Introducción431

1El Trienio Liberal supuso para España la oportunidad de transitar por un tiempo de transformaciones con la garantía de un plan institucional innovador, la monarquía parlamentaria. La quiebra política y económica del Antiguo Régimen, indisimulable tras los sucesos de Bayona, el desprestigio acumulado por unas élites desnortadas y el hundimiento financiero de un estado quebrado, dejaron al país sin mapas en la oscuridad y a las puertas de una guerra de la Independencia en la que comenzarían a gestarse los embriones del nuevo programa. La Constitución de 1812, que se elevó sobre el acuerdo aparente de alcanzar la Independencia frente al invasor francés, fue el resultado de un complejo proceso de decantación que debía armonizar la Carta Magna con la tradición española, de lo que se encargaría Francisco Martínez Marina, y hacer compatible un programa liberal con los estamentos identificados con el viejo régimen. Cádiz facilitó la tarea. Fue el laboratorio propicio en el que incubar un proyecto de nueva planta que señalaba a la Nación como sujeto colectivo; establecía el sufragio universal masculino indirecto, la libertad de imprenta, y el derecho de propiedad como líneas maestras; y confirmaba la ciudadanía a todos los nacidos en los territorios españoles. Este armazón, que implicaba el alumbramiento de la política moderna, sin embargo, chocó frontalmente con Fernando VII que acabó decretando el 4 de mayo de 1814 el restablecimiento de la monarquía absoluta. Pero ningún problema se resolvió con el célebre decreto. Mientras, la errática administración y el desgobierno económico atenazaron las ruinas del Antiguo Régimen y la desolada situación alentó pronunciamientos liberales, que eran a su vez sofocados con lo que el absolutismo todavía disponía, fuerza bruta.

2Todo cambió en 1820. Tras el Pronunciamiento del teniente coronel Rafael del Riego el 1º de enero en Las Cabezas de San Juan y las jornadas liberales de marzo en La Coruña, Oviedo, Murcia, Zaragoza y Barcelona, el monarca acabó jurando la Constitución. El Trienio Constitucional dio lugar a una extraordinaria actividad legalista que, si bien adoleció de cierto alejamiento de la realidad y debilidad inherente cuando el incumplimiento se hizo norma, supuso aire fresco en el herrumbroso edificio en que se había convertido la España del Antiguo Régimen. Y algo parecido ocurrió desde el punto de vista económico. José Canga Argüelles, a pesar del enorme bloqueo que suponía la bancarrota del Estado y el obstáculo persistente de los grupos estamentales a los esfuerzos reformistas, fijó el objetivo general de la política económica del Trienio en el crecimiento. Y las reformas fiscales, comerciales y monetarias se diseñaron con el fin de lograr el equilibrio presupuestario y exterior que permitiese a la economía nacional disponer de una renovada base saneada desde la que salir del peligroso marasmo.

3Que el Trienio Liberal fuese breve y estuviese repleto de contradicciones, no aminoró el impacto mayúsculo que supuso para la España de la época, y tuvo necesariamente que replicar con fuerza sobre los territorios de Ultramar. La intensidad del golpe que significó la recuperación de la Constitución de la Monarquía española en 1820 en los gobiernos virreinales de la América continental sigue planteando recurrentes interrogantes; y para el caso del Perú el análisis se complica aún más con el controvertido suceso el Pronunciamiento de Aznapuquio, en el que por vez primera un virrey, Joaquín de la Pezuela, fue obligado a ceder el mando al militar de mayor rango, en este caso al teniente general José de la Serna e Hinojosa432.

4Asimismo, el período no facilita la labor investigadora obligando a trabajar con cierto grado de subjetividad. Se trata de un momento histórico en el que se pierde abundante documentación, se destruye al calor de la guerra, se abandona por motivo de las numerosas mudanzas, y se arroja al mar antes de ser incautada. Se nos priva de lo que es habitual en otras épocas, las memorias de gobierno. Y los legajos que nos han quedado son de naturaleza eminentemente militar que, si bien permiten la reconstrucción de algunas facetas del nuevo gobierno y los perfiles de algunos de sus protagonistas, por el contrario, deja otras y otros en la más pesada penumbra. Y en este sentido cobra importancia la información que nos ha revelado el Archivo General de la Nación de Perú, el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y el Archivo Histórico del Instituto Riva-Agüero de Lima a través de la investigación en sus inventarios coloniales, permitiendo reconstruir un tiempo de guerra en el que a los aspectos militares se suman los fenómenos económicos, políticos y sociales, iluminando un relato integrador en torno al gobierno y la figura del último virrey del Perú en un momento clave. Con la Patria en peligro, las autoridades del momento calibraron a su manera las posibilidades que ofrecía una etapa liberal recién abierta en España. Y sondearon en el laberinto de Lima los límites de unos inexplorados proyectos liberales junto a unas élites desembridadas, pero también despojadas del atrezo que les ofrecía el régimen virreinal. Fueron seis meses, antes de la evacuación el seis de julio de la capital, frenéticos e intensos en los que paradójicamente la urgencia de la guerra encendió la mecha de las reformas en un mundo aparentemente arropado por la tradición.

El Pronunciamiento de Aznapuquio: otra mirada, otro balance

5Hasta el presente, todas las interpretaciones relacionadas con el Pronunciamiento de Aznapuquio han puesto el acento en las discrepancias personales y militares entre los dos protagonistas del momento, el virrey Joaquín de la Pezuela433 y el teniente general José de la Serna434. Uno como virrey y otro como comandante en jefe del Alto Perú desde 1816 hasta 1821, dejaron numerosas pruebas que evidenciaron su nula sintonía personal y profesional435. El carácter y los autores de las fuentes disponibles nos han procurado una interpretación limitada del Pronunciamiento de Aznapuquio, presentándolo como el resultado de un debate dentro del ejército entre viejos y nuevos militares, entre jóvenes oficiales, con bríos renovados con los que continuar el esfuerzo de la guerra, y un virrey agotado y sobrepasado por una realidad que lo llevó a la inacción. Pero hubo algo más.

6José de La Serna llegó al Perú con cuarenta y seis años436 el 8 de septiembre de 1816. En su calidad de mariscal de campo, tras treinta y dos años de servicio, había asumido el cargo de comandante general del ejército del Alto Perú. Se formó en el Real Colegio de Artillería de Segovia y, tras una intensa experiencia en la guerra de la Independencia en España, su futuro quedó sellado en el desembarco en el puerto de Arica junto al medio centenar de soldados de caballería y el puñado de oficiales que acabarían conformando el embrión de un cuerpo central en las campañas peruanas, el Regimiento a Caballo de la Guardia, y que constituyeron el núcleo de confianza del futuro virrey. En el período de 1816 a 1820 la guerra fue asfixiante en el Alto Perú y la tarea de La Serna en el ejercicio a su cargo fue ambivalente. Si, por una parte, La Serna logró modernizar el ejército, introducir la disciplina necesaria y organizar un eficiente sistema de abastecimiento de suministros; por otra, el infierno de las “Republiquetas” dejó al ejército realista en un empate desquiciante.

7Las desavenencias con el virrey comenzaron pronto con la decisión de La Serna de desplazarse directamente desde el puerto de Arica a su destino, obviando Lima. Asimismo, consideró que las estrictas órdenes de reorganización y planificación militar escapaban de la autoridad del virrey, al estar asentado su ejército en territorios del perdido virreinato del Río de la Plata. Asimismo, chocó con Pezuela con motivo de las operaciones sobre Jujuy y Salta y expresó su contrariedad con respecto a los planes chilenos, y el papel que debería desempeñar el Alto Perú en la estrategia global. A finales de 1818 la situación era insostenible y La Serna presentó la dimisión, que fue aceptada por la Corte, y el 29 de abril de 1819 conocida en Lima437. Sin embargo, tras un giro inesperado, una junta asesora instó a La Serna a reconsiderar su dimisión justo antes de su ascenso a teniente general. Y en 1820 los acontecimientos fueron dando forma a la placenta del Pronunciamiento. La “pequeña” Lima, en la que se había convertido la amenazada capital del virreinato, era campo de cultivo propicio para el cambio. A la pérdida de Valdivia el 3 de enero, le seguirá el avance Bolívar sobre Quito y finalmente el desembarco de San Martín el 7 de septiembre en la bahía de Pisco. Nadie se sentía seguro bajo el titubeante gobierno de Pezuela. Y la oportunidad que significó encontrase intramuros el grueso de la crítica oficialidad realista, muchos altos mandos procedentes del Ejército del Alto Perú, no fue pasada por alto por sus protagonistas. Así fue como en los últimos días de 1820 y los primeros compases de 1821 la realidad pareció dar la espalda a Pezuela. Y casi todos se encontraban dispuestos a colaborar en el golpe de timón que cambiase el rumbo de una nave perdida, como parecía ser el virreinato en manos de un virrey dubitativo.

8Ahora bien, volvamos a Aznapuquio. El Ejército de Lima en enero de 1821 estaba compuesto por una serie de regimientos y batallones asentados desde el río Chillón hasta las fortalezas de El Callao. Su jefatura militar estaba compuesta por diecinueve oficiales: un teniente general, un brigadier, siete coroneles, cuatro tenientes coroneles, seis comandantes y un capitán. Muchos de ellos con una dilatada experiencia militar que fructificó y se amplificó en el desarrollo de la guerra de la Independencia en España. En algunos casos produciéndose el sorpresivo salto del ámbito académico al castrense. Además, gran parte de los “compañeros de armas” del Pronunciamiento de Aznapuquio fueron encasillados en el denominado grupo de los “ayacuchos”438, que extendieron una dilatada carrera política y militar en la Península, unánimemente como afines al liberalismo y articulados a través de la enorme figura del general Baldomero Espartero439. Aunque el comandante de veintiocho años, destinado en Arequipa, si tuvo participación en el Pronunciamiento, necesariamente hubo ser muy limitada, acabó la guerra convertido en uno de los militares más cercanos al grupo de influencia del virrey. Su activa intervención en la conferencia de Salta frente a los comisionados del rey, y la misión por la que fue enviado a Madrid en las difíciles semanas de 1824, con el levantamiento absolutista del general Olañeta en plena efervescencia y confirmada la caída del régimen liberal en la Península, demuestran el rápido ascenso del joven oficial.

9Para que el Pronunciamiento fuese viable, los dos altos mandos que comandaban el grueso del Ejército de Lima debían contar con la máxima sintonía. La vanguardia del ejército realista estaba al mando del brigadier José de Canterac440, treinta y cinco años y, desde noviembre de 1820, jefe del Estado Mayor del Ejército. El resto del Ejército, incluida la reserva permanecía bajo el mando del teniente general José de la Serna. Ambos, con amplia experiencia en el Alto Perú, forjaron una mutua confianza, como lo prueba el hecho de que fuese Canterac el elegido a ocupar interinamente el cargo que ostentaba La Serna, general en jefe del Alto Perú, en espera de su sustituto, el general Juan Ramírez. El tercer puntal del Ejército, necesario para el impulso con garantías del Pronunciamiento, fue el coronel Jerónimo Valdés441, treinta y siete años y militar muy cercano al general José de la Serna. Embarcaron juntos en la fragata Venganza en Cádiz en mayo de 1816 con destino al puerto de Arica. Uno, como jefe del Ejército del Alto Perú, y otro como subinspector de ese ejército, compartieron operaciones, campañas y planes de reorganización, con plena sintonía. Maestro venerable de la Logia Central La Paz América del Sud, fue un prototipo clásico de militar surgido de la guerra de la Independencia en España, sin raíces nobles, y comprometido con el ideario liberal.

10Si el liderazgo militar y político del Pronunciamiento quedaba circunscrito al triunvirato conformado por los generales José de La Serna, y José de Canterac y el coronel Jerónimo Valdés; un segundo escalón de hombres comprometidos y con influencia en la tropa era clave para completar la trama entre tenientes coroneles, comandantes y capitanes. En este nivel desempeñaron un papel central el teniente coronel Antonio Seoane442, y los comandantes Andrés García Camba443 y Valentín Ferraz444. El primero con treinta y un años, el segundo con veintiocho, y el tercero con veintinueve, fueron los responsables de galvanizar a la tropa y elaborar un documento clave para el Pronunciamiento, el Manifiesto de Aznapuquio, firmado por todos y cada uno de los diecinueve oficiales bajo cuyo mando se encontraba el Ejército de Lima. La redacción del texto fue compartida por las plumas de Seoane y García Camba. Éste último ya había protagonizado el año anterior, con su firma, un duro escrito, plan de García Camba, dirigido al virrey Pezuela desacreditando sus decisiones y poniendo en cuestión el modo con el que éste enfrentaba la crisis del virreinato. Por su parte, el comandante Valentín Ferraz interpretó fielmente el papel que le correspondió en un Pronunciamiento que desembocaría en la designación, del que fuera mando superior en una no muy lejana travesía en la fragata Venganza en 1816, como virrey.

11Todos ellos son ejemplo de un ejército realista fuertemente infiltrado por las tesis liberales tras la larga experiencia de la guerra de la Independencia en España. Muy distintos al virrey Pezuela y su entorno más inmediato, para el cual la recuperación de la Constitución de Cádiz fue un hecho difícil de calibrar. La Carta Magna fue para él una noticia en 1812, no una vivencia. Y a todas luces, en 1821 el general Joaquín de la Pezuela se había convertido en una pieza política desubicada en la agitada orilla virreinal.

12Además, la recuperación de la Constitución de 1812 no dejó indiferente a nadie. Los protagonistas de la Expedición Libertadora del Perú, que meses antes del Pronunciamiento ya habían hecho acto de presencia en el escenario político peruano, también militares y políticos de largo aliento, tampoco permanecieron al margen de los sucesos peninsulares445. Hasta tal punto que la Proclama que el 8 de septiembre se hace pública, tras el desembarco en la bahía de Paracas, dice así:

“ ¡Compatriotas! La Nación española al fin ha recibido el impulso irresistible de las luces del siglo. Ha conocido que sus leyes eran insuficientes para hacerla feliz, y que, en sus antiguas instituciones, no podía encontrar ninguna garantía contra los abusos del poder. Los españoles han apelado al último argumento para demostrar sus derechos; y, convencido el rey de su justicia, ha jurado la Constitución que formaban las cortes de 1812 (…) La revolución de España es, pues, de la misma naturaleza que la nuestra: ambas tienen la libertad por objeto y la opresión por causa”.446

13Ya sin ambages, la guerra de la Independencia del Perú se transformó en un conflicto regional, concretado en un pulso entre dos proyectos liberales de carácter nacional. Uno refiriéndose a la nación española, otro a un Perú independiente, ambos sobre bases reformistas. Si bien todas las guerras esconden dudas y riesgos, la de la independencia del Perú los trajo muy repartidos, y en enero de 1821 todo estaba por decidir.

El gobierno del virrey La Serna y la incógnita de Lima

14Tras el pronunciamiento del 29 de enero de 1821, y una vez depuesto el virrey Pezuela sin trastornos ni notorias resistencias, el gobierno político-militar comenzó su andadura con el decidido objetivo de la estabilidad, dando respuestas a lo que la declaración formal de los comandantes del ejército en Aznapuquio calificó de “errores políticos y militares”. El abanico de iniciativas que habían acabado por orillar el liderazgo de Pezuela hasta la marginalidad era amplio e incluía denuncias sobre fallidos nombramientos, injustos reconocimientos, malversación de fondos, ineficaces medidas contra el contrabando y el comercio ilícito e inadecuada política fiscal. Y por supuesto, la acusación de carecer de la más absoluta falta de pulso militar.

15El cambio debía traducirse en un punto de inflexión. Por una parte, el régimen debía evitar el desmoronamiento militar, que venía precipitándose desde noviembre de 1820, coincidente con el firme bloqueo de Cochrane y la audaz campaña de Arenales, imprimiendo un ritmo distinto a la guerra. Y por otra, tenía la obligación de recuperar la iniciativa política con un profundo programa de regeneración y reorganización administrativa. Para ello, las acciones del gobierno se desplegaron con celeridad a tres niveles: el militar, con una serie de nombramientos en la cúpula dirigente447, el político, enviando al coronel Antonio Seoane y al marqués de Valleumbroso a las Cortes españolas en misión oficial448; y, por último, el institucional, apostando por un sistema de gobernanza en sintonía con el mandato de la Constitución de Cádiz449. Con respecto a este último punto, fue de la mayor relevancia el decreto de 23 de junio de 1813 en el que se detallaban las “instrucciones para el gobierno económico-político de las provincias” y en el que el eje de la acción gubernativa pivotaba sobre los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y los jefes políticos. Así pues, la acción política entre los ayuntamientos y las diputaciones provinciales debía ser lo más ágil posible, para la cogestión eficaz de funciones superpuestas en niveles territoriales diferenciados; y la de éstas con el virrey lo más coordinadas, para hacer efectivas las leyes y órdenes del gobierno.

16La correspondencia del virrey reveló la decisión, inicialmente, de gobernar desde Lima. A pesar de que la evacuación de la ciudad fuese un plan “vivo” que el alto mando militar no dejó de depurar, el gobierno, tras el Pronunciamineto de Aznapuquio, desplegó toda su acción firmemente asentado en la capital. Abandonar Lima tenía serias desventajas como lo demuestra la obcecación del Estado Mayor realista por recuperar a lo largo de la guerra la Ciudad de los Reyes, como así lo hizo brevemente en 1823, y en 1824, de forma más duradera. Asimismo, la situación, aun siendo complicada no llegaba, en febrero de 1821, a poder ser calificada como crítica. Un error que ha sido arrastrado hasta el presente es el de la imagen de una ciudad hambrienta y devastada por las epidemias. Aunque el marco económico era poco halagüeño, y las interrupciones en las comunicaciones con la sierra y la consecuente obstrucción de provisión de víveres y suministros a la capital creaban crecientes dificultades, los informes con los que contó el gobierno a finales del mes de febrero procedentes de los valles circundantes y de los cuarteles de la ciudad revelaban que, si bien los insumos de trigo y otros bienes alimenticios comenzaban a mostrar señales de desabastecimiento, no ocurría así con las reservas de harinas de maíz y otros productos de primera necesidad que todavía reflejaban volúmenes bajos, pero aceptables450. Además, la situación de salubridad nunca fue catastrófica como así lo refleja un análisis detenido del informe correspondiente al primer trimestre bajo la responsabilidad del Tribunal de Protomedicato de la ciudad de Lima451. Por todo ello, la opinión del virrey era moderadamente optimista, como se desprende de la nota dirigida al general Juan Ramírez Orozco, y su intención era la de continuar gobernando desde el laberinto de Lima:

“Tenemos un tiempo favorable de 8 ó 9 meses en los que tenemos que resolver la actual crisis. Todos están pendientes de los resultados de la capital. A pesar de estas consideraciones es necesario atender a ellas más por la política y la astucia que con las armas. La estimación de la capital se ha cambiado de un modo favorable a la opinión pública si se ha reanimado con el cambio de gobierno, es decir, si hemos mejorado en el orden público, estamos en el mismo caso en cuanto al militar pues en tan poco tiempo no han podido producir efectos tal providencias que he decretado para aumentar considerablemente el ejército; esta operación necesita como conoce usted bien otras preparatorias que no se pueden realizar en el momento”452.

17Con la rúbrica renovada de “al servicio de la Nación y el Rey”, desde el 31 de enero de 1821 las órdenes del nuevo virrey La Serna se sucedían con el propósito de “agrandar” el ejército en la capital con la recluta de 4.100 hombres procedentes de las provincias del Cuzco, Puno, Arequipa, Huancavelica y los valles colindantes a Lima453. A inicios de febrero, el Estado Mayor seguía valorando la oportunidad de un enfrentamiento estratégico contra el grueso del ejército de San Martín en las inmediaciones de Lima, que pudiera decidir la guerra en los términos ya planificados en la operación que Pezuela suspendió el 27 de enero en las inmediaciones de Retes. Y para tratar de gobernar en tiempos de desconcierto plenamente dedicado a las labores ejecutivas, el primero de febrero, mediante circular, comunicó el nombramiento de José Canterac como general en jefe del Ejército de operaciones de la capital454.

18Las primeras medidas, comunicadas previamente a la Junta de Subsistencia, obedecieron a un elaborado plan de reorganización y regeneración administrativa. Comenzó con un oficio, reseñado en la correspondencia oficial con la letra A, que reducía el sueldo anual del virrey a la cantidad de 12.000 pesos. Y que fue remitido como circular a todas las corporaciones con el objetivo de “excitar el patriotismo” al conjunto de las autoridades. La medida era una peculiar adaptación de la rebaja de sueldos de los empleados públicos que, el primero de enero de 1810, la Junta Central Suprema dictó a través de un Real Decreto. Aquel determinaba “la reducción de los sueldos públicos mediante el descuento mensual de una cantidad variable en función de su cuantía, no proporcional, sino progresiva”455, siendo la que se aplicó el virrey, el 33 %, la equivalente en el decreto peninsular a las rentas superiores a 120.00 reales. La iniciativa se erigió como seña de identidad de un gobierno austero y equitativo que planteaba un duro ajuste fiscal basado en el voluntarismo y la lealtad, y en el que para bien o para mal, toda acción individual sería hecha pública. Así se fueron publicando las listas de deducciones autoimpuestas por autoridades y empleados públicos en los números correspondientes a la Gaceta del Gobierno. Y un detallado análisis deja constancia de que la medida significó una notable reducción de la masa salarial de los funcionarios456.

19Otra línea innovadora puso el foco de atención en la limitación de prácticas propias de las redes de patronazgo y promovió la transparencia de la gestión en los ramos públicos. El dos de febrero se envió a los máximos responsables de las principales instituciones la comunicación referente al modo de proceder con las vacantes de los empleados públicos457. Y el cuatro de febrero otra relativa a la publicación mensual de sueldos de los empleados públicos458. Al día siguiente se informó a los ministros de la Hacienda Pública de Lima de la obligación de publicar el día cuatro de cada mes en la Gaceta del Gobierno los ingresos y salidas de las cajas, las inversiones de los fondos y la planilla general en la que figurasen los empleados y acreedores públicos459.

20Pero aún quedaba lo más difícil, adoptar un programa económico coherente que hiciese frente con eficacia a los retos fiscales con los que se enfrentaba el Virreinato. Y fue a lo largo del mes de febrero cuando la Diputación provincial acabó por elaborar un plan de reforma fiscal que, siguiendo la pauta de los debates hacendísticos peninsulares, programó una contribución extraordinaria de guerra cincelada como un tributo progresivo sobre los capitales líquidos individuales. Así el gobierno volvía la mirada a las medidas aprobadas en las Cortes de Cádiz con el ánimo de resolver sus graves problemas fiscales. Para el gobierno de La Serna, en un principio, la normativa de referencia fueron los Decretos LII y CXC, ya que la legislación fiscal del Trienio no sería recepcionada en el Perú hasta finales de 1821, cuando el virrey ya se había establecido en el Cuzco. Y el tortuoso camino de la negociación encaminada a establecer un suficiente marco fiscal se inició tras el acuerdo de 12 de febrero, cuando la Diputación provincial aprobó la contribución de guerra.

21La elaboración de los padrones de contribuyentes fue una prueba irrefutable de la influencia gaditana en el nuevo gobierno virreinal. Fue una iniciativa muy avanzada de implementar un impuesto sobre la renta de las personas físicas460. Además del esfuerzo estadístico que suponía poner en marcha tal proyecto. El padrón general de contribuyentes se compondría del sumatorio de los padrones correspondientes a los cuatro cuarteles de la ciudad, y para la elaboración de cada uno de ellos por calles y barrios, el Cabildo nombró a los respectivos comisionados.

22En definitiva, el programa reformista fue coherente y su hilo conductor surgía de un liberalismo gaditano recién recuperado. El gobierno definió objetivos que consideró centrales, que pasaban por reorganizar un ejército en Lima capaz de hacer frente con garantías a las fuerzas de San Martín, ejecutar un plan de reajuste y regeneración del aparato burocrático y establecer un sistema fiscal progresivo y suficiente.

23Sin embargo, a fines del mes de abril, la negociación avanzó sin rumbo claro mientras el entorno político, económico y militar no dejaba de deteriorarse. Las campañas militares diseñadas con el objetivo de abrir las líneas de suministros entre Lima y las provincias del interior, tras unos prometedores éxitos iniciales, acabaron agotándose con la acción erosiva de las montoneras y las operaciones de Miller y Arenales en el flanco sur de la costa. Y las negociaciones entre La Serna y San Martín en la hacienda de Punchauca abrieron una brecha entre el Ayuntamiento Constitucional y el virrey que ya nunca más se cerraría461. A lo largo del mes de mayo no se experimentó avance alguno en torno a arbitrios planificados y aprobados, y, a finales de ese mes, el Cabildo dio por zanjadas las negociaciones con respecto a la contribución “liberal”. Los padrones acabaron por ser completados y remitidos al gobierno el día 22, con un claro mensaje de ruptura. Los comisionados, argumentando en base a la “deplorable” situación en la que se hallaban los habitantes y sus rentas, remitieron al virrey los censos, que sumaban una cantidad a todas luces inaceptable462.

24A principios de junio el entorno se hizo irrespirable para el gobierno. El programa de reformas con el que se pretendía imprimir un golpe de timón que salvase al virreinato y fortaleciese los endebles lazos que aún unían a las autoridades y las élites locales, estaba deshilachado. A todas luces, Aznapuquio fue insuficiente y el impulso que a las medias liberales se confirió, tras la titubeante y decepcionante etapa del virrey Pezuela entre la proclamación de la Constitución y su destitución, era en julio de 1821 un débil recuerdo. La misión de los comisionados Antonio Seoane y el marqués de Valle Umbroso sufrió contratiempos inesperados, el fortalecimiento del Ejército fue más limitado del esperado, el aislamiento de Lima la incapacitaba como capital, la regeneración del gobierno con medidas que profundizaban en la austeridad y la transparencia no entusiasmaron a las clases populares, y la nueva fiscalidad “gaditana” distanció al virrey de unas élites contemporizadoras y en pleno proceso de transubstanciación.

25Entonces, y no antes, llegó el momento de proceder sin dilación a la evacuación de la Ciudad de los Reyes. A los motivos militares que aconsejaban desalojar una ciudad portuaria bloqueada por una escuadra marítima y hostigada desde el interior, se sumaron las razones políticas de un gobierno que había sido incapaz de organizar a quien o a quienes no estaban dispuestos a hacerlo. A pesar de los parcos resultados económicos que el paquete de reformas había procurado al gobierno virreinal, la experiencia acumulada a lo largo del primer semestre fue fundamental a la hora de calibrar y modificar un programa liberal que el gobierno no desechó una vez asentado en el Cuzco. Pero eso es otra historia.