracterizada por la insistencia de los nuevos gobernantes, antaño oposición a la dictadura, por levantar un “manto de olvido” sobre el pasado traumático de la historia de Chile. Se imponía el mito de la “transición modelo”, “pactada”, que demostraba la “civilidad” nacional. Sin embargo, la historia también la habían escrito quienes desde distintas espacios de influencia política, se jugaron por la salida no pactada de la dictadura. En los capítulos siguientes nos adentraremos en sus historias.
Notes de bas de page
1 Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria. (Siglo XXI, 2002). p. 52
2 Steve J. Stern, Recordando el Chile de Pinochet en vísperas de Londres 1998. (Ediciones Universidad Diego Portales, 2009). p. 165.
3 Ibid. p. 23.
4 Al respecto, ver Paul Drake e Iván Jaksic, (editores), El modelo chileno. (LOM, 1998)
5 Una visión crítica del llamado Informe Valech, la da Igor Goicovic, “La implacable persistencia de la memoria. Reflexiones en torno al Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura”. (Inédito).
6 Nos referimos, por ejemplo, a las polémicas surgidas a raíz del Informe Valech y el debate sostenido entre el ex ministro del gobierno de Pinochet, Gonzalo Vial y un conjunto de influyentes historiadores chilenos acerca del “contexto” en que opera la tortura y la represión en Chile. Para las declaraciones de Vial, ver: diario La Segunda 1 de diciembre de 2004. Sobre la respuesta a dichas declaraciones, ver: “Manifiesto de Historiadores (Contra los que torturan a nombre de la Patria)”. En: www.purochile.org
7 Augusto Pinochet, Política, Demagogia y politiquería. (La Nación. 1983).
8 Un texto ejemplificador es el de Patricia Verdugo, Los zarpazos del Puma. (CESOC. Primera edición, 1988).
9 Entrevista a Gladys Marín realizada por Claudia Korol. (Ediciones América Libre, 1999). p. 47.
10 En alusión a la serie de reportajes “La historia inédita de los años verde olivo” realizada por el periodista Javier Ortega para el diario La Tercera. En esos capítulos se maneja la hipótesis que el FPMR fue creación de Fidel Castro y el “Movimiento Comunista Internacional”.
11 El Periodista, Santiago, 11 de Noviembre de 2002.
12 Análisis, Santiago, 3 al 9 de septiembre de 1985. Las razones “internas” que esgrimió el PC para desvincularse de la paternidad del FPMR fueron principalmente de orden de seguridad, para evitar la represión sobre sus dirigentes públicos.
13 El atentado fallido contra Pinochet fue realizado en septiembre de 1986, resultando muertos 5 escoltas.
14 El Mercurio, 19 de agosto de 1990.
15 Sofía Correa et al, Historia del siglo XX chileno. Editorial Sudamericana. Santiago, 2001. p. 330. Los destacados son nuestros.
16 Ver por ejemplo Manuel Antonio Garretón, “La oposición partidaria en el Régimen Militar chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición”, en Paul Drake e Iván Jaksic, El difícil camino a la democracia en Chile. (FLACSO, 1992); Genaro Arriagada, Por la razón o la fuerza. Chile bajo Pinochet. (Sudamericana, 1998) y Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet. (Sudamericana, 2000).
17 Ver Roberto Ampuero, Nuestros años verde olivo. (Planeta, 1999). También la ya citada serie “La historia secreta de nuestros años verde olivo”, inspirada por el libro de Ampuero, publicada en La Tercera entre abril y junio de 2001.
18 Ver “del Frente” en la página electrónica del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en www.fpmr.org. S/A. La lucha de clases y el surgimiento del FPMR en Chile. (Ediciones Rodriguistas, 1999); Ricardo Palma Salamanca, El Gran Rescate. (LOM, 1997); Roberto Bardini, Miguel Bonasso y Laura Restrepo, Operación Príncipe. (Planeta. 1988).
19 Con todo, es necesario destacar que el rumbo neoliberal que siguió el régimen militar solo se decidió años después del golpe, cuando en la pugna entre “duros” y “blandos” al interior del régimen, se impusieron los sectores neoliberales, hacia el segundo lustro de la década de los setenta. Al respecto, ver Verónica Valdivia, El golpe después del golpe. Pinochet vs Leigh. (LOM, 2003).
20 Moulian, Chile Actual… op.cit. p. 72.
21 Grupo de economistas chilenos graduados de la Universidad de Chicago que venían trabajando un proyecto alternativo para poner en marcha en Chile una vez derrocado el gobierno de Salvador Allende.
22 Patricio Meller, Un siglo de economía política chilena (1890-1990). (Editorial Andrés Bello, Santiago, 1996). p. 185.
23 El programa de gobierno de la Unidad Popular sostenía que los problemas básicos del país eran la dependencia económica extranjera, las bajas tasas de crecimiento y los problemas sociales básicos. Para sustituir esta estructura económica, la palanca del desarrollo debería ser manejada por el Estado, lo que se denominó “Área de Propiedad Social” (APS). Esta se constituiría por la Gran Minería del Cobre, los monopolios nacionales estratégicos, la banca, el comercio exterior y las grandes empresas. De menor tamaño sería un área de propiedad mixta y otra privada, conformadas por pequeñas y medianas empresas. Ver Julio Faúndez, Izquierdas y democracia en Chile, 1932-1973. (Ediciones Bat, 1992). p. 197 y ss.
24 Meller, op. Cit. p. 187.
25 Ibíd. p. 234
26 El origen de esta crisis fue producto de una masificación del crédito, sostenido por la banca privada a expensas de préstamos del extranjero. Al hacerse insostenibles las presiones inflacionarias, se produjo la quiebra de la banca y la ruina de las personas endeudas. Silva, Eduardo: “La política económica del régimen chileno durante las transición: Del neo-liberalismo radical al neo-liberalismo pragmático”, Drake y Jaksic, El difícil camino... op.cit.
27 Ibíd. p. 228.
28 Meller, op. cit. p. 255
29 De matanzas a trabajadores y sectores populares en su freno al capital está plagada la historia de Chile. Ver por ejemplo Mario Garcés, Crisis social y motines populares en el 1900. (LOM, 2003).
30 Ver Alan Angell, Partidos Políticos y movimiento obrero en Chile. (ERA, 1974).
31 Mario Garcés, “Construyendo ‘Las Poblaciones’: El movimiento de pobladores durante la Unidad Popular”, en Pinto (coordinador). Cuando hicimos historia... Op. Cit. p. 57.
32 Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia Contemporánea de Chile. Tomo II. (LOM, 1999). p. 126
33 Garcés, “Construyendo “Las Poblaciones”... op.cit. p. 59.
34 Como señala Patricio Meller, durante los años de profunda recesión (1982-83) más del 50% de los desocupados pertenece al grupo del 20% de menores ingresos.
35 Edward Palmer Thompson, Tradición, revuelta y consciencia de clase. (Crítica, 1984) p. 64.
36 Guillermo Campero y José A. Valenzuela, El movimiento sindical en el régimen militar chileno. 1973-1981. (ILET, 1984). Esta normativa, en lo sustancial, siguió aplicándose en el Chile post-dictatorial.
37 Garcés, “Construyendo “Las Poblaciones”... Op.cit. p. 79.
38 De la Maza y Garcés, op.cit. p. 94.
39 Ibíd. p. 28.
40 Salazar y Pinto, Historia Contemporánea... Op. cit. Tomo II. p. 125.
41 Moulian, Chile actual... Op. cit. p. 294.
42 De la Maza y Garcés, op.cit. p. 18.
43 Al respecto, ver la descripción de Patrick Guillaudat y Pierre Mouterde, Los movimientos sociales en Chile, 1973-1993. (Lom, 1998). p. 141.
44 De la Maza y Garcés, op.cit. p. 36.
45 La Alianza Democrática (AD), estuvo constituida básicamente por la Democracia Cristiana y el sector “renovado” del Partido Socialista, en proceso de abandonar el marxismo y las posiciones históricas de la izquierda chilena. Como apunta Garcés, sólo convocó para el día 8. El Movimiento Democrático Popular agrupaba al Partido Comunista, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y al sector izquierdista del socialismo, encabezado por el ex canciller de Allende Clodomiro Almeyda. Al respecto, ver Hunneus, op.cit.
46 Este argumento es desarrollado por Arriagada, op.cit.
47 Al respecto, ver Eduardo Valenzuela, La rebelión de los jóvenes. (FLACSO, 1984) y Eugenio Tironi, “Pobladores e integración social”, en Proposiciones n 14, 1987. Una respuesta crítica a esta tesis realizada desde la historiografía, Gabriel Salazar, Violencia política popular en “las grandes Alamedas”. (SUR, 1990).
48 Nos referimos a Rodrigo Rojas Denegri, quién resultó muerto, y Carmen Gloria Quintana, que logró sobrevivir a las graves quemaduras, el 75% de su cuerpo, sometiéndose a numerosas intervenciones. Sobre el 2 y 3 de julio, ver Rolando Alvarez, “Aun tenemos patria, ciudadanos. El Partido Comunista de Chile y la salida no pactada de la dictadura (1980-1988), en Valdivia et al, Su revolución contra nuestra revolución… vol. II
49 Sobre la situación del PC luego de la coyuntura política de 1986, ver Rolando Alvarez, “La tarea de las tareas. Luchar, unir, vencer. Tradición y renovación en el Partido Comunista de Chile (1965-1990)”. Tesis para optar al grado de Doctor en Historia, Universidad de Chile, 2007.
50 Moulian, Chile actual... Op. cit. p. 334. Un completo análisis de estas posiciones, en Cristina Moyano, “Microhistoria de la renovación socialista en el MAPU. Un partido, unos sujetos, nuestra transición a la democracia 1973-1989”. Tesis para optar al grado de Doctora en Historia, Universidad de Chile, 2007.
51 Garretón, Op.cit. p. 421-422.
52 Una mirada crítica a la salida a la transición pactada en Moulian, Chile actual…. op.cit; Felipe Portales, op.cit., Rafael Otano, Crónica de la transición. (Planeta, 1995 y Lom, 2006) y Drake y Jaksic (editores), El modelo chileno... op.cit.

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