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L'Université en Espagne et en Amérique Latine du Moyen Âge à nos jours. I

 | 
Jean-René Aymes
, 
Ève-Marie Fell
, 
Jean-Louis Guereña

VII. L'Université dans la société latino-américaine contemporaine (Pérou et Chili)

Elementos para un balance de la intervención militar en las universidades chilenas

Pablo Berchenko

Texte intégral

1Desde el mismo momento en que se produce el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, una de las primeras cuestiones a las que la Junta militar se aboca es la cuestión universitaria. Si bien ello trae consigo políticas que son reformulaciones de otras anteriores, también introduce algunas que son totalmente inéditas en relación a la autonomía, dirección colegiada, inserción, irradiación, democratización y exclusión universitarias. Desde esa fecha, los militares se atribuyen un poder absoluto en la universidad y cuentan con el período de más largo ejercicio del poder que ningún otro gobierno haya tenido en el presente siglo. La Junta militar tiene, pues, la ocasión de imprimir profundamente su sello en la educación superior. Por eso es que hoy -luego de las elecciones presidenciales de diciembre de 1989- resulta legítimo intentar hacer un balance de la acción de los militares en la universidad. En otros términos, cabe preguntarse acerca de las consecuencias que provocan los hechos relevantes que caracterizan este período y de las condiciones en que queda la educación superior, luego de 16 años de intervención militar.

La represión

2En abierta violación de la autonomía universitaria, desde el 11 de septiembre, militares y policías irrumpen en los locales universitarios e instalan allí un dispositivo de control sobre profesores, estudiantes y empleados. Dispositivo que cuenta con una movilización de tropas en vehículos de transporte, soldados con equipo de campaña estacionados dentro de la universidad, emplazamiento de armas pesadas en puntos estratégicos, aviones y helicópteros atravesando incesantemente el cielo. Este despliegue se realiza para darle consistencia material a una supuesta situación de guerra. Para los golpistas, la afirmación de la existencia de un conflicto bélico, como fenómeno objetivo y palpable, es fundamental. Ello permite justificar el papel hegemónico que los militares se atribuyen, y la necesidad de ejercer un poder sin contrapeso. Los bandos militares de esos días se refieren a las intervenciones en la universidad como si fueran acciones de guerra, que se desarrollaran en un campo de batalla en donde un enemigo es finalmente vencido y hecho prisionero. Esta percepción de lo universitario se justifica a través de la noción de guerra total que se desprende de la Doctrina de la Seguridad Nacional. En este contexto se produce, implícitamente, la marginalización de los civiles y su exclusión de los puestos de decisión. La Universidad Técnica del Estado, el Instituto Pedagógico, en Santiago, el barrio universitario de Concepción - así como otros campus - son ocupados de modo particularmente violento. Centenas de estudiantes y académicos son detenidos. Todavía en 1986, el rector delegado de la Universidad de Concepción aparece encabezando personalmente el ingreso de la policía en el campus. Estos operativos provocan una experiencia traumática en los universitarios. Ellos pesan como una amenaza constante en el desarrollo de la vida académica durante estos 16 años.

  • 1 "No hay conflicto entre la junta y las universidades", El Mercurio, 27-IX-1973, p. 17.

3Luego de los operativos, que son acciones localizadas en un espacio preciso y que se desarrollan en un tiempo relativamente breve, la intervención militar se institucionaliza a través de la ocupación de las rectorías de las ocho universidades del país. Ella comienza el 27 de septiembre, cuando el Secretario de Prensa de la Junta Militar, luego de manifestar el "absoluto respeto de la Junta por las universidades y su autonomía", agrega -contradictoriamente- que la Junta designa a un coronel de ejército como "representante" de la Universidad Técnica del Estado1. Este reemplaza al rector Kirberg, quien ya ha sido internado en el campo de concentración de la isla Dawson. Al día siguiente, la Junta resuelve "decretar en reorganización las universidades de todo el país". Finalmente, la intervención castrense se decreta el 2 de octubre de 1973, a través del nombramiento de rectores delegados. En la Universidad de Chile de Santiago, desde el 6 de octubre de 1973, se suceden como rectores delegados, generales de ejército o comandantes de aviación. En la Universidad Católica de Santiago o de Valparaíso las rectorías son ocupadas por diversos almirantes; en la Universidad de Concepción se designa a un capitán de navio, etc. Dichos rectores se reagrupan en un Consejo cuyas resoluciones tienen el carácter de obligatorias y pueden resolver sobre la supresión, escisión o ubicación de sedes, facultades, carreras, cursos y programas de extensión. Se produce así una interrupción del ejercicio de la participación ponderada de los tres estamentos universitarios en la dirección de la educación superior. En la Universidad de Chile esta situación se comienza a modificar ligeramente sólo a partir de 1986, con la participación ponderada de los académicos. No obstante, al año siguiente el gobierno nombra un rector delegado en contra de la decisión del Consejo universitario. Las protestas masivas de académicos y estudiantes obligan a los militares a destituirlo. Este es la primera quiebra de un sistema de dirección académica que opera a través de camarillas de académicos cobijados a la sombra de un poder absoluto, representado por un oficial ejército.

  • 2 Cf. Franz Hinkelamert, "La ideología de la Junta militar", in Chile bajo la Junta, Editorial Zero, (...)
  • 3 Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, n° 8, año IX, La Habana, 1975.
  • 4 UNESCO, Anuario estadístico 1976 y 1989, París.

4La depuración de académicos, estudiantes y empleados forma parte de los procesos anteriormente descritos. Su objetivo es político y consiste en eliminar cualquier tipo de resistencia a las formas de dominación que se instalan. El proceso se lleva a cabo a través de un discurso que glorifica la marginalización como la aplicación de medidas disciplinarias. Dentro de un cuadro conceptual propio de una guerra fría agudizada al extremo, la depuración se dirige contra aquellos que se califican de extremistas, agentes de la subversión o de la concientización comunista, o el marxismo revolucionario, o los extranjeros indeseables, etc.2. En los dos primeros estamentos la exclusión adquiere un carácter masivo. En un estudio realizado een 1975 se habla de 15.000 estudiantes marginados3. Por otro lado, en los primeros días se dicta el decreto ley n° 6, que declara interino al personal de las universidades estatales. Durante el primer año, la mayor parte de los cálculos hacen fluctuar la cifra de marginaciones de académicos en un porcentaje que oscila en torno al 30%. No obstante, las marginaciones se prolongan durante los dieciséis años de dictadura. Ellas se encubren, luego, bajo el discurso de la racionalización, de la economía de recursos, del apoliticismo, de la excelencia académica, del resguardo del alma universitaria. Las marginaciones se producen a medida que las fluctuaciones de la política universitaria van excluyendo a grupos que van más allá de la izquierda, grupos que apoyaron, en un comienzo, el golpe de Estado. Hacia fines de los 70, va a alcanzar a los demócrata-cristianos, en la medida en que éstos representan un obstáculo para la expansión del poder de los académicos identificados a una derecha conservadora o, neo-liberal ligada a la escuela de Chicago. Fenómeno que culmina en 1980 con la exoneración del filósofo Jorge Millas y, al año siguiente, con la expulsión de 71 académicos de la Universidad Austral. Este largo proceso reduce el personal académico de 22.211 en 1974 a 11.603 en 19854. La precariedad de la función, el constante temor a perder el cargo, obliga a buena parte de los académicos a ocultar sus verdaderas opiniones y a fingir posiciones que están lejos de aprobar. La intervención militar corrompe así todas las formas de relación y de convivencia universitaria, inhibiendo el impulso crítico, creador e independiente que es propio del mundo académico. Esto provoca una pérdida de prestigio del universitario frente al grupo social.

  • 5 "Chili. Dénoncez vos professeurs marxistes", Le Monde, 4 juillet 1985.

5En el seno de la universidad se crean aparatos de tipo represivo. El más significativo es el que se materializa en el establecimiento de un sistema de denuncias de opiniones y actitudes que puedan ser consideradas como contrarias al gobierno militar. Sistema éste que garantiza el anonimato del denunciante. La denuncia es calificada de materia de información reservada, y los miembros directivos de la universidad que las reciben, están obligados a comunicarlas a los militares. En el ámbito universitario aparece, entonces, la presencia de una amenaza difusa, pero constante, que está representada por el potencial denunciante. Este sistema culmina en mayo de 1985, cuando el general Pinochet -en vísperas de una protesta estudiantil- hace un llamado público a los estudiantes para que denuncien a sus "profesores marxistas"5. Por otro lado, la contratación de todo el personal está sujeta a la información que debe entregar el jefe del servicio universitario contratante a la policía política. El contrato sólo puede ser confirmado en el momento en que se recibe el visto bueno de ésta. Por su parte cada rector-delegado cuenta con un comité asesor formado en su casi totalidad por militares de diferentes armas. En 1980, los estudiantes son coaccionados a jurar de que no cuestionarán los reglamentos impuestos por los militares. En el interior del campus se reemplaza el personal de servicio por grupos de guardias armados. Los estudiantes son golpeados y arrestados en lugares de detención que se encuentran dentro de los mismos locales de la universidad. También, fuera de los locales se producen agresiones, detenciones en lugares secretos, vejaciones y torturas en contra de los dirigentes estudiantiles disidentes. El conjunto de estos elementos crea una atmósfera irrespirable de sospechas, odios, resquemores e injusticias. Atmósfera ésta que ha viciado la totalidad de la vida universitaria.

La reestructuración universitaria

  • 6 Cf. Brunner, José Joaquín, "La universidad y la formación de los intelectuales", Mensaje n° 292, s (...)

6La fusión, desplazamiento o eliminación de formaciones profesionales o de centros de investigación que puedan constituirse en núcleos de contestación al poder de los militares, es denominada reestructuración universitaria. Ella es conducida - bajo el amparo de rectores delegados - por académicos ligados al conservadurismo integrista, o grupos de extrema derecha, que habían sido desplazados - democráticamente - de los centros de decisión por las reformas universitarias de 1968. El discurso que apoya estas medidas se basa en la afirmación de que ciertas carreras habían sido creadas sobre criterios no académicos; o que en ellas se habían hecho fuertes elementos vinculados a los partidos de la Unidad Popular; o que habían crecido excesivamente en los últimos dos años. Así, entre septiembre de 1973 y marzo de 1974, serán declaradas en reestructuración la Sede Oriente, o carreras como Ciencias Jurídicas y Administrativas, Servicio Social, Salud Pública, Economía Política, Trabajo Social, Artes y Comunicación, etc. Lo mismo ocurre con la investigación. Es el caso, por ejemplo, del Centro de Estudios de la Realidad Nacional, del Centro de Desarrollo Urbano o del Centro de Estudios Agrarios que serán simplemente suprimidos. Algunos años más tarde, dentro de la misma política, se desarticulará geográficamente la Sede Oriente, desplazando fuera de ella al Instituto Pedagógico, principal centro de contestación estudiantil. Finalmente a comienzos de los 80, los militares excluirán al Instituto Pedagógico de las doce carreras que otorgan grados universitarios. La universidad es convertida así en un instrumento de formación de carácter ideológico de los profesionales. Estos quedan reducidos a una condición de científicos o técnicos cuya identidad es definida por el manejo racional de los medios aplicados a fines decididos por un poder absoluto6, una suerte de "intelectual impune" políticamente hablando.

  • 7 Cf. José Joaquín Brunner y Alicia Barrios, Inquisición, mercado y filantropía. Ciencias sociales y (...)

7Como efecto de las exoneraciones, se produce, extra muros, un desarrollo de centros académicos privados de investigación o de formación. A los existentes antes del golpe, que escapan al control de los militares, se agrega la creación de otros nuevos. En el primer caso se encuentra, por ejemplo, la Facultad Latino-Americana de Ciencias Sociales. Centro que ha mantenido la investigación, enseñanza y difusión de disciplinas que fueron primero excluidas y luego rigurosamente controladas por los militares. También juega un papel central la Academia de Humanismo Cristiano, organismo protegido por la Iglesia. Particularmente notable es el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación que ella desarrolla. Habría que agregar el Centro de Estudios Económicos y Sociales, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, la Corporación de Promoción Universitaria, el Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artística, etc. Todo este rico aporte a la investigación es sostenido, con frecuencia, por un apoyo académico y financiero ligado a universidades y fundaciones extranjeras7. A este fenómeno, se debe relacionar también, toda la investigación que universitarios chilenos han hecho durante estos dieciséis años en otros países. Investigación que se encuentra actualmente dispersa. Todo esto constituye un potencial que será necesario evaluar y recuperar algún día.

8La matrícula universitaria que venía creciendo paulatinamente - 7.846 en 1940; 14.917 en 1950; 24.703 en 1960; 76.979 en 1970; 145.663 en 1973 - alcanza su punto culminante en 1975 con 147.049 inscritos. Luego, cae para alcanzar su punto más bajo en 1980, con 118.878, para recuperarse -levemente- hasta alcanzar las 127.099 matrículas en 1987. La explicación de esta caída se encuentra en la política de disminución de las vacantes en el primer año universitario: de 47.214 en 1973 se reducen a 33.884 en 1986. Esto significa que, en ese último año, un total de 91.636 postulantes quedaron sin matrícula. A lo largo de este período el precio de la matrícula se eleva a ritmo constante. Paralelamente, en el país se da un proceso de disminución de los salarios reales. En 1973, el precio de la matrícula fluctuaba entre 0,50 centavos de dólar y 1 dólar. En 1977 esa misma matrícula había subido a 150 dólares. Este fenómeno ha tenido, sin duda, una incidencia directa en la composición social del alumnado universitario.

  • 8 "Ofrecen invertir mil millones de dólares", El Mercurio, Edición internacional del 10 al 16 de jun (...)
  • 9 "Profesión contrareembolso", Ercilla n° 2176,13-IV-1977, p. 13.
  • 10 "Miscelánea", El Mercurio, 22-V-1977.

9El intento de crear universidades -estatales y privadas- autofinanciadas agrava el elitismo en la composición de la matrícula. Dicha idea se postula ya desde 1974, cuando el ministro de educación - afirma que "todos pagarán lo que realmente cuesta el estudio..."8. En 1977 se anuncia un "sistema de financiamiento de la educación superior [en que] se cobrará el costo real de la docencia a los propios beneficiados [...] el sistema tiende a que el alumnado aporte a su universidad el 50% de los ingresos de ésta"9. No obstante, ese mismo año, el 74,25% de los estudiantes de la Universidad de Chile pone de manifiesto "tener dificultades para cancelar sus matrículas"10. Ya en 1974 se intenta implementar un sistema de préstamos que convierta a los estudiantes en deudores del sistema bancario privado. Ante el fracaso de ese proyecto, es el Estado quien, finalmente, debe crear un sistema de crédito que los estudiantes tienen que empezar a pagar a los dos años de egreso. Pago que, en caso de mora genera un interés penal y en el que sólo la muerte del deudor termina con la deuda impaga. Este crédito, en 1983, se ve obligado a solicitarlo el 70% de los estudiantes.

  • 11 Pía Rajevic, "El mercado de la educación superior", Mensaje n° 367, marzo-abril 1988, p. 105.

10Los rectores delegados, las exoneraciones y la manipulación de los presupuestos permiten a los militares reducir paulatinamente el espacio ocupado por las universidades estatales en beneficio de las privadas. Se comienza, desde 1974, por reducir el volumen de las sedes que éstas tienen en provincia, para proseguir luego, a su separación con respecto a la tutela de la sede central, y se termina con la fusión de algunas de ellas dentro de una misma región. Se procede entonces, desde 1981, a la desarticulación de las universidades de Chile y Técnica del Estado. Estas dos son estatales, y al mismo tiempo, las más importantes del país. Desde 1978 la Universidad de Chile asume el pago de las cotizaciones de sus empleados a las cajas de previsión, y no se le hacen más rebajas por los servicios de agua, electricidad y otros. En 1981 debe pagar las deudas de sus ex-sedes en provincia y en 1986 recibe un 60% menos del aporte fiscal en relación a lo que recibía en 1974. Finalmente, en 1988, el sistema estatal ofrece sólo 28.856 vacantes a los 110.000 postulantes a la educación superior11.

  • 12 En 1973 había 8 universidades en todo el país con 145.663 estudiantes, en 1987 existen 23 universi (...)

11Se introduce en la vida académica mecanismos que son propios del mercado. Esto se hace a través de la creación de un juego de competencia inter-universitaria. Competencia que se encuentra relacionada con la ley de la oferta y la demanda de matrículas. A través del decreto con fuerza de ley de enero de 1981, y desde 1982, los recursos que el Estado asigna a las universidades -en calidad de créditos indirectos- se reparten, de acuerdo con el hecho de que la universidad haya logrado o no matricular a alguno de los 20.000 estudiantes que obtuvieron los puntajes más altos en la Prueba de Aptitud Académica. La diferenciación interna de la universidad se acentúa ya, desde 1981, al liberarse el costo de la matrícula entre las universidades y al establecerse un costo diferenciado entre las carreras. Fenómeno que tiene un efecto disuasivo para los sectores más modestos de la población. Esta medida contribuye a la fragmentación del sistema universitario12, y la oferta de matrículas crece inorgánicamente, sin relación con la estructura del empleo ni de su evolución. Finalmente se acentúa el elitismo en favor de los colegios privados más caros.

12Desde 1982 se viene planteando la posibilidad de crear universidades privadas. Ese año se habían presentado al ministerio de educación cinco proyectos que estaban en estudio y cuatro otros ya estaban aprobados. Estas universidades son privadas y se estructuran dentro de un modelo de tipo empresarial. Ellas son controladas, a través de mecanismos financieros o por la ocupación de puestos directivos, por ex-miembros del gobierno militar. En 1988 existía el proyecto de crear cuatro nuevas universidades. La de Santo Tomás dedicada a las carreras del área humanista y de la salud. Su director sería un empresario del área de la enseñanza privada, y entre sus directores se cuenta a un general de ejército. General cuyo único antecedente académico es haber sido nombrado rector delegado por el general Pinochet. Por su parte, la Universidad Adolfo Ibáñez, también cuenta entre sus fundadores a empresarios privados y a un ex senador del partido nacional (conservador). La Universidad Finis Terrae tendría entre su rector y fundadores a tres ex-ministros del régimen militar y ofrecería las carreras de derecho e ingeniería comercial. En ella impartirían clases algunos miembros del partido gobiernista Renovación Nacional. Entre éstos se encuentra Bruno Philippi, precisamente uno de los ideólogos que en el gobierno promueve la privatización de las universidades. Se crea así una suerte de subsistema universitario ultra-elitista -dado el costo de sus matrículas- a través del cual se renuevan los cuadros civiles de la clase que ha estado en el poder durante estos años de dictadura.

  • 13 Cf. Pilar Vergara y Teresa Rodriguez, Libre marcado y educación técnica postsecundaria: La experie (...)
  • 14 Ibid.

13Se promueve una diversificación y ampliación de la oferta privada al término de la enseñanza secundaria. Desde 1981, la reforma de la educación superior incluye y concede reconocimiento estatal a muchos de los centros privados de educación técnica post-secundaria. Bajo la denominación de Centros de Formación Técnica (CFT) los deja librados a las fuerzas del mercado y la libre competencia. En 1984, la matrícula total del sistema de educación superior comprendía 184.000 estudiantes, de los cuales 45.000 estaban matriculados en los CFT, 109.000 en la universidad, y el resto, en otros institutos profesionales13. Este enorme crecimiento sólo se entiende por el congelamiento de la matrícula universitaria, los altos niveles de desempleo -que explican la demanda por una mayor educación- y la elevada desocupación de profesionales y técnicos altamente especializados. El reconocimiento de estos CFT se produce precisamente luego de que su crecimiento se detiene a fines de los 70 y cae vertiginosamente en los años siguientes. En 1984 el 45% de las vacantes ofrecidas por CFT quedaba sin ocupar14. No obstante, en 1981 los institutos profesionales son autorizados a otorgar toda clase de diplomas para el ejercicio de una profesión, excepto los grados de académicos de licenciado, magister o de doctor. Sin embargo, sus egresados pueden optar a los grados de magister o doctor otorgados por las universidades. La legislación pone de relieve una grave incoherencia, porque ¿quién les otorgará a los egresados de los CFT el grado de licenciados, indispensable para optar a los otros?

***

14Luego del plebiscito del 5 de octubre de 1989 -privatizada ya una buena parte del sistema universitario- los militares aceleran el intento de congelar la situación creada en las universidades estatales a través del nombramiento de planta de todos sus funcionarios. Ante la eminencia del cambio, se produce un reposicionamiento político del personal académico en el interior de las universidades estatales. Una carta de una profesora universitaria, que ha ejercido durante buena parte del período dictatorial, resume así la nueva situación: "Después de habernos tenido a contrata todos estos años han creado la planta para apernar a los apitutados del régimen. Es una ironía. También es chistoso, por decir algo, que muchos están subiendo por el chorro y se han hecho demócrata-cristianos de la noche a la mañana" (30 de noviembre de 1989).

Notes

1 "No hay conflicto entre la junta y las universidades", El Mercurio, 27-IX-1973, p. 17.

2 Cf. Franz Hinkelamert, "La ideología de la Junta militar", in Chile bajo la Junta, Editorial Zero, Madrid 1976, p. 201; y Pablo Berchenko, Populismos y autoritarismo. Alternativas escolares en Chile, 1964-1977, Université de Perpignan, 1983, pp. 177 y sig.

3 Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, n° 8, año IX, La Habana, 1975.

4 UNESCO, Anuario estadístico 1976 y 1989, París.

5 "Chili. Dénoncez vos professeurs marxistes", Le Monde, 4 juillet 1985.

6 Cf. Brunner, José Joaquín, "La universidad y la formación de los intelectuales", Mensaje n° 292, septiembre 1980, p. 499; Marcos Kaplan, "¿Hacia un fascismo latinoamericano?", Nueva Política n° 1, enero-marzo 1976, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, p. 131.

7 Cf. José Joaquín Brunner y Alicia Barrios, Inquisición, mercado y filantropía. Ciencias sociales y autoritarismo en Argentina. Brasil. Chile y Urruguay, Santiago, FLACSO 1987.

8 "Ofrecen invertir mil millones de dólares", El Mercurio, Edición internacional del 10 al 16 de junio de 1974.

9 "Profesión contrareembolso", Ercilla n° 2176,13-IV-1977, p. 13.

10 "Miscelánea", El Mercurio, 22-V-1977.

11 Pía Rajevic, "El mercado de la educación superior", Mensaje n° 367, marzo-abril 1988, p. 105.

12 En 1973 había 8 universidades en todo el país con 145.663 estudiantes, en 1987 existen 23 universidades con sólo 127.000 estudiantes.

13 Cf. Pilar Vergara y Teresa Rodriguez, Libre marcado y educación técnica postsecundaria: La experiencia de los centros de formación técnica (CFT), FLACSO, Documentos de Trabajo, n° 285, marzo 1986.

14 Ibid.

Auteur

Université de Provence

© Presses universitaires François-Rabelais, 1991

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