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Los movimientos sociales en las democracias andinas

 | 
Julie Massal
, 
Marcelo Bonilla

Introducción: Movimientos sociales, democracia y cambio socio-político en el área andina

Julie Massal et Marcelo Bonilla

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Texte intégral

1Al parecer, analizar el papel de los movimientos sociales en la transición y consolidación democrática del área andina, implica incurrir en un debate antiguo, pero poco desarrollado. El tema ha sido relegado, y hasta cierto punto olvidado, según los mismos analistas del fenómeno, mientras que objetos más actuales han logrado ocupar el campo de la reflexión en ciencias sociales (en especial en la ciencia política): la gobernabilidad, la cultura política, el multiculturalismo, las autonomías, la descentralización, la democracia participativa, etc. ¿Acaso no será posible enriquecer el análisis de aquellos temas desde el estudio de los movimientos sociales contemporáneos?

2Los procesos de cambio social, político o cultural tienen orígenes diversos y se impulsan desde varios ámbitos a la vez. Desde lo local, lo nacional y lo internacional nacen discursos aparentemente idénticos: los de descentralización y de democracia participativa, por ejemplo, proceden tanto de la llamada ‘sociedad civil’ como de los gobiernos nacionales o de las instituciones multilaterales internacionales, y suceden a otros conceptos olvidados (el desarrollo comunitario o el desarrollo rural, por ejemplo). Pero también existen muchos discursos que se conciben como antagónicos: globalización versus peculiaridad, identidad global versus identidad local, etnicidad versus fraternidad humana. En fin, las tendencias más opuestas permiten describir la o las realidades actuales: los procesos de integración económica como la desarticulación de industrias nacionales, la cooperación multilateral en materia de desarrollo como el aislamiento de ciertos grupos humanos (refugiados, migrantes...), el progreso de la lucha contra la pobreza como el crecimiento de las desigualdades y de la miseria en la mayoría de los países ‘en desarrollo’.

3En ese contexto, la percepción que se tenía de los movimientos sociales ha cambiado. Al mismo tiempo, las formas de movilización social se han modificado. En la actualidad, los movimientos de masa, movimientos de clase, guerrilleros o sindicales, parecen desplazados o reemplazados por organizaciones de toda índole, de tamaño muy diverso, estructuradas bajo modalidades muy distintas, y con propósitos no menos heterogéneos. En el nivel local, nacional o internacional aparecen organizaciones sociales (ecologistas, feministas, étnicas, o ‘de ciudadanos’) que buscan llamar la atención tanto sobre reivindicaciones muy particulares, como sobre asuntos cuyas implicaciones conciernen al conjunto de la población de un continente o del mundo. Más allá de las expresiones más mediatizadas de aquellos fenómenos (como el conflicto de Chiapas, y en menor grado el movimiento de los ‘Sin Tierra’ en Brasil) existen amplios movimientos que se caracterizan por su pacifismo y su acción cívica, y que siguen siendo desconocidos o ignorados. Los actores locales pocas veces logran ser identificados, y menos aún sus modos de articulación con los actores nacionales e internacionales y las ONG.

4Es común la constatación de que hoy en día ya no existen ideologías, o de que no se encuentran respuestas frente a la complejidad del mundo. Una complejidad, aparentemente, producto de la dinámica, de la fluidez de las interacciones que caracterizan las actividades y las relaciones humanas y que no permiten identificar el origen de los actores, de sus discursos, de sus motivos de acción, etc. Las imágenes del mundo actual, muy banalizadas, que enfatizan la velocidad, lo virtual, lo instantáneo, llevan a estudios enfocados en las nociones de tiempo y espacio, y cada vez menos, en los actores presentes tras los fenómenos sociales.

  • 1 Para un análisis crítico, véase: Favereau Olivier, “L’économie de l’action collective”, en Chazel F (...)

5O, si bien los fenómenos colectivos resultan objeto de atención, se los analiza según algunos presupuestos o principios originados en campos ajenos: algunos principios filosóficos y matemáticos, tales como la relación causa efecto, la lógica o la racionalidad son aplicadas al estudio de aquellas acciones colectivas. Así, la llamada ‘teoría de los juegos’, conceptualizada por los economicistas (Morgenstern, Krugman) a partir de los años cincuenta, con base en modelos matemáticos de ese entonces, hoy es utilizada para analizar las motivaciones de los individuos para participar en una movilización social. De manera más general, la influencia de Mancur Olson propició el uso de teorías economicistas o teorías enfocadas hacia grupos de interés, para analizar todo tipo de acción colectiva, contribuyendo así a que la dimensión colectiva de las movilizaciones sociales no esté atendida1.

6Antes de exponer los argumentos propuestos durante los debates y de explicar sus antecedentes y sus consecuencias, queremos esbozar el hilo que seguirá esta presentación. No es nuestro propósito resumir en detalle cada ponencia presentada, pues los autores han hecho el notorio esfuerzo de dar una dimensión bastante didáctica a sus artículos. Estos son muy diversos y expresan los debates específicos de distintos campos de las Ciencias Sociales: Sociología, Antropología, Filosofía, Ciencias Políticas. Es nuestro deseo que la variedad de enfoques escogidos permita al lector valorar, desde ámbitos complementarios, el papel de los movimientos sociales en la democratización y en la promoción de cambios sociales. Presentaremos los aportes de las ponencias a lo largo de la discusión, antes de exponer en forma sintética las problemáticas que hemos escogido enfatizar en el presente libro.

7Dos grandes planteamientos surgieron durante el seminario: en primer lugar, ¿cuál fue el papel de los movimientos sociales en los procesos de democratización? En segundo lugar, ¿qué cambios promueven los movimientos sociales? Trataremos de presentar los interrogantes y los intentos de respuesta refiriéndonos a los temas evocados durante los debates, así como a algunos de los autores que han contribuido a la reflexión sobre los mismos tópicos. En una primera parte, relativamente breve, analizaremos el papel de los movimientos sociales en la transición democrática y en los procesos de democratización a largo plazo (consolidación democrática). En una segunda parte, más amplia, trataremos la relación entre movimiento social y cambio social y político, que es la que llamó más detenidamente la atención de la mayoría de los ponentes y la del público. A lo largo de esta presentación, a través de los temas referidos, trataremos de dar algunos elementos de reflexión sobre otra problemática central del seminario: ¿qué es un movimiento social? Sin duda, los cambios sociales, políticos y culturales han modificado la definición de lo que es un ‘movimiento social’. Ese es justamente uno de los puntos más difíciles de resolver. Se trata de una problemática de índole teórica, que a la vez provocó más polémicas, y que fue la que menos respuestas encontró. Por supuesto, no se ha terminado de ‘filosofar’ respecto a este problema, pero nuestro modesto propósito es el de plantear los términos de la reflexión para permitir a cada cual forjarse una perspectiva suya al respecto.

Los movimientos sociales en los procesos de democratización

8El debate relativo al papel de los movimientos sociales en los procesos de democratización desembocó en dos constataciones: el desempeño de los actores sociales en la transición democrática ha sido marginal, y en la actualidad su participación en el sistema democrático es limitada, así como su capacidad ‘democratizadora’. Estas constataciones plantean profundos desafíos tanto al analista de las ‘transiciones’ como al estudioso de la movilización social, pues ambos se enfrentan con la dificultad planteada por Orlando Fals Borda (1994): “¿ pueden los movimientos sociales democratizar la democracia?”.

9Desde una perspectiva un poco pesimista, compartida por estudiosos de movimientos ‘antiguos’ (Mayorga, Fernández) o de los procesos de democratización (Dabéne), los movimientos actuales no tienen la capacidad de promover cambios trascendentales; tampoco han tenido un papel clave en los procesos de democratización controlados por las élites (Collins). Mayorga tiende a explicar su punto de vista desde una posición ‘normativa’, considerando que en la actualidad ya no hay ‘movimientos sociales’ de masa contestatarios, como lo fueron los movimientos sindicales en Bolivia. Mientras, según Fernández, en el caso peruano esta incapacidad ‘democratizadora’ de los movimientos se puede atribuir a una estructura política cerrada, que no permite la reconstitución de una oposición política de tipo alguno, en un contexto caracterizado desde hace unos quince años por una violencia política constantemente reprimida.

10Los movimientos ‘de masa’ campesinos o los movimientos sindicales, en general, se movilizaron contra la dictadura (Lavaud 1991a; Escobar y Álvarez 1992; Adrianzen et al. 1993). Pero estos actores de masa han tenido una actuación limitada dentro de los procesos de transición. Tanto en Bolivia como en el Ecuador y en el Perú, movimientos que gozaban de una fuerte legitimidad política y social, y que tenían fuertes bases (campesinas, indígenas, urbanas y estudiantiles), han sido marginados durante o inmediatamente después de los procesos de transición. En Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB) se mantuvo activa hasta los despidos masivos en el sector minero durante el gobierno de Paz Estenssoro (en los años 1985-1986), pero en los otros dos países, el control de los partidos políticos y del Ejército sobre el proceso de transición y de consolidación fue muy fuerte en los años ochenta.

11Por su parte, los movimientos feministas y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que luchaban directamente contra la dictadura (como régimen) y contra los detento res del poder (como personas), no siempre gozaron de un poder de convocatoria suficiente para deslegitimar a los regímenes dictatoriales (si es que perseguían este objetivo). Además, la deslegitimación de un orden político, o de su dirigente, no necesariamente implica la caída de dicho orden político o la derrota de su representante (como lo demuestran los casos de Chile y quizás del Perú en la actualidad). Si el control ejercido por los dirigentes es muy fuerte, ni la movilización social ni la oposición política (partidos políticos, cuadros nuevos) logran organizarse o desestabilizar el poder político; además, el efecto simbólico de un poder autoritario impide o amenaza los ánimos de movilización: en un país donde se sabe que ‘nunca cambia nada’, es mucho más difícil fomentar una movilización social. Una deslegitimación internacional puede influir en la deslegitimación nacional (como en el caso del gobierno Bucaram, en Ecuador, en febrero de 1997), pero los factores que intervienen en la derrota de un orden político son complejos, por tanto, analizar el vínculo entre una movilización social y la caída de un dirigente o de un régimen político implica conocer el orden político en su conjunto (Hirshman 1986; Dabene 1997).

12Al parecer, ni la naturaleza, ni la forma de organización, ni la capacidad de convocatoria de un movimiento influyen directamente en su capacidad de participación en la transición democrática. Cómo explicar esta ‘incapacidad’ de los movimientos para participar en este proceso democratizador: ¿acaso esta falta de protagonismo puede explicarse por el tipo de transición que se produce?

13Un estudio comparativo demuestra que los procesos de transición de los tres países andinos han sido distintos, pese a que la breve reseña que ofrecemos aquí más bien expresa los puntos en común. En el Ecuador, luego de la adopción de una nueva Constitución por referéndum en 1978, el traspaso del poder desde una Junta Militar al Presidente Jaime Roídos (agosto de 1979), que venía preparándose desde 1976, no presentó mayor dificultad, además el conjunto del proceso de transición fue llevado a cabo por los partidos políticos y también por el Ejército. En Bolivia, la transición empezó en 1977-1978, pero fue interrumpida por el golpe de Estado del General García Meza después de que las elecciones dieran la victoria a Hernán Siles Zuazo, ex miembro del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), el partido político que llevó a cabo la Revolución de 1952. En el Perú, el General Velasco, en el poder desde 1968, fue reemplazado por el General Morales Bermúdez en 1975, quien se enfrentó con un proceso de transición impulsado en gran parte desde afuera, hasta que las elecciones dieran la victoria al líder de APRA, Haya de la Torre (también se dio una nueva Constitución en 1979).

14También, las evoluciones de estos tres países (que solo alcanzamos a resumir brevemente en el marco de este trabajo), han sido diferentes a lo largo de las dos últimas décadas. Bolivia aparece hoy en día como un país cuya consolidación democrática es relativamente exitosa (sobre todo respecto a sus ‘vecinos’), y esto no deja de sorprender dada la ‘tradición histórica’ de alta inestabilidad política en Bolivia (Lavaud 1991b), y dado el proceso doloroso de transición que conoció (Whitehead 1993). Sin embargo, cabe recordar que en 1997, un ex dictador, el General Hugo Banzer, logró ser electo Presidente de la República, lo cual expresa cierta tendencia a regresar a un régimen autoritario.

15En el Perú, una transición corta, promovida desde arriba, no logró atenuar el control del Ejército sobre el poder político, ni el desmantelamiento del sistema partidista (Cotler 1993). El hecho de que Alberto Fujimori se mantenga en el poder desde el ‘autogolpe’ de 1992 gracias al Ejército, expresa la fuerza del control que este último ejerce sobre la vida política peruana. El Perú tiene también un alto grado de violencia política y social, lo que dentro del área andina le hace más parecido a Colombia.

  • 2 Ver: Dávila Ladrón de Guevara, Andrés y Rudas, Caroline, “Colombia 1998: elecciones y paz en medio (...)

16En este último país, el bipartidismo sobre el cual se fundamenta la democracia, empieza a ser cuestionado, como lo demuestra el importante resultado conseguido por Noemí Sáez en la primera vuelta de la elección presidencial de 1998. La victoria de Andrés Pastrana, que prometió lograr la paz, representa una alternancia política respecto al gobierno del conservador Ernesto Samper2. Sin embargo el fracaso de las negociaciones de paz, la intensificación de la violencia y las amenazas de extensión del conflicto, demuestran la fragilidad del nuevo Gobierno colombiano frente al conflicto civil. Las manifestaciones internacionales a favor de la paz, en especial las del pasado 24 de octubre de 1999, que fueron un éxito en Colombia, demuestran cuanto afecta la violencia política a la vida cotidiana de la población.

  • 3 El 51% de la población, según la encuesta del Comercio y Washingron Post, El Comercio (Espejo de la (...)

17El Ecuador conoció una transición pacífica al cabo de la cual los partidos recuperaron la totalidad del poder político, después de que el desacreditado sistema partidista se recompuso durante los siete años de dictadura (1972-1979), ya que ésta fue relativamente débil. Sin embargo, el gobierno de Febres Cordero (1984-1988) estuvo marcado por un fuerte autoritarismo, un incremento de las violaciones de los derechos humanos, y una represión de los movimientos sociales. El gobierno de Rodrigo Borja permitió restablecer las libertades civiles (Menéndez-Carrión 1992). A partir de 1997, con la destitución de Abdalá Bucaram, el país experimenta cierta inestabilidad política y un descrédito cada vez más fuerte de los partidos y de las instituciones políticas, mientras el Ejército goza de bastante respeto. Desde 1996, el retorno a un régimen autoritario es considerado como una ‘posible salida de la crisis’, deseada por la mitad de la población3. El reciente golpe de Estado que condujo a la salida del Dr. Jamil Ma-huad (21 de enero de 2000), llevado a cabo por la CONAIE y unos jóvenes oficiales del Ejército, constituye otra manifestación de que el régimen político democrático ya no goza de la misma legitimidad en el país. En este sentido, Bolivia, Ecuador y Perú se parecen cada vez más.

18Como ya lo resaltamos, en el área andina los movimientos sociales han tenido una actuación limitada. La causa que permita explicar esto no puede encontrarse exclusivamente en el movimiento mismo, ni tampoco en el tipo de transición o en la estructura política de estos países. Influyen muchos otros factores, que no pueden ser detallados aquí: la construcción del Estado, las orientaciones del desarrollo económico, los símbolos y códigos culturales, y un conjunto de elementos que constituyen un orden político determinado (Badie y Hermet 1990; Badie 1994). Al intentar analizar el papel de los movimientos sociales en los procesos democratizadores, cabe estudiar muy detenidamente la situación específica de cada país, y lo que significa en cada uno ‘oponerse’ a dicho orden político: ésta es la única forma de entender los límites que enfrenta la actuación de los movimientos sociales. Pero también cabe ampliar el análisis de los ‘cambios’ que estos movimientos se proponen conseguir, dentro de su lucha para la ‘democratización’. La pregunta es: ¿en qué consiste ‘democratizar’ en cada país?

19Resolverla implica establecer un vínculo entre los análisis históricos, sociológicos, antropológicos, politológicos, etc. Como sugiere aquí Pablo Andrade, la teoría política también debe cuestionarse a sí misma en cuanto a su capacidad analítica respecto a los procesos democráticos que se dieron en el área andina. Si bien es cierto que las transiciones democráticas resultan de pactos entre elites, como lo ha demostrado ampliamente esta corriente teórica, cabe subrayar la dificultad de los ‘transitólogos’ para enfocar el papel concreto de ‘la sociedad civil’, y en particular de los actores sociales ‘de base’ en aquellos procesos; el estudio propuesto aquí por Jennifer Collins constituye un paso en esta dirección. Por tanto, cumplir con la meta que proponemos (el análisis empírico del significado de la ‘democratización’) implicaría que las teorías de la democratización demuestren mayor preocupación por las movilizaciones sociales.

20Tal vez, semejante articulación teórica permitiría entender por qué ciertos países que se caracterizan por firmes trayectorias democráticas (Colombia, Chile, Uruguay) han estado y siguen estando afectados, en el primer caso, por movimientos de guerrilla armada, y en los demás casos, por las dictaduras más represivas del continente latinoamericano; por qué el Ecuador, que ha experimentado una transición aparentemente exitosa, conoce ahora una fuerte inestabilidad política, y por qué un país como Bolivia, cuya historia delata una inestabilidad muy importante de los dirigentes en su puesto y que conoció una transición a la democracia muy conflictiva, que vivió en 1952 una de las revoluciones sociales y políticas más radicales de América Latina (con la de Cuba y la de México), acompañada de una reforma agraria bastante amplia y profunda; en los momentos actuales demuestra ser ‘un país modelo’ en materia de descentralización y de participación popular.

¿Qué cambios promueven los movimientos sociales?

21Las teorías más recientes de la movilización definen el movimiento social como un actor que tiene como “razón de ser la promoción de cambios” (Melucci 1988-1989; Morris y Mac Clurg 1992; Tarrow 1994). Pero ¿por qué un movimiento tiene que promover cambios? ¿Y qué cambios debe promover un movimiento para seguir siendo un movimiento social? Finalmente, ¿cuál es la especificidad o la esencia de un movimiento social? Intentaremos contestar a estos interrogantes de dos maneras: en primer lugar, proponemos un intento de clasificación de los diferentes tipos de movimientos sociales, revisando su actuación en los países andinos; en segundo lugar, describimos algunos cambios ‘posibles’ y los límites a los cuales se enfrentan los actores sociales, lo que permite definir los cambios que parecen ‘utópicos’ en la actualidad. En tercer lugar, a manera de conclusión (parcial), enfatizamos la definición de lo que se entiende por cambio (social y político).

Panorama de los movimientos sociales en el área andina

22Un intento de clasificación puede ayudar a definir algunas características de los movimientos actuales, aunque muchos pertenecen a varios ‘grupos’ a la vez, no se trata de establecer aquí una tipología inmutable.

  • 4 Sobre la definición de lo que es la movilización social, ver en especial: Klandermans 1988-1995; Ta (...)

23Un primer tipo de movimientos son los movimientos de masa aludidos anteriormente: movimientos sindicales, campesinos, etc. Después de haber sido tan influyentes desde los años cincuenta, han desaparecido de la esfera política durante la década del ochenta (Fernández). Pero, en algunos casos, siguen ejerciendo una influencia al nivel social. Han generado movilizaciones (a través de sus discursos, valores, símbolos, percepciones4) que se inscriben en la memoria colectiva y en las tradiciones de movilización de ciertos grupos. Estas tradiciones pueden ser muy diversas y hasta opuestas dentro de un mismo país. Así, en el Perú, unos grupos rechazan la influencia de Sendero Luminoso y prefieren otras formas de organización, como las ‘rondas campesinas’. También existe esta diversidad entre los países andinos; en el Perú, como en Colombia, ambos marcados por una violencia política, existen varias formas de movilización, pues en la década del ochenta resurge, por ejemplo, un movimiento colombiano con un lema revolucionario: el Movimiento Quintín Lame; así, las diversas movilizaciones sociales contribuyen de distintos modos a la promoción de cambios y /o de prácticas democráticas (Lair).

24Desde la década del sesenta apareció un segundo tipo de movimientos sociales, que han sido definidos por la ‘corriente de la movilización de los recursos’, como ‘organizaciones de movimiento social’ (Morris y Mac Clurg 1992). No tienen el mismo poder de convocatoria que los primeros, no movilizan de forma tan visible como los movimientos de masa al organizar las marchas sindicales o campesinas de la década del setenta en el Ecuador o en Bolivia. Sus discursos ya no enfatizan la toma del poder o la ‘revolución’ del conjunto de las sociedades, sino más bien el respeto a la diferencia, al pluralismo y a lo ‘particular’. Tanto su forma de organización como su estructura se orientan hacia la movilización de poblaciones determinadas, pero no excluyen la ‘articulación’ con otros actores (las ONG, actores sociales, políticos, religiosos), aunque reivindican una autonomía respecto de los mismos (Calla). Por ejemplo, podríamos ubicar allí las asociaciones profesionales urbanas que emergen en el Centro Histórico de Quito, en el transcurso de la negociación con las autoridades municipales, cuyo estudio propone Anne Collin-Delavaud en este volumen.

25Un tercer tipo de movimientos tiende, en cambio, a cruzar las fronteras, y busca movilizar no solo a un grupo en particular, sino a poblaciones unidas por los mismos intereses. Estos actores tienen la especificidad de rechazar la oposición entre ‘lo tradicional’ y ‘lo moderno’, reivindican varias herencias, valoran el respeto al pasado, a los orígenes o a la autenticidad, pero también, la adaptación cultural, los conocimientos técnicos, lingüísticos, y el ejercer nuevas actividades anteriormenre ‘prohibidas’ al grupo. En esta ‘categoría’ caben movimientos de defensa de los derechos civiles y humanos, o movilizaciones más recientes orientadas hacia los ‘ciudadanos’ del mundo entero, como por ejemplo el ‘movimiento chiapaneco’. También obedecen a esta definición ciertos movimientos comunitaristas (Le Bot 1994a). Son movimientos cada vez más ‘transnacionales’.

26La dinámica de las organizaciones indígenas, tan diversa y tan compleja, y muchas veces contradictoria, es difícil de clasificar. Estas organizaciones se parecen a las organizaciones de movimiento social, en ciertos aspectos discursivos y organizativos. En lo organizativo, ponen el énfasis en la fisura étnica y rechazan alianzas con otros actores que puedan interferir en la definición de su etnicidad; también definen a la ‘comunidad étnica’ como el actor central de la ‘dinámica de revitalización’ indígena. En lo discursivo, enfatizan ‘lo propio’ de los indígenas, lo étnico, lo cultural. Al mismo tiempo, rechazan la aculturación pero valoran la interculturalidad, el pluralismo cultural y promueven unas relaciones interétnicas (entre blanco-mestizos e indígenas, sobre todo) más tolerantes y respetuosas con la diferencia ‘del otro’ (esto no caracteriza necesariamente las prácticas vigentes entre los grupos indígenas). Pero también valoran los derechos humanos, buscan integrarse y disfrutar de los beneficios de la ‘modernización’, del desarrollo, de la democracia (Le Bot 1994b). En ese sentido los movimientos indígenas son parecidos al tercer tipo de movimientos, los movimientos ‘transnacionales’. Algunos logran modificar su organización y su discurso, o sus relaciones con el poder político, y en ciertos casos consiguen un reconocimiento estatal o internacional. Lo que hace precisa una estrategia participativa en lo político, que implique fomentar alianzas, reorientar sus propuestas para hacerlas más adecuadas con el discurso dominante en un momento dado, y por tanto modificar su forma de organización interna y su autodefinición. Por ejemplo, las organizaciones indígenas han logrado participar en el debate público en el Ecuador desde el levantamiento de 1990 y afirmarse como un nuevo sujeto político (Ospina), por lo que su identidad colectiva ha cambiado y, en cierto modo, se ha debilitado (Massal). En Bolivia, también han logrado representantes (el más simbólico fue el vicepresidente aymara Víctor Hugo Cárdenas en 1993-1997) que favorecen ciertos cambios en la estructura social, tales como el reconocimiento de la educación bilingüe y también la participación en el debate político nacional. Así, a finales de la década del ochenta, el ‘movimiento de cocaleros’ del Chapare influyó en una discusión con matices internacionales sobre la distinción entre coca y cocaína, que desembocó en una demanda de respeto de la identidad boliviana y andina.

Algunos cambios posibles y utópicos en el área andina

27Actualmente, la variedad de actores movilizados implica un abanico aparentemente amplio de cambios posibles. Los cambios jurídicos, constitucionales, políticos, son complementados o pueden dar lugar a otros cambios más ‘en profundidad’, es decir cambios en los hábitos, en los comportamientos humanos (Calla).

28Los cambios, a largo plazo, de discursos políticos son innegables; por ejemplo, respecto a los indígenas. El romper con la percepción indigenista que fue dominante en la vida política y cultural de los países andinos (y de México) desde finales del siglo pasado, implica renunciar a una visión evolucionista del desarrollo político, social y cultural y abandonar la idea de un retraso en relación con las sociedades europeas (en el discurso indigenista, este retraso se debía a la incapacidad de los indígenas para evolucionar; Trujillo 1993). Se empezó a reconocer formalmente la igualdad de individuos y de culturas, bajo la presión de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de las organizaciones internacionales que buscan incorporar en las jurisprudencias nacionales los principios de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y del Convenio 169 de la OIT (1989). Para que estos nuevos discursos desemboquen en nuevas prácticas se requieren cambios estructurales, por ejemplo en las relaciones entre indígenas y mestizos; y quizá estos últimos son los más difíciles de lograr. Pero el levantamiento indígena de 1990 en el Ecuador provocó un fuerte sacudón en las mentes, al denunciar abiertamente el discurso racista del Estado y de la sociedad ecuatorianos, y al afirmar el fracaso de la integración socioeconómica de los indígenas anhelada por los gobiernos indigenistas. El efecto ‘simbólico’ de este levantamiento es importante; del mismo modo, los cambios obtenidos a partir de 1988, y sobre todo las últimas innovaciones legislativas y constitucionales de 1996 y 1998, constituyen un incentivo para la elaboración de nuevas reivindicaciones, tanto en el Ecuador como en el área andina. Cambios semejantes han ocurrido también en Colombia (Constitución de 1991) y en Bolivia (en particular, cabe destacar el reconocimiento de las comunidades indígenas como Organización Territorial de Base, en la Ley de Participación Popular de 1995). En el Perú el movimiento indígena es incipiente, y la Constitución peruana no reconoce la existencia de indígenas; a pesar de esto, movimientos amazónicos transnacionales (CONFENIAE, COICA) tienen un principio de organización en este país, en el que también se conformó la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP 1987).

29Paradójicamente se puede destacar que desde el retorno a la democracia, la movilización social aparece menos provocativa, menos contestataria respecto del discurso dominante. Destacamos tres tipos de respuestas a esta ‘paradoja’: la primera se refiere a los actores, la segunda a la dinámica de los movimientos sociales, y la tercera a la cultura y la estructura política de los países andinos.

Nuevos movimientos, viejos actores

30Una primera explicación es la ausencia de movimientos fomentadores de discursos ‘contestatarios’. En efecto, a mediados de la década del ochenta, casi todos los movimientos sociales influyentes de la década anterior eran marginados, por tanto tuvieron que autocuestionarse, reorganizarse y reconstituirse. Algunos lo lograron: varios líderes de los antiguos movimientos de izquierda, de las federaciones campesinas o de ciertos ámbitos religiosos, e inclusive ex dirigentes de partidos políticos marginados después de la transición democrática, se orientaron hacia las organizaciones indígenas, como ocurrió en el Ecuador por ejemplo. Así, entre los ‘nuevos actores’ de las décadas de los ochenta y noventa, muchas veces aparecen ‘viejos líderes’. Quizás el número de movimientos, organizaciones o actores ha vuelto a crecer, sobre todo desde la década del noventa, pero su carácter ‘novedoso’ debe ser relativizado (Slater 1991).

  • 5 Un ejemplo muy notorio lo encontramos en Bolivia, con el retorno del General Hugo Banzer, dictador (...)

31Esto implica que los actores sociales, al enfrentarse con estructuras que permanecen no democráticas y al encontrarse con los mismos actores ‘gubernamentales’5 (o los descendientes de los líderes de las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta), reproducen modos idénticos de hacer política. Logran acuerdos y consensos que permiten defender sus intereses respectivos, pero no consiguen modificar sus propios comportamientos, sus esquemas, y sus modos de pensar ‘lo político’.

32Como lo demuestra muy bien Anke Van Dam en un artículo centrado en el encuentro entre diversas ONG y organizaciones de mujeres en el medio urbano, en Chile, durante las décadas del setenta y del ochenta, existen (también) en los ‘actores sociales profesionales’ ciertos estereotipos sobre lo que es un líder y como éste debe portarse. Esto constituye un límite para las jóvenes dirigentes, que tienden a adoptar estos esquemas y a reproducir los comportamientos tradicionales inspirados en valores ‘masculinos’ para conseguir legitimidad. Por tanto, los cambios anhelados por los movimientos ‘profesionales’ de mujeres, como la promoción de una forma femenina de hacer política o una concepción femenina del ‘poder’, no logran consolidarse. Además, las ‘feministas’ profesionales tampoco pueden compartir con las mujeres de las organizaciones de base (con otro status social y otra cultura), sus conceptos respecto a ‘la política’ y el poder, aunque las mujeres de las organizaciones de base adopten formalmente los ‘discursos profesionales feministas’. Así, “los cambios no pueden situarse al nivel del discurso político o de los comportamientos públicos” (Van Dam 1999).

De la autonomía a la participación

33Una segunda explicación a esta falta de discursos contestatarios, es que pocos son los actores que no han elegido ser parte del juego democrático, en el Ecuador y en Bolivia sobre todo. Por supuesto en Colombia y en el Perú, esta afirmación no es tan válida: los movimientos armados y guerrilleros o revolucionarios (FARC y ELN en Colombia, Sendero Luminoso y el MRTA en el Perú), o ‘movimientos terroristas’ según la denominación del gobierno de Fujimori, siguen cuestionando la autoridad del Estado y rechazan su integración al sistema partidista y legal. Si bien han logrado imponerse como interlocutores del Gobierno en las negociaciones de paz en Colombia, en el Perú, en cambio, los movimientos ‘revolucionarios’ han sido y siguen siendo totalmente reprimidos. Por tanto, los movimientos que logran integrarse en el juego democrático son, en principio, los que podrían conseguir los mayores cambios. Pero, en la práctica, han sido erosionados el poder de convocatoria, la resistencia al discurso dominante, y la capacidad de estos movimientos para promover cambios.

34Esta evolución deriva del constante dilema interno que afecta a los movimientos sociales en su conjunto (Fals Borda 1994): ‘la autonomía o la participación’. Cabe subrayar aquí, que el tema de la institucionalización de los movimientos como factor de desmovilización y de una menor capacidad de promoción de cambios sociales, es central en los análisis enfocados en la creación de una identidad colectiva por medio de la movilización social (Morris y Mac Clurg 1992). La creación de una identidad colectiva constituye un cambio social en sí, por tanto una estrategia que tienda a desestimar la creación de identidad colectiva, como un recurso de movilización del movimiento, no permite lograr un cambio social (Melucci 1988: Massal 1996).

35La autonomía implica fortalecer la identidad colectiva del grupo movilizado, y enriquecer su propia cultura política con elementos específicos, por ejemplo un discurso que articule los problemas en forma novedosa, de tal manera que ponga en relieve ciertos conflictos societales, culturales o políticos, que anteriormente parecían ocultos (Gamson 1988; Tarrow 1992). Por tanto, la capacidad de cambio es potencialmente más amplia y más fuerte. En lo organizativo, la definición del potencial ‘movilizable’, de acuerdo al objetivo de autonomía, obedece a la voluntad de crear unas bases fieles, ideológicamente movilizadas, que compartan la identidad colectiva y la cultura política del grupo, que integren y difundan sus discursos y sus símbolos, y que no se aparten del movimiento por discrepancias personales. También, la consolidación del discurso y de la estructura del movimiento implica conquistar el apoyo de algunos medios de comunicación para tener un acceso mínimo al debate y expresar públicamente su oposición al discurso dominante (Klandermans 1988; Gamson 1988). Poco a poco, el movimiento conquista nuevos espacios y llega a escoger una estrategia orientada hacía la participación política.

36Esta estrategia favorece un mayor acceso al debate público y ofrece mayor oportunidad de modificarlo desde adentro, al esbozar un diálogo directo con el Gobierno. Simultáneamente, permite incrementar la capacidad de convocatoria social del movimiento, conquistando el apoyo de nuevos actores. Las estrategias de extensión o de ampliación de las bases (Snow y Benford 1988; Tarrow 1994) favorecen una apertura hacia sectores que compartan algunos intereses con el movimiento, y que busquen un representante político ya organizado. Pero al mismo tiempo la estrategia participativa del movimiento implica el riesgo de perder ‘lo propio’. En efecto, la participación afecta a sus objetivos (la autonomía ya no es un principio fundamental), su identidad colectiva, y por ende, a su capacidad de convocatoria; al menos, el movimiento puede perder el apoyo de sus bases ideológicamente más cercanas y de sus militantes y dirigentes originarios.

37Por todas estas razones, los discursos promovidos por los movimientos sociales que participan en la arena política, ya no se oponen al discurso o a la cultura política dominante (Gamson 1988). En ese sentido, la participación conlleva para el movimiento el riesgo de perder crédito, y sobre todo de perder su razón de ser, que es la promoción de un cambio social (Piven y Cloward 1977; Schwartz y Shuva 1992).

Cambio y cultura política

38La tercera y última explicación de la falta de discursos contestatarios, se remite a la estructura y cultura política de una sociedad. Cada sociedad facilita cierto tipo de cambios e impide otros (Kitschelt 1986; Klandermans 1988; Tarrow 1992, 1994; Kriesi 1995), esto incide en la conformación del discurso y de la organización de un movimiento. Por ejemplo, aunque casi todos los movimientos pasen de la autonomía a la participación, no lo hacen según las mismas modalidades, ni en el mismo momento. Esto es particularmente obvio al analizar ‘el movimiento indígena’ en el área andina: las condiciones estructurales generales (como la influencia de la Teología de la Liberación) o propias de cada país (las reformas agrarias, por ejemplo) han interferido en la organización de los grupos indígenas, independientemente de su peso demográfico en la población de cada país (que va desde un 2% en Colombia, hasta un 60% en Bolivia) (Jiménez y Triana 1985; Le Bot 1991, 1994b; Santana 1992, 1994; Lavaud 1992).

39Según algunos autores, existe una oposición entre estrategia e identidad (Cohen y Arato 1992; Léon 1997) y el contexto político lleva a privilegiar la una o la otra. Consideran por ejemplo que, en América Latina, la estrategia de participación y de institucionalización es quizás la única alternativa para lograr cambios en el ámbito político. Esto se debe a que la sociedad civil es débil, poco organizada, y no ofrece un espacio de movilización social o de debate, lo que impide la promoción de cambios desde abajo. Por tanto, los movimientos tienden a dirigirse, de forma prematura, hacia el ámbito de la política formal para lograr cambios legislativos, ejercer una presión sobre el Estado, y conquistar la opinión pública (o cambiar el discurso dominante) con acciones ‘provocativas’. Esto implica que dan prioridad a la estrategia y a la eficiencia política antes que a la consolidación de su identidad y de sus bases.

40Pero, como lo sugiere Ospina en su artículo al referirse al caso ecuatoriano, si bien es cierto que todos los actores tienden a recurrir al Estado, también puede ocurrir que tras esta apariencia, el poder y la negociación se ubiquen en otros niveles políticos o sociales, dentro de la misma ‘sociedad civil’ que no necesariamente está organizada según los criterios racionales, modernos y tecnó-cratas propuestos por el Estado desde el retorno a la democracia (aunque no sea impermeable a la ‘modernización’). La sociedad civil tiene su propia lógica y sus propios códigos.

41Al contrario, otros autores (Klandermans 1988; Tarrow 1992), enfatizan los vínculos que existen entre la estrategia y la construcción de identidades colectivas: la estructura organizativa depende de la identidad del movimiento, pero también influye en ella. Sin embargo, la elección de la estructura y la identidad del movimiento dependen también de la estructura y de la cultura política del país en que nace el movimiento. En ciertos momentos, las percepciones dominantes consideran como legítimas ciertas formas de organización, de movilización o de protesta social. Pero luego, los valores cambian (en parte por la influencia de actores sociales movilizados) y nuevas formas de movilización se imponen, mientras otras (anteriores) desaparecen o se modifican. Esto permite entender por qué un mismo movimiento o una organización logra permanecer movilizada mucho tiempo aunque sus reivindicaciones cambien. Cabe destacar que el orden de las reivindicaciones no es casual sino que se adapta a la coyuntura y a la ‘estructura de oportunidad política’ de un país (Kitschelt 1986; Kriesi 1995; Tarrow 1994).

42El caso de las organizaciones de base de mujeres en Chile, ya aludido, permite entender este punto. Por un lado, demuestra que no es la composición exclusivamente femenina lo que determina la identidad de aquellas organizaciones, sino más bien sus características sociológicas (las participantes son pobladoras de barrios urbanos populares); sus objetivos de cambio (estas mujeres buscan mejorar sus condiciones de vida), y su encuentro con las ONG compuestas por ‘profesionales feministas’, que son mujeres de clase media o alta. Estas, al intentar transmitir a las primeras sus concepciones del poder, de lo político y de lo femenino, difunden discursos que si bien son formalmente adoptados por las pobladoras, no tienen el mismo sentido para estas últimas. No es su condición de género lo que les une de por sí y les lleva a juntarse y organizarse, sino que dentro de la movilización y del encuentro, nacen intereses comunes y cierta solidaridad entre las pobladoras, fomentados en parte por las ‘profesionales feministas’. Por otro lado, el estudio de este tipo de movilización muestra cómo las percepciones y los valores vigentes en la sociedad también influyen en la identificación de las organizaciones de base como femeninas y/o feministas: los hombres consideran que éstas son formas de movilización adecuadas para las mujeres, más no para sí mismos, y prefieren estar en los partidos y sindicatos, lo que les otorga mayor poder y visibilidad, aunque en el Chile de Pinochet estas estructuras clásicas eran más controladas, por ser sospechosas, y por tanto menos eficientes (Van Dam 1999).

El cambio social y político

43A través de las ponencias, aparecen diferentes definiciones del cambio que los movimientos sociales ‘pueden’ conseguir: cambios políticos, legislativos, jurídicos, sociales, culturales... Algunos autores enfatizan la búsqueda de cambios trascendentales (Mayorga), otros los límites culturales y estructurales que no siempre permiten fomentar o lograr semejantes transformaciones (Dabéne, Massal), mientras otros son más optimistas al respecto y enfatizan los cambios de discursos y la integración de nuevas demandas que acompañan los cambios jurídicos y políticos (Calla, Ospina). A un nivel más bien ‘micro’, un estudio sociológico (optimista) con un enfoque comparativo, describe el proceso de movilización y de creación de identidades colectivas, a partir de un movimiento campesino y un movimiento revolucionario, en el Perú y Colombia (Lair).

  • 6 Ver: Entrevista al antropólogo Juan José Pujadas, El Comercio, 5 de diciembre de 1999. Para el inve (...)

44Además, algunos interrogantes siguen en pie: ¿pueden y deben los movimientos sociales ser los únicos actores del cambio social6? ¿Tienen que asumir algunas transformaciones que no están a su alcance, y que deberían ser una responsabilidad del Estado? Por ejemplo, puede considerarse que es el Estado quien debe promover una cultura cívica y tolerante, mediante una filosofía educativa y la organización de un sistema educativo que transmita ciertos valores fundamentales como el respeto de los derechos humanos, lo que permitiría mejorar las relaciones entre géneros o entre grupos culturales.

45También, una de las ponencias presentadas durante el seminario, con un enfoque antropológico, enfatizaba el proceso de creación y de incorporación de los discursos rituales fomentados en el seno de las sectas pentecostales, lo que constituye un ejemplo de creación de identidad colectiva, mediante una organización social que ‘no’ se propone un cambio social o político con un afán democratizador, pero que sí logra modificar las condiciones de vida de la gente involucrada (Bonilla). Lo que nos recuerda que cambio y democratización no son sinónimos.

El cambio en las teorías de la movilización

46Más allá de las perspectivas ‘subjetivas’, antes evocadas, que demuestran la dificultad para definir el cambio social, debido a los diferentes tipos o niveles de análisis (micro o macro, antropológico, sociológico o político, individualista u holístico), cabe examinar algunas vertientes del pensamiento; pero antes, queremos esbozar, muy brevemente, apuntes adicionales sobre la producción de estos pensamientos teóricos.

47En las ciencias sociales, hay ‘ciclos’ en el pensamiento que corresponden a cambios societales. Por tanto, el análisis teórico no puede ser independiente de los discursos dominantes en el conjunto de la sociedad en un momento dado. En los momentos actuales, como en la década del setenta, la reflexión se centra en el ‘actor social’ y ‘las identidades’, pero la diversidad de estudios al respecto demuestra que existen criterios distintos sobre la conformación de estas identidades, su naturaleza, y su relación con los procesos de movilización; mientras en la década del sesenta, debido al dominio de la perspectiva marxista, las condiciones estructurales y los límites puestos al cambio por la sociedad eran el objeto privilegiado de estudio. De cada enfoque se deriva una percepción de la naturaleza del cambio y de los cambios que se pueden conseguir. El pensamiento científico nace de la cultura política y de las estructuras de la sociedad, es parte de ellas, y también influye en ellas, por ejemplo cuando ‘incentiva’ a los actores sociales a elegir un cambio de tal o cual tipo, y contribuye a deslegitimar ciertos discursos, formas de acción y percepciones respecto a la movilización social. Hoy por hoy, el énfasis en los actores y las identidades lleva a analizar los cambios microsociales y a considerar a éstos como los únicos cambios ‘posibles de lograr’, e incluso, ‘legítimos’.

  • 7 Los teóricos tienen diferencias sobre los motivos del individuo para participar en una acción colec (...)

48Las teorías de la movilización se dividen en tres vertientes principales (sobre todo son el producto del estudio de movimientos occidentales), siendo cada una amplia y diversa. La ‘corriente de la movilización de los recursos’, de origen anglosajón, pone en relieve los modos de organización a partir de los recursos disponibles o de los que se pueden conseguir, es decir en el ‘cómo se moviliza’; por tanto, los cambios son descritos desde una perspectiva ‘micro’, sin ser relacionados con los cambios societales, históricos, culturales, etc.; mientras la ‘corriente de los nuevos movimientos sociales’, esencialmente de origen europeo, tiende a analizar el ‘por qué’ de la movilización social, al nivel ‘macro’, tiende a vincular la emergencia de ‘nuevos discursos’ con los cambios societales, pero el concepto de ‘nuevo movimiento social’ ha sido institucionalizado y no siempre es operativo para analizar los comportamientos y los modos de acción de los actores. Finalmente, la ‘corriente constructivista’, que nace a mediados de la década del setenta, tiende a vincular lo macro y lo micro; es decir, los comportamientos, valores, y discursos, con los recursos, modos de organización y estrategias de movilización, por tanto, incluye un enfoque sicosocial muy importante, desarrollado especialmente por autores como Gamson (1992). Este intento de articulación permite, por un lado, ampliar las perspectivas sobre los movimientos estudiados y percibir nuevas dimensiones de la movilización (motivos y modalidades de la movilización individual7, creación y adopción, por las bases, de la identidad colectiva del movimiento); y por otro lado, aplicar los conocimientos adquiridos a otros ámbitos, en especial, utilizar las teorías occidentales para analizar movimientos en otras áreas culturales (Escobar y Alvarez 1992; Foweraker 1995).

El cambio visto por los actores sociales

49Otro elemento de reflexión, que queremos proponer aquí para definir el cambio, es la confusión que tiende a producirse en algunos casos, entre ciertos términos: ‘el cambio’, ‘la modernización’, ‘el desarrollo’, y otros varios conceptos que permiten describir las mutaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Cabe subrayar que la adopción de tal o cual término, y la constatación del fracaso o del éxito de los movimientos en la búsqueda de ciertos cambios, pueden ser, al igual que los intentos por establecer modelos teóricos, originados en presupuestos ideológicos. Evitar tal problema metodológico implica ‘relativizar el alcance de estos conceptos para describir la realidad’; primero, preguntándose ‘a quién’ le resulta importante evaluar los logros alcanzados por los actores sociales (Salman 1999), y segundo, comparando los parámetros ‘científicos’ con los criterios de los actores (Hirshman 1986).

50Lo que no se ha estudiado todavía (o se ha estudiado muy poco) son las percepciones de los mismos actores sobre el cambio que ‘su’ movilización implica. Así como lo subraya Tom Salman después de mostrar cómo las corrientes de análisis de los movimientos sociales (presentes en Chile) desembocan en una constatación de ‘desencantamiento’ en las ciencias sociales, queda por investigar desde dónde se evalúa el éxito o el fracaso de la movilización social:

  • 8 Salman, Ton, “Aplausos después del desfile: el estudio de organizaciones y movimientos sociales des (...)

51“(Estas tendencias teóricas.. .)¿Ofrecen respuestas a la necesidad de entender a fondo el por qué los resultados del desempeño de las organizaciones no fueron satisfactorios? Otras preguntas pertinentes son: ¿ Estas corrientes dejan en claro para quiénes no fueron satisfactorias las actuaciones de las organizaciones y de los movimientos? ¿ Ayudan estas proposiciones de interpretación a entender las expectativas de la gente común y corriente que participó en estas organizaciones?”8

52Albert Hishman comparte esta preocupación, pero además él menciona (de una forma humorística), la dificultad metodológica de evaluar el éxito o el fracaso de los ‘experimentos populares’ para mejorar el bienestar de la gente:

  • 9 Hirshman, Albert O., El avance en colectividad, experimentos populares en la América Latina México, (...)

53“¿Por qué no satisfacerse con ‘salvar almas’, es decir, regocijarse con cualquier avance que se esté logrando en materia de bienestar humano, solidaridad y esperanza, sin intentar siquiera la tarea imposible de resumir todos estos esfuerzos, victoriosos o decepcionantes, y de comparar el resultante ‘total’ con algún concepto igualmente nebuloso, como el ‘bienestar económico general’ o las ‘perspectivas para la democracia’?”9.

54Hirshman se propone mostrar que la dificultad consiste en determinar los parámetros de evaluación: los éxitos y los fracasos en cuanto al nivel de ‘mejoramiento del bienestar’ de las poblaciones no pueden ser evaluados en términos cuantitativos. También, señala que esta preocupación es ajena a los mismos actores. Por un lado, los autores de las transformaciones sociales se preocupan poco de las consecuencias macroeconómicas de sus acciones; por otro lado, rechazan “al culto del PNB o de la tasa de desarrollo como los únicos arbitros del progreso económico y humano. El desarrollo popular se niega a ser juzgado por estas normas” (1986: 110). Lo que sí valoran es su acción, la solidaridad que resulta y nace del proyecto de movilización; es decir, estos pequeños y grandes cambios en su vida personal, al nivel de su propia idiosincrasia.

55Finalmente, los intentos de mejoramiento de las condiciones de vida no siempre van de la mano con una movilización de masa, con un cambio trascendental de las estructuras sociales (Calla): en ciertas ocasiones, una ‘acción colectiva’ puntual, que al parecer solo logra mejorar el nivel de vida de unas cuantas familias, puede constituir el germen de futuros cambios sociales (Hirshman 1983; 1986: 114). Por ejemplo, al no ser advertidas por los gobernantes dictatoriales, estas acciones colectivas puntuales dieron paso a actores sociales capaces de oponerse al régimen político (pero como lo indicamos al principio de esta presentación, el vínculo entre la movilización social y la derrota de un régimen tiene que ser analizado en relación al orden político).

56Por el contrario, se puede ‘sobrevaluar’ los efectos de una movilización: como lo señala Dabéne dentro de este libro, cabe preguntarse si, como lo presuponen los discursos tantos militantes como oficiales, la ‘democracia participativa’ siempre permite mejorar el bienestar de la gente. De no ser así las frustraciones de los actores aumentan, y sus percepciones sobre la democracia pueden volverse más escépticas.

El cambio y el golpe de Estado en Ecuador

  • 10 Veáse Schedler, Andreas y Santiso, Javier (comp.), Tiempo y democracia, Caracas, Nueva Sociedad, Nu (...)

57El cambio en sí, pues, sigue siendo un fenómeno difícil de abarcar y entender en toda su complejidad. Lograr una mayor comprensión del mismo supone descartar cualquier predefinición o prehipótesis en cuanto a su carácter de realizable o no. El cambio es un proceso continuo, pero que a veces tiende a acelerarse. El estudio del uso político del tiempo por parte de los actores sociales y políticos es todavía incipiente10, por lo que no es posible hoy en día predecir el futuro; si bien nos propusimos evocar en esta presentación algunos cambios posibles o ‘utópicos’ en el área andina, cabe subrayar que los mismos actores sociales se encargan de cambiar el transcurso de la historia, la suya y la nuestra, y de ‘desplazar’ la frontera de lo utópico.

  • 11 El Comercio (Quilo). 22 de enero de 2000.

58En Ecuador, el cambio de poder anhelado por los movimientos indígenas y oficialmente reivindicado en el mismo momento en el que se realizaba este encuentro (noviembre de 1999), fue definido como utópico y ‘fuera del pilche’ por el Gobierno, la prensa y buena parte de la población. El golpe de Estado fomentado el 21 de enero de 2000 en Ecuador por los indígenas junto con algunos jóvenes oficiales, como el Coronel Lucio Gutiérrez, nos recuerda que lo utópico puede convertirse en realidad. También, constituye una nueva evidencia de que toda movilización social se teje a partir de ‘tradiciones y elementos codificados’ (la referencia hecha por uno de los oficiales, Fausto Cobo, a la Revolución Juliana de 192511, es un elemento identificador del Ejército ecuatoriano), pero también a partir de ‘innovaciones’ (como la asociación del Ejército con organizaciones indígenas contra el Gobierno constitucional). Pero las motivaciones de los actores que propiciaron tal movilización no dejan de constituir un enigma, dada la salida que encontró la constitución del triunvirato compuesto por Lucio Gutiérrez, Antonio Vargas y Carlos Solórzano, en la madrugada del 22 de enero, y tomando en cuenta la afirmación del nuevo Presidente Gustavo Noboa (propuesto por el General Carlos Mendoza que se encontraba encabezando el triunvirato desde unas pocas horas, después de reemplazar al Coronel Gutiérrez), de seguir con la política de ‘dolarización’ de su predecesor, el Dr. Jamil Mahuad Witt.

  • 12 Schedler, Andreas y Santiso, Javier (comp.), Tiempo y democracia, op. cit. Después de recordar las (...)

59En todo caso, tal evento no puede entenderse, en nuestro concepto, sin un análisis integral del proceso de democratización y de cambio social, en el que los movimientos sociales (en especial las organizaciones indígenas) del Ecuador buscan desempeñar un papel mayor. Más específicamente, no se puede desestimar el contexto en el que se produjo este acontecimiento, que se caracteriza por el proceso de refundación política iniciado después de la caída de Abdalá Bucaram (5 de febrero de 1997). Se propone esta refundación por los movimientos sociales que lograron la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1997-1998 (pero esta última seguía controlada por los mismos partidos políticos que dominan el Congreso Nacional), consagrada por la nueva Constitución Política del Ecuador (junio 1998), pero también por las reformas electorales de 1998. Tal proceso de reforma política, electoral y jurídica tiende a fortalecer la representación de los partidos políticos mayoritarios (en términos de escaños) al mismo tiempo que reduce la capacidad de convocatoria de los nuevos actores sociales. También se incrementa el control social, al prohibirse en la misma Constitución Política el derecho de huelga en los sectores públicos. El golpe de Estado del 21 de enero del 2000 bien puede ser una respuesta al fortalecimiento de un sistema político de tipo presidencialista12, que restringe cada vez más la participación popular y la representación proporcional de las minorías en un plano electoral. En términos generales, la reforma del sistema político llevada a cabo por los partidos busca controlar la expresión por parte de los actores sociales de su ansiedad por tener un mayor margen de participación en el debate político, a la hora en que el Estado parece a punto de derrumbarse, mientras se implementan políticas económicas y monetarias fundamentalmente neoliberales, como la política de dolarización, la misma que constituye la chispa que permitió prender el fuego. En ese contexto, el cambio social y político, que las élites quisieran controlar al reducirlo a un cambio constitucional o legislativo, nuevamente debe ser objeto de reflexión.

Incentivo

  • 13 Cabe señalar que en mayo de 2000, se realizó en Colombia el encuentro “Movimientos sociales. Estado (...)

60Como lo subrayó uno de los ponentes, a quien este encuentro permitió abordar el tema nuevamente, cabe recordar que no ha habido seminarios o encuentros respecto al tema de los movimientos sociales en los últimos años. Por tanto, nos parece fundamental convocar a nuevos eventos alrededor del tema, con el fin de contestar los interrogantes sin resolver, de fomentar mayores intercambios y criterios basados en investigaciones y estudios de campo, y de afinar las herramientas del estudio de la acción colectiva y de la movilización social13. Pues, así como lo subraya Ricardo Calla, creemos que todavía queda mucho por investigar, específicamente los lazos que tejen ciertos movimientos sociales con las ONG (también muy diversas) o con actores religiosos, e inclusive los vínculos entre poblaciones u organizaciones indígenas y el Ejército que existen, tanto en el Ecuador, como también en otros países. Pero se deben dejar de lado los prejuicios normativos sobre lo que es o no un movimiento social, y lo que son una movilización o un cambio exitosos. Así, cabe cuestionar los presupuestos que siguen anclados en algunos discursos profesionales, militantes pero también ‘científicos’ relativos a la movilización social, y que no han permitido resolver algunas dificultades teóricas y metodológicas que plantean las movilizaciones sociales. Estos presupuestos y estas dificultades desembocan en cierto desencanto respecto de los ‘beneficios’ de la movilización social y por ende, inciden en el abandono del estudio de este fenómeno poco conocido todavía: la participación de individuos en acciones colectivas para mejorar su bienestar y el de la sociedad en su conjunto.

***

  • 14 Gioconda Herrera, Jorge León, René Mayorga y Silvia Vega no pudieron contribuir al libro: queremos (...)

61En este libro, enfatizamos las mismas problemáticas que en el seminario del cual se origina, aunque en forma un poco distinta14. Cuatro partes permitirán abarcar los siguientes temas: 1) Contextos y figuras de la movilización social, 2) Identidades colectivas y movilización social, 3) Movimientos indígenas y transformación política, 4) Perspectivas de la movilización social.

62La primera parte reúne dos exposiciones relativas a los regímenes políticos y los procesos de transición y consolidación democrática, lo que llamamos ‘los contextos’, en los que los movimientos sociales tienen que determinar sus formas de movilización. El artículo de Pablo Andrade busca determinar, en una perspectiva teórica, la forma de analizar la democratización en el área andina. El artículo de Jennifer Collins sobre el caso ecuatoriano, muestra cuáles son las figuras de la movilización social, enfatiza los límites a la participación de los movimientos sociales en los procesos de transición y la necesidad de buscar nuevas formas de representación y de actuación al nivel político.

63La segunda parte presenta enfoques sociológicos que permiten entender la creación de identidades colectivas en la movilización social. El estudio comparativo propuesto por Eric Lair, en torno a un movimiento (las rondas campesinas) del Perú y al movimiento revolucionario Quintín Lame en Colombia, muestra de qué manera se constituyen diversos discursos y formas de movilización a partir de tradiciones y de innovaciones sociales, y cómo éstos fomentan nuevas prácticas que pueden fundamentar la democracia. El artículo de Anne Collin Delavaud enfoca los nuevos procesos de negociación entre actores urbanos populares del Centro Histórico de Quito y las autoridades municipales de esta ciudad.

64La tercera parte, relativa a los movimientos indígenas en el Ecuador, enfatiza las transformaciones políticas y sociales impulsadas por este actor, mostrando cómo el cambio de las formas de representación y de participación política se ha constituido como el mayor planteamiento dentro del discurso indígena. Pablo Ospina enfoca el conflicto indígena entre 1990 y 1998 y su ‘resolución’ dentro del sistema político ecuatoriano mediante la integración de las nuevas demandas indígenas. Después, Fernando García presenta una evaluación de la integración de estas demandas a través de un reportaje sobre los procesos de aplicación y concreción de las nuevas normas constitucionales. Nosotros proponemos un estudio del discurso enfocado en una representación política directa y autónoma de los grupos indígenas, buscando su origen a través de una presentación de algunos fundamentos de la construcción del orden político y del Estado-nación en el Ecuador. Finalmente, nos pareció interesante presentar aquí, para fomentar una reflexión comparativa, el estudio propuesto por Carlos Fernández, que busca explicar por qué no hay movimientos indígenas en el Perú.

65Por último, la cuarta parte enfatiza las perspectivas de la movilización social. Ricardo Calla propone un balance de los ‘cambios’ políticos y socioculturales generales, y de los que han ocurrido dentro de los mismos movimientos sociales, en relación con los primeros, a partir del estudio de los movimientos sindicales bolivianos contemporáneos. Luego, la reflexión propuesta por Olivier Dabéne sobre el concepto de ‘democracia participativa’, permite advertir tanto la dificultad en vincular esta última con el mejoramiento del bienestar de la gente, como las frustraciones posibles que se pueden derivar del fracaso de las experiencias de participación: en caso de que la participación y la representación no estén acompañadas por una ‘redistribución’ efectiva de las riquezas, la democracia resultará debilitada.

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Notes

1 Para un análisis crítico, véase: Favereau Olivier, “L’économie de l’action collective”, en Chazel François, Action collective et mouvements sociaux, Paris, PUF 1993, p. 267, pp. 251-256. El autor muestra cómo una visión economicista de la acción colectiva, impulsada por Olson (quien recogió conceptos económicos aplicables a pequeños grupos de productores) para analizar la movilización social y definir el “paradigma del free rider”, evacúa la dimensión colectiva del individuo, olvida su inserción en un medio social, que no es solamenre gobernado por inrereses, racionalidad y cálculos en términos de costo-beneficio, como lo es supuestamente ‘el mercado’. Destacan tres tendencias en este tipo de análisis: la corrienre Srandarr (Arrow 1951 ; Olson 1965) la corriente Srandarr Extendida, en la que se fundamenta la ‘Teoría de los Juegos’, y una teoría ‘no Standart’.

2 Ver: Dávila Ladrón de Guevara, Andrés y Rudas, Caroline, “Colombia 1998: elecciones y paz en medio de la turbulencia”. Anuario Social y Politico de América Latina y el Caribe (2), San José, FLACSO-Nueva Sociedad, 1998, pp. 11-18.

3 El 51% de la población, según la encuesta del Comercio y Washingron Post, El Comercio (Espejo de las Americas) 16 de abril de 1998. Otras encuesras demuestran que en octubre de 1996, el 52% consideraba preferible la democracia, el 23% era indiferente y tan solo el 18% de la población se mostraba favorable al regreso a un régimen autoritario (latino-barómetros).

4 Sobre la definición de lo que es la movilización social, ver en especial: Klandermans 1988-1995; Tarrow 1992-1994.

5 Un ejemplo muy notorio lo encontramos en Bolivia, con el retorno del General Hugo Banzer, dictador de 1971 a 1977, electo presidente en 1997 y dirigente del partido Acción Democrática Nacional (ADN), derecha conservadora.

6 Ver: Entrevista al antropólogo Juan José Pujadas, El Comercio, 5 de diciembre de 1999. Para el investigador catalán, hoy en día, el cambio debe venir de las élites. Este interrogante estuvo presente en la ponencia de Silvia Vega (CEPLAES).

7 Los teóricos tienen diferencias sobre los motivos del individuo para participar en una acción colectiva o un movimiento social. Tres grandes perspectivas (que no alcanzan a resumir la diversidad de criterios al respecto) pueden ser esbozadas. La primera es la corriente economicista, encabezada por Olson. Se caracteriza por el paradigma siguiente (paradigma de Olson también llamado del “free rider”): el individuo ‘no’ se moviliza porque piensa que, de todas formas, se beneficiará de los logros alcanzados por los actores movilizados; o bien sólo se moviliza si puede conseguir algún provecho inmediato y concreto de su movilización. Esta percepción del individuo como actor racional procede de la teoría económica, que percibe al individuo como actor racional que calcula el costo beneficio de su movilización. Esta visión es matizada por algunos autores (Lindenbergh) que demuestran que si bien la racionalidad interviene en la decisión, se trata de una ‘racionalidad limitada’: esto permite entender que algunos individuos se movilicen para defender el status social de otros, al darse cuenta de que su propio status podría ser amenazado si no lo hacen. En todo caso, como lo muestra Lindenbergh, la percepción que el individuo tiene de la utilidad marginal de su participación influye en su decisión: es decir, su decisión depende del resultado esperado, y éste depende del tipo de movilización a la que el individuo se suma. Véase Wippler Reinhart, “Individualisme méthodologique et action collective” in Chazel François, (dir.), Action collective et mouvements sociaux, Paris, PUF, Sociologies, 1993, 267 p., pp. 207-222. De esta primera corriente se deriva otra, la llamada Corriente de la Movilización de los Recursos (CMR), muy diversa y extendida. Esta última propone diferentes interpretaciones del paso del individuo hacia la movilización; por ejemplo en las décadas de los cincuenta y sesenta, un grupo de autores define la movilización como el producto de una frustración social (teorías de la frustración relativa). Pero ciertos autores de la misma corriente (CMR), como Charles Tilly o Anthony Obershall, dan un salto al analizar los modos de organización que, al nivel ‘microsociológico’, fundamentan la movilización, enfatizan el hecho de que el individuo no se une a una movilización de forma ‘aislada’ sino que pertenece a redes sociales, profesionales y políticas que influyen en su decisión de participar. Finalmente, el paradigma constructivista analiza la creación de intereses comunes, de la solidaridad, de la consciencia y de la identidad colectiva. Estos procesos no son anteriores sino, más bien, simultáneos a la movilización. También hay que rescatar la valiosa contribución del economicista Albert O. Hirshman a la comprensión de ciclos de movilización en su obra Bonheur privé, action publique, Paris, Fayard 1983 (trad. fse), 257 p., y al estudio de las diferentes formas de movilización (o de deserción) de los ciudadanos en Défection et prise de parole, Paris, Fayard 1995 (trad. fse), 213 p.

8 Salman, Ton, “Aplausos después del desfile: el estudio de organizaciones y movimientos sociales después de la euforia”, en Salman, Ton y Kingman, Eduardo (eds) Antigua modernidad y memoria del presente, culturas urbanas e identidad, Quito: FLACSO, 1999, 372 p., pp 55-67, cita p. 61.

9 Hirshman, Albert O., El avance en colectividad, experimentos populares en la América Latina México, Fondo de Cultura Económica 1986, 120 p., p. 110.

10 Veáse Schedler, Andreas y Santiso, Javier (comp.), Tiempo y democracia, Caracas, Nueva Sociedad, Nubes y Tierra, 1999, 136 p., en especial la introducción (pp. 7-26) por los compiladores, y la contribución de Juan Linz, “Las restricciones temporales de la democracia” pp. 27-56. Este último cuestiona el juicio, muy difundido, según el cual una democracia se considera eficiente cuando es estable, denunciando una fetichización de la estabilidad.

11 El Comercio (Quilo). 22 de enero de 2000.

12 Schedler, Andreas y Santiso, Javier (comp.), Tiempo y democracia, op. cit. Después de recordar las características principales de un sistema presidencialista. los autores resaltan en su introducción lo siguiente: “(...) esta combinación precaria de protección mutua contra el despitlo. por un lado, p interdependencia política, por otro lado, puede llevar a la confrontación, incluyendo el riesgo de soluciones no institucionales” (p. 12).

13 Cabe señalar que en mayo de 2000, se realizó en Colombia el encuentro “Movimientos sociales. Estado y Democracia”.

14 Gioconda Herrera, Jorge León, René Mayorga y Silvia Vega no pudieron contribuir al libro: queremos agradecerles su valiosa participación en el seminario.

Notes de fin

1 Universidad Aix-Marseille III

2 FLACSO-Sede Ecuador

© Institut français d’études andines, 2000

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