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El embrollo boliviano

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Jean-Pierre Lavaud

Segunda parte. Los agentes de la inestabilidad

Capitulo cinco. Los Aviadores Norteamericanos

Texte intégral

1Dada la considerable influencia de los Estados Unidos en Bolivia, tanto en la vida política como en la economía boliviana, es conveniente ahora preguntarse sobre cuáles han sido las consecuencias de las intervenciones norteamericanas en las sucesiones gubernamentales. ¿Han contribuido a fomentar la continuidad constitucional o, al contrario, han debilitado los gobiernos y han facilitado la inestabilidad política y social en el país?

2Pese a la diversidad de las instancias norteamericanas que intervienen en los asuntos bolivianos (públicos: Departamento de Estado, Pentágono, CÍA, DEA, o privados: empresas multinacionales, bancos...) y de su falta de coordinación, hasta su oposición en ciertos momentos, para simplificar la exposición de una compleja situación de interrelaciones entre los dos países, asumiremos que la política norteamericana en Bolivia (como en el resto del mundo) está regulada por dos principios, ligados entre ellos. El primero es eminentemente político: impedir o combatir el avance del comunismo. El segundo es más bien económico: defender y promover los intereses económicos norteamericanos y, por extensión, defender y promover la economía de mercado.

3Idealmente, entonces, el interés de los Estados Unidos sería que Bolivia oriente su política internacional de acuerdo a la de su gran vecino, goce de una gran estabilidad gubernamental y engendre una floreciente economía capitalista abierta a los flujos comerciales venidos del Norte. Lo menos que se puede decir es que eso no sucede así y que, por lo tanto, los Estados Unidos se ven obligados a intervenir frecuentemente en los asuntos del país. Pero, de acuerdo a las coyunturas políticas y económicas tanto en los Estados Unidos como en Bolivia, la intensidad y la forma de las intervenciones varían y tienen efectos más o menos inmediatos o diferidos, directos o indirectos, en la vida política local y sobre la estabilidad gubernamental.

4En los hechos, es a veces difícil discernir entre las intervenciones políticas y los incentivos o sanciones económicos, pues, a menudo, éstos últimos se deciden para apoyar objetivos políticos y, a la inversa, sucede que las presiones políticas sirven para favorecer proyectos o intereses económicos norteamericanos. De todas maneras, por razones de claridad en la exposición, me ocuparé, de partida, de los asuntos directamente políticos, incluyendo los asuntos militares, para luego ocuparme de los asuntos estrictamente económicos.

5Es fácil distinguir tres grandes fases en la política norteamericana respecto a Bolivia y, en general, en su política sudamericana desde 1945 hasta los años 80. Aun período democratizante le sigue un período militarizante, el de los años 60 hasta fines de los 70, seguido, a partir de 1976-1977, por un retorno al apoyo de los regímenes democráticos. En 1954, 12 países latinoamericanos de 20 están siendo gobernados por militares, mientras que en 1960, sólo queda uno, el Paraguay. Ya hemos visto como la Revolución Cubana obligó al Pentágono a cambiar la estrategia del combate anticomunista y a aumentar considerablemente la ayuda a las fuerzas armadas del Sur. Esta política de ayuda militar y la creencia, sostenida por un cenáculo de sociólogos y economistas, según la cual los oficiales pueden constituir una fuerza de progreso y de modernización, llevan a los presidentes Johnson, Ford y Nixon a prestar su apoyo a los regímenes militares que, entonces, se imponen en toda América Latina. Entre marzo de 1962 y junio de 1966, 9 golpes de estado llevan a los militares a la cabeza de países que cuentan con un gobierno constitucional y, a principios de los 70, viene una segunda ola que golpea a países con sólidas tradiciones civiles, como Chile y Uruguay.

6Aunque, en la mayoría de los casos, no se le puede imputar la provocación de los golpes de estado a una intervención directa de tal o cual agencia norteamericana, tampoco se los puede comprender sin tener en cuenta el vasto programa de ayuda a las fuerzas armadas latinoamericanas que los preceden, ni el hecho que todos estos gobiernos reciben la bendición de los Estados Unidos. Como recuerda Alain Rouquié, en 1970, una comisión parlamentaria norteamericana concluye que el programa de ayuda militar ha contribuido notablemente a “fortalecer la defensa del mundo libre,” sobre todo, “comunicando eficazmente los dogmas antisubersivos en varios países amenazados” y que ha permitido “desarrollar la influencia militar en los países beneficiarios con una relación costo/beneficio muy baja” (Rouquié 1982: 172-173).

7A partir de 1976, el presidente Carter y sus consejeros, dados los efectos perversos provocados por los regímenes militares (sus fracasos en casos de desarrollo, la oposición social que engendran y la lamentable imagen que ofrecen), promueven una nueva política para su ayuda respecto a Latinoamérica, más orientada hacia los sectores sociales (el pequeño campesinado, sobre todo) y favorable a las democracias respetuosas de los derechos humanos. Si el Brasil parecía encarnar el tipo de régimen deseado por la administración norteamericana en el anterior período, ahora es Venezuela el país que mejor parece ajustarse a sus deseos y que, por otra parte, le sirve de intermediario para difundir su nuevo mensaje. El resultado de esta nueva política no se hace esperar mucho tiempo; varios países convocan a elecciones: Perú, Ecuador, Bolivia, entre ellos. Una vez más, aunque no podemos atribuirle únicamente a los Estados Unidos los méritos de esta ola de democratización continental, es evidente que apresuran su aparición y que apoyan ese movimiento; tanto que Reagan no reformula la política del retorno a los regímenes democráticos, aunque abandona la vitrina humanitaria en defensa de los derechos humanos que le había dejado su predecesor.

8Una vez claramente delimitados esos tres momentos de la política intervencionista norteamericana, nos falta examinar con más detalle cómo se tradujeron en presiones concretas sobre los gobiernos bolivianos y cuáles han sido sus resultados en la vida política local.

9En grueso, ya hemos visto que los Estados Unidos han ayudado al MNR, reaccionado con cautela ante la intervención militar de 1964, han desaprobado la mala conducta de los militares nacionalistas, que se han apoyado en Bánzer para luego condenar los golpes de estado militares —hasta negarse a reconocer a algunos gobiernos— para forzar el retorno a la democracia.

  • 1 En nota, el autor añade que, durante este mismo período, Israel es el único país en el mundo que r (...)

10Teniendo en cuenta los objetivos norteamericanos y las tres etapas de su intervención, tal como han sido definidas previamente, la única sorpresa proviene de la ayuda otorgada a los revolucionarios de 1952. En efecto, según Colé Blasier: “La revolución boliviana es la única y genuina revolución social a la cual los Estados Unidos otorgaron un temprano y constante apoyo. De 1952 a 1954, los Estados Unidos otorgaron más ayuda económica per capita a Bolivia que a ningún otro país latinoamericano. En 1957, los Estados Unidos le otorgaron un subsidio directo que constituía más del 30 por ciento del presupuesto general del gobierno boliviano, y ese tipo de reembolsos continuó en montos más reducidos por varios años. Por lo menos en un sentido, durante una docena de años, los Estados Unidos estuvieron profundamente comprometidos en lograr que la revolución boliviana funcione” (Blasier 1971).1

11¿A qué se debe este trato favorable teniendo en cuenta que “los Estados Unidos han enviado fuerzas armadas para combatir los movimientos revolucionarios en México, en Rusia y en las fronteras de China” y que la CIA colaboró “a los grupos de exiliados para que ataquen a los gobiernos revolucionarios de Guatemala y de Cuba”? Sin duda, existe un conjunto de complejas razones que han estado a favor de Bolivia. Sin orden relativo, se puede mencionar la posición geográfica de un país relativamente alejado de los Estados Unidos (al contrario de los países del Caribe o de Centroamérica), la ausencia de grandes intereses norteamericanos en el país, la ideología nacionalista y no comunista de los revolucionarios, la legitimidad de un presidente que ya había obtenido la mayoría electoral en 1951 y, finalmente, la habilidad de los jefes de la revolución quienes le aseguran inmediatamente a Estados Unidos que las exportaciones de estaño hacia ese país no serán de ninguna manera obstruidas, que las compañías mineras expropiadas serán indemnizadas y que los derechos de propiedad y libertad serán respetados.

  • 2 Según Henry Holland, Assistant Secretary for Interamerican Affairs, citado por Blasier (1971: 78).

12Todas estas razones justifican, sin duda, el reconocimiento del gobierno movimientista, pero no justifican una tan masiva ayuda. Tampoco se la puede entender como un gesto humanitario ante un país amenazado por el hambre, el que, por su parte, había ayudado a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial otorgándole su estaño a precio rebajado. Si la ayuda norteamericana sube hasta 20 millones de dólares a partir de 1954 (contra los 11 millones de 1953), es porque, claramente, se trata de colaborar a un gobierno “valiente y carente de recursos que enfrenta el problema comunista”.2 En efecto, la embajada norteamericana en La Paz se convence rápidamente que el MNR es la única fuerza capaz de gobernar el país y los Estados Unidos se dedican a fortalecer el ala moderada del partido, el “centro pragmático” como la denomina Malloy, en contra de la izquierda, sobre todo sindical, influida por los marxistas. Hacen del gobierno del MNR “una demostración experimental en América Latina,” “un experimento silencioso,” retomando los criterios de Earl Sanders, cuyos “objetivos se expresaban, sobre todo, en términos socio-económicos —para combatir o acabar con la hambruna, para diversificar y expandir la producción agrícola, para mejorar el nivel de vida, etcétera. Sin embargo, el objetivo principal era político, para mantener en el poder a la más confiable fuerza política en Bolivia. Ya en julio de 1953, el State Departament había decidido que el MNR constituía esa fuerza, específicamente, Paz y el 'centro pragmático'” (Sanders 1976).

13Si la hipótesis de Sanders —la de una intención esencialmente política de los norteamericanas con el fin de consolidar un gobierno que frene comunismo— es exacta, la ayuda debe disminuir o terminar cuando se considera que la consolidación deseada ha sido alcanzada. Pero éste no es el caso, aun cuando, en 1958, Siles logra dividir el sindicalismo minero. En efecto, la izquierda del partido permanece lo suficientemente fuerte como para que, en 1960, Paz Estenssoro acepte a Lechín como su vicepresidente. Por otra parte, el triunfo de la revolución cubana y la oferta soviética, de un crédito de 150 millones de dólares, en diciembre de 1960, para construir fundiciones obligan a los Estados Unidos a engrosar su ayuda, esta vez bajo la forma de créditos destinados a rehabilitar la COMIBOL (Plan Triangular), construir caminos, estimular la industria del petróleo, etcétera. Así, la ayuda norteamericana aumenta en un 600 % de 1960 a 1964. Y esta nueva ola de ayuda norteamericana engendra un ataque frontal contra la izquierda del partido.

14Según Sanders, el “experimento silencioso” recién termina con el golpe de estado de Barrientos. Si efectivamente el objetivo norteamericano era el de lograr la emergencia de un gobierno que constituya un sólido impedimento al avance del comunismo, la caída de Paz Estenssoro y la toma del poder por parte de los militares no pueden considerarse como un fracaso de su política sino, al contrario, como un éxito, aun si el precio es una ruptura de la continuidad constitucional. Por otra parte, es notable que la ayuda norteamericana disminuye a partir de 1965, que, desde entonces, toma definitivamente la forma de préstamos —en los años 50, en su mayoría, consistía de donaciones— y que únicamente la ayuda militar mantiene índices comparables a los de los años 1960 a 1964. Esta ayuda militar, —considerable por su parte (36 % del presupuesto de las Fuerzas Armadas desde 1960 a 1964), teniendo en cuenta la importancia numérica de estas Fuerzas— es un otro indicador pertinente de la voluntad norteamericana, sobre todo política, por evitar todo peligro comunista. Su efecto indirecto y diferido es, sin duda, el golpe de estado de 1964.

15La serie de intervenciones diplomáticas norteamericanas carece de sorpresas. Como dice Gómez d'Antelo, “de entonces en adelante, la influencia de los Estados Unidos en Bolivia fue directa y menos costosa, resultaba más simple influenciar militares bolivianos claves que gastar millones de dólares asegurando el control sobre gobiernos izquierdistas” (1978: 104). Pero, en 1964, resulta algo muy difícil de prever que, más adelante, aparecerán militares nacionalistas permisivos, dispuestos a promover nuevas nacionalizaciones, alianzas con los sindicatos y, peor, a criticar la Junta Interamericana de Defensa y establecer relaciones con los países del Este. Sucede que, después de haber reconstituido el poder militar, la ayuda norteamericana provoca un efecto perverso: un deseo de independencia. Un deseo que no le cae nada bien a la administración norteamericana. Y, por lo tanto, no es nada sorprendente el encontrar personalidades norteamericanas, y también brasileñas, en medio del fuego de la acción golpista que, en 1971, devuelve a Bolivia al redil de la ortodoxia dictada desde Washington.

16De partida, el retorno de los militares al poder es premiado con una recompensa (con una ayuda de 45.9 millones de dólares en 1972). Después, por la misma razón que en el caso de Barrientos, la ayuda norteamericana disminuye nuevamente y, sobre todo, se la otorga, una vez más, bajo la forma de una colaboración militar (59.6 % de la ayuda otorgada en 1976).

17A partir de 1978, los Estados Unidos condenan todos los golpes militares que tienden a perpetuar los regímenes militares, es decir, los de Pereda (1978), Natusch Busch (1979) y García Meza (1980). No son capaces de impedirlos, pero, sus posteriores intervenciones, bajo la forma de presiones económicas sobre todo, apresuran la caída de estos temerarios oficiales, que emprenden su aventura en contra del explícito apoyo que sus vecinos del Norte le prestan a un retorno hacia formas gubernamentales más “presentables.”

18El caso más interesante es, sin duda, el del golpe de estado de García Meza, pues suscita encendidas reacciones en los Estados Unidos. El propio presidente Carter expresa “su completo desacuerdo” por la forma en la que Lidia Gueiler es destituida. Más aún, los Estados Unidos retiran sucesivamente a su embajador (quien había intentado, reiteradamente, impedir el golpe de estado) y a su misión militar y, finalmente, cortan su programa de lucha antidroga. En La Paz, sólo dejan a un encargado de negocios.

  • 3 Informe R, “Elementos para el análisis de las relaciones boliviano-americanas,” Informe Especial, (...)

19La llegada de Reagan a la presidencia de los Estados Unidos no modifica en nada la posición de ese país respecto a García Meza. Por cierto, la nueva administración calla sus críticas sobre la violación de los derechos humanos, pero hace de la lucha contra el tráfico de drogas una nueva precondición para su reconocimiento gubernamental. Y todo esto cuando la prensa norteamericana acusa a los más altos dignatarios de estado de estar comprometidos con el narcotráfico. El impacto del “bloqueo” económico impuesto por los Estados Unidos y sus socios en aquel entonces, se mide claramente calculando la imposibilidad de obtener ganancias: a mediados de 1981, más de 60 obras y proyectos se encuentran paralizados, la sola suspensión de la ayuda de USAID significa una pérdida de 125 millones de dólares al año; todas las negociaciones para el refinanciamiento de la deuda se encuentran bloqueadas y, prácticamente, no queda ningún tipo de fondos para cubrirla.3

20Progresivamente, las relaciones intergubernamentales se normalizan con la posesión de Torrelio, el lo. de noviembre de 1981. Un nuevo embajador norteamericano llega a Bolivia. El reconocimiento fue posible gracias a algunos signos tangibles de lucha antidroga y a la destitución de dos oficiales ostensiblemente vinculados con los narcotraficantes. Pero, la ayuda norteamericana no se reanuda, en rigor, sino después de octubre de 1982, cuando Siles Suazo se hace cargo de la presidencia.

21¿Qué enseñanzas podemos obtener de estos datos respecto al problema de la inestabilidad, que es el que aquí nos interesa? Es claro que, desde ya, no podemos responder taxativamente a la pregunta: ¿Los Estados Unidos han facilitado o no la inestabilidad gubernamental? La han facilitado cuando ésta correspondía a sus intereses, tal como ellos los entendían en determinados momentos. Caso contrario, han presionado a los gobiernos y esas presiones han acelerado sus caídas. Habrá que reconocer, sin embargo, que se mostraron hostiles a la mayoría de los golpes de estado, porque éstos no seguían, precisamente, sus puntos de vista y, también, es muy difícil atribuirles —por falta de pruebas— una responsabilidad directa en aquéllos que apoyaron. Como, por otra parte, el MNR permaneció durante doce años el gobierno gracias a su colaboración, uno está tentado de reconocerles el mérito de haber intentado estabilizar la política boliviana. Pero, éste es sólo un primer balance: la realidad es más compleja. La ayuda americana y las condiciones en las que fue concedida provocan una serie de efectos perversos que, indirectamente, impiden la estabilización. Junto a la aparición de los militares nacionalistas, hay otros efectos, brevemente evocados, sobre los cuales debemos ahora volcar nuestra atención: la regeneración de una neo-oligarquía exportadora y comerciantes; la corrupción y el caos administrativos; y la mentalidad medicante de las categorías dirigentes.

22El punto de partida para la reconstitución de una oligarquía es la estabilización monetaria de 1956. Recordemos que la donación de 25 millones de dólares (7.5 del FMI, 10 millones de dólares de ayuda y 7.5 de préstamos) por parte de los Estados Unidos a Bolivia está subordinada a la total libertad de comercio y precios. El remedio en marcha consagrado reduce la inflación, pero, como subraya el economista norteamericano Richard Thorn: “La soberanía económica que Bolivia alcanzó con la nacionalización de las minas fue ahora entregada. El rol económico dominante jugado por los barones del estaño en la vida económica (y política) de Bolivia fue ahora reemplazado por la Oficina de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, más benevolente, pero igualmente extranjera, remplazada más adelante por la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID)” (citado en Gómez D'Angelo 1978: 110).

CUADRO 1. La Ayuda Americana a Bolivia (1948-1976)

CUADRO 1. La Ayuda Americana a Bolivia (1948-1976)

a) Este cuadro no incluye las ayudas del Social Progress Trust Fund, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
b) Incluye: 1) las donaciones destinadas a la cooperación técnica y al desarrollo, 2) las donaciones en dinero y las otras donaciones, 3) las donaciones de alimentos bajo el marco de la Ley Pública 480 y de ciertos programas locales a partir de 1958, 4) los créditos para el desarrollo.
c) Inicio del programa en Bolivia.
d) Fin del programa en Bolivia.
e) A partir de 1973, estas cantidades pueden incluir más de 1 millón de dólares por concepto de la venta de armas por vía comercial
Fuente: Wilkie 1978: 85-86.

23Y, ¿cómo podría ser de otra manera cuando, desde 1957 a 1964, el total de los gastos de los Estados Unidos en Bolivia equivale al 91 % del presupuesto del Estado —con un máximo de 279 % en 1956—, donde un 22.8 % está directamente destinado a cubrir el déficit presupuestario?

24Luego, estos gastos disminuyen —18 % del presupuesto del Estado en 1976 (cf. Wilkie 1981)—, pero, lo importante es que éstos persisten, porque, según Colé Blasier, “parece que, de manera general, los Estados Unidos han ejercido su considerable influencia para engendrar, en Bolivia, un clima favorable para el capital extranjero, entendido, a la vez, como medio de promoción del desarrollo económico y como impedimento a la expansión de las empresas públicas” (Blasier 1971: 90). Además, dada la débil inversión interna, es el financiamiento extranjero, sea cual sea su origen —incentivado, por otra parte, por la serie de Ley(es) de Inversión sucesivas promulgadas desde principios de los 60 hasta fines de los 70—, el que orienta gran parte de la economía nacional. Ahora bien, ¿qué se puede constatar? En primer lugar, que el capital industrial internacional invierte mucho menos en Bolivia que el capital financiero, por la simple razón de que es muy arriesgado —dada la inestabilidad política— y que rinde menos. En efecto, las financieras internacionales pueden exigir tasas de interés bastante elevadas y el Estado garantiza el cumplimiento de los pagos. Y, aun cuando ése no es el caso, o sea, cuando los fondos no se canalizan por medio del Banco Central, contarían con la suficiente presión sobre el gobierno como para que éste haga que un banco público asuma la responsabilidad de los pagos; este es el caso de los créditos “algodoneros” otorgados por el First National City Bank y los créditos ganaderos concedidos por el Banco do Brasil, ambos transferidos al Banco Agrícola de Bolivia.

25Si se trata de una inversión directa, ésta se dirige, sobre todo, hacia el sector primario, la banca o el comercio de importación-exportación, y muy poco o nada hacia la industria. De esta manera, las inversiones contribuyen, casi en todos los casos, a promover los intereses de las grandes firmas ya establecidas, fortaleciendo así la estructura oligopólica de los propietarios de los medios de producción. A menudo, este es el caso de las extensiones locales de las multinacionales. El peso que, rápidamente, adquiere la Gulf Petroleum Company tanto en la economía como en la vida política del país permite ilustrar los efectos internos producidos por la abertura “irrestricta” a los capitales privados extranjeros. Permite mostrar, también, la parte de responsabilidad que, en el caso, tienen los bolivianos.

  • 4 Al respecto, cf. Almaraz 1969, Canelas 1963, Mariaca 1966.

26La compañía entra en el país en 1956, en condiciones altamente favorables —las establecidas por el famoso código del petróleo, conocido bajo el nombre de “Código Davenport”.4 Libre de manos y, prácticamente, sin competencia por parte de la empresa nacional YPFB que atraviesa por varias dificultades —de financiamiento, sobre todo—, se convierte en un oligopolio en tierra extranjera: “Al 31 de diciembre de 1968, la Gulf controlaba más del 80% de las reservas nacionales de petróleo y el 90% de las reservas de gas” (Soliz 1979: 169).

27En 1962-1963, descubre grandes reservas de gas, que decide exportar a la Argentina. En ese momento, se origina una polémica entre la compañía —que pretende comercializar este gas de acuerdo a los mismos criterios, precisados en el Código Davenport, que rigen para el petróleo— y los defensores de los recursos naturales bolivianos —que buscan todos los medios para impedir eso que consideran un nuevo acto de rapiña.

28La Gulf no escatima esfuerzos para “sacar su tajada.” De partida, utiliza la amenaza, dejando claramente establecida su intención de impedir nuevas inversiones extranjeras en el campo de la industria petrolera si el gobierno no se muestra más razonable (cf. Rocabado Alcócer 1968). Luego, compra aliados en el seno del gobierno —o, más exactamente, compra al presidente del país. En 1964, alquila un helicóptero para el candidato Barrientos, que luego, generosamente, se lo regala en 1966. “Fue el propio presidente de la GULF a nivel mundial, B. R. Dorsey, quien en carta al Jefe de Estado, general Hugo Bánzer Suárez, de 14 de mayo de 1975, confiesa que su compañía compró el helicóptero en 110 mil dólares y que dispuso de otros 350 mil dólares para sobornar a colaboradores de Barrientes. B. R. Dorsey, en declaración a la subcomisión del Senado norteamericano, presidida por el demócrata Frank Church, admite que Gulf gastó, entre 1966 y 1970, 4 millones de dólares [...] distribuidos en Bolivia, Corea del Sur, Líbano e Italia” (Soliz Rada 1979: 24). Resultado: un Consejo Nacional del Petróleo y la Petroquímica, creado el 27 de setiembre de 1967, admitió explícitamente que la exploración, explotación, transporte, la exportación y comercialización del petróleo, gas y asfalto y otros hidrocarburos son un derecho reconocido a los concesionarios autorizados.

29Con este nuevo derecho, fortalecida, la Gulfnegocia con Argentina la venta de gas boliviano. Compromete al país a proveer 150 millones de pies cúbicos de gas por día, a un precio fijo, durante 20 años. Por suerte para Bolivia, este contrato se modifica en los años 70; después de la nacionalización de la Gulf, los argentinos aceptan que se reajusten los precios de compra, pero éste no deja de cotizarse por debajo de los precios vigentes en el mercado mundial. Evidentemente, lo que le interesa a la Gulf es el vender la mayor cantidad posible de gas, en el menor tiempo posible.

30Y, gana en todos los terrenos porque también logra que el gasoducto Santa Cruz-Yacuiba sea construido por una de sus filiales, la William Brothers, que, por su parte, ya había construido todos los oleoductos bolivianos, no sin fallas técnicas y excesivos precios. La Gulf realiza su última maniobra en el país, en 1969, en vísperas de la nacionalización. Esta consiste enjugar con el regionalismo cruceño, en contra del gobierno del general Ovando, ofreciéndole al departamento productor el cederle gratuitamente el gas necesario para su consumo interno.

31Finalmente, la compañía lleva al país a una situación comparable a la que éste vivió durante la época de los barones del estaño; y, rápidamente, sus enormes recursos financieros (más de diez veces superiores a los ingresos nacionales bolivianos) y sus medios de presión diplomáticos (por medio de la embajada norteamericana en La Paz, sobre todo), constituyen un Estado dentro del Estado. Para recuperar un mínimo de soberanía nacional, es necesario nacionalizarla.

32Por supuesto, aunque espectacular, el caso de la Gulf no es el único. Cada vez que el gobierno de los Estados Unidos otorga una ayuda a Bolivia, intenta imponer su concepción de la economía de mercado. Claramente, Paz Estenssoro testifica al respecto, reconociendo que, cuando el gobernaba el país, es por esa razón que las negociaciones se tornaban muy complicadas y que, además: “En algunos casos, era prácticamente imposible llegar a algún acuerdo, debido a las posiciones diametralmente opuestas existentes, por ejemplo, en lo que a los créditos para el Banco Minero se refiere, que venían condicionados por la supresión del monopolio del Estado en la compra de minerales y por la aprobación de un nuevo Código minero; obstáculos para asegurar los recursos destinados al trabajo de exploración de YPFB; objeciones norteamericanas a la construcción de una fundición de antimonio ofrecida por Checoslovaquia y a la de una planta hidroeléctrica para COMIBOL por parte de los yugoslavos. También había dificultades sobre la venta de los otros minerales de la reserva estratégica norteamericana, que eran utilizados para controlar las tendencias de aumento de los precios en el mercado internacional. En muchos casos, lastimosamente, el gobierno se veía obligado a optar por una táctica de postergación o a ceder [...] porque la alternativa era, implícita o explícitamente, la interrupción del financiamiento a los proyectos de desarrollo, lo que era bastante serio. La más grande fuente de recursos disponibles era Norteamérica y sólo esta fuente incluía los fondos necesarios para cubrir los gastos del traslado de maquinaria y los costos locales, era indispensable para nuestro país, debido a la carencia de fondos propios para la inversión” (Blasier 1971: 89-90). Las condiciones de la ayuda son, por lo tanto, tan decisivas como la ayuda misma y, ambas, tienden a facilitar la reaparición de los “gigantes” extranjeros así como también la de una oligarquía exportadora y comerciante ligada, en parte, a compañías transnacionales.

33Indiquemos, al pasar, que los bancos multilaterales (Banco Mundial, FMI) que entran en Bolivia en los años 60 también contribuyen a levantar esta misma estructura patronal oligopólica. Una buena parte de sus financiamientos consiste en obras de infraestructura económica: 54.1 % de la deuda total boliviana de 1969 (contraída, en su mayoría, con USAID, el BID, el Banco Mundial, Eximbank y diversos gobiernos extranjeros); 44.8 % para sólo transportes. Ahora bien, estos contratos benefician principalmente a la empresa de construcción y trabajos públicos Bartos, varias veces mencionada, la única que posee suficiente capacidad como para emprender trabajos de gran envergadura. También, ya hemos visto que casi todos los créditos destinados a la agricultura van hacia la gran agricultura de exportación del Oriente.

34En lo que a los bancos explícitamente creados para favorecer la industrialización nacional, como el Banco Industrial, sabemos que, bajo la presión conjunta de sus proveedores de fondos extranjeros y de ciertos grupos locales, progresivamente, destinan una parte no desdeñable de sus créditos a las minas y los servicios. Más aún, en 1978, el conjunto de los bancos del país sólo ofrece un 24 % de su apoyo a la industria, ante un 48 % a la agricultura (Eckstein y Hagopian 1983).

35Finalmente, el financiamiento externo proveniente de los Estados Unidos, aunque también de otras fuentes, resulta en una creciente dependencia del país ante sus acreedores y el FMI. Entre 1970 y 1979, los créditos obtenidos por el gobierno ascienden de 670 millones de dólares a 3.4 billones de dólares. Y, en ese proceso, también cambian la naturaleza de los créditos: resultan cada vez más costosos y más exigentes. Entre 1971 y 1977, la proporción de la deuda contraída con un interés menor al 3 % desciende de 55 % a 44 % y de aquélla cuyo interés es superior al 6 % aumenta del 16 al 54 %, o sea, la proporción de los préstamos reembolsables en menos de 5 años se ha más que duplicado. Y, como a fines de estos mismos años 70, el país sufre una baja en sus exportaciones (minerales, hidrocarburos y productos agrícolas) y, a la vez, el costo de las importaciones aumenta considerablemente, el pago de la deuda resulta cada vez más pesado (en 1979, la deuda global equivale al valor del PNB), el déficit fiscal crece, la inflación aumenta. En breve, el país entra en una grave crisis económica. Y, durante los primeros años de los 80, aun el débil tejido industrial en vigencia se desagrega poco a poco. Más aún, el creciente aumento de la deuda lleva a los acreedores del exterior a ejercer presión para que el país se someta a las exigencias del FMI. Como casi siempre, estas exigencias consisten en propiciar la moneda local con el fin de reducir las importaciones, renegociar la deuda, controlar el crédito, congelar los precios y salarios, reducir los gastos públicos, aumentar la fiscalización y reorientar las inversiones para provecho de los sectores que trabajan para la exportación. Algunas de estas medidas van, pues, en contra de la industrialización y otras no tienen otro efecto que el de someter aún más al país a los mercados externos.

36Dicho de otra manera, los efectos se adicionan y todos van por la misma senda: la de mantener la economía boliviana como una de exportación de materias primas o semi-elaboradas y de importación de materiales y productos manufacturados. Este proceso tranquiliza a la neo-oligarquía volcada, desde ya, al exterior y ligada al exterior, poco o nada interesada en el desarrollo nacional, opuesta a todo intento de control y regulación estatal, y, por ello, capaz de ejercer todo tipo de presiones políticas, en complicidad con las de los intereses extranjeros, para controlar un cualquier gobierno adverso y, a la vez, conservar su libertad de maniobra y, por supuesto, sus ganancias.

37La ayuda norteamericana y, en general, la ayuda extranjera justifican un derecho de vigilancia sobre la utilización de los fondos otorgados. En la práctica, ese control se traduce en la aparición de una “casta” de expertos y de consejeros de toda clase que se incrustan en la maquinaria del Estado para controlar, orientar y, se dice, para “racionalizar” el manejo de estos fondos. Estos pueden dictaminar tanto la creación de instituciones públicas descentralizadas como obligarle al gobierno a dictar medidas de excepción: reglamentarias, tarifarias, aduaneras, etcétera.

38Una vez más, ahí tenemos el ejemplo de Jackson Eder en 1956-1957: “Me vi obligado a hacerme cargo del largo proceso de una total reforma de las tarifas aduaneras y dediqué mucho tiempo a la eliminación de los impuestos perjudiciales y al problema de los impuestos en el seguro social [...]. Una urgente reforma en el sistema de los derechos reales propietarios [...] un apropiado sistema impositivo [...], se quedaron en los papeles porque no había nadie que cuente con el suficiente tiempo, que domine en español, y que tenga la suficiente capacidad de persuasión como para llevar a cabo esas medidas” (citado en Blasier 1971: 87). Es obvio que toda ayuda, todo crédito supone presiones de este tipo. A fortiori, si se trata de los grandes créditos. El Plan Triangular, por ejemplo, no sólo está ligado a una reorganización de la COMIBOL sino también a una modificación de la legislación social, que se la considera exageradamente favorable a los mineros.

39Para elaborar estas políticas y hacerlas aplicar, así como también para poner en su lugar a las instancias relativas a la gestión de estos créditos (u orientar por buen camino a las ya existentes, para cumplir con las tareas que les han sido asignadas), el gobierno de los Estados Unidos mantuvo “un gran número de personal en la embajada en La Paz, el que llegó, en 1959, hasta un total de 180 empleados tan sólo en la misión de ayuda económica, de acuerdo a la lista de la Foreign Office. Países más grandes, como Chile y Colombia, tenían menos de la mitad de esa cantidad, y Brasil que por su tamaño es literalmente un gigante ante Bolivia, tenía una misión económica apenas un poco más grande” (Blasier 1971: 87). Más adelante, este equipo de invasores se hace menos denso, pero Lawrence Whitehead nota que, en 1967-1968, “en numerosas oportunidades pude darme cuenta de la medida en que Estados Unidos parecía controlar el país [...]. En el Banco Minero se me informó que el presidente [boliviano] estaba incapacitado de aprobar el ítem aún más pequeño de gasto sin la aprobación de sus asesores norteamericanos. Los equipos de asesores norteamericanos parecían también ejercer poderes similares en la Corporación Minera de Bolivia, en el Banco Agrícola, etc.” (Whitehead 1970). Esta es también la impresión que tuve, en la misma época, luego de varias visitas al Ministerio de Agricultura y al Servicio de Reforma Agraria. La que confirman los propios principales responsables. El embajador Douglas Henderson (1963-1968) “sintió que él mismo tenía que gobernar parcialmente el país” (Wilkie 1981).

40Estas prácticas se suspenden parcialmente en 1973, cuando el embajador Siedman puso fin a los servicios consultivos norteamericanos en materia de planificación, administración pública, reorganización, etcétera. Pero, con la multiplicación teratológica de las entidades descentralizadas de desarrollo dependientes de un financiamiento exterior, no sólo norteamericano sino también de financiamiento multilateral, el flujo del cortejo de asesores no cesa de correr.

41Esta ocupación de la maquinaria político-administrariva lleva a Whitehead a utilizar el término de “neocolonialismo” para definir la situación boliviana: “una situación en la que una nación formalmente independiente está en realidad gobernada por funcionarios nombrados por el gobierno de un país diferente y responsables ante este gobierno” La opinión publica puede creer en la ficción de la independencia, pero, de hecho, los gobernantes saben que las autoridades nominales no ejercen realmente el poder. Para Whitehead, la relación neocolonial Estados Unidos-Bolivia es más que ejemplar pues vincula al país más poderoso del mundo con el país más débil del continente latinoamericano.

42Finalmente, la corrupción ha sido fomentada, pues, desde el exterior y, sobre todo, ha sido alimentada con las donaciones y financiamientos extranjeros, los norteamericanos en primer lugar. Que esta corrupción y, al mismo tiempo, la ilusión de una cierta facilidad para enriquecerse hayan sido provocadas por la ayuda de los Estado Unidos es algo que vehemente afirman tanto un ultraliberal como Eder, el promotor del Plan de Estabilización de 1956, quien no mide sus palabras, como por los bolivianos más preocupados por el interés nacional. En 1968, escribía Eder: “El país está destrozado por los conflictos civiles, corrompido y empobrecido por catorce a años de ayuda americana, la que lejos de promover el desarrollo económico y el progreso social de Bolivia sólo ha servido para mantener en el poder a un gobierno que se ha demostrado indigno del apoyo americano tanto como boliviano, y que, sin la ayuda americana, hubiera sin duda caído al principio de la revolución. Era un gobierno incapaz y corrupto en sí mismo, que ha corrompido a las grandes masas del pueblo boliviano, al dejar impunes la violencia y el robo; al armar a las muchedumbres bajo el eufemismo de las 'milicias populares'; al enseñar a los trabajadores que las recompensas a la vagancia son mejores que las del duro trabajo; al desalentar el ahorro por medio de la devaluación de la moneda; al inculcar la idea que la prosperidad y el progreso deben depender de las iniciativas del gobierno (lo que, en Bolivia, nada está más lejos de la verdad); y, sobre todo, al reducir a una nación antes soberana al indigno papel de un truculento mendigo, con un gobierno que exige, como compensación legitima a daños imaginarios, una ayuda gratuita por medio del chantaje y amenazas de comunismo, por una parte, y, por otra, aprovechando la compasión del pueblo americano y el sentimiento de culpa que tiene por nuestra prosperidad en un mundo de pobreza” (cit. en Blasier 1971:103). Se puede tomar con escepticismo esta compasión norteamericana. También, se puede dudar de la capacidad de Eder para juzgar una situación en la que él mismo era uno de los principales protagonistas. Es fácil emitir esos juicios moralizantes cuando uno gana 75 dólares por día por servicios prestados a un gobierno en el que los salarios del presidente y sus ministros son de 90 a 40 dólares por mes, respectivamente (cf. Whitehead 1970). Pero, el hecho que la ayuda norteamericana haya sido fuente de corrupción continúa siendo una acusación fundamentada.

  • 5 Cf. también el libro del movimientista Mario Pando Monje, Los movimientistas en el poder (1969), y (...)

43Para un nacionalista tan convencido como Sergio Almaraz, esta “ayuda” es no sólo corruptora sino también corrosiva y profundamente humillante, en consecuencia. Al fin de cuentas, implica una especie de colonización mental: “La absorción del poder por los norteamericanos trajo un fenómeno más general y más impreciso: los bolivianos empezaron a sentirse incómodos entre sí. Si un extranjero se impone como intermediario permanente; si de él dependen planes tan diversos como la electrificación, los caminos o las escuelas; si él tiene que decirnos cómo tenemos que vivir y cómo pensar; si los funcionarios nacionales no saben cómo tratar a sus colegas de otra oficina porque ignoran la relación de éstos con el extranjero; si, en último término, las cosas que se hacen o dejan de hacer dependen de los intereses de una nación extranjera, entonces los ciudadanos quedan segregados, incomunicados, sospechan que la unidad está vulnerada, que la nación empieza a disolverse. Esta fragmentación tiene lugar en los niveles administrativos, en la prensa y los medios de cultura; se hace visible en las capas altas de la población, donde los pequeños círculos se disputan el privilegio de ser amigos del extranjero; descienda hasta el pueblo cuando la desesperación de la pobreza hace consentir que se puede conseguir alguna ventaja sacrificando la dignidad. Si es repulsivo el espectáculo de los burgueses apretujándose en torno al embajador y sonriendo servilmente para conseguir un crédito, es doloroso ver a campesinos tendiendo arcos de flores para testimoniar su gratitud por la escuelita o el pozo de agua recibidos en obsequio. La pobreza extrema facilita la colonización; los hombres en Bolivia tienen un peso menor. Hay un cierto nivel en que la pobreza destruye la dignidad; ese nivel lo han descubierto los norteamericanos y trabajan sobre él: a sus ojos y para sus bolsillos, un boliviano cuesta menos que un argentino o un chileno” (1969: 27).5

44En breve, todo se suma para crear ese síndrome, —bien descrito por Albert Memmi en su Portrait du colonisé (23) (1966)— del desprecio de sí mismo y sobrevaloración del extranjero, ante el cual uno oscila, como consecuencia, entre la admiración y el odio. Respecto a los norteamericanos, los bolivianos se vieron envueltos en una situación tal que debían o parecérseles o expulsarlos; estas dos soluciones fueron probadas, paralela o sucesivamente, por algunos grupos en el país. Y, no es sorprendente que el acuerdo Paz Estenssoro-Kennedy de Alianza para el Progreso, prolongado en el de Barrientos-Johnson, haya culminado en la ola antiamericanista de 1970-1971.

45De todas maneras, esta situación colaboracionista ha contribuido al desprecio de sí mismos y de su país, entre los bolivianos. Un desprecio que empuja a muchos de ellos, sobre todo a los que pertenecen a —o han surgido de— los grupos dominantes, a expatriarse al exterior o a expatriar sus capitales, lo que tiende a debilitar aún más al país, a convertirlo en cada vez más dependiente de las decisiones que se toman en otras partes y, por lo tanto, a incrementar el sentimiento de inferioridad entre los que se quedan. Al respecto, un estudiante boliviano del Instituto Boliviano Americano, al que asistía para perfeccionar su inglés, me hizo un día la siguiente confidencia: “Si este país está siempre tan mal gobernado, es porque aquí sólo se quedan los mediocres; todos los demás se van.” No se puede expresar mejor la profunda duda de numerosos habitantes acerca de si su país podrá salir algún día de esta especie de atolladero al cual estaría condenado.

46A pesar de todas las explicaciones que puedan darse, uno no puede sino sorprenderse ante el volumen de la ayuda norteamericana. Esta ayuda no es un simple anzuelo. Teniendo en cuenta la escala del país, las sumas concedidas son considerables y, por lo menos durante el período del MNR, son incomparables, en relación a las otorgadas a los otros países latinoamericanos.

47Por supuesto, se puede afirmar que los Estados Unidos recogen con una mano lo que dan con la otra; que, precisamente, las condiciones bajo las cuales se otorga la ayuda no tienen otro fin que el recuperar una parte de ella (esto es evidente en el caso de los contratos bilaterales); que las empresas norteamericanas instaladas en Bolivia han obtenido grandes ganancias (Gulf, minas, bancos...), dadas las condiciones favorables en las que han operado; que el deterioro de los términos de cambio acentuado a fines de los años 70 ha jugado en detrimento de Bolivia; que los capitales bolivianos fugan sin cesar hacia los Estados Unidos. Etcétera. Pero, no hay que olvidar que la libertad de los Estados Unidos era muy grande y que, fácilmente, hubieran podido optar por otra solución que la de “ayudar” a Bolivia. De ahí surge esta observación, sorprendente, de todas maneras: que el “ogro imperialista” ha desestabilizado más al país por medio de las donaciones y préstamos que le ha otorgado que por medio de las riquezas que le habría arrebatado a Bolivia.

48Pero, la riqueza relativa de la neo-oligarquía no reposa solamente en las “limosnas” norteamericanas. Para que una clase comercial dominante —especuladora y dispensiosa— pueda instalarse sólidamente, es necesario que el país produzca y canalice riquezas. Se puede, entonces, prologar el razonamiento previo y sostener que la ausencia de industrialización en Bolivia y la inestabilidad que la acompaña provienen de que, en realidad, el país es “naturalmente” rico. Como sostiene Zondag: “En cierto sentido, Bolivia ha sido víctima de una riqueza demasiado fácil. Las fortunas amasadas durante el dominio español en minería, y más tarde durante la prosperidad del caucho —al que se podría añadir el período de la quina (1860-1872)— fueron adquiridas con escaso esfuerzo, dejando a sus dueños demasiado tiempo para dilapidar su dinero en campañas políticas, o viviendo lujosamente en el extranjero” (1968:59-60). Aeste respecto, nada ha realmente cambiado después de la revolución.

49La mina ha continuado alimentando a las categorías parásitas. A esta extracción se le han añadido las del petróleo y del gas, y, más aún, la que practican los agroindustriales orientales que agotan la tierra y saquean los bosques. Esta otra riqueza proviene, en gran parte, del sudor de los trabajadores, trátese de mineros o de campesinos.

50Las minas en explotación se agotan, pero la veta minera está todavía muy lejos de haberse callado. El petróleo se hace escaso, pero el gas toma el relevo. La frontera agrícola retrocede sin cesar, pero todavía quedan muchos bosques por cortar. Entonces, nada se ha perdido, la riqueza puede seguir siendo producida del mismo modo. Más aún, ahora que se acaba de descubrir un nuevo filón, después de la veta estañífera y del oro negro, ahora le toca el turno al oro blanco, la cocaína. En verdad, el arbusto de la coca es una planta milagrosa, capaz de crecer tanto en los contrafuertes andinos como en los llanos, protegida del sol por las copas de los árboles de la foresta, que rinde hasta tres cosechas al año y que parece resistente a toda enfermedad. La transformación en pasta (sulfato de cocaína) y, luego, en polvo (clorhidrato de cocaína) es fácil. Sin duda, los caminos que emprenden los beneficios de la cocaína son más tortuosos que los de las divisas del estaño. Pero, ciertas fracciones de la clase política como de la neo-oligarquía comercial y financiera se encuentran en el lugar apropiado para captar una parte de ellas y hacerlas fructificar.

51El razonar de esta manera no significa, de modo alguno, eximir a los Estados Unidos de toda responsabilidad. Pero, también es inevitable constatar que, en la propia América Latina, la ayuda norteamericana y sus financiamientos no producen los mismos resultados en todas partes, ni en la vida económica (el Ecuador posee una industrialización mucho más avanzada) como tampoco en la vida política (México es estable), y que, a la inversa, ciertos países menos dependientes de la “ayuda americana,” como la Argentina, padecen de temblores políticos comparables a los de Bolivia.

Notes

1 En nota, el autor añade que, durante este mismo período, Israel es el único país en el mundo que recibió una ayuda económica por habitante superior a la de Bolivia.

2 Según Henry Holland, Assistant Secretary for Interamerican Affairs, citado por Blasier (1971: 78).

3 Informe R, “Elementos para el análisis de las relaciones boliviano-americanas,” Informe Especial, 1982.

4 Al respecto, cf. Almaraz 1969, Canelas 1963, Mariaca 1966.

5 Cf. también el libro del movimientista Mario Pando Monje, Los movimientistas en el poder (1969), y el de Tristan Marof, Breve biografía de Paz Estenssoro: vida y trasfondo de la política boliviana (1965); por sólo mencionar dos muy diferentes.

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Titre CUADRO 1. La Ayuda Americana a Bolivia (1948-1976)
Légende a) Este cuadro no incluye las ayudas del Social Progress Trust Fund, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo.b) Incluye: 1) las donaciones destinadas a la cooperación técnica y al desarrollo, 2) las donaciones en dinero y las otras donaciones, 3) las donaciones de alimentos bajo el marco de la Ley Pública 480 y de ciertos programas locales a partir de 1958, 4) los créditos para el desarrollo.c) Inicio del programa en Bolivia.d) Fin del programa en Bolivia.e) A partir de 1973, estas cantidades pueden incluir más de 1 millón de dólares por concepto de la venta de armas por vía comercialFuente: Wilkie 1978: 85-86.
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© Institut français d’études andines, 1998

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