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Partir para quedarse

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Geneviève Cortes

Anexo 3: Dossiers complementarios

Texte intégral

Dossier 1. La pobreza rural en Bolivia

1Bolivia es el país más pobre de América Latina, después de Haití. R. Morales (1984), por ejemplo, calculó que en los años 1980, el 80% de la población boliviana podía ser considerada como pobre; de ésta, el 60% eran indigentes y el 20% indigentes extremos, estos últimos representados por la población rural del país. En 1990, se estimaba el porcentaje de familias «pobres» en 71% y en 80% en el medio rural (Franqueville, 1997). Un informe del Banco Mundial de 1991 sobre la pobreza rural en el mundo confirmó el empeoramiento de las condiciones de vida de los campesinos bolivianos «pese a la aplicación del programa de ajuste estructural» (Urioste, 1992:127-133).

2En el censo de 1992, la mortalidad infantil fue del 75°/°° para el conjunto del país, pero del 58°/°° en los centros urbanos y del 94°/°° en el campo (INE, 1993b). En 1994, la tasa de desnutrición en el medio rural (relación peso/edad) fue del 20% en los niños de menos de cinco años, contra el 12% en la ciudad (Franqueville, 1998). Únicamente el 40% de la población boliviana tiene acceso a los servicios de salud, pero el déficit afecta todavía más a los medios rurales, donde se encuentra un médico para 10.000 habitantes, contra 2.564 para el conjunto del país (Franqueville, 1997).

Dossier 2. Ruralidad y migración en Bolivia

3Bolivia sigue siendo un país eminentemente rural. De una población total de 6.344.400 personas en 1992,2.684.000 vivían en el campo, es decir el 48% (INE, 1993b). A manera de comparación, recordemos que en Guatemala la población rural alcanza actualmente el 61%, el 44% en Ecuador, el 30% en Colombia y Perú, y el 27% en México.

4El medio rural concentra una importante población indígena, que se caracteriza por practicar lenguas autóctonas todavía vivas: el aymara en el Altiplano, el quechua en los valles y el guaraní en las tierras bajas. En 1992, en el departamento de Cochabamba, el 74% de la población hablaba el quechua, contra el 84% en 1976. Paralelamente, el español está en fuerte expansión: en 1976, la proporción de «hispanizantes» fue del 68%. Actualmente, el 80.8% de los cochabambinos hablan español (también el aymara se está difundiendo: del 4.3% al 6.4%). Señalemos finalmente que el 18% de la población departamental no habla el quechua.

5A partir de los años sesenta, la Bolivia rural vive profundas transformaciones. La urbanización del país, tardía en comparación con otros países de América Latina, ha conducido a un éxodo hacia las ciudades, sin que por ello se haya vaciado el campo. Entre 1976 y 1992, el crecimiento de la población urbana fue del 4.2% anual, mientras que el porcentaje de la población rural quedó estable con una tasa de crecimiento del 0.09%. Este proceso de urbanización, que se tradujo en el aumento del número de ciudades (49 en 1950; 99 en 1976 y 123 en 1992), concierne especialmente a Santa Cruz (6.4% de crecimiento anual), El Alto de La Paz (9.2%) y algunas ciudades de los valles, como Tarija. Asimismo, los centros urbanos de tamaño medio, es decir de menos de 20.000 habitantes, experimentaron un claro aumento. A nivel nacional, la tasa de crecimiento promedio de la población urbana entre 1976 y 1992 fue del 4.1%. La tasa de crecimiento en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba fue del 6.1 y del 4.6%, respectivamente, mientras que la de La Paz fue del 3.3% (INE, 1993b).

6En cuanto a la ciudad de Cochabamba, la llegada de inmigrantes se aceleró a partir de los años ochenta, para alcanzar un pico en 1986. El peso demográfico de los migrantes pasó del 41% en 1976 al 49% en 1988 (Ledo, 1991). Sin embargo, en el censo de junio de 1992, esta proporción fue del 37%. Dicho de otra forma, la migración hacia la ciudad de Cochabamba ha disminuido.

7A nivel nacional, es el Altiplano que ha sufrido el mayor éxodo (especialmente las regiones de Oruro y Potosí). El departamento de Cochabamba, en cambio, sigue siendo una de las pocas regiones atractivas del país, fenómeno debido en parte al boom de la coca en las zonas tropicales. Según el censo de 1992 (INE), la migración representa el 21% del crecimiento demográfico de este departamento, mientras que los nuevos residentes representan el 8% de la población total. La mayoría de los inmigrantes del departamento de Cochabamba provienen de Potosí, Oruro y La Paz. No obstante, el departamento de Santa Cruz sigue siendo el más atractivo del país. Los inmigrantes han contribuido al 38% de su crecimiento demográfico, representando el 18% de la población.

8Al interior del departamento de Cochabamba, las zonas de altura (provincias Ayopaya, Tapacarí, Arque y Campero) experimentan una disminución de su población en valores absolutos. Las zonas intermediarias de los valles indican una población estable o un leve aumento. En cambio, las provincias tropicales del Chapare y de Carrasco muestran un fuerte crecimiento, con una tasa anual superior al 2%. Por lo tanto, hubo una transferencia de población de las zonas de altura y de los valles hacia las zonas tropicales.

9Actualmente, la provincia del Chapare agrupa al 15% de la población rural del departamento, es decir a la proporción más importante. En 1990, el 82% de los residentes del Chapare eran originarios del departamento de Cochabamba, con una fuerte proporción proveniente de los valles (51.2%) y, en particular, del Valle Alto (17%) (Pizarro, 1991). Sin embargo, las regiones del Altiplano afectadas por la crisis económica y las fuertes sequías de los años ochenta, y en especial por el cierre de las minas del Altiplano en 1986, no han escapado a la emigración hacia las zonas de coca. Entre 1975 y 1987,25.000 familias de las regiones de La Paz, Oruro y Potosí abandonaron sus pueblos, lo que corresponde al 42% de los inmigrantes del Chapare (Aguilo, 1987b: 55-56).

Dossier 3. Un viejo debate: ¿el fin del campesinado?

10Este estudio se inscribe en un debate teórico, ya antiguo, sobre el devenir de las sociedades campesinas en el contexto de la industrialización, la modernización y actualmente de la globalización de las sociedades contemporáneas. Desde el principio de los años sesenta existe abundante literatura sobre este tema. Esquemáticamente, se oponen dos tipos de interpretación:

11Según la teoría marxista, el campesino es percibido como una categoría «residual» cuya expulsión es una condición del desarrollo del capitalismo. La generalización de la migración temporal, y especialmente la migración definitiva, es sólo la expresión de este proceso sociohistórico (Heynig, 1982). En los enfoques de filiación marxista (teorías de la dependencia y del desarrollo desigual), la migración es la expresión de la desestructuración -aunque no de la desaparición- del campesinado, que es mantenido «útilmente» en un estado de pobreza, de dominación y de subdesarrollo (Meillassoux, 1975; Amin, 1976). Así, según un estudio de 1987 (JUNAC), el 65% de las familias campesinas del país viven en condiciones de infrasubsistencia. Según la clasificación de P. Schejman, el 75% de la economía campesina boliviana estaría en «descomposición» (el umbral de «descomposición» está definido por la importancia de los ingresos extra agrícolas y especialmente de los ingresos generados por la emigración: cuando éstos representan un mínimo de 50% de los ingresos familiares, la unidad agrícola es considerada en «descomposición»).

12Según las teorías «neoclásicas» de los años cincuenta y sesenta, como por ejemplo el modelo gravitario de E. C. Ravenstein (1985) o el modelo «transicional o difusionista» de W. Zelinski (1971), los desequilibrios económicos y demográficos que marcan la organización del espacio, son factores determinantes de la migración. Ésta sería una consecuencia de la presión demográfica (Mac Neill y Adams, 1978) o también de las diferencias de los salarios entre zonas de un nivel de desarrollo desigual (Harris y Todaro, 1970). La emigración rural sería un mecanismo de equilibrio favorable al desarrollo del «sector moderno urbanizado e industrializado», el cual, al captar el excedente de mano de obra del campo, conduciría al mismo tiempo a una modernización e intensificación de los sistemas productivos agrícolas (Lewis, 1954).

Dossier 4. La cuestión agraria en la región de Cochabamba

13En la región de Cochabamba, la cuestión agraria muestra características específicas en relación con el resto del país. La configuración de los espacios rurales de esta región fue particularmente afectada por la Reforma Agraria de 1953. En realidad, el desmantelamiento de las haciendas tuvo lugar mucho antes de la implementación de la reforma, dando lugar al surgimiento de un sector campesino independiente (los «piqueros»). G. Rey Giraud, retomando un estudio realizado en esta zona en 1948, subraya, por ejemplo, que la hacienda Chullpas situada en el Valle Alto y que contó con una superficie inicial de 1.200 ha, fue dividida en 260 predios agrícolas en menos de un siglo y medio. Justo antes de la Reforma Agraria, el 76% de estos predios pertenecían a pequeños propietarios campesinos, algunos también aparceros. El tamaño promedio de la pequeña propiedad familiar era muy reducido: el 86% de las familias cultivaban menos de 3 ha (Rey Giraud, 1987: 52).

14Como herederos de una vieja tradición de lucha por la tierra, los campesinos de los valles de Cochabamba fueron los iniciadores de la revolución agraria de 1953. El primer sindicato agrario del país fue obra de los colonos de una hacienda del Valle Alto (la de Santa Clara), los cuales con la ayuda del Partido Político Revolucionario y profesores de la zona, obtuvieron mediante un decreto presidencial no solamente el derecho de organizarse en sindicatos, sino también el de alquilar las tierras de la hacienda y, posteriormente, de comprarlas. La Reforma Agraria fue declarada y celebrada en uno de los pueblos del Valle Alto (Ucureña), situado a 25 km de los pueblos de Santa Rosa y Arbieto (Barnes de Marschall y Torrico, 1973; Dandler, 1986).

15La estructura agraria de la región sufre todavía hoy en día una desigual distribución de las tierras, con el fraccionamiento de la propiedad de la tierra en las montañas y los valles, así como predios agrícolas de tamaño medio o grande en el Altiplano (en promedio 20 ha). En la región tropical del Chapare, a partir de los años sesenta las tierras fueron distribuidas por el Consejo Nacional de Colonización (CNC) en el marco de las políticas de colonización del Oriente. Aunque una pequeña parte de estas tierras fueron distribuidas con motivo de la colonización dirigida, colonos provenientes de las tierras altas se apropiaron de la mayor parte de manera espontánea mediante el pago posterior de una cuota mensual (Rivière, 1981; Reye, 1987). Una parte de estos colonos se dedica actualmente al cultivo de la coca.

16En Bolivia, la cuestión agraria tiene más que nunca actualidad. Con la Ley INRA de 1996, de acuerdo a los principios de la liberalización del mercado de la tierra, ésta se convierte en un bien alienable (excepto en el caso de determinadas tierras colectivas). Estas nuevas disposiciones no carecen de problemas en términos de derecho territorial. Por ejemplo, el «Proyecto Tierras Bajas del Este», financiado parcialmente por el Banco Mundial a partir de 1992, ha previsto en el plazo de cinco años el aprovechamiento de más de 300.000 ha de soya y trigo en el Oriente, en tierras ocupadas por comunidades indígenas (Franqueville, 1997). Desde su implementación, la Ley INRA es objeto de fuertes críticas por parte de los diferentes actores involucrados y particularmente por los sindicatos. En octubre de 1996, 40.000 campesinos iniciaron una marcha de 30 días, reivindicando, entre otros, el rechazo a la libre venta de las tierras.

Dossier 5. Coca, cocaína y lucha antidroga en Bolivia

17En América Latina, Bolivia no es el único país productor de hojas de coca y de pasta base de cocaína (ésta es el resultado de la primera fase de elaboración del clorhidrato de cocaína, cuyo principio consiste en pisar las hojas de coca secadas y mezcladas con diversos productos químicos). Con aproximadamente 70.000 ha de coca destinada al narcotráfico, Bolivia se encuentra en segundo lugar después de Perú, donde según las estimaciones existen 120.000 ha sembradas, 80.000 ha sólo en el Alto Huallaga. Las superficies pasaron de 75.000 ha en 1979 a 220.000 en 1989 (Labrousse, 1991b). Desde los años noventa, Colombia emerge igualmente como país productor de hojas de coca, tratando de asegurar la autonomía de abastecimiento en materia prima de la cocaína. Las plantaciones de coca están situadas en el Este del país, especialmente en la región de la Marraceña.

18Desde los años ochenta, el cultivo de la coca destinada al narcotráfico, así como todas las actividades inducidas de transformación (transporte, «pisa», etc.), constituyen un medio de supervivencia para un gran número de bolivianos, especialmente en las zonas rurales. Estas actividades se han desarrollado en el Chapare, a donde llegan trabajadores temporales en los periodos de cosecha. A la fecha de nuestra investigación, los jornales usuales en el Chapare eran los siguientes: desmonte, quema y siembra (8 a 10 Bolivianos por día), cosecha de arroz (en productos, en dinero o una combinación de los dos), cosecha de coca (el pago, que depende del número de surcos cosechados por el trabajador agrícola, fluctúa entre 8 y 12 Bolivianos por día) y pisa de coca (entre 20 y 20 Bolivianos por noche).

19La lucha contra la droga desencadenada a partir de 1985 por las instancias internacionales, Estados Unidos y los gobiernos de los países productores, plantea la pregunta por la legitimidad de la intervención y de la erradicación frente a un producto como la coca, que durante mucho tiempo era percibida como una droga. Los efectos de la coca sobre el organismo siempre han sido objeto de múltiples debates. Su masticación provocaría una reducción de la sensación de hambre y acentuaría la vulnerabilidad de la población frente a la desnutrición. Un médico italiano precursor en la materia, P. Mantegazza, publicó en 1859 Sobre las virtudes higiénicas y medicinales de la coca (Saignes et al, 1992). En 1975, el antropólogo R. Burchard demuestra igualmente la gran riqueza nutricional de la hoja de coca en elementos vitamínicos (calcio, fósforo, hierro, etc.) y la importancia de 13 alcaloides, entre los cuales uno favorece la asimilación de los carbohidratos, que constituyen la base del régimen alimenticio andino (Saignes et al, op. cit.). Sin embargo, no existe ningún estudio reciente que haga consenso sobre la cuestión de los aportes nutricionales de la coca (Carter y Mamani, 1986; Quiroga, 1990). Sin embargo, aparte de los indiscutibles efectos sobre el organismo (aumento de la capacidad de resistencia, regulación del ritmo cardiaco, corta el hambre, etc.), la coca no puede ser considerada como una droga. En este sentido, es muy parecida a plantas como el café o el té. La cocaína, en cambio, es el resultado de un largo proceso químico de transformación que libera y aisla los alcaloides de la hoja de coca. Sus efectos sobre el organismo, y la dependencia que conlleva, la convierten en droga propiamente dicha.

20En los años ochenta, se implementaron acciones de lucha contra la extensión del cultivo de la coca en la región del Chapare. Los primeros acuerdos de cooperación entre los Estados Unidos y Bolivia estaban relacionados con la reducción de las plantaciones de coca, que datan de 1975. Un primer proyecto piloto fue lanzado en 1974 y prolongado en 1980. De éste nació el Proyecto de Desarrollo Chapare-Yungas (PRODES), agencia interministerial creada para la sustitución de los cultivos de coca, con asistencia técnica y financiera de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). La legislación fue revisada en 1976, estableciendo un «Plan de Desarrollo Integral» para el Chapare, que fue interrumpido por el golpe de Estado de García Meza en julio de 1980. Bajo el gobierno de V. Paz Estenssoro se llevaron a cabo las primeras verdaderas negociaciones entre los Estados Unidos y Bolivia, que después fueron relanzadas por J. Paz Zamora.

21Paralelamente a las acciones de erradicación de la coca fueron implementados programas de desarrollo alternativo, cuyo financiamiento proviene principalmente de USAID. Estos programas apuntan al mismo tiempo al desarrollo y a la reconversión agrícola de la región del Chapare (con la búsqueda de cultivos «alternativos»), pero también a una mejora de los equipamientos y de la infraestructura regional (agua, electricidad, escuelas, hospitales, caminos, etc.).

Dossier 6. La migración internacional de los bolivianos

22La migración internacional de los cochabambinos se inscribe en una vieja tradición regional que se remonta a principios del siglo xx, con la atracción, en primer lugar, de Chile. Las salidas de los campesinos de los valles hacia este país y después de regiones mineras del Altiplano, supuestamente originaron el pacto campesino-minero que permitió la movilización de la población durante la Revolución Nacional de 1953. Los «campesinos-mineros» nunca habrían cortado los lazos con sus parientes cercanos o alejados de las zonas rurales de los valles. Por esta razón, los rumores y testimonios respecto a las condiciones de trabajo extremadamente difíciles en las minas, las masacres de mineros y sus intentos de sublevación, habrían contribuido a la sensibilización de la población de los valles, la cual algunos años más tarde se movilizó para la Revolución Nacional y la Reforma Agraria de 1953 (Larson, 1992: 382-383).

23A partir de los años 1920-50, Argentina se convirtió en el país más atractivo para los bolivianos. Numerosos estudios tratan de la inmigración de poblaciones originarias de los países limítrofes a Argentina (Alfaro, 1981; Balan, 1985; De Marco, 1986; De Marco y Sassone, 1994; Foucher, 1972 y 1977; Gurrieri; 1991; Ramos, 1993; Rapado, 1982 y 1989; Mauid, 1995).

24La migración de bolivianos hacia Argentina ha sido objeto de sucesivos intentos de evaluación. Según los datos del Ministerio del Interior argentino, en 1895 ya se contaba con 7.400 bolivianos en territorio argentino, el 90% en la región de Salta y Jujuy. En los años cincuenta, las diferentes fuentes convergieron hacia un total de aproximadamente 50.000 bolivianos en Argentina (Reborrati, 1988; Celton, 1995), la mayoría encontrándose en la región de Salta. Según C. Reborrati (op. cit.), el 30% de los migrantes temporales agrícolas que salen a trabajar en esta región, se quedan en el país.

25En los años setenta, la estimación de la población boliviana residente en Argentina varía por el factor cinco, según el origen de las fuentes disponibles, es decir entre 98.000 y 600.000 personas (De Marco, 1986; Dandler y Medeiros, 1985; Foucher, 1972 y 1977; Celton, 1995). En 1975, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicó estimaciones mucho más elevadas: 715.000 bolivianos migraron hacia países de América del Sur, el 69% hacia Argentina (Creton, 1976).

26En los años ochenta se censaron oficialmente 120.000 residentes bolivianos en Argentina (Celton, op. cit.). Cruzando múltiples fuentes, G. M. De Marco llega a una estimación similar, es decir a 134.000 personas. Según los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Migración argentina, de 430.000 permisos de residencia permanente extendidos entre 1980 y 1990, el 86% fueron otorgados a migrantes originarios de países limítrofes (Russo, 1993). Las estimaciones del censo argentino de 1991 muestran que los movimientos migratorios de bolivianos hacia Argentina se mantienen a un ritmo sostenido. En 1991, están registrados aproximadamente 144.000 inmigrantes nacidos en Bolivia (contra 118.000 en 1980), es decir, casi el 9% del total de la población no originaria de Argentina (INDEC, 1997). Hay que reiterar que estos datos no tienen en cuenta a los migrantes ilegales que, según las estimaciones de los diversos organismos consulares argentinos, oscilan entre 500.000 y 700.000 personas.

27Los flujos migratorios de bolivianos hacia los Estados Unidos son más difíciles de evaluar por ser más recientes. Bolivia no escapa al fenómeno de atracción de los Estados Unidos que se está difundiendo en el conjunto del continente sudamericano. Según los censos norteamericanos de 1970 y 1980, el número de inmigrantes de países de América del Sur se duplicó en el lapso de diez años. Durante el decenio siguiente, los flujos no dejaron de crecer: el número de migrantes permanentes de origen sudamericano se multiplicó por 1.2 entre 1980 y 1990, y el de los trabajadores temporales por 3 (OECO/OCDE, 1992). Las políticas de inmigración de los Estados Unidos han contribuido fuertemente a este incremento. Como consecuencia de la enmienda sobre migración de 1986 que favorece el acercamiento familiar, los flujos de inmigrantes han superado ampliamente las previsiones de la administración norteamericana: 90.000 personas, entre las cuales numerosos sudamericanos, han entrado en el territorio en el transcurso de la década siguiente, en vez de las 45.000 personas anunciadas (Body-Gendrot, 1991).

© Institut français d’études andines, 2004

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