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¿Representación o participación?

Representación y participación ciudadana en el Ecuador: tensiones y complementariedades

César Montúfar

Texte intégral

  • 1 “Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser elegidos, de presentar proyectos d (...)

1EL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN de Ecuador establece el ámbito y alcance de la participación de los ciudadanos y ciudadanas. No limita la participación al marco establecido por la representatividad, sino que abre un espectro amplio de derechos políticos tanto en la esfera de la participación ciudadana en instancias representativas del gobierno (elegir y ser elegidos; desempeñar funciones públicas) como en otros ámbitos (consultas populares, fiscalización de los actos del poder público, revocatorias del mandato, presentación de proyectos de ley)1. La Constitución ecuatoriana, de este modo, configura un espacio significarivo para que la iniciativa ciudadana incursione en esferas de influencia sobre el poder público. Constitucionalmente hablando, la ciudadanía en Ecuador no se agota en un ejercicio pasivo de derechos y obligaciones; tiene el potencial de proyectarse a esferas que podríamos llamar de ejercicio de una ciudadanía activa.

2Este texto analiza las posibilidades y limitaciones de la participación ciudadana y el involucramiento de la sociedad civil en democracias latinoamericanas en consolidación como la ecuatoriana. Para ello, se parte de un claro distanciamiento de las posiciones antipolíticas que han ganado terreno en Ecuador y en América Latina en los últimos años y se hace un llamado a desarrollar una ciudadanía activa como una herramienta para fortalecer los sistemas democráticos en la región. El texto busca responder varias preguntas: ¿cómo puede fortalecer la participación de los ciudadanos el sistema vigente de democracia representativa? ¿Cuál es la relación más apropiada entre partidos y sociedad civil? ¿Cuáles serían las claves de acción para el ejercicio de una ciudadanía activa en democracias débiles como la ecuatoriana? La respuesta a estas interrogantes conduce a pensar la participación ciudadana como un método para fortalecer la democracia a través de, al menos, cuatro líneas de intervención: 1) la exigencia y ampliación de derechos; 2) el control social y la petición de cuentas; 3) la colaboración y el cogobierno hacia el fortalecimiento de la institucionalidad democrática; y 4) la innovación política. El texto concluye con una reflexión sobre la necesaria articulación entre representación y participación, entre la política representativa de los partidos y la política constituyente de las organizaciones de la sociedad civil, todo ello en la dirección de construir una democracia con la capacidad tanto de producir los resultados que la sociedad demanda como de consolidar una institucionalidad política que garantice las libertades fundamentales y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y ciudadanas.

Espacios y potencial de la participación ciudadana como ciudadanía activa

3Partir de la premisa de que la sociedad civil no puede ni debe ocupar el lugar de los partidos políticos no quiere decir que la participación ciudadana y la ciudadanía no tengan papel alguno que cumplir en el fortalecimiento de la democracia. Para despejar estas interrogantes, debemos reconocer que no todas las iniciativas de participación que provienen de la sociedad civil tienen una orientación democrática. No se trata de promover la participación por la participación pues algunas acciones ciudadanas pueden expresar valores y prácticas autoritarias, anti-políticas, machistas, racistas, etc. Por ello, cuando hablamos de la contribución de la sociedad en los procesos de democratización nos referimos a acciones ciudadanas que promueven la democracia y sus valores, consolidan la institucionalidad y se dirigen a apuntalar el liderazgo democrático. En ese sentido, bien pueden darse casos en que la participación directa de sectores de la sociedad genera procesos de privatización del Estado, valores autoritarios y anti-políticos y prácticas excluyentes, intolerantes, que atentan contra el principio de igualdad política. Por ello, la participación ciudadana en la democracia siempre hace referencia a un campo en disputa política y cultural alrededor de lo público; un campo de disputa que se mueve alrededor de proyectos de inclusión o exclusión de la comunidad política y que trae consigo, implícita o explícitamente, proyectos políticos diferenciados entre los distintos sectores de la sociedad (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006). Despolitizar la acción o participación de la sociedad civil constituye una falacia que desnaturaliza el carácter esencialmente político y cultural de lo cívico y de lo ciudadano (Alvarez, Dagnino y Escobar, 1988).

4En el marco de su potencial democrático, la participación ciudadana se despliega en dos ámbitos de ejercicio de la ciudadanía. El primero se refiere a una ciudadanía pasiva. Este ámbito implica el ejercicio de los deberes y obligaciones básicas de los ciudadanos, a saber: ir a votar (sobre todo en países como el Ecuador en que el voto es obligatorio), pronunciarse en las consultas que les haga la autoridad, pagar impuestos, cumplir con la ley. La ciudadanía pasiva es la más común y la ejercitan de una u otra manera la mayoría de los ciudadanos. En ella, la ciudadanía espera las acciones de la autoridad sin establecer ningún sistema de vigilancia social más allá del establecido; confía que las instituciones satisfagan sus demandas y expectativas sin activar ningún mecanismo de rendición independiente de cuentas. En el esquema de la ciudadanía pasiva, los electores viven la democracia en el momento de ir a votar y forman parte de una tenue opinión pública que influye indirectamente en la acción cotidiana de los gobernantes. La ciudadanía pasiva no tiene otra forma de expresión que aquella que le ofrece el sufragio como instrumento de premio o castigo a las autoridades electas y subsidiariamente la opinión dispersa que puede ejercer a través de los sondeos de opinión (Przeworski, Stokes y Manin, 1988). Por medio de la ciudadanía activa, los ciudadanos y ciudadanas pueden, por momentos, alcanzar una enorme influencia sobre las decisiones de sus representantes. Su influencia, empero, será siempre indirecta.

5El segundo ámbito de participación se identifica con lo que podríamos denominar ciudadanía activa. En esta dimensión, los ciudadanos toman un papel protagónico tanto en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes como en la garantía y satisfacción de sus derechos. Pueden, incluso, ir más allá y constituirse en agentes de colaboración, apoyo e innovación para que las autoridades e instituciones cumplan con los objetivos de toda o una parte de la sociedad. En este ámbito, el ejercicio de la ciudadanía trasciende el espacio de lo que la ley obliga a los ciudadanos, el ámbito de la ciudadanía pasiva, y se centra en, al menos, cuatro líneas de acción: exigencia y expansión de derechos y garantías; control, vigilancia y petición de cuentas; colaboración con la autoridad hacia el fortalecimiento institucional; e innovación política.

6Antes de explicarlas con mayor detalle, precisemos que estas líneas de acción no son excluyentes y pueden presentarse o mezclarse en una misma iniciativa de participación. Igualmente, resulta muy difícil que un solo actor social pueda ejercitarlas todas a la vez. La mayor parte de actores sociales llevan a cabo acciones que pueden pertenecer a una o dos de las direcciones señaladas. De todas formas, estas modalidades de ciudadanía activa comportan procesos de aprendizaje democrático tanto para los actores de la sociedad civil como de la sociedad política. La ciudadanía activa tiene el potencial de desatar no sólo nuevas prácticas de orden político sino renovados marcos conceptuales para comprender la realidad social.

Exigencia y ampliación de derechos y garantías

7Esta es la forma más frecuente de participación activa de los ciudadanos. Históricamente, ha sido uno de los motores principales de expansión y universalización de derechos civiles, políticos y económicos. En la historia ecuatoriana reciente, la movilización de actores sociales alrededor de la promulgación de la Constitución de 1998 tuvo como resultado una significativa ampliación de derechos para minorías y grupos excluidos, así como también, el establecimiento de derechos de tercera generación en el ámbito de los derechos colectivos, derechos ambientales, a la comunicación, a la información pública, etc. Financiada fundamentalmente con fondos locales, esta modalidad de participación ha sido el pretexto para la organización de gran parte de la sociedad alrededor de intereses y demandas específicas. Aquí podemos enumerar desde las organizaciones sindicales y las cámaras de la producción hasta organizaciones indígenas, de mujeres, ecologistas, etc.

8Ecuador es un país con una tradición de temprana expansión de los derechos políticos, sindicales y económicos. Fue el primer país de América Latina que otorgó el derecho al voto a las mujeres en 1929 y fue parte del movimiento continental de desarrollo de los derechos de los trabajadores en la década de los treinta. A este respecto, es importante anotar que en muchas ocasiones, aunque no en todas, la iniciativa de expansión de derechos no vino por la presión de grupos organizados de la sociedad sino como iniciativa de las propias elites en el poder, especialmente en gobiernos militares de facto. No obstante aquello, es evidente que en los últimos años, y allí el liderazgo social del movimiento indígena ha tenido mucho que ver, la sociedad ecuatoriana ha desatado una amplia movilización para la defensa de los derechos adquiridos y la expansión de nuevos derechos, proceso que tuvo su concreción en la promulgación de una muy avanzada carta de derechos en la Constitución de 1998.

9Esta línea de participación tiene el riesgo de tergiversar la participación democrática de la sociedad hacia el logro de privilegios corporativos, institucionalizados o informales, y la proliferación de intercambios clientelares. Con el pretexto de la participación y la capacidad de presión de ciertos grupos existe una pronunciada tendencia a que el Estado ceda recursos e influencia a sectores económicos y sociales organizados y movilizados, decida en función de sus presiones, les permita acceso directo a la toma de decisiones, todo ello quebrantando los derechos y el bienestar de la mayoría y el principio de igualdad política. Todas estas formas de “participación” coartan la autonomía de quienes operan a través de sus redes y reduce la participación política a un intercambio de lealtades por recursos que se canalizan de muy diversas formas. Además, crea y reproduce grupos de privilegio que evaden los mecanismos universales de representación para movilizar sus intereses. Es por ello que estas formas de “participación” pueden distorsionar el funcionamiento de las instituciones democráticas y representativas e, igualmente, pueden contradecir el ejercicio pleno de la ciudadanía en el marco de la democracia. El problema no está en que sectores organizados de la ciudadanía acudan al Estado para canalizar sus demandas e intereses específicos; el problema radica en que aquello se desborde en la institucionalización de prebendas y privilegios para algunos, afectando la igualdad de todos los ciudadanos, erosionando el interés de las mayorías y debilitando las instituciones representativas. No obstante sus riesgos, la exigencia y ampliación de derechos es uno de los canales fundamentales de ejercicio de la ciudadanía activa.

Control social, vigilancia, petición de cuentas a la autoridad

10En esta línea se encuentran un sinnúmero de iniciativas aparecidas en Ecuador y en América Latina dedicadas de manera directa e independiente a hacer efectiva la rendición de cuentas de la autoridad a la sociedad. Observatorios, veedurías, grupos de vigilancia y monitoreo han surgido en variados campos que van desde el pago de la deuda externa, la anticorrupción, los derechos de los niños, la política fiscal, etc., hasta ejercicios de observación independiente de las elecciones y el gasto de campañas electorales. En el caso de Ecuador, la mayor parte de estas iniciativas son financiadas con recursos de asistencia internacional por intermedio de organizaciones locales o son directamente ejecutadas y financiadas por organismos internacionales. La dependencia económica de las veedurías y observatorios en relación con las agencias internacionales abre el siguiente interrogante: ¿estos espacios de ejercicio de una ciudadanía activa se encuentran verdaderamente enraizados en el país o se trata de iniciativas trasplantadas desde afuera y que sólo sobreviven por sus subvenciones económicas internacionales?

11Uno de los principales aportes democráticos de esta forma de participación activa está en la posibilidad de producir información rigurosa y de calidad sobre diversos temas de interés público. Esta información puede ser muy útil para los ciudadanos en la perspectiva de tomar mejor sus decisiones y fortalecer su conocimiento de lo público, pero puede, igualmente, ser de suma utilidad para las instituciones estatales, en la perspectiva de permitirles obtener datos que muy difícilmente obtendrían por los canales normales. Esta información, además, tiene la cualidad de provenir de fuentes independientes y de tener un enfoque plural. Ello puede ser un inmenso aporte para los funcionarios estatales pues les ofrece nuevas visiones y puntos de vista para tomar en cuenta en función de mejorar la calidad de su gestión y corregir errores u omisiones. La ciudadanía posee una capacidad inagotable de producción de información relevante de interés público, los observatorios y veedurías constituyen esfuerzos organizados para que dicho proceso de producción de información guarde niveles de calidad y mantenga un carácter plural.

12Otro aporte significativo de esta modalidad de ciudadanía activa está en su potencialidad para promover formas de mayor comunicación e información desde el Estado hacia la sociedad. Ello permite que la ciudadanía obtenga algún nivel de control social y de rendición de cuentas por parte de la autoridad. Este punto es trascendental, pues las democracias del continente, y ese es un aspecto crítico en el caso de Ecuador, adolecen de canales efectivos de rendición de cuentas y de acceso a la información pública. Los ciudadanos deben opinar, votar, decidir sobre asuntos públicos, muchas veces, en casi total ignorancia de lo que la autoridad hace o deja de hacer. Los canales de información oficial dirigidos a la ciudadanía se limitan casi exclusivamente a la promoción que las autoridades e instituciones hacen de su propia gestión. En muchas ocasiones, esta información está destinada a apuntalar los procesos electorales en los que muchas autoridades buscan la reelección. Por todo ello, la vigilancia ciudadana y el control social, mediante el trabajo de observatorios y veedurías, constituye una de las esferas más importantes de participación ciudadana activa (Peruzzotti y Smulovitz, 2001).

13Por el contrario, y sin que ello sea la intención de las veedurías y los observatorios en marcha, su funcionamiento presenta el riesgo de profundizar la desconfianza ciudadana en representantes e instituciones, alimentando el discurso de la anti-política. Ello es grave, no tanto por el exacerbamiento de posiciones retóricas en contra de las instituciones democráticas y la democracia misma, sino porque en muchas ocasiones las mismas autoridades miran la tarea de observación y veeduría ciudadana como una amenaza a su gestión. El antídoto a este problema es que las veedurías y los observatorios no se proyecten como instancias para-estatales que intencionalmente buscan sustituir a las instituciones existentes en la producción de información y en la promoción de políticas. Si bien ello puede resultar un tanto difícil, la idea es fortalecer la noción de que el trabajo de vigilancia y control social que surge desde la sociedad, está dirigido fundamentalmente a fortalecer y relegitimar la institucionalidad.

14No obstante todos estos riesgos, las funciones de vigilancia ciudadana, control social y petición de cuentas deben partir de una posición de absoluta independencia de los ciudadanos o grupos de la sociedad que las acometen. Sin este requisito, este ejercicio de participación activa puede tergiversarse hasta el punto en el que los ciudadanos son utilizados por la autoridad, y se convierten en apéndices de los intereses de ciertas instituciones o que, en su defecto, el trabajo de observatorios y veedurías se convierte en factor adicional de debilitamiento institucional.

Colaboración, cogobierno y fortalecimiento de la institucionalidad

15Este es un campo poco desarrollado de participación ciudadana. Si bien todas las demás formas de participación activa conducen de una u otra manera a fortalecer la institucionalidad y son formas de colaboración, es preciso destacar que los ciudadanos pueden organizarse y actuar específicamente para alcanzar este propósito. En general, la sociedad ecuatoriana mira a la autoridad y a las instituciones democráticas como fuente de recursos, instancias a las que hay que exigir el cumplimiento de derechos, pero muy poco se trabaja en ideas y proyectos de colaboración con ellas. Sí han existido, empero, varios ejemplos en los que sectores gremiales, organizaciones no gubernamentales y otros grupos de la sociedad civil han promovido acciones dirigidas a colaborar con la institucionalidad como la reforma o el perfeccionamiento del cuerpo legal del país, la creación de condiciones y espacios para la búsqueda de consensos entre políticos y actores sociales sobre temas de interés nacional, la provisión de información calificada o de mejor calidad a instituciones públicas, el desarrollo de campañas cívicas encaminadas a mejorar el ornato de las ciudades, la protección del medio ambiente, la seguridad pública, entre otros temas. Algunos grupos empresariales han invertido recursos en campos asociados con el fortalecimiento institucional. Sin embargo, la mayor parte de las iniciativas en esta línea son financiadas con recursos de la cooperación internacional.

16Un campo que ha ganado relevancia en esta línea de participación activa de los ciudadanos tiene que ver con ejercicios de aplicación de presupuestos participativos: la promoción y funcionamiento de asambleas de ciudadanos encaminadas a la definición de prioridades para las políticas públicas (De Sousa Santos, 2003 y 2004). Todas estas experiencias han sido llevadas a cabo exclusivamente en el ámbito de los gobiernos locales y pudieran considerarse como manifestaciones embrionarias de un cogobierno desde la sociedad que trascendería el ámbito de la mera colaboración con la autoridad. Es más, para varios de sus actores estas estrategias constituyen mecanismos de intervención directa de los ciudadanos que trascenderían el modelo de democracia representativa. Sin exagerar sobre el alcance de estas iniciativas ni menoscabar su valor para acercar las decisiones del Estado a las demandas y expectativas ciudadanas, es necesario ubicarlas como una posibilidad para corregir las deformaciones y limitaciones de las instancias de representación convencional, con el objetivo de complementarlas no de reemplazarlas.

17Otro campo de desarrollo de este tipo de participación se ubica en lo que pudiéramos llamar procesos de regeneración institucional desde la sociedad. Muchas instituciones públicas se encuentran atrapadas por redes de corrupción, la influencia de grupos de presión y de interés que les impiden actuar en función del bien público. Dicho entrampamiento puede incluso bloquear la decisión política de la autoridad y obstaculizar su voluntad de aumentar la calidad y eficiencia del servicio de dichas instituciones estatales. En estas circunstancias, es posible que grupos de la sociedad civil, con el suficiente aval y legitimidad pública, se organicen, y en acuerdo con la autoridad competente, asuman temporalmente la gestión de las instituciones en crisis, desarrollen en ellas procesos de reconversión administrativa, desactiven sus redes de corrupción y las reencaucen en el cumplimiento del bien público. Procesos como este son definitivamente parte de la tendencia existente hacia la privatización de ciertos servicios públicos en donde se canalizan recursos estatales hacia organizaciones privadas sin la respectiva rendición de cuentas. Habría que evitar, en ese sentido, que esta modalidad de ejercicio ciudadano no derive en el relevo del Estado de su función como garante último, responsable y representativo del bienestar general por sectores interesados de la sociedad. Esta modalidad únicamente es válida si contribuye efectivamente al proceso de regeneración y fortalecimiento de instituciones en crisis y al fortalecimiento de la institucionalidad y no opera como pretexto para la colonización del Estado por parte de intereses privados.

18Vale insistir en que toda iniciativa de colaboración ciudadana o de cogobierno está predeterminada por el interés o la visión del actor social que la ejecuta. Ello debe ser tomado en cuenta, dado que la función de las instituciones públicas e instancias representativas es expresar una visión del interés general, el mismo que no coincide necesariamente con el interés de los distintos grupos de la sociedad. Al igual que en los casos anteriores, la colaboración de grupos de la sociedad a las autoridades e instituciones no puede por ningún concepto menoscabar o reducir la independencia y autonomía de los actores sociales involucrados con el Estado. La colaboración debe sentar las bases para una relación constructiva entre gobernantes y gobernados sin que sea utilizada como una puerta de acceso ilegítimo de grupos sociales y económicos a instancias de decisión pública ni para la utilización o cooptación de grupos ciudadanos por parte del Estado. El sentido de esta forma de participación no es la de apoyar a las personas que ocupan cargos de representación por apoyarlas, como un acto de lealtad personal, sino fortalecer la autoridad y el liderazgo democráticos y consolidar la institucionalidad de modo que Estado y sociedad puedan generar relaciones sinérgicas de beneficio colectivo.

Innovación democrática

19Otra de las posibilidades de la participación activa de los ciudadanos es la innovación política. Los partidos y las autoridades electas en funciones se mueven por una lógica de acumulación de poder. Ello hace que su comportamiento tienda a ser más pragmático que basado en consideraciones normativas y que, por lo general, tiendan a poner en práctica lo que da resultado, sin arriesgar. Y es que la política de los partidos y de las instituciones democráticas debe guiarse por la efectividad de sus resultados, lo que implica, además, que deben rendir cuentas de sus acciones. En un momento dado, por canales formales o en momentos de elecciones, deben rendir cuentas de sus actos, del cumplimiento o no de sus objetivos, funciones o promesas electorales. Sus acciones no pueden desligarse del principio de responsabilidad política, pilar del régimen representativo.

20Ello, en definitiva, torna conservadores a los actores representativos, los convierte en esclavos de las prácticas del pasado y los vuelve reticentes a la innovación.

21La posición de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil es muy distinta. Los actores de la sociedad no tienen la presión de satisfacer a nadie más que a sí mismos, a su visión e intereses; no tienen, por añadidura, la presión de que deben presentarse en las próximas elecciones y ganar o conservar puestos de poder. Su responsabilidad es social y no política. Ello quiere decir que rinden cuentas a sí mismos. Al no tener electores, como es el caso de los actores representativos, no están sujetos ni a la competencia electoral ni al principio de control político. Recordemos que se trata de actores constitutivos y no representativos. Las organizaciones que se desenvuelven desde la sociedad civil, en ese sentido, tienen mayor libertad para proponer y para actuar. No dependen de la aprobación externa sino de la generación de consensos internos y de la capacidad de movilización que puedan provocar.

22Esta libertad puede ser aprovechada de varias maneras. Se destaca la posibilidad de imprimir una dimensión normativa a sus iniciativas, asunto que rara vez es posible para la política que exige resultados y es guiada por el pragmatismo. La política democrática se sustenta en ciertos principios éticos que muchas veces son dejados de lado por el real politik; que ello ocurra puede resultar efectivo para los actores que compiten en las elecciones o que luchan por conservar el poder, pero genera un serio déficit ético en el funcionamiento del sistema democrático. La participación de la sociedad, en cambio, tiene la posibilidad de desempolvar aquellos temas éticos y tratar de incluirlos en la agenda pública. Esta práctica puede constituir un eje transversal en sus distintas modalidades de participación en el momento de tratar temas que conciernen a principios y valores democráticos como la tolerancia, el pluralismo, la responsabilidad, entre otros. De esta forma, la participación activa puede contribuir a dotar a la política democrática de un sentido ético y a renovar el compromiso de confianza fundacional que debe unir al Estado con la sociedad, a los representantes con los representados, más allá de concepciones diferentes del bien público o de intereses en conflicto.

23Otro ámbito de innovación política desde el ejercicio de una ciudadanía activa se relaciona con la creación de espacios para la deliberación democrática. Intimamente ligado con el anterior, las democracias modernas requieren de la operación de nuevos mecanismos para el procesamiento de demandas por parte de la sociedad y de comunicación política entre gobernantes y gobernados. Ello implica la innovación en los procedimientos y la inclusión de la ciudadanía en los procesos de deliberación que mejoren la calidad de las decisiones y de los resultados de la democracia misma. Esta capacidad se encuentra totalmente inexplorada en Ecuador. Las propias limitaciones de la democracia representativa hacen más difícil y complejo como también necesario poner en operación mecanismos de deliberación. La deliberación puede ser puesta en marcha en la función de enlace entre participación y representación, podría contribuir a corregir las limitaciones y defectos reductores de la complejidad que tiene la representación y, en últimas, enriquecer la democracia representativa. Si la sociedad, mediante la deliberación, agrega complejidad al impulso reductor y simplificador de la representación, en general, el modelo democrático representativo puede ganar expresividad y legitimidad. Y es que, de acuerdo con Julio Echeverría (1998), la gestión y el gobierno de sociedades complejas requiere de procesos de elaboración de decisiones en los cuales se pongan en juego las capacidades de aprendizaje y de elaboración cognitiva de la sociedad y de los actores que toman las decisiones. En otras palabras: “Activar la deliberación como función complementaria a la participación y a la representación permitiría dar voz a la sociedad, instaurar verdaderos procesos comunicativos y resignificar a la política como la única posibilidad en un mundo secularizado de construir sentido y legitimidad para las decisiones colectivas” (Echeverría, 1998). La democracia representativa tiene limitaciones para la agregación efectiva de demandas y la expresión de los intereses e identidades sociales, las mismas que pueden ser corregidas mediante procesos deliberativos. En suma, la capacidad de innovación política de la sociedad civil puede abrir el marco de nuevos y más democráticos procesos de comunicación entre Estado y grupos sociales, que permitan una operación y funcionamiento más eficaz de las instituciones democráticas y la vigencia plena de los derechos de los ciudadanos.

Reflexiones finales: articulación de la política representativa y la Constituyente

24Los partidos políticos persiguen alcanzar o mantener el poder. Siendo actores representativos, su papel está en procesar el conflicto, sin aniquilar la diversidad; institucionalizar el disenso; expresar, comunicar y articular dentro del Estado las distintas perspectivas e intereses de la sociedad. La lógica partidaria persigue una lógica institucional: produce, reproduce, congela e institucionaliza el poder constituido. La participación activa de los ciudadanos se mueve en una esfera de poder diferente, la esfera constitutiva. Puede contribuir a la institucionalización pero, sobre todo, genera y condensa la energía creativa de la sociedad, la misma que se moviliza a partir de sus necesidades y visiones inmediatas. Mientras el poder representativo debe, por obligación, superar la facción y articular visiones comunes, el poder constitutivo parte de la experiencia plural y particular que existe en la sociedad; moviliza la energía de la diversidad. El uno busca expresar e institucionalizar puntos de vista que expresen el todo, el otro pretende desatar la fuerza creativa de las partes.

25El poder representativo y el poder constituyente poseen una naturaleza diferente pero no son contradictorios. Se mueven en espacios distintos pero deben articularse. El poder representativo funciona fundamentalmente en una lógica de suma cero, de suma negativa. Lo que en un proceso electoral gana uno, lo pierden los demás. Todas las decisiones distriburivas están marcadas por esta lógica fatal. Por el contrario, el poder constitutivo no responde necesariamente a una lógica política basada en sumatorias negativas. La acción ciudadana tiene un inmenso potencial para generar escenarios de relacionamiento político desde los cuales se genera poder colectivo. No es que la representación impida desatar poder colectivo. Es, simplemente, que la sociedad civil se encuentra en mejores condiciones para sumar energías colectivas pues no está de por medio la competencia electoral ni si se trata de intervenciones guiadas por grupos clientelares o corporativos que persiguen intereses contradictorios con los de la mayoría. Jugar desde la particularidad otorga una libertad y un potencial creativo excepcionales. El campo de la responsabilidad social tiene menos ataduras que el de la responsabilidad política. Para la primera, la conciencia es el principal juez; para la segunda, operan mecanismos formales e informales de rendición de cuentas.

26El fortalecimiento de la democracia representativa, a partir del ejercicio de una ciudadanía activa, depende justamente de la articulación de las lógicas políticas representativa y constitutiva. En Ecuador, esta articulación debe darse tanto en el nivel nacional como en el local. Puede darse el caso de que los gobiernos locales ofrezcan mayores oportunidades para ello, sin embargo, trabajar en el ámbito nacional es igualmente necesario. Desde la sociedad, este trabajo debe materializarse no en el intento de asumir funciones representativas sino por medio del ejercicio de una ciudadanía activa que promueva el cumplimiento y la expansión de los derechos, el control social y la petición de cuentas, la colaboración con la autoridad y el fortalecimiento institucional, y la innovación política. En estos cuatro campos de ejercicio activo de la ciudadanía, la participación ciudadana fortalecería la representación. La sociedad puede, desde esta perspectiva, generar una inmensa influencia indirecta sobre los gobernantes, la misma que podría aportar al mejoramiento de la democracia, a la consolidación del liderazgo democrático y de la autoridad legítima, y a un ejercicio pleno de derechos y garantías de los ciudadanos. Sin caer en la trampa de la participación por la participación, ni tampoco renunciando a su capacidad de acción debido a la delegación que han otorgado a sus representantes, los ciudadanos y ciudadanas pueden actuar como agentes de la transformación positiva de la sociedad y el sistema político de Ecuador.

Bibliografía

Alvarez S., Danigno Ε. y Escobar A. (eds.), 1988. Culture of Politics, Politics of Cultures, Boulder, Westview Press.

Constitución de la República del Ecuador, 2000. Art. 26,“De los derechos políticos”, Quito. Gráficas Universal.

Dagnino E., Olvera y Panfichi, 2006. “Para otra lectura de la disputa por la construcción democrática en América Latina”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Maestría en Ciencia Política, Escuela de Graduados, Documento de Trabajo No. 2, Lima, julio.

De Sousa Santos Β. (coord.), 2004. Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa. México: Fondo de Cultura Económica.

De Sousa Santos Β., 2003. Democracia y participación. El ejemplo del presupuesto participativo. Madrid, Ediciones el Viejo Topo.

Echeverría]., 1998. “El modelo democrático: democracia representativa o democracia directa”, p. 7.

Peruzzotti E. y Smulovitz C, 2001.Accountability social: la otra cara del control”. En: Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz (eds.), Controlando la política. Ciudadanos y medios en las nuevas democracias latinoamericanas, Buenos Aires: Temas Grupo Editorial SRL.

Przeworski Α., Stokes & Manin Β., 1999. Democracy, accountability and representation, Cambridge, Cambridge University Press.

Notes

1 “Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser elegidos, de presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser consultados en los casos previstos en la Constitución, de fiscalizar los actos de los órganos del poder público, de revocar el mandato que confieren a los dignatarios de elección popular, y de desempeñar empleos y funciones públicas”. Constitución de la República de Ecuador, Art. 26, “De los derechos políticos” Quito: Gráficas Universal, 2000.

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