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Los movimientos sociales en las democracias andinas

 | 
Julie Massal
, 
Marcelo Bonilla

Contextos y figuras de la movilizacion social

Teoría democrática, democracia política y movimientos sociales: elementos para una revisión crítica del cambio político en las sociedades andinas

Pablo Andrade

Note de l’auteur

Note portant sur l’auteur1

Texte intégral

Introducción

1Las sociedades andinas, al igual que la mayoría de las sociedades latinoamericanas, atraviesan por intensos procesos de reconfiguración y reordenamiento en/de las formas que las instituyen como sociedades políticas. Cuatro mutaciones definen los límites en los que el cambio político, en la región andina, ha tenido -y continuará teniendo- lugar, a saber: la desarticulación y rearticulación en las relaciones entre Estado, economía y desarrollo social; el intento de recrear la sociedad política bajo la forma de la democracia política; la conformación de un espacio institucional financiero transnacional que limita fuertemente la soberanía nacional sobre los capitales locales; y el incremento de la desigualdad económica a niveles sin precedentes históricos. Este ensayo examina el intento de recrear las sociedades políticas en los Andes como un movimiento social que implica una política y una teoría de la democracia particulares.

2El enfoque, aquí adoptado, emplea selectivamente elementos de la teoría sobre los ‘Nuevos Movimientos Sociales’. De ésta retengo su concepción de que los cambios sociales, culturales y políticos contemporáneos son resultado de la acción de agentes sociales y políticos que ejemplifican y avanzan nuevas identidades colectivas, en la medida en que instituyen “prácticas culturales y políticas mediante las cuales... nuevas formas de vida se ponen a prueba, y se prefiguran nuevas formas de comunidad” (Carroll 1997: 16-17). Dejo de lado, sin embargo, la noción de que los movimientos sociales contemporáneos expresarían necesariamente un cambio de orientación desde una política, que tiene como centro al Estado, y la extensión de la seguridad social hacia una nueva política de participación, autorealización individual, calidad de vida y derechos humanos (ídem). De igual manera, tampoco comparto el supuesto de la teoría de los nuevos movimientos sociales de que éstos necesariamente buscan extender la esfera pública, transformar relaciones sociales jerárquicas e instrumenta-lizadas, y que por tanto llevan a democratizar la sociedad civil (Habermas 1987: 392 y ss).

3Esas proposiciones acerca del carácter no estado-céntrico y eminentemente democratizador de los movimientos sociales contemporáneos han sido criticadas como derivadas de las cegueras etnocéntrica y culturalista de la teoría de los nuevos movimientos sociales (Carroll 1997: 18). El etnocentrismo de la teoría de los nuevos movimientos sociales emerge de la sobregeneralización de la historia europea de la segunda postguerra; su reduccionismo culturalista se origina al desechar el análisis de economía política. Sobregeneralización y reduccionismo que llevan a la teoría a suponer como no problemáticas a las relaciones entre una forma social históricamente específica, la democracia, y las condiciones sociales, políticas y culturales necesarias para la emergencia de los nuevos movimientos sociales.

4Una breve mirada histórica muestra que incluso en las democracias anglosajonas ‘maduras’ (Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos) y en las democracias continentales europeas desde la segunda postguerra, la existencia de actores colectivos que impulsan políticas de resistencia cultural, identidad y ‘empoderamiento’ de los ciudadanos depende de trayectorias históricas específicas (Rueschmeyer, Stephens y Stephens 1992: 82-83). De igual manera, se puede argumentar que las trayectorias históricas de las sociedades políticas andinas han creado una ausencia sistemática del tipo de transformaciones requeridas para que pueda establecerse una complementariedad mínima entre las instituciones políticas de la democracia representativa, la vigencia de la igualdad ante la ley (derechos y libertades) y una justicia social básica.

5En las condiciones de desigualdad social, económica y política que prevalecen en las sociedades políticas andinas, y a la luz de su pasado reciente, es posible imaginar movimientos sociales que al mismo tiempo que desarrollan nuevas identidades colectivas y nuevas formas de vida, impulsan una política centrada en torno al Estado que tiende, incluso, a la reducción de la sociedad civil a lógicas de jerarquización, instrumentalización y regimentación de las libertades individuales y colectivas. La democracia política sería una de tales nuevas identidades colectivas y formas de vida, y la forma en que se la desarrolla como propuesta de transformación social, el movimiento central para el tipo de cambios políticos que han ocurrido en la región en los últimos quince años.

6La perspectiva que propongo supone discriminaciones conceptuales que no son necesariamente evidentes. En primer lugar, no es posible asumir fácilmente que las organizaciones de los movimientos sociales (OMS) corresponden nítidamente a la anatomía, por así decirlo, de los movimientos sociales en sí. Estos últimos se establecen en una pluralidad de organizaciones que se mueven entre sí y con respecto a aquellas otras organizaciones que, más o menos arbitrariamente, se representan como fuera de los límites del movimiento social; sin embargo, los movimientos sociales constituyen algo más que un conjunto de organizaciones, incluyen otros elementos tales como: teorías políticas, ideologías, prácticas simbólicas y modos de socialización (Magnusson 1997). La segunda distinción pertinente es entre la concepción de la democracia como un sistema político, esto es como un conjunto de instituciones mediante las cuales se ejerce la representación política y son procesadas las decisiones políticas; y por otro lado, la democracia en cuanto modo de organizar, concentrar y distribuir el poder en una sociedad, esto es la democracia como forma social.

  • 1 No sólo en el sentido de que la teoría empírica de la democracia ejerce un consenso ideológico, sin (...)

7Teniendo en cuenta esas distinciones conceptuales, cabe sostener entonces que el movimiento por la democracia política en la región es impulsado por un conjunto de organizaciones tales como: partidos políticos, organizaciones que representan a otros tipos de movimientos sociales, grupos de interés, organizaciones no gubernamentales, organismos académicos y medios de comunicación social. De igual forma, es posible argumentar que la teoría de la democracia política es parte de ese movimiento en la medida en que informa las acciones de sus actores colectivos u organizaciones1. El ensayo describe esos actores en términos generales y profundiza en la crítica a la teoría de la democracia como democracia política.

La política de los demócratas

8El movimiento por la democracia política en la región andina puede caracterizarse como un intento de las élites políticas (‘nuevas’ y ‘viejas’) por construir/re-construir/fijar relaciones de poder que reduzcan el campo de lo político a dos ejes: primero, la igualdad ante la ley, y segundo, la competencia electoral. Este movimiento ha efectuado extensas transformaciones en la constitución de lo político en los países de la región.

  • 2 Para una discusión sobre la relación entre derechos constitucionalmente protegidos (derechos consti (...)

9En el transcurso de la década del noventa los países andinos han experimentado mayores transformaciones políticas a lo largo de líneas comunes. En primer lugar, los países andinos han adoptado nuevas constituciones, habiendo sido éstas redactadas y aprobadas por asambleas constitucionales, constituidas mediante elecciones y con representación, tanto de partidos políticos, como de organizaciones de movimientos sociales. En segundo lugar, esas nuevas constituciones y asambleas constituyentes se han representado como momentos fundacionales de la sociedad política. Finalmente, todas las nuevas constituciones han consagrado la integración de demandas no-liberales en tanto que derechos constitucionales2, entre otras: ampliación en la definición de derechos humanos, inclusión de derechos colectivos, extensión de la noción de libertades individuales hacia los llamados derechos sociales y económicos, representación en el Estado en el nivel local, regional y nacional de organizaciones políticas específicas distintas a los partidos políticos, etc.

10La variedad de métodos empleados para efectuar esos cambios (p.ej.: autoconvocatoria de la sociedad civil en Colombia, golpe de Estado por el ejecutivo en Venezuela y Perú, golpe de Estado parlamentario en Ecuador) no debería confundirnos acerca de la presencia de otras dos constantes esenciales. En primer lugar, las credenciales democráticas de esos procesos han sido ampliamente establecidas, cualquiera que sea el mecanismo adoptado en un determinado país, éste fue invariablemente calificado como ‘democrático’; los actores de esos cambios se han autodenominado ‘demócratas’; y la legitimidad del orden establecido se ha fundamentado en el ejercicio del derecho del pueblo (el demos) a autogobernarse. En segundo lugar, los cambios políticos así efectuados han dejado relativamente intactas las relaciones de poder en la sociedad. Las élites no sólo que han retenido firmemente el control de la toma de decisiones sino que incluso lo han ampliado —salvo por notables excepciones en el nivel local—; la incorporación de nuevos actores políticos a la competencia electoral y la toma de decisiones han sido limitadas; al mismo tiempo se ha incrementado la presión de los sectores populares por hacer valer sus demandas como legítimas. La contradicción entre esos dos hechos, cambio político democrático y fortalecimiento de controles no democráticos, ha confrontado a políticos, intelectuales y académicos de la región con la necesidad de explicar la paradoja. Dos tipos ideales de explicaciones parecerían haber ganado el mayor número de adeptos.

11Por un lado, están las interpretaciones que ponen énfasis en la novedad de los cambios políticos, y por tanto en la necesidad de efectuar adaptaciones técnicas, es decir de ingeniería constitucional y política, que permitirían a las nuevas democracias andinas evolucionar dentro de los marcos constitucionales recientemente establecidos. Estas interpretaciones, podrían denominarse ‘liberal-optimistas’ en la medida que confían en que una vez establecidas las reglas del juego, y constituido el orden político como un campo neutral, con el tiempo, y supuesto un cierto mínimo de estabilidad política, la intensidad de las demandas populares disminuirá, sea porque son procesadas o porque simplemente serán reemplazadas por demandas y presiones diferentes.

12Un segundo conjunto de proposiciones resalta los desafíos que las nuevas democracias enfrentan en la construcción de sociedades civiles autónomas y democráticas, el papel que en la resolución de esos retos juegan organizaciones e ideologías locales, nacionales, internacionales y globales, así como la necesidad de ampliar la participación política, fortalecer la legitimidad del orden establecido, y disminuir la distancia entre las formas establecidas de representación política y las fuerzas sociales con capacidad transformadora. Este segundo conjunto de perspectivas, que podrían llamarse ‘críticas’, a pesar de su heterogeneidad conceptual y de orientación política, coinciden sin embargo en la necesidad de establecer acuerdos que permitan construir un orden político basado en la negociación entre élites y sectores populares políticamente organizados.

13A pesar de las diferencias de todo tipo (ideológicas, conceptuales, prescriptivas, etc.) entre los dos conjuntos de interpretaciones, éstas son compatibles e incluso complementarias en tanto que evaden el problema de pensar a las democracias andinas como algo más que democracias realmente existentes, es decir como democracias políticas. Las diferencias entre las posiciones liberal-optimistas y las que he llamado ‘críticas’ se construyen a partir de un acuerdo generalizado, no necesariamente explícito, en cuanto a cuales son, o deberían ser, “los elementos esenciales de la democracia” en tanto que práctica institucional dominante (Whitehead 1997: 124). En la medida que tal consenso asume una definición minimalista o procedural de la democracia es imperativo analizar críticamente la teoría política que lo informa.

La teoría empírica de la democracia

14El sentido establecido de la democracia como democracia política tiene sus raíces en los trabajos de Schumpeter, Dahl, y Sartori, que en conjunto establecen las bases conceptuales para una teoría empírica de la democracia. En su formulación más estricta, la teoría empírica de la democracia distingue entre conceptos, procedimientos y principios operativos. En el nivel conceptual “el rasgo esencial, constitutivo, de la democracia sería la existencia de una categoría amplia de ciudadanos, quienes pueden pedir el rendimiento de cuentas a los gobernantes por sus acciones públicas mediante la competencia y cooperación de los representantes electos” (Whitehead 1997: 124). Toda vez que se acepta esta definición conceptual, la ortodoxia ha establecido un conjunto de procedimientos que se consideran necesarios, aunque no suficientes, para la persistencia de una democracia. Esos procedimientos democráticos mínimos son (Dahl 1997):

  1. El control de las decisiones políticas gubernamentales está constitucionalmente investido en oficiales públicos.

  2. Los oficiales electos son escogidos en elecciones frecuentes, justas y ausentes de coerción.

  3. Prácticamente todos los adultos tienen derecho a votar en la elección de oficiales.

  4. Prácticamente todos los adultos tienen derecho a competir por las oficinas electivas del gobierno.

  5. Los ciudadanos tienen derecho a expresarse sobre asuntos políticos sin correr el riesgo de castigos severos.

  6. Los ciudadanos tienen derecho a buscar fuentes alternativas (no-gubernamentales) de información. Aún más, tales fuentes alternativas de información existen y se encuentran protegidas por la ley.

  7. Los ciudadanos tienen derecho a formar asociaciones u organizaciones relativamente independientes, incluyendo partidos políticos o grupos de interés.

15Si tales procedimientos mínimos se cumplen, sostiene la teoría, los principios operativos de un régimen democrático reflejarán el “consenso contingente de políticos que actúan bajo condiciones de incertidumbre limitada” (Schmitter y Karl 1993, citados en Whitehead 1997: 125).

16El realismo político extremo de la última de las afirmaciones citadas, ha sido justificado en términos filosóficos por Giovanni Sartori (1995: 101-103). Los procedimientos democráticos, según Sartori, permiten realizar el componente esencial de la democracia liberal, cual es la protección del pueblo (el demos) de la tiranía, y en el largo plazo la implantación del poder del pueblo libre. De esta justificación filosófica se deduce, entonces, que siendo la protección del pueblo el componente esencial, necesario y universal de la democracia, ésta puede entenderse en tanto que forma constitucional que provee de “los medios legales y estructurales para limitar y controlar el ejercicio del poder”, y por lo tanto crear potencialmente un espacio vacío (‘la casa del poder) donde el pueblo libre puede entrar para dotar “a la política de contenidos, esto es de inputs concretos y outputs procesados por, y dentro, de la forma política” (ídem).

17Esta concepción de la democracia en tanto que constitutiva de un terreno neutral donde son procesadas las presiones por extender el margen de libertad y auto-gobierno a otras esferas de la vida, como la economía y lo social, es específicamente occidental, y como el propio Sartori (1995: 109) reconoce, “con frecuencia ha evolucionado normativamente para reflejar niveles avanzados de democratización”. Cuando la teoría empírica de la democracia se asentó en tierras andinas, se ignoraron tanto los fundamentos históricos que hicieron posible el tipo de democracia realmente existente del Occidente, cuanto los problemas que infestan a dicha teoría. En su lugar, se fortalecieron los elementos prescriptivos y el atractivo pragmático que la teoría contemporánea de la democracia tiene para interpretar los procesos políticos que ocurren en la región. Esto es, las prescripciones acerca de lo que debe ser una democracia, en relación con sus procedimientos, se convirtieron en la política de los políticos, quienes han apostado a que una vez establecidas esas condiciones mínimas para la permanencia de la forma política constitucional (es decir, ‘consolidada la democracia’), el régimen constituido mediante elecciones podrá operar en condiciones de ‘incertidumbre limitada’(léase estabilidad), produciendo entre los representantes electos consensos contingentes que permitan gobernar.

Complicidades y contestaciones

18Decir que la política de la democracia política en los Andes es responsabilidad exclusiva de los políticos de la región sería, al mismo tiempo, sobrestimar su nivel de conocimiento de la teoría política contemporánea y evadir el problema que plantea la comprobación empírica de que la concepción de la democracia, en los términos que he descrito, no se limita tan sólo a los representantes electos, sino que se encuentra ampliamente difundida entre y usada por periodistas, académicos y otros intelectuales de la región. Aún más, esa concepción de la democracia está presente a todo lo largo del espectro político, desde la derecha neo-liberal hasta los movimientos sociales consensualmente considerados como anti-neo-liberales y de izquierda. Como he sugerido en páginas anteriores nos encontramos ante un proceso mediante el cual se han establecido, tanto un consenso ideológico, como un conjunto de prácticas y símbolos que otorgan sentido a la lucha política; nos encontramos ante un proceso hegemónico. Explicar el origen de tal hegemonía en las supuestas tendencias homogeneizadoras de la globalización es teóricamente insatisfactorio; primero, porque el término ‘globalización’ así empleado, ha perdido fuerza explicativa para convertirse en una palabra comodín a la que se recurre cada vez que se quiere desviar el análisis de factores y procesos internos a una sociedad política hacia fuerzas y transformaciones externas; y segundo, porque puede sostenerse, con igual validez empírica y argumental, que la globalización (cualquier cosa que esto signifique) produce simultáneamente homogeneidad y heterogeneidad sociales, dependiendo éstas de relaciones de poder locales (Rueschmeyer, Stephens y Stephens 1992: 68-70).

19El origen de la hegemonía de la teoría empírica de la democracia en el pensamiento político andino puede rastrearse hasta las llamadas ‘transiciones a la democracia’ de la década del ochenta. La literatura sobre transiciones ha relevado el aparente vacío intelectual en el pensamiento político latinoamericano sobre la democracia con anterioridad a las dictaduras militares de los setenta (O’Donnell y Schmitter 1986, Levine 1987). Aunque esta afirmación resulta problemática en más de un sentido, sin embargo ofrece pistas para entender por qué el lenguaje de la teoría empírica de la democracia se ha vuelto consensual. A mediados de la década del ochenta, las incipientes y dispersas comunidades académicas del Cono Sur y andinas se vieron forzadas a dar sentido a los cambios políticos y sociales experimentados en la década del setenta y principios de la del ochenta, tras el fracaso de dos proyectos distintos de revolución desde arriba (el autoritarismo militar y el leninismo). En el proceso, esas comunidades académicas abandonaron sus referentes teóricos estructural-dependentistas y estructural-marxistas, y simultáneamente trabaron un conocimiento más cercano con la ciencia política americana y la sociología política francesa, ambas fuentes informadas por versiones distintas de la teoría empírica de la democracia.

20No cabe desestimar el atractivo de las posibilidades analíticas que hace más de diez años parecía ofrecer la teoría empírica de la democracia. En primer lugar, este razonamiento hacía posible precisar nociones tales como ‘ciudadano’, ‘proceso político’, ‘gobierno responsable’, ‘demandas’, ‘decisiones políticas’, etc. A su vez, el realismo de la teoría, junto con su aparente precisión conceptual ofrecía una puerta para evadir el tema de la ‘democracia substantiva’ y reemplazarlo por el del rendimiento de la democracia liberal ‘tal como es’. Finalmente, la elegancia de este modelo teórico, invitaba a evaluar esos rendimientos y formularlos como problemas que eventualmente serían solucionados. En suma, la teoría parecía ser un instrumento útil para transformar aquello que de otra manera sería desechado como pretensiones puramente retóricas en condiciones empíricamente identificables y hasta mensurables, con la ventaja adicional de dotar al análisis de una orientación pragmática que legitimaba las aspiraciones de cientificidad de un discurso académico sobre la política.

21De esta manera, los científicos sociales de la región se enfrentaron a un nuevo campo, lo político, al mismo tiempo separado de lo económico y de lo social, que podía ser trabajado en un lenguaje propio. Sería largo e infructuoso hacer un listado completo de los temas que han sido tratados desde la nueva óptica, baste con mencionar solamente aquellos que se han convertido en los términos-código que aparentemente autorizan a explicar en términos abstractos la ‘realidad’ política de la región; así tenemos del lado del orden deseable: gobernabilidad, estabilidad institucional, institucionalización de demandas sociales, sociedad civil, ciudadanía, sistema de partidos, representatividad, participación política, rendimiento de cuentas, consenso; y del lado de las patologías o disfuncionalidades del orden realmente existente: autoritarismo, patrimonialismo, clientelismo, inestabilidad, corrupción, bloqueo político, fragmentación social, conflicto.

22La característica de esa terminología es que cada una de esas palabras es esencialmente contestable, esto es, cada una de ellas da origen a “más de una proposición alternativa y superpuesta de igual validez conceptual, que pueden ser sustentadas por comunidades políticas rivales, o escuelas alternativas de interpretación” (Whitehead 1997: 126). Dada esa contestabilidad esencial, la fluidez del discurso sobre la política y el discurso político en sí pueden volverse sensibles al contexto, esto es, los significados pueden permanecer abiertos y crear posibilidades de identificación política (propia y del ‘otro’) que acrediten la distinción entre proponentes rivales de diversas formas de reducir la democracia a un conjunto de prácticas institucionales mínimas, o procedimientos democráticos.

23En este punto es necesario hacer explícitas mis objeciones al consenso prevaleciente. En primer lugar, ya he indicado que la perspectiva procedural de la democracia al insistir en que el resultado estándar de la democracia política es la neutralidad y autonomía de la arena política, sin importar el contexto o los recursos mediante los cuales se producen las demandas políticas, se revela insensible a la cultura e historia de las sociedades políticas andinas. Éstas, cultura e historia, aparecen bien como patologías susceptibles de intervenciones de ingeniería política, o por el contrario como idealizadas utopías. Ninguna de estas dos versiones cumple los requisitos de una crítica transformadora.

24En segundo lugar, es posible sostener que, dadas las características de las sociedades políticas andinas, el aceptar la concepción procedural de la democracia es posible únicamente si se deja de lado el nivel conceptual de la democracia; esto es, si se acepta que el aspecto más distintivo de la democracia, la existencia de una amplia ciudadanía capaz de exigir el rendimiento de cuentas de los gobernantes, se da por supuesto, o bien se considera irrelevante. Tanto si se asume, como si se desecha esta exigencia conceptual, las pretensiones de realismo de la teoría empírica de la democracia se ven fuertemente erosionadas.

25Si se asume el requisito de ciudadanía, el realismo de la teoría queda cuestionado en tanto que en la tradición filosófica occidental de lo político la ciudadanía, como elemento característico de la democracia, requiere de competencias cognitivas esenciales para su ejercicio, no la menor de las competencias, el requisito de la existencia de agentes autónomos que formulen, cada uno de ellos, juicios sobre lo público a la luz de la discusión y el debate colectivo. La democracia, como ha argumentado John Rawls (citado en Jacobs 1997: 46), para existir requiere de algún tipo de comunidad de ciudadanos reflexivos y responsables, que compartan un entendimiento mínimo sobre la justicia de las instituciones políticas existentes, y que este grupo no sea demasiado exclusivo. Tales requisitos cognitivos y de inclusión son a tal punto exigentes, que no es posible encontrar referentes empíricos en el comportamiento real de los ciudadanos en ninguna de las sociedades políticas existentes; la única posibilidad de justificarlos es mediante razonamientos filosóficos no realistas.

26Por otro lado, desechar la exigencia conceptual de la ciudadanía como meramente formal, y proseguir al análisis empírico de los procedimientos de la democracia, viola las condiciones mismas que hacen posible este tipo de análisis dentro de la teoría empírica de la democracia. Este tipo de práctica, común por cierto en las ciencias sociales y las prácticas políticas andinas, convierte lo secundario, los procedimientos, en primario, sustituye el requisito conceptual por las conclusiones a las que éste da origen. Una maniobra de este estilo mina la validez interpretativa del ejercicio intelectual, porque el analista se ve forzado a una serie de maniobras conceptuales que ponen en entredicho cualquier pretensión de realismo.

27Mi objeción más importante no se juega, sin embargo, en el plano filosófico o teórico, sino en el de los costos que acarrea el adoptar una concepción minimalista de la democracia. Mucha de la teorización, sobre la democracia en las sociedades andinas, se ha apresurado a abandonar la inquisición sobre las dinámicas de las relaciones de poder en las sociedades andinas a la luz de las contradicciones entre capitalismo y democracia, dejando de lado aspectos de economía política que aluden a la tensión entre la desigualdad creciente creada por el capitalismo y las igualdades formales garantizadas por la democracia política. Este abandono resulta arriesgado, porque se convierte en un obstáculo para la posibilidad de pensar una teoría de la democracia que tenga en su centro a la idea de justicia social.

Implicaciones

28He señalado, a lo largo de esta discusión, las dificultades que se plantean al intentar pensar el cambio político en las sociedades andinas empleando la teoría empírica de la democracia, quisiera mostrar ahora algunas de las implicaciones de mi crítica. En primer lugar, en la medida en que, aun en sus versiones críticas, esta teoría enfatiza la estabilidad, la producción de legitimidad del orden político, y la inclusión compulsiva en el sistema político de los actores colectivos disidentes, no está en capacidad de concebir el cambio político en la región andina. Este, como he mostrado, requiere interrogarse sobre la constitución de la sociedad política en términos que ponen en duda, constantemente, la lógica de la agregación sistémica —y controlada— de las voluntades políticas, es decir se encuentra por fuera de la democracia política.

29Además, he señalado que tales imposibilidades conceptuales forman parte de un movimiento social que busca instituir un tipo restrictivo de sociedad política, y que los dilemas de la consolidación democrática tienen sentido, únicamente, cuando nos interrogamos acerca del tipo de sociedad política que busca consolidarse. Se siguen, entonces, una implicación práctica y una analítico-conceptual. Del lado de lo práctico, es posible plantear que aquellos movimientos sociales cuyas demandas exigen la alteración de las condiciones de desigualdad económica y política presentes en las sociedades andinas, potencialmente pueden convertirse en —o ser estigmatizados como— obstáculos para la consolidación política, dado que esta última sólo puede imaginarse en el marco de una democracia que supone el mantenimiento del statu quo, es decir la consolidación de la democracia política.

30En cuanto a la implicación conceptual, ésta tiene que ver con la necesidad de introducir, en nuestras aproximaciones a los movimientos sociales en la región andina, la problemática de si éstos buscan o contribuyen, y en qué grado, a la consolidación del proyecto de democracia política. Esto es, si las acciones de esos movimientos tienden a repetir y legitimar el proyecto de reducir la lucha política a la competencia electoral y al procesamiento de agendas decisionales, o si por el contrario desarrollan modelos diferentes de democracia.

31Este segundo aspecto, no sólo nos lleva a mirar como problemáticas las demandas por integración en el aparato estatal o en instancias de toma de decisión, que algunos movimientos sociales en la región han desarrollado bajo el lema de la concertación, sino además a considerar el carácter complejo de los movimientos sociales de la región y su posición ambigua frente al cambio político. De igual manera, esta consideración nos previene contra la posibilidad de abstraer situaciones disímiles, tales como intentos por hacer de la política una actividad menos arriesgada para la vida humana (como ocurrió en Chile durante la segunda mitad de la década del ochenta, o como condición pendiente en situaciones como la de Colombia o la de los organizadores de trabajadores rurales en el campo ecuatoriano), como similares a situaciones en las que actores políticos nuevos intentan legitimar sus acciones dentro del marco político ya existente.

32Finalmente, es necesario integrar, en nuestras aproximaciones a los movimientos sociales de la región, la idea de que aun cuando los límites entre organizaciones de movimientos sociales pueden ser claros, llegando incluso a ser discriminaciones extremas, estas mismas demarcaciones tienden a borrarse en cuanto a la política de establecer y mantener una democracia política.

Bibliographie

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Notes

1 No sólo en el sentido de que la teoría empírica de la democracia ejerce un consenso ideológico, sino además en tanto que esta teoría es parte de un proceso hegemónico. Rosberry (citado en Clark 1994: 68) define la noción de proceso hegemónico como “... el material (simbólico) común y el marco de sentidos (que) es, en parte, discursivo, un lenguaje común o forma de hablar acerca de las relaciones sociales que establece los términos centrales alrededor de los cuales y en los que pueden darse contestación y luchas” (la traducción es mía).

2 Para una discusión sobre la relación entre derechos constitucionalmente protegidos (derechos constitucionales, para abreviar) y demandas no-liberales véase Jacobs 1997: 64-66.

Notes de fin

1 Ph.D.c, Social and Political Thought, York University

Auteur

© Institut français d’études andines, 2000

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