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L'Université en Espagne et en Amérique Latine du Moyen Âge à nos jours. II

 | 
Ève-Marie Fell
, 
Jean-Louis Guereña

III. L'université entre conservatisme et ouverture. Débats, projets, enjeux (XIXe-XXe siècles)

La autonomía universitaria en Venezuela

Alexis Marquez Rodriguez

Texte intégral

1La autonomía universitaria tiene una larga tradición en Venezuela, pero más en el terreno de los principios, que en la práctica. La doctrina autonómica ha formado parte de la ideología universitaria de los venezolanos desde que existe la Universidad.

2Sin embargo, aunque la universidad venezolana se fundó sobre ese criterio, dentro de la antigua tradición de la universidad medieval, en Venezuela el principio autonómico de hecho ha estado siempre en contradicción con otro principio esencial de la educación venezolana, como es el del estado docente. Ya en tiempos de la Colonia los gobernantes españoles consideraban que la educación es una función esencial del Estado, y ese principio pasó incólume al período republicano, y hasta se robusteció a partir de entonces. De modo que aun siendo tradicionalmente los gobernantes venezolanos partidarios de la autonomía universitaria, al ser también celosos abanderados del principio de estado docente, nunca, salvo contadas excepciones, han resistido la tentación de ejercer, desde el poder político y gubernamental, algún tipo de control sobre las universidades, y alguna forma de injerencia en la elección del gobierno universitario.

3Esta contradicción ha sido fuente de numerosos problemas y de graves inconvenientes, que bien pueden mencionarse como el signo permanente más visible de la Universidad venezolana, en especial a través de los numerosos gobiernos que hemos tenido desde 1830, cuando, a raíz de la disolución de la llamada Gran Colombia, Venezuela se constituye como estado autónomo y soberano.

4La Universidad venezolana nace a fines del siglo XVIII, cuando se crea la Real y Pontificia Universidad de Caracas, por Real Cédula del monarca Felipe V, fechada el 22 de diciembre de 1721. Esta Universidad se constituyó sobre la base del antiguo Colegio Seminario de Santa Rosa, que funcionaba desde 1673. Posteriormente, ya en 1810 e iniciado el proceso de la independencia, se fundó una segunda universidad, la Universidad de los Andes, creada en la ciudad de Mérida por transformación del antiguo Seminario de San Buenaventura, que había sido fundado en 1785. Estas dos universidades llenaron las necesidades de la educación superior en Venezuela durante todo el siglo XIX, pues las que se fundaron posteriormente aparecieron mucho después, dos de ellas ya al final del siglo, en 1891 y 1892 respectivamente, y todas las demás en el presente siglo.

5Actualmente funcionan en Venezuela más de treinta universidades, entre oficiales y privadas, además de numerosos institutos de educación superior de diversos tipos. Quince universidades son oficiales, y de ellas gozan de autonomía sólo cinco, porque las restantes son de carácter experimental, y están bajo la inmediata dependencia del Ministerio de Educación. Sin embargo, en cada una de estas universidades no autónomas se libra una lucha permanente y activa, que moviliza tanto a estudiantes como docentes, por lograr la extensión a cada una de ellas del régimen autonómico.

6En cuanto a las universidades privadas, todas pertenecen a instituciones o sociedades mercantiles creadas con ese fin, y una de ellas es de carácter confesional, expresamente reconocida como dependiente de la jerarquía católica venezolana. Las restantes son laicas. Las universidades privadas sólo pueden funcionar previa la autorización del Estado, y es éste, y no la respectiva universidad, el que otorga los títulos a quienes culminan en ellas sus estudios. El Estado, además, está legalmente autorizado y obligado a ejercer la supervisión de las universidades privadas, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que las rigen.

7En las universidades privadas, por supuesto, no existe la autonomía. Sin embargo, aun en algunas de ellas se aplican ciertas prácticas propias del sistema autonómico, que no tienen relación directa con el gobierno interno de la universidad, como por ejemplo la libertad de cátedra, entendida como la libertad del docente de darle a la enseñanza que imparte la orientación que desee.

8Durante el siglo XIX las dos universidades venezolanas, aunque se mantuvo la tradición autonomista, vivieron un proceso de desarrollo sumamente complejo, en que no sólo la autonomía, sino la vida toda de la universidad sufrió las consecuencias de la inestabilidad política y de la violencia que fue signo predominante de nuestra historia durante todo el siglo. Recién obtenida la independencia, la Universidad de Caracas comenzó a vivir una época dorada, en que se constituyó en institución republicana, comenzando a liquidar los viejos resabios de la universidad colonial. Pese a que dicha universidad había vivido durante la Colonia bajo la influencia determinante y decisiva del régimen colonial, aunque internamente se practicasen algunos de los principios autonómicos, en sus claustros se habían formado los jóvenes que formaron la brillante generación de la Independencia, con Bolívar a la cabeza. De allí salieron, efectivamente, hombres como Simón Rodríguez y Andrés Bello, amén de muchos otros que luego se destacaron como guerreros durante la lucha emancipadora, y más tarde como tribunos, políticos, magistrados y demás servidores de las instituciones civiles de la nueva República. De modo que la Universidad caraqueña, no obstante su estructura y su ideología colonial, dio un valioso aporte a la lucha por la independencia.

9Ese valioso aporte de la Universidad de Caracas a la causa de la independencia determinó que la noble institución adviniese al período republicano con un gran prestigio, y ello hizo, a su vez, que los patriotas, devenidos en clase gobernante, se preocupasen porque la Universidad que los había cobijado recibiese el trato que merecía, y se procurase su adelanto y su reorganización, con mirar a que cumpliese la importante misión de formar las nuevas generaciones, que irían gradualmente ocupando los puestos claves en la conducción de la joven república. El propio Libertador, como ya dijimos, se preocupó en persona por el mejoramiento de la Universidad de Caracas, y asesorado por figuras relevantes de la vida universitaria e institucional, dictó los Estatutos de la Universidad, adoptando importantes prácticas autonómicas, y sobre todo dotándola de bienes propios, que le permitiesen desempeñarse sin las penurias económicas ni las presiones ideológicas que la dependencia directa del gobierno tenía que producir. Desde entonces la Universidad de Caracas pasó a llamarse, como hasta ahora, Universidad Central de Venezuela.

10Pero duró poco esa época dorada. La sucesión de gobiernos despóticos y de feroces dictaduras que tipifican el siglo XIX venezolano dio al traste con aquellos buenos deseos, y la normativa dictada por el Libertador fue la mayoría de las veces letra muerta. Y en cuanto a las rentas propias, tampoco fueron siempre efectivas, entre otras razones porque el cobro de las mismas, aunque provenían de sus propios bienes, tenía que hacerse a través de órganos gubernamentales, lo cual propiciaba innumerables corruptelas e incumplimientos muchas veces intencionales, que mantenían a la Universidad en una crisis permanente. Todo ello culminó cuando, en 1883, el presidente Antonio Guzmán Blanco, salido por cierto de las aulas universitarias, despojó a la Universidad de Caracas de los bienes que el Libertador le había asignado, los cuales fueron a engrosar los propios bolsillos del corrupto gobernante. Desde entonces la Universidad ha dependido financieramente del presupuesto que anualmente le asigna el gobierno de turno, lo cual ha constituido un grave tropiezo para el goce efectivo de la autonomía. Sin autarquía financiera ninguna institución puede ser efectivamente autónoma.

El concepto de autonomía universitaria

11El concepto de autonomía universitaria que actualmente rige en Venezuela aparece definido en la vigente Ley de Universidades. Su artículo 9° dice al respecto lo siguiente: "Las Universidades son autónomas. Dentro de las previsiones de la presente Ley y de su Reglamento, disponen de:

  1. Autonomía organizativa, en virtud de la cual podrán dictar sus normas internas;
  2. Autonomía académica, para planificar, organizar y realizar los programas de investigación, docentes y de extensión que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines;
  3. Autonomía administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades y designar su personal docente, de investigación y administrativo,
  4. Autonomía económica y financiera para organizar y administrar su patrimonio".

12De acuerdo con este artículo, las universidades venezolanas gozan, en primer lugar, de autonomía organizativa, lo cual les permite establecer internamente, cada universidad en forma individual, su propia organización, a efecto de lo cual se dictarán, también internamente, los reglamentos y demás normas que consideren necesarias a ese fin.

Autonomía académica

13En segundo lugar, gozan también de autonomía académica, lo cual significa que cada universidad puede aplicar los planes y programas de trabajo que estime apropiados para el cumplimiento de su misión, tanto en la docencia, como en la investigación y la extensión universitaria. Esto permite que cada universidad establezca los estudios que desee, organizando las facultades, escuelas, institutos y departamentos que a bien tenga. Sin embargo, este importante aspecto de la autonomía no posee una libertad tan absoluta como a primera vista pudiera parecer. En efecto, el art° 5o de la misma Ley, por ejemplo, dispone que "Como parte integral del sistema educativo, especialmente del área de estudios superiores, las Universidades se organizarán y funcionarán dentro de una estrecha coordinación con dicho sistema", y el agrega que "La finalidad de las Universidades (...) es una en toda la Nación. Dentro de este concepto se atenderá a las necesidades del medio donde cada Universidad funcione y se respetará la libertad de iniciativa de cada Institución". Estas precisiones son necesarias, para evitar que una interpretación irrestricta de la autonomía académica pueda derivar en una aplicación anárquica de dicho principio. A cambio de ello, lo que se persigue es crear un sistema armónico de enseñanza universitaria, coherente y orgánico, que esté, además, en concordancia con el sistema educativo en general, que funciona en el país bajo la suprema orientación y dirección del Estado.

14Por otra parte, la misma Ley crea el Consejo Nacional de Universidades (CNU), formado por el Ministro de Educación, quien lo preside, los rectores de las universidades nacionales y privadas, tres representantes de los profesores, tres representantes estudiantiles, dos profesores universitarios de alto rango designados fuera de su seno por el Congreso de la República, y un representante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT). Entre las atribuciones de este Consejo hay varias que reglamentan la autonomía académica, garantizando su aplicación dentro de un concepto de sistema orgánico de la educación universitaria, y no de un agregado de universidades en que cada una marche por su cuenta. El C.N.U., por ejemplo, entre otras atribuciones tiene la de "fijar los requisitos indispensables para la creación, eliminación, modificación y funcionamiento de Facultades, Escuelas, Institutos y demás divisiones equivalentes en las Universidades, y resolver, en cada caso, las solicitudes concretas que en ese sentido, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos, sean sometidos a su consideración".

Autonomía administrativa

15Dentro del concepto de autonomía, nuestras universidades gozan también de autonomía administrativa, en virtud de la cual cada universidad elige su propio gobierno, de conformidad con el esquema organizativo establecido en la misma Ley, y que es igual para todas las universidades autónomas, y designa y remueve, de acuerdo con las normas establecidas al respecto, su personal docente, de investigación y administrativo.

16Este aspecto de la autonomía universitaria es sumamente importante. Se trata, en principio, de instituir un privilegio para la universidad, consistente en que, no obstante ser instituciones oficiales, órganos del Estado y financieramente sostenidos por él, cada universidad autónoma está facultada para elegir sus rectores, vicerrectores, secretarios, decanos de facultades, directores de escuelas e institutos y jefes de departamento o de cátedra, así como también los representantes profesorales y estudiantiles a los órganos de cogobierno universitario, sin injerencia de ningún organismo estatal ni de ninguna otra índole. La organización del gobierno universitario está establecida de manera uniforme para todas las universidades autónomas, y el procedimiento para la elección de los respectivos funcionarios es igualmente el mismo en todas las universidades. El sistema electoral está reglamentado en cada universidad, pero con apego a ciertas normas de carácter general pautadas en la propia Ley.

17El principio autonómico en la elección de las autoridades de cada universidad que actualmente rige, se estableció en Venezuela en la Ley de Universidades dictada el 5 de diciembre de 1958 por el gobierno de facto constituido a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en enero de ese mismo año. Hasta 1970 el sistema establecido garantizaba la más amplia estabilidad de las autoridades electas en cada universidad, que no podían ser removidas sino en circunstancias muy excepcionales, y en todo caso mediante mecanismos internos, sin injerencia de ningún organismo extrauniversitario. Pero ese principio, que en la práctica era un ejercicio irrestricto de la autonomía, fue modificado por el Congreso Nacional en la reforma de la Ley de Universidades promulgada en 1970. Esta reforma fue producto de una serie de conflictos surgidos entre las universidades autónomas y el gobierno nacional, que llevaron en varias ocasiones al allanamiento del recinto universitario, hasta culminar, ese mismo año, con la clausura temporal de la Universidad Central de Venezuela y la ocupación militar de sus locales e instalaciones.

18La reforma de la Ley estableció, entre las atribuciones del Consejo Nacional de Universidades, la de acordar, en circunstancias muy especiales, la remoción de las autoridades universitarias y declarar la universidad respectiva en proceso de reorganización, designándole autoridades interinas, que habrán de convocar a elecciones de las nuevas autoridades en el lapso de seis meses. Esta reforma apuntaba fundamentalmente a limitar el principio autonómico en cuanto a la estabilidad de las autoridades electas, mediante un mecanismo que, si bien sigue estando en poder del mismo cuerpo universitario, dada la composición del C.N.U., al mismo tiempo abre la posibilidad de mayores presiones de parte de los organismos del Estado, que les permitan influir en el gobierno universitario. En el momento en que se produce dicha reforma, ésta tiene destinatarios muy concretos, pues en verdad fue dirigida a destituir las autoridades que en ese momento regían la primera universidad del país, tal como se hizo efectivamente en octubre de 1970. En los veintidós años transcurridos desde entonces nunca más se ha aplicado esa norma de excepción. Sin embargo, es un riesgo permanente que pende sobre las universidades, pues dentro del juego político que de manera constante se vive en países como Venezuela, y que inevitablemente envuelve a sus universidades, siempre habrá la posibilidad de que se aplique, justificada o arbitrariamente, la norma en cuestión.

Autonomía económica y financiera

19Finalmente, el concepto de autonomía se completa con la autonomía económica y financiera, según la cual cada universidad está facultada para organizar y administrar su patrimonio, norma que se complementa con otras disposiciones que facilitan esta autonomía financiera, liberalizando los controles que el Estado ejerce normalmente sobre el manejo de la hacienda pública. El patrimonio universitario se forma principalmente con el presupuesto que anualmente el Estado dispone para las universidades. Las universidades están en capacidad de obtener otros ingresos, y de hecho así ocurre, mediante una serie de actividades remunerativas que realizan diversas facultades y otras dependencias. Sin embargo, estos ingresos propios son exiguos, en relación con los requerimientos de las múltiples y complejas funciones universitarias, que no se limitan sólo a la enseñanza, pues incluyen también la investigación, de por sí muy costosa, y numerosas actividades de extensión. Por ello el financiamiento proveniente del presupuesto nacional sigue siendo la principal fuente de ingresos. Pero el Estado siempre es tacaño con las instituciones culturales, y dentro de éstas con las universidades. Casi habitualmente el presupuesto oficial es manejado por los organismos oficiales correspondientes con un instrumento de presión y chantaje sobre las universidades, y a menudo ello es fuente de conflictos y genera situaciones a veces muy graves, que ponen en peligro la vida misma de los planteles universitarios. Como dijimos más arriba, si no hay autarquía financiera, el ejercicio de la autonomía universitaria es sumamente difícil y complejo.

Inviolabilidad del recinto universitario

20Aparte de las normas ya comentadas, la Ley de Universidades venezolana dispone también, en su artículo 7°, que "El recinto de las Universidades es inviolable. Su vigilancia y el mantenimiento del orden son de la competencia y responsabilidad de las autoridades universitarias, no podrá ser allanado sino para impedir la consumación de un delito o para cumplir las decisiones de los Tribunales de Justicia. (Se entiende por recinto universitario el espacio precisamente delimitado y previamente destinado a la realización de funciones docentes, de investigación, académicas, de extensión o administrativas, propias de la institución). Corresponde a las autoridades nacionales y locales la vigilancia de las avenidas, calles y otros sitios abiertos al libre acceso y circulación, y la protección y seguridad de los edificios y construcciones situados dentro de las áreas donde funcionen las universidades, y las demás medidas que fueren necesarias a los fines de salvaguardar y garantizar el orden público y la seguridad de las personas y de los bienes, aun cuando éstos formen parte del pratrimonio de la Universidad".

21Esta disposición, no obstante su aparente propósito de garantizar la inviolabilidad del recinto universitario y de reglamentar juiciosamente ese principio, ha dado motivos para innumerables conflictos, en especial porque casi siempre existe disparidad entre la manera de interpretarla las autoridades nacionales y locales, en particular las de carácter policial, y los universitarios. La norma contenida en el artículo 7 originalmente se reducía a su primera parte, pero en la reforma de la Ley, en 1970, se amplió el artículo para restringir la que se consideraba excesiva amplitud del concepto de inviolabilidad del recinto universitario. Sin embargo, antes que resolver aquellos problemas de interpretación, que a menudo desembocaban en situaciones de violencia, a veces de extremada gravedad, con secuela de muertos y heridos en los enfrentamientos entre estudiantes y policías, más bien los agravó.

22La historia reciente de las universidades venezolanas registra una sucesión alarmante de conflictos y situaciones violentas, con frecuentes interrupciones de la actividad universitaria y severos daños morales y materiales a la Universidad, no sólo en Caracas, sino también en las demás ciudades del interior donde funcionan universidades nacionales, e incluso, aunque en menor medida, en algunas privadas. Como es natural, estos conflictos recrudecen hasta límites inauditos en las situaciones de crisis económica, social y política, como la que ha vivido nuestro país en los últimos años. El estudiantado universitario siempre ha estado a la vanguardia de los movimientos políticos e ideológicos que tratan de subvertir el orden establecido en un momento dado, y tanto la autonomía en general, como en particular la inviolabilidad del recinto, son factores que favorecen la actividad estudiantil en tal sentido, en la cual, justo es reconocerlo, a veces se cometen abusos en el ejercicio de ambos principios, que a su vez son reprimidos con abusos aún mayores por las autoridades policiales, y eventualmente por las militares, que en más de una ocasión han sido utilizadas a tales efectos.

Libertad de cátedra

23Es igualmente importante, como elementos consustancial y complementario de la autonomía universitaria, la libertad de cátedra. Esta aparece expresamente consagrada en el art°. 4° de la Ley, en los siguientes términos: "La enseñanza universitaria se inspirará en un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana, y estará abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, las cuales se expondrán y analizarán de manera rigurosamente científica". Este es uno de los principios doctrinarios que mejor y más amplia aplicación han tenido en las universidades venezolanas durante los treinta y cuatro años de vigencia que lleva la Ley de Universidades. Tal concepto constituye, en realidad, una muy arraigada tradición en el pensamiento pedagógico y universitario venezolano, ya desde mucho antes de la etapa actual de nuestra historia. Son muy pocos los casos de persecución ideológica, filosófica o religiosa que se han producido en las universidades venezolanas, y puede decirse que de 1958 a esta parte ha sido absoluta la ausencia de casos de ese tipo.

24El balance que puede hacerse del ejercicio de la autonomía universitaria a través de la historia venezolana es francamente positivo. Hasta 1958 la autonomía tuvo una vigencia sumamente accidentada, pero sobrevivió como principio muy arraigado, y puede decirse que irrenunciable, en la mentalidad de los universitarios venezolanos. Además, en los períodos del siglo pasado en que realmente se puso en práctica siempre mostró la excelencia de sus frutos.

25A partir de 1958, la autonomía ha tenido vigencia en las más importantes universidades del país, que se rigen plenamente por la Ley de Universidades. No ha sido así en las nuevas universidades, en cuya creación el Estado se ha escudado tras la figura de la experimentación para sustraerlas del sistema autonómico. Sin embargo, en todas ellas ha estado siempre presente el espíritu autonomista, y algunas han logrado su autonomía mediante luchas tenaces libradas conjuntamente por profesores y estudiantes. En otras esas luchas continúan, y es predecible que gradualmente vayan siendo incorporadas a los beneficios del régimen autonómico. Hay que advertir, además, que en estas universidades experimentales lo que más se resiente es la ausencia de autonomía administrativa, en particular en lo concerniente a la elección de sus autoridades, porque en muchos otros aspectos el sistema autonómico sí ha tenido aplicación en ellas, aunque en diversos grados y con variadas interpretaciones.

26El principal problema que el régimen autonómico presenta en las universidades que lo tienen es la excesiva partidización política en muchos aspectos de la vida universitaria, en especial en la elección de sus autoridades. La autonomía, ciertamente, ha logrado sustraer el gobierno universitario de la abusiva injerencia del gobierno político en la conducción de las universidades, pero al mismo tiempo ha permitido una participación excesiva de los partidos políticos, sobre todo en la escogencia de las autoridades de cada universidad. Lo cual se agrava por la circunstancia de que nuestras universidades en realidad son gobernadas por un Consejo Universitario demasiado grande, formado por los rectores, vicerrectores, secretarios, decanos, cinco representantes profesorales, tres estudiantiles, uno de los egresados y uno del Ministerio de Educación. Este organismo es definido en la Ley como "La autoridad suprema de cada Universidad", el cual "ejercerá las funciones de gobierno por órgano del Rector, los Vicerrectores y el Secretario...". De tal suerte que las autoridades electas son realmente ejecutantes de una política impuesta por un organismo colegiado demasiado grande, por cuyo control ideológico y político también se pelean los principales partidos políticos, con el consiguiente caudal de inconvenientes y de vicios que tal hecho genera.

27No obstante todo ello, el balance del ejercicio de la autonomía, como decimos más arriba, ha sido ampliamente favorable, y ha permitido un desarrollo realmente extraordinario de las grandes universidades venezolanas que han funcionado bajo la tradición autonomista. Este balance positivo es independiente del rendimiento académico de cada universidad en particular, y del sistema universitario en general. En este aspecto el balance no es igualmente favorable, pues por muchos factores la calidad de la enseñanza universitaria en Venezuela se ha venido deteriorando en los últimos años, y hoy día deja mucho qué desear.

Auteur

Universidad Central de Venezuela

© Presses universitaires François-Rabelais, 1998

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