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El INTA en Bariloche

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Silvana López

Capítulo 4. El vínculo provincial con la eera inta Bariloche

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La política nacional y la política provincial entre 1966 y 1976

1La relevancia de la instalación de la Estación Experimental Regional Agropecuaria inta Bariloche no se agota en las dinámicas institucionales de orden nacional vinculadas al entramado científico-tecnológico. Como vimos en el capítulo anterior, el impacto en la formación de la territorialidad dialoga con las esferas provinciales de la región patagónica, también en formación. En este caso, nos ocupamos específicamente de los vínculos con la provincia de Río Negro. Ya vimos el modo en que la planificación provincial incorpora la intervención del inta, desde el pro-5. Sin embargo, la vinculación entre el inta Bariloche y la provincia no puede reducirse a la articulación con el pro-5, dado que en los últimos años del período estudiado, la institución incorpora nuevas prácticas que presentan nuevas aristas respecto del plan del año 60.

2El pro-5 fue elaborado a principios de los años sesenta y su influencia se extendió a las décadas siguientes (Manzanal, 1980). Sin embargo, los Gobiernos rionegrinos de finales de la década del sesenta y, sobre todo, el corto Gobierno justicialista de los años setenta, introdujeron una serie de cambios que abrieron nuevos interrogantes sobre la vinculación entre el inta y la provincia de Río Negro. Además, desde la propia institución, se traza un escenario de cambios en las vinculaciones con el concierto de provincias patagónicas: una vinculación fluida con las provincias tradicionales en la producción ovina (Chubut y Santa Cruz) y muy incipiente con Río Negro y Neuquén.

3De acuerdo a lo trabajado en el segundo capítulo, es necesario resaltar que la Guerra Fría proporcionó el contexto internacional que impulsó el modelo del desarrollo. El marco del pro-5 ya fue analizado como un escenario de dificultad en la exportación primaria, con una apertura al comercio con los países del bloque comunista. Por ello, el Gobierno de Illia fue visto con sospechas desde Estados Unidos, a pesar de que se sostuvo el financiamiento y la planificación en los términos previstos por el bloque occidental. En este contexto, Estados Unidos envió un delegado a presionar al Gobierno argentino para que modificase su política comercial y de organización económica interna. El malestar estadounidense encontró ecos en grupos alineados a capitales internacionales, por lo que se desató en los medios de comunicación una campaña de carácter ideológico en contra del Gobierno de Illia. Para esta altura, el servicio de inteligencia estadounidense estaba informado de los planes golpistas que se estaban preparando en la Argentina (O’Donnell, 1974; Romero, 2010).

4Entendemos que estas tensiones influyeron en la búsqueda de modernizar la economía que tuvo la autodenominada Revolución Argentina que derrocó a IIlia. Ya desde la presidencia de Frondizi encontramos referencias a la perspectiva propia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) en el orden del desarrollo, que de hecho se profundiza durante la gestión de Illia; esto, como ya hemos visto, tiene claros impactos en el pro-5 rionegrino. Sin embargo, el modelo de crecimiento de Illia es discutido, introduciendo en el propio argumento golpista la referencia a la necesidad de desarrollo de acuerdo al discurso de la cepal y otras organizaciones intergubernamentales.

5En este sentido, los objetivos del golpe de Estado de la Revolución Argentina estuvieron centrados en la generación de cambios profundos en la sociedad y en la economía. De acuerdo a esto y según O’Donnell (1974), para resolver los problemas democráticos y las dificultades para alcanzar el desarrollo económico intentó implementarse un régimen que el autor denomina Burocrático Autoritario. La idea de planificación económica se repite aproximadamente desde los años 30 en todas las gestiones, pero con el Gobierno de Juan Carlos Onganía (1966-1970) se buscó profundizarla de acuerdo a los valores y los acuerdos internacionales que caracterizaron a este Gobierno dictatorial, dando lugar a su propio proyecto de reorganización social a partir de las reformas económicas planteadas.

6En 1967, el ministro de Economía , el economista Adalbert Krieger Vasena, lanzó el Plan de Estabilización y Desarrollo, que ponía énfasis en la originalidad y los logros económicos, como así también en el manejo de la función tecnocrática, a través de la utilización de instrumentos heterodoxos y manifiestos en un buen manejo de las variables coyunturales (Rapoport, 2007). Estas iniciativas sostuvieron su continuidad en el sucesor de Krieger Vasena, el economista Juan Manuel Dagnino Pastore, quien se desempeñaba anteriormente como secretario del Consejo Nacional de Desarrollo (conade). Así, en la propia continuidad de funcionarios, la influencia de la cepal atravesó el modo en que se consideraron los problemas de desarrollo desde sus inicios y puede pensarse como un hilo conductor en las políticas de desarrollo asociadas al sur argentino y al modelo de aprovechamiento energético que se plantea desde los tempranos años 60.

7Vale recordar que la Patagonia se había ubicado en el centro del interés nacional a partir de las emblemáticas obras hidroeléctricas e instalaciones de explotación de hidrocarburos (Bandieri y Blanco, 2012; Favaro, 2001; Favaro et. al., 1993), que llevaron a un profundo debate sobre la planificación territorial y, consecuentemente, sobre el modelo de crecimiento provincial durante las décadas del sesenta y del setenta (Azcoitia y Núñez, 2013; Bandieri y Blanco, 2012; Iuorno, 2007; Navarro Floria, 2001).

8Durante el período que nos ocupa, el golpe de Estado, que tuvo lugar entre los años 1966 y 1973 con las presidencias de Juan Carlos Onganía, Roberto Levingston y Alejandro Lanusse, incidió en el armado de las provincias, con intervenciones y rupturas que dieron lugar a cambios en las políticas de desarrollo. Para el caso de Río Negro, los gobernadores nombrados por las dictaduras militares, Roberto Requeijo (1969-1972), Oscar Lava (1972-1973), Juan Figueroa Bunge (33 días 1973), e incluso gobernadores electos como Mario Franco (1973-1976), tuvieron acceso a la inversión externa proveniente del Banco Mundial y el bid destinado para el fomento de la obra pública, entre otros destinos. Las obras de infraestructura incluyeron tendido de líneas, cableado y asfalto en los caminos (Navarro Floria, 2001). Sin embargo, en términos de integración territorial, el espacio donde se asienta la eera inta Bariloche se distanció como espacio de gestión provincial al incrementarse las contradicciones entre la agenda local, que sobrevaloraba el turismo de la localidad de San Carlos de Bariloche, y las propuestas de desarrollo a nivel provincial (Núñez, 2003). En este sentido, no es la particularidad geográfica del espacio que ocupa lo que debe tomarse como referencia para indagar el modo en que el inta cambia su diálogo con la provincia de Río Negro, sino los antecedentes organizativos en donde se funda esta política. Recordemos que durante la gestión de Frondizi se crearon organismos específicos como el conade, la Comisión de Administración de Fondo de Apoyo al Desarrollo Económico, y el Consejo Federal de Inversiones (cfi). Desde esta estructura, a partir de 1961, la explotación de los recursos naturales patagónicos se vuelve central en la toma de decisiones en el marco del modelo de desarrollo económico que se quería implementar, como se observa en el artículo 34 de la ley 14 439, de creación del conade:

Que la política económica desarrollada hasta el presente ha procurado, por una parte completar la rehabilitación de las condiciones básicas de la economía nacional para practicar y afianzar el proceso de capitalización y, por la otra, ha puesto en marcha los programas de desarrollo de más alta prioridad, principalmente los relativos a la vigorización del sector agropecuario, a la explotación de recursos de petróleo y gas natural, al desarrollo de infraestructura en materia de transporte y energía y al impulso de la actividad industrial mediante el estímulo a una inmensa corriente de inversiones[…] al mismo tiempo debe reconocerse que ese proceso de desarrollo no ha sido armónico en todos los rubros, por lo que corresponde establecer las condiciones institucionales que aseguren la ordenación y concreción a largo plazo de la política económica […] que a dichos efectos es necesario crear un organismo consultivo de alto nivel técnico, que asuma la responsabilidad principal en la coordinación y ejecución de los estudios y análisis requeridos para la formulación orgánica de los programas de desarrollo nacional, así como en el asesoramiento para la acción de gobierno en este campo. (mecon, 1961)

9Esta situación presenta una valoración –que se repite en los años posteriores– y necesidades que son tomadas como argumento de una política pública que, a pesar de los quiebres institucionales, se descubre con importantes continuidades. Como antecedente también debemos mencionar el Plan Nacional de Desarrollo 1965-1969, elaborado desde la conade durante la gestión de Illia, a pesar de que la planificación de obras e intervenciones no se llevara a cabo (Guerchunoff, 2010). Este planteo puede ubicarse como antecedente relevante pues muchas valoraciones se reiteran al reestructurarlas en el Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el desarrollo de 1966, durante la gobernación de Juan Carlos Onganía.

10El Onganiato diseñó un sistema de planificación articulado sobre la base de los Consejos Nacionales de Desarrollo (conade), de Seguridad (conase) y, a partir de 1968, de Ciencia y Técnica (conacyt), junto con una secretaría (seconacyt). Estos organismos elaboraron el Plan de Desarrollo 1970-1974, que luego se reformularía como Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-1975, con el que buscaban asociar a la idea de progreso, la idea de control social (Vara, 2011, 28).

La autodenominada Revolución Argentina va a hacer un fuerte hincapié en el desarrollo, tal como se desprende de los objetivos citados en la Ley 16.964/66 con la que, entre otras cuestiones, se buscaba: a) Determinar las políticas y estrategias directamente vinculadas con el desarrollo nacional; b) Coordinar sus acciones con el Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la Seguridad, a fin de procurar el logro conjunto de los objetivos de desarrollo y seguridad; c) Formular los planes nacionales de largo y mediano plazo, los planes regionales y sectoriales; compatibilizarlos, coordinar su ejecución y evaluar y controlar los esfuerzos nacionales para el desarrollo. (pen, 1966)

11Durante el Onganiato, la conade aumentó su nivel de burocratización y amplió su incidencia y control del Sistema en jurisdicciones provinciales, como un organismo estratégico, en línea con los objetivos mencionados en la ley 16 964, artículo nº 3: «Serán competentes del Sistema: a) El Consejo Nacional de Desarrollo y su Secretaría; b) Las oficinas Regionales de Desarrollo; c) Las oficinas sectoriales de desarrollo; d) Organismos estatales de información Técnica; e) Entes de Consulta y participación» (pen, 1966).

12Pero la mirada sobre el Onganiato no debe enfocarse sólo en sus nociones en torno al desarrollo ideado desde la Nación. Pues fue un Gobierno que se ocupó especialmente de pensar los vínculos que resultaba necesario establecer para llevar adelante sus planes. En la misma ley, en los artículos siguientes, se establecen los lineamientos para la ejecución del Sistema a partir de una serie de relaciones que vinculan la Presidencia de la Nación con las gobernaciones provinciales y municipales a fin de establecer un control directo sobre las decisiones de planeamiento en el territorio nacional:

Artículo 17. — Las oficinas regionales de desarrollo, estatuidas por esta ley, dependerán del Presidente de la Nación a través de la secretaría del conade y tendrán su sede en las regiones de desarrollo; Artículo N° 18. — Compete a las oficinas regionales de desarrollo el planeamiento y la promoción de acción para el desarrollo regional de acuerdo con los lineamientos y en consonancia con lo que establezcan el Plan General de Desarrollo y Seguridad, el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad, y las directivas que se impartan […] Artículo N° 19. — Serán funciones de las oficinas regionales: a) Reunir y evaluar la información concerniente a las tareas de planeamiento y programación regional; b) Efectuar el análisis y diagnóstico regional; c) Formular planes regionales tentativos, según las directivas que imparta el conade; d) Asesorar a la junta de gobernadores de la región acerca del establecimiento de objetivos, políticas y estrategias regionales relativas al desarrollo; e) Evaluar en el marco de su competencia programas y proyectos de desarrollo regional y sectorial; f) Constituir grupos de trabajo conjunto con entidades públicas y privadas interesadas, a fin de reunir proyectos, opiniones y sugerencias que permitan un planeamiento eficiente y concertado; g) Asesorar sobre la coordinación de la ejecución de los planes y programas en el ámbito de la región; h) Atender las relaciones, en los aspectos vinculados con el desarrollo, con las jurisdicciones provinciales y municipales y con las entidades privadas de la región; i) Informar acerca de la marcha de los planes y programas de desarrollo regional; j) Procurar el eficiente funcionamiento del Sistema, en sus aspectos regionales, según las directivos impartidas por el conade. (pen, 1966).

13Las dinámicas de control propuestas en esta ley se profundizaron en el Plan de Desarrollo y Seguridad 1971-1975, a partir de la creación del conase, es su vínculo con las políticas de desarrollo como se observa en el artículo nº 34:

Artículo 34. Los organismos, centralizados o descentralizados, del Gobierno Nacional y las empresas del Estado, deberán implantar técnicas de programación de actividades, a fin de racionalizar sus tareas relacionadas con la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos […] El conade, conjuntamente con el conase, determinará las técnicas que han de utilizarse, los procedimientos para el control de la aplicación y el sistema de comunicación que permita la eficaz coordinación de todos los componentes del sector público nacional […] Oportunamente el conade impartirá instrucciones en el mismo sentido, a las oficinas regionales de desarrollo […] El conade establecerá, oportunamente, los criterios de relevancia, los procedimientos y la coordinación entre su Secretaría, la Secretaría del conase y otros organismos para el cumplimiento de esta disposición. (pen, 1966).

14Susana Devalle (1992) realiza una reflexión sobre este punto y denuncia el discurso que asocia la estabilidad y el potencial regional de América Latina a la seguridad militar que, a decir de esta autora, se va a identificar con la idea de paz y progreso. Este discurso habilitó una fuerte intervención de agencias internacionales orientadas a modelar los órdenes sociales y las dinámicas de desarrollo en beneficio de los centros de poder. El Gobierno iniciado en 1966 en la Argentina se inscribe explícitamente en esta dinámica. Así, la estructuración y articulación de organismos dio lugar a las bases para el replanteo y la continuidad de políticas de desarrollo económico en la Argentina con un fuerte enfoque en la energía.

15El retorno a la democracia en 1973 va a continuar con esta línea. Durante el tercer Gobierno peronista se lanza, desde el Poder Ejecutivo, el Plan Trienal (1974-1977). Este plan plantea importantes controles en los objetivos del entramado científico-tecnológico, por lo que esa esfera cobra aún más relevancia, no tanto por el desarrollo de la producción agropecuaria, sino por la lógica de la producción energética, especialmente el plan de energía nuclear. Así, Bariloche se vuelve a ubicar como el centro de reunión de instalaciones de tecnología, según se menciona en el Plan Trienal: «El pleno aprovechamiento de los recursos naturales y la seguridad en el abastecimiento eléctrico, mediante la diversificación de las fuentes de energía, se concretan en otros proyectos tales como el complejo Alicopá y la Central Nuclear de Río Tercero» (pen, 1973, p. 97).

16Esto da cuenta de que en todos los planes mencionados hay un fortalecimiento del esquema científico-tecnológico asociado al Estado, tal como se plantea en el modelo de la Big Science y como se puede ver en la siguiente cita:

estos proyectos requieren la movilización de todos los recursos científicos y técnicos disponibles que adecuadamente organizados y apoyados, sentarán de independencia en esta materia y permitirán crear la posibilidad de brindar a América Latina los frutos del avance científico en un plano de igualdad. (pen, 1973, p. 98)

  • 1 Cuyo proyecto se concreta en 1986 en el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín (Hurtado, 2010, p. 14 (...)

17De acuerdo a esto, Hurtado (2010) menciona que la Big Science da lugar a la capacidad de organización multisectorial militar, social, cultural y económica, lo que naturalmente es promocionado por la gestión. Entre 1974 y 1975, el Estado argentino interviene en varios proyectos que involucraron una gran capacidad de gestión pública, ya que se inician largos debates por la compra de un acelerador de partículas.1 Durante la década del setenta, la tecnología marca el horizonte de posibilidades de los físicos y adquiere mucha relevancia en el sector militar, sobre todo en el sector de defensa (Hurtado, 2010, 140).

18En tal sentido, en 1974 se sanciona la ley 20 705 sobre Sociedades del Estado, en la que se les otorgaba iguales facultades que a una Sociedad Anónima, con la diferencia de que los accionistas podrían ser solamente entidades del Estado, ya fueran de origen nacional, provincial o municipal. De hecho, podemos encontrar alineaciones importantes entre las esferas nacional y provincial en Río Negro. El Gobierno del justicialista Mario José Franco siguió los lineamientos del Gobierno peronista nacional al crear una Secretaría de Planeamiento que reformulara, para Río Negro, el Plan Trienal para la Liberación y Reconstrucción Nacional 1974-1977.

19En este escenario, el Consejo Nacional de Energía Atómica (cnea) negoció con la provincia de Río Negro la creación de la Fundación de Investigación Aplicada Sociedad del Estado, cuyos objetivos principales fueron la participación en el Plan Nuclear Argentino y la generación de empleo genuino en Río Negro. Dos años más tarde, en 1976, durante el Gobierno de la dictadura militar, se crea el invap (invap, 2006, p. 10).

20El Plan Trienal puede verse como síntesis y ampliación de los proyectos previos, con una propuesta de planificación concertada entre el Estado y la sociedad. Las agencias que se reconocen desde el Plan Trienal son ilustrativas sobre las necesidades de fortalecer solidaridades intersectoriales en un modelo de crisis y es en este punto donde encontramos explícitamente la referencia a la producción agropecuaria. Como indica dicho Plan, el objetivo es: «Comprometer voluntariamente en la responsabilidad de decisión a los empresarios, trabajadores, productores rurales, y el Estado» (pen, 1973, p. 30). Desde esta perspectiva, se plantea la necesidad de firmar actas de acuerdo entre las diferentes partes, de modo de asegurar un crecimiento nacional. En el tema que nos ocupa, se destaca especialmente la firma de un «Acta de compromiso del Estado y los productores para una política concertada de expansión agropecuaria y forestal» (pen, 1973, p. 32).

21Esta continuidad se da en un contexto de crisis del modelo desarrollista, puesta de manifiesto en las críticas surgidas en las teorías de la dependencia, que señalaban que en el espacio rionegrino se favorecía la polarización de los espacios productivos, a partir de un intervencionismo estatal que incrementaba la dependencia económica (Navarro Floria, 2001). Desde esa perspectiva, el gobernador electo, Mario José Franco, dejó de guiarse por el Proyecto Comahue como única alternativa de desarrollo, ya que criticaba las dinámicas centralistas en las que se había materializado (Navarro Floria, 2001, p. 152). Como alternativa, aun sosteniendo el crecimiento de la infraestructura hidroeléctrica y el sistema de regadíos, amplió parte de los espacios del pro-5, reivindicó la identidad regional patagónica como base para el modelo de desarrollo y profundizó la mirada sobre la provincia para fortalecer la propiedad de la tierra y la producción primaria. En línea con estos propósitos, a partir del 25 de mayo de 1973, se discutió en la esfera pública el anteproyecto de una nueva Ley Agraria. Es necesario destacar que la política de Franco, a diferencia de las políticas desarrollistas, mantuvo el rol preponderante del Estado en el desarrollo provincial, tanto en la financiación de cooperativas como en la comercialización de la producción primaria (Navarro Floria, 2001, p. 152). Aun cuando un nuevo impulso industrialista tiene lugar en la Argentina, en Río Negro continúa privilegiándose el desarrollo rural, específicamente en la Línea Sur.

22En estos años, el Estado Nacional fue el articulador entre el acceso a los recursos externos y la movilidad de los recursos internos, a través de una planificación que contemplaba la introducción de componentes científicos y tecnológicos para desarrollar áreas de interés nacional y provincial (Hurtado de Mendoza, 2010; Jáuregui, 2013). Desde principios de la década del setenta, entonces, podemos reconocer una nueva relevancia de las agencias del inta que se instalaron en la provincia de Río Negro y que cumplieron un papel central en el desarrollo de tecnología para el sector agropecuario. Según lo estipulado en los lineamientos del Plan Trienal rionegrino 1974-1977, se esperaba que el producto agropecuario ascendiera (pen, 1973, p. 111). De acuerdo a esto, el instrumento por el cual se podría efectivizar tal crecimiento productivo sería el Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra, el cual gravaba con tasas progresivas la sub-explotación de la tierra (Gárgano, 2011; Rapoport, 2007).

23Recordemos que el inta emerge como órgano estatal descentralizado, por lo que su vinculación con los Gobiernos provinciales formaba parte de la esencia de su creación, en pos de aunar esfuerzos para alcanzar una mejora productiva en el sector de incumbencia. De allí que la materialización de la planificación a nivel nacional y provincial haya podido realizarse de acuerdo al desarrollo de vínculos que permitieron un ensamble acorde a los objetivos planteados a través de sus respectivas agencias.

24Esto fue visible en la articulación de acciones para generar una futura planificación entre las agencias nacionales del inta y la provincia. Se realizó de la siguiente manera: en el orden provincial se hallan los Consejos Tecnológicos Provinciales, que se constituyen en agencias encargadas de la promoción de la producción y, por ende, en elementos valiosos para efectivizar una planificación acorde al espacio a desarrollar. Aquí, el contacto entre el inta y la provincia se asegura mediante los representantes de los productores agropecuarios reunidos en dicho Consejo, mientras que en el orden local se logra mediante la inclusión de representantes de las entidades gremiales de los respectivos espacios. Por lo tanto, los Centros Regionales participaban de estas planificaciones, vinculando a los actores de los espacios nacionales con los provinciales (pen, 1996, p. 38).

25En este mismo sentido, la estructura del inta de ese período buscó ajustar los intereses nacionales con los provinciales de manera de integrarse en un todo. Por ello, las eera operaban como la expresión reducida de la planificación zonal. Para alcanzar los objetivos propuestos, se contaba con las Estaciones Experimentales, de las cuales dependían diversas aer, Campos Experimentales y Chacras. Cada una de ellas elaboró agendas de investigación y extensión de aplicación local, y de esta forma se articuló con las principales agendas del inta (pen, 1996, p. 26).

26Al reparar en la estructura provincial de estas décadas (ver Figura 1, en el capítulo I), podemos notar que la región correspondiente a la Patagonia está dividida en dos partes: por un lado, la rionegrense, donde se instala la eera inta Alto Valle y sus dependencias, que contienen el espacio de irrigación de la región Comahue; por el otro lado, la patagónica, en donde se ubica la eera inta Bariloche y sus dependencias, cuya área de influencia se ha descripto en el capítulo II.

27El recorrido histórico de este capítulo nos permite observar el peso del contexto nacional, que fue decisivo para la vinculación del inta con la provincia de Río Negro. Una de las fuentes más relevantes en este sentido fueron los convenios de vinculación celebrados. Recordemos el convenio de vinculación de asistencia técnica que se celebró entre el inta, la fao y la provincia de Río Negro en 1961, coincidente con el auge que tuvieron en ese momento las actividades económicas en la Región Comahue. Dicho convenio se llevó a cabo durante la gestión del gobernador Castello e involucró fundamentalmente al área de influencia de la eera inta Alto Valle. Más adelante, durante la década del setenta, se llevó a cabo otro convenio de la provincia con la eera inta Bariloche, dentro del marco del Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional 1974-1977, durante el Gobierno de Mario Franco.

28A lo largo de la década del sesenta, la noción de desarrollo sobre la región andina fue cambiando, lo que se ve reflejado en diferentes leyes. La referencia al turismo es particularmente relevante durante el Gobierno de Nielsen (1962-1966), en este sentido, encontramos elementos que parecen responder al reclamo por considerarlo como una actividad económica diferenciada. Así, las planificaciones específicas para la zona andina, como la apertura y el asfaltado del paso de los Vuriloches, o la sanción de la ley provincial de Turismo 138, pusieron en agenda la actividad de la zona andina (Núñez, 2003, p. 97). En estos años también se destaca la diversidad de voces regionales que tuvieron gran llegada al Gobierno nacional, lo que permitió un avance en la integración regional en los planes de desarrollo nacionales (Azcoitía y Núñez, 2014).

29Podemos pensar que la visión del desarrollo del Gobierno de facto encabezado por Juan Carlos Onganía adopta un carácter más amplio cuando se hace efectiva la licitación del complejo El Chocón Cerros Colorados, lo que introdujo en las nuevas provincias uno de los caudales de inversión de mayor envergadura de la historia (Rapoport, 2007). Sin embargo, las acciones centradas en la generación de energía eléctrica subordinaron, en cierto modo, los demás intereses de la región y silenciaron voces que se habían presentado en el Gobierno anterior (Romero, 2010). La administración de las obras se llevó a cabo a través de la creación de una empresa estatal, Hidroeléctrica Patagónica (Hidronor), que concentró el manejo de la producción de energía de las represas de la región hasta su privatización en la década del noventa (Roselli, 2010). Entre los múltiples problemas presentes en esta iniciativa, cabe señalar el carácter centralista adoptado por el modelo de la dictadura, según el cual los intereses extra-regionales de las ciudades argentinas de mayor población se presentaban como prioritarios respecto del espacio inmediatamente aledaño; es por esta razón que allí se llevaron adelante las edificaciones contrariamente a lo planteado durante el Gobierno de Illia, cuando la explotación hidroeléctrica se ligaba al desarrollo regional. Río Negro, en escala provincial, repitió este modelo centralizador y fijó toda la administración en Viedma, lo que profundizó las diferencias entre las distintas zonas del territorio provincial (Navarro Floria, 2001; Núñez, 2003).

30Durante el Gobierno de Onganía, Río Negro tuvo cinco interventores militares: Carlos Hualde, Luis Homero José Lanari, Roberto Vicente Requeijo, Oscar Luis Lava y el civil Juan Figueroa Bunge, quien ocupó el cargo por 33 días. Según Pedro Navarro Floria (2001), la tendencia de los Gobiernos rionegrinos de la década del setenta estuvo caracterizada por críticas al modelo desarrollista de la década anterior, al que acusaban de favorecer la polarización de los espacios productivos de la provincia, el intervencionismo estatal y la dependencia económica (Cardoso, 1969; Sunkel, 1975; Wallerstein, 1979). Sin embargo, estas críticas no terminaron de concretarse en políticas, debido a la relevancia y magnitud del plan energético en tránsito, la idea de desarrollo de la región patagónica permaneció ligada a Buenos Aires (rn, 1965, p. 10). Durante los años setenta, la energía siguió siendo un elemento clave en el modelo de desarrollo industrial, propiciada a través de recursos financieros extranjeros; esta situación agudizó la subordinación política y económica.

31En medio de un escenario nacional muy convulsionado, en los últimos meses del año 1970, durante la presidencia de Roberto Levingston (desde junio de 1970 a marzo de 1971), se reanuda la política industrialista. El plan económico que buscó reactivar la industria estuvo a cargo del ministro de Economía, Aldo Ferrer, quien sentó las bases del crecimiento económico a través de políticas anti-inflacionarias con el objetivo de lograr un equilibrio entre las clases trabajadoras y el proceso industrialista; para ello, estableció una serie de medidas con miras a fortalecer la industria de capital nacional. En este sentido, la política de Ferrer siguió el camino ya transitado de promoción del incremento productivo a través del aumento de la demanda, derivada de los aumentos salariales y de la búsqueda de inversiones industrialistas para darle continuidad a la política de sustitución de importaciones (Gerchunoff, 2010). Este tipo de política, sin embargo, no prescindía del capital extranjero ya instalado años atrás en la Argentina. Los agentes económicos internacionales se enfocaron en aquellos rubros donde los capitales nacionales no intervenían, con la promoción de la localización en enclaves, que fueron controlados por la competencia local y el Gobierno. Esta política de redistribución crediticia no tuvo buen signo dado que algunas empresas (pequeñas, medianas y grandes) estaban vinculadas a capitales trasnacionales, lo que desbalanceaba el plan ideado por Ferrer (Rapoport, 2007). Dentro del marco de este modelo económico, en Río Negro se construyeron las rutas provinciales transversales más importantes: la ruta 251, que une Río Colorado y Conesa; la ruta 2, de San Antonio Oeste a El Solito, y la ruta 250, que une Viedma y General Roca, preparando así los medios para el auge de la agroindustria en la zona del valle rionegrino (Navarro Floria, 2001).

32En 1971, en medio de la inestabilidad del Gobierno de facto asume la Presidencia de la Nación Alejandro Lanusse. Este período, que finalizó en 1973 con elecciones generales, se trató, según Romero (2010), de un Gobierno transicional. El clima económico, político y social mostraba una gran inestabilidad institucional y una fuerte oposición de los diferentes sectores sociales (Svampa, 2003).

33El programa económico de Lanusse fue cortoplacista y estuvo centrado en evitar la recesión y el aumento del desempleo, dos puntos álgidos pasibles de reclamos sociales. Por otra parte, también buscó contener el ritmo inflacionario y así modificar las expectativas de los agentes económicos. Esto no fue suficiente para evitar que en 1972 bajara abruptamente la inversión privada, dejando expuesta la falta de previsión de dicho plan. Fue evidente la imposibilidad de los sectores dominantes de estructurar una salida económica que conciliara los intereses de todos los sectores sociales y que evitara el conflicto social en un escenario de crisis (Rapoport, 2007).

34Sin embargo, desde otras esferas estatales continuaron las iniciativas de integración regional. En este sentido, el inta buscó aunar esfuerzos con los Estados provinciales para así acompañar el impulso industrialista. De a poco comenzaban a tener un rol central en la región patagónica la investigación y la transferencia tecnológica (Alemany, 2003; De Mattos, 1992), que toman impulso ya comenzada la década del setenta. En relación con esto, citamos un extracto del discurso de inauguración de las instalaciones de la eera inta Bariloche en 1971:

El inta, dentro de su política general, busca como meta la regionalización de la investigación, la cual significa también que nuestras Estaciones Experimentales Regionales adquieran el carácter de Polos de Desarrollo Zonales y que con el apoyo permanente de los productores y de otras instituciones del medio, puedan realmente llegar a buen fin los objetivos y resultados que se buscan para el productor rural. (inta Bariloche, 1971, p. 10)

35El contexto nacional, tan móvil en términos políticos, estaba enmarcado en un escenario internacional igualmente inquietante que atravesaba una nueva crisis capitalista. Los años anteriores habían visto la caída de los acuerdos de los términos de intercambio fijados en Bretton Wood, a partir de la devaluación del dólar, que dio lugar a la inestabilidad cambiaria mundial. Por otra parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (opep) había modificado unilateralmente el precio del crudo como una forma de intervenir en los conflictos de Medio Oriente, a lo que se sumó una sucesión de conflictos bélicos que afectó la balanza comercial de Estados Unidos (Vázquez Presedo, 1999). Sin embargo, este panorama internacional fue favorable para la Argentina, ya que posibilitó un aumento de los precios de los productos nacionales primarios en el comercio internacional, especialmente de los cereales y la carne. Esta situación produjo en el país un alivio económico en el corto plazo coincidente con el comienzo del tercer Gobierno peronista (Rapoport, 2007). Sin embargo, desde el Gobierno, para poder satisfacer una demanda creciente de productos primarios tanto del mercado externo, como del interno, fue necesario establecer algunos lineamientos que sustentaran esta decisión, por lo que el ministro de Economía, José Ber Gelbard, junto con su equipo económico, comenzó a trabajar en un programa que tuviera como objetivos la redistribución, la justicia social y la industrialización, entre otros.

36En los tiempos del Plan Trienal, la crisis del modelo desarrollista en América Latina se proyectó a la ciencia y la tecnología y dio lugar a fuertes críticas del campo científico sobre el carácter dependiente que se había impuesto a la región. El argumento tenía como base la marginalidad de la ciencia en América Latina y su dependencia de los centros de poder mundial. En síntesis, la investigación científica de la región estaba atada al grupo social que la generaba y no respondía a los requerimientos propios del desarrollo de cada país. De este modo, la ciencia aparecía como un artículo de consumo y no era considerada desde las políticas de promoción como un activo económico o un campo de acción (Sábato, 1968; Varsavsky, 1974). Autores emblemáticos de los estudios de la ciencia en América Latina, como Hebe Vessuri (1986), Marcos Cueto (1989) o Pablo Kreimer (1999), han discutido esta visión que postula la subordinación del conocimiento producido en nuestro continente y han señalado la excelencia de los centros de investigación relacionada con el establecimiento de un liderazgo científico distanciado de la inestabilidad política –aunque vinculada al Estado de modo de asegurar un flujo de recursos de capital y humanos– y, sobre todo, producida a partir del activo intercambio con los centros extranjeros, sin que ello implicara un menor ejercicio intelectual por parte de los investigadores latinoamericanos. Estas consideraciones permiten reconocer la fuerza de las vinculaciones internas de las esferas de desarrollo científico que, en el caso que nos ocupa, pasan a ser objeto de interés por parte de la política pública.

37Podemos pensar que las teorizaciones sobre la dependencia dieron lugar a la idea de autonomía científico-tecnológica. La palabra liberación, que aparece en el plan de desarrollo económico que lanzó el tercer Gobierno peronista en 1973, contiene muchos elementos ideológicos que hicieron eco de lo que estaba ocurriendo en otros sitios del mundo y que fueron capitalizados por diferentes grupos sociales políticamente movilizados. Como ejemplo citamos la frase que da comienzo a la descripción del Plan: «Este es un plan de liberación; liberación de las necesidades básicas de los argentinos, cuya satisfacción les será asegurada, cualquiera sea su actividad o lugar en que vivan, liberación de la arbitrariedad de los poderosos, liberación de la coacción extranjera» (pen, 1973, p. 3). En relación con el sector agropecuario, éste es el escenario donde se retomaron antiguos reclamos como el de la Reforma Agraria, cuya incidencia era visible a nivel latinoamericano (Oszlak, 1971), y que en la Argentina estuvo en directa conexión con el tema que nos ocupa. En 1973, varios agentes reunidos en el inta se hicieron eco de estos reclamos; a ellos se sumaron algunas agrupaciones estudiantiles y profesionales de diferentes universidades estatales nacionales (la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, entre otras), pertenecientes a distintas disciplinas y que se constituyeron en actores políticos que bregaban por la Reforma Agraria a nivel nacional (Gárgano, 2011, p. 126).

38Por ello, durante el fugaz Gobierno peronista de Héctor Cámpora, con el ingeniero agrónomo Horacio Giberti al frente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, se intentó implementar medidas reformistas que, sin embargo, encontraron una fuerte oposición en las grandes corporaciones presentes en el agro argentino (Poggi, 2012). El anteproyecto de Ley Agraria y el Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra (irnp) tenían como objetivo incentivar la producción primaria combatiendo los grandes latifundios que eran presentados como improductivos. Pero el anteproyecto nunca devino en ley, y con él, se perdió la posibilidad de revalorizar espacios y actores a partir de contemplar que la producción de los predios estuviera acorde a su capacidad productiva, como también de promover una equitativa distribución de los ingresos generados, tal como se proponía en la normativa. Por otra parte, el irnp gravaba con una suma fija al suelo, con el objetivo de apuntar a la tierra ociosa presente en los latifundios y, de esta forma, a partir de una política fiscal más equitativa, alcanzar los objetivos fijados para la producción del sector (Gregores y Nadal, 2008, p. 133-148; Gárgano, 2011, p. 128-130).

39Durante el tercer peronismo, el clima económico argentino estuvo marcado por altas tasas de interés e inflación. Vale señalar que las políticas económicas a cargo del ministro de Economía Gelbard buscaron apelar a la alianza social que había dado origen al peronismo, es decir, a la conjunción entre la mediana y la pequeña empresa de capital nacional mercado-internista y el movimiento obrero nucleado en la cgt (De Mattos, 1992; Rapoport, 2007).

40Respecto de los espacios de desarrollo patagónicos, recordemos que desde 1966 el Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el Desarrollo tuvo como organismo ejecutor al conade. Éste operaba bajo una estructura que articulaba su acción con las recientemente creadas Juntas de Gobernadores y las Oficinas Regionales, y su espacio de acción estaba determinado por la regionalización propuesta por el cfi. Esta estructura facilitó el desarrollo de espacios productivos en diferentes sectores de la producción y condicionó otros favoreciendo la polarización. Esta situación se hizo visible en diferentes zonas económicas de la provincia de Río Negro. Una de las consecuencias más claras de este proceso se ve en la alta concentración de poder económico en las zonas valletana y atlántica (Iuorno, 2007; 2008; Manzanal, 1980; Navarro Floria, 2001).

41En este sentido, y siguiendo a Arias Bucciarelli (2006; 2007), es posible ver cómo, durante la década del setenta, la Región Comahue entró en tensión con algunas de sus regiones limítrofes a causa de ciertas diferencias. Es interesante el modo en el que la provincia de Río Negro se inscribe en este escenario, pues los debates internos agregan profundas diferencias en las lógicas de integración que se presentan en las décadas del setenta y del ochenta (Iuorno, 2007; 2008).

42En la década del setenta, en el marco del Plan Trienal, observamos la continuidad de acciones tendientes a la expansión del sector energético. En este sentido, se continuó haciendo foco en la explotación energética de varias fuentes como la minera, la hidroeléctrica y la nuclear. A estas acciones se suma el fomento al sector agropecuario, cuya novedad estaba en la producción forestal en la Patagonia, que se encontraba en auge con la creación del Instituto Forestal Nacional (ifona), dependiente del Ministerio de Economía, y gracias a la ley nacional 21 695/77 que estableció líneas de crédito fiscal para el fomento a la forestación (minagri, 1977).

Contexto y aplicación del Plan Trienal

43En diciembre de 1973, durante su tercer mandato, Juan Domingo Perón dio a conocer un nuevo plan económico elaborado por Gelbard y su equipo. Se proponía llevar a cabo un fortalecimiento del poder estatal frente a actores económicos y políticos a través de una democracia integrada que encauzara los conflictos sociales y que controlara las relaciones entre trabajadores y capitalistas. De esta forma, pretendía garantizar la estabilidad política del régimen (Rapoport, 2007). Entre los objetivos que sustentan el Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional 1974-1977 se encuentran la plena vigencia de la justicia social, una fuerte expansión de la actividad económica, el desarrollo de patrones de consumo que respondan al modo de vida argentino, la unidad nacional, la democratización de la sociedad argentina a través del gobierno de las mayorías, la reconstrucción del Estado, la recuperación de la independencia económica y la integración latinoamericana. (Rapoport, 2007, Romero, 2010).

44De acuerdo a esto, en el primer semestre de 1973 se firmó el «Acta de Compromiso Nacional», principal instrumento de las nuevas políticas que se llevarían a cabo. El Acta contemplaba el acuerdo entre los siguientes organismos: Ministerio de Economía, Confederación General Económica (cge) y la Confederación General del Trabajo (cgt). Gelbard proyectó que por medio de un Pacto Social podrían establecerse las condiciones necesarias para el crecimiento económico, la redistribución del ingreso a favor de los asalariados, el fortalecimiento del mercado interno, las restricciones a la operación del capital extranjero y la industrialización (Rapoport, 2007).

  • 2 Con excepción de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (carbap), (Lat (...)

45En lo que respecta al sector agropecuario, hacia septiembre de 1973, se instrumentó un acuerdo denominado inicialmente «Acta de compromiso del Estado y los productores para una política Concertada de Expansión Agropecuaria y Forestal», al que adhirieron treinta y tres entidades ligadas al agro y veinticuatro instituciones vinculadas con la cge.2 El Acta fue conocida como «Acta de Compromiso del Campo» (Lattuada, 1986, p. 223). A través de ella, el Gobierno se comprometía a aumentar los precios mínimos de los productos agropecuarios y a otorgar incentivos fiscales acompañados de una política crediticia favorable al sector, mientras que las entidades se comprometían a duplicar la producción en un período que rondaba los seis años. En esta línea, fueron elaboradas desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a cargo del ingeniero Giberti, las bases para el mencionado Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra (irnp), de 1973, y para el anteproyecto de Ley Agraria, de 1974. Ambos tuvieron como objetivo principal sancionar a quienes produjeran por debajo de la productividad requerida, lo que generó una fuerte oposición de los sectores ligados a la producción tradicional con un alto poder económico y político (Gárgano, 2011; Poggi, 2012).

46En adelante, analizaremos los puntos del Plan Trienal que impactaron a nivel provincial y nacional en la Patagonia, específicamente en la norpatagonia, a fin de establecer relaciones y reflexionar a partir del contacto directo con las fuentes.

47El capítulo ix del Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional 1974-1977 está dedicado a los lineamientos sectoriales. En lo referido al sector agropecuario y forestal se marca que:

La producción agropecuaria presentó niveles muy bajos en los últimos 18 años […] ello afectó negativamente los saldos exportables del país y el desarrollo regional. Los problemas que prevalecen en las regiones extra-pampeanas están referidos a la desocupación, extensión de los sectores de subsistencia y ampliación de la brecha de la distribución personal del ingreso regional, con un constante deterioro económico relativo del sector rural de menor ingreso. Regiones con un potencial de recursos naturales y humanos casi único en el mundo, se encuentran de este modo en una situación económica y socialmente deprimida y no aportan en relación a su potencial a las necesidades del país y del mundo. (pen, 1973, p. 111)

48En esta línea, los objetivos expuestos en el Acta de Compromiso en lo que se refiere al sector agropecuario fueron:

  • Iniciar una vigorosa política tendiente a obtener aumentos sustanciales en la producción.
  • Mejorar significativamente la distribución del ingreso en el sector y redistribuir regionalmente la producción y el ingreso agropecuario.
  • Promover el acceso a los medios de producción por parte de los auténticos productores agropecuarios.
  • Aumentar el grado de participación real de la población rural en el proceso de desarrollo político, económico y social. (pen, 1973, p. 112)

49Estos objetivos buscaban un aumento sustancial en la productividad del sector agropecuario. Como consecuencia, se esperaba que las exportaciones también se incrementasen y así se resolvieran los problemas económicos de la Argentina, mediante la generación de empleo, asegurando el ingreso a la población afectada, y la transformación de todo el aparato productivo, (pen, 1973, p. 112).

50Para el logro de estas metas se elaboró el «Acta de compromiso del Estado y de los Productores para una política Concertada de Expansión Agropecuaria y Forestal», con la que se buscaba, a través de una política de concertación, incrementar y diversificar la producción en armonía con el desarrollo integral del país. En este marco, los productores y los trabajadores rurales asesorarían al Gobierno en la tarea de formulación e intervendrían en el cumplimiento del programa de acción, a corto, mediano y largo plazo, para lograr los objetivos generales antes enunciados en el Plan Trienal, en temas como:

  • Régimen de tierra: los productores se comprometían a realizar un aprovechamiento pleno y racional de toda la tierra, con el fin de producir con eficiencia para la comunidad. El Gobierno reafirmó, por su parte, el ejercicio pacífico del derecho de propiedad privada en función social. Asimismo, se realizarían los mayores esfuerzos a fin de mejorar la estructura agraria que presentaba desequilibrios profundos en algunas zonas del país.
  • Política de ingresos: en esta materia se aseguraría a los productores y trabajadores rurales ingresos razonables y estables. Para ello, el Estado fijaría precios que incluían, además del costo, una unidad que constituyese un adecuado incentivo de acuerdo a las posibilidades de mercado.
  • Sistema de comercialización: se aseguraba la colocación de la totalidad de la producción en las mejores condiciones comerciales posibles y se adoptaban las medidas necesarias respecto de la capacidad de almacenaje, tipificación de la producción y promoción de radicación de industrias en cercanías de las fuentes de materias primas.
  • Política impositiva: la política impositiva se orientaría con el fin de ser un estímulo a la producción. La presión impositiva se transferiría al capital tierra en función de su capacidad potencial, con el objetivo de eliminar gradualmente los impuestos que pesaban sobre la producción y evitando superposiciones tributarias y disparidades reglamentarias.
  • Política crediticia: el crédito sería un elemento de promoción para impulsar la productividad y desalentar la especulación. Las modalidades de crédito supervisado y orientado tendrían en cuenta las características del sector y la naturaleza particular de cada zona, en tanto que su nivel sería acorde con las exigencias de una creciente producción. Líneas especiales de créditos serían destinadas a los pequeños y medianos productores tomando en cuenta experiencias, capacidad y cumplimiento. Se extendería al máximo posible el crédito supervisado.
  • Seguro agrícola integral: se implementaría gradualmente el seguro agrícola integral obligatorio y solidario, que cubriría los riesgos que escapaban al control o a la acción de los productores.
  • Desarrollo tecnológico y diversificación de áreas y producciones: el Estado realizaría un programa concertado con los productores destinado a intensificar la investigación y extensión agropecuaria e implementaría una política de promoción crediticia e impositiva a fin de diversificar la producción según las características de las diferentes zonas y de mejorar la productividad. El programa de expansión de la frontera agropecuaria fue uno de los pilares de la acción concertada en esta materia.
  • Desarrollo social: una activa política de vivienda, educación, salud, seguridad e infraestructura social serviría de base al desarrollo e integración humana, familiar y social del productor agrícola.
  • Liberación del minifundio: el programa de colonización, la incorporación y distribución de tierras, la creación y mantenimiento de unidades de carácter familiar y de sistemas cooperativos posibilitaba que el trabajo productivo generase ingresos suficientes para una vida digna, liberando al productor agropecuario de la estructura minifundista. (pen, 1973, p. 112)

51En cuanto a la producción forestal, de acuerdo a la demanda creciente que manifestaba tanto en el mercado interno como en el externo, se propusieron los siguientes objetivos: incrementar la producción de maderas y otros productos forestales de modo de lograr el abastecimiento interno y crear una importante corriente exportadora. Para ello, se debía tener en cuenta el manejo adecuado de los recursos naturales de las áreas forestales, ya que la proyección de esta producción debía abastecer a las industrias de celulosa, de construcción de viviendas (madera aglomerada y de obra) y de producción de envases, postes y durmientes. De acuerdo con esto, la meta era alcanzar una forestación de 70 000 ha para 1977, por lo que las políticas que se implementaron en ese sector tendieron a aprovechar integralmente los bosques naturales y plantaciones artificiales mediante el control de las explotaciones forestales. Por otra parte, se indujo a los Gobiernos provinciales a actuar en coincidencia con el Ente Nacional ifona para alentar o promover la forestación en el ámbito nacional, especialmente en los rubros de mayor incidencia socio-económica; esta política tendía a la preservación del medio ecológico y fomentaba el nivel de ocupación en áreas forestales para mejorar el nivel de vida y radicar nuevos núcleos humanos (pen, 1973, p. 113).

52Las fuentes de prensa de la época, como el diario Noticias del 22 de diciembre de 1973, anunciaban las líneas generales del plan, que contemplaba políticas instrumentadas a través de tres órdenes: de concertación; de ordenamiento y transformación institucional, y de política económica. Varias fueron las metas a cumplir, entre ellas, la producción de energía eléctrica para elevar la cantidad instalada en el país a 10 000 kilovatios, con lo cual se planteaba la construcción de las centrales hidroeléctricas de Salto Grande, Yaciretá-Apipé y la ampliación del complejo Alicopa complementario de El Chocón. Otros pilares que sustentaban el plan eran la producción minera (petrolera y metalúrgica) y la producción agropecuaria (agrícola, ganadera y forestal). Por otra parte, al definirse la política de exportaciones como una de las fuentes de ingreso para el financiamiento del plan, el Gobierno estableció como prioritaria la colocación de productos agropecuarios en el mercado internacional. Para el sector siderúrgico se esperaba un incremento de producción hacia 1977. Las metas para al sector petroquímico incluían la sustitución de parte de la producción que se importaba en pos de un ahorro de divisas, y cuyo incremento permitiría saldos exportables. El sector petrolero, cuya producción ya estaba en marcha desde varios años atrás, incorporaba las perforaciones de 2486 pozos, para alcanzar, hacia el año 1977, 29,5 m3/anuales y, de acuerdo a esto, un incremento de la producción de gas a 14 500 millones de m3. Se impulsaba también tanto el sector pesquero como el forestal. La instrumentación de estas políticas se llevaría a cabo a través del marco legal que dio origen al Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra (que no pudo aplicarse) y a la normativa de fomento agrario, de tierras aptas para la explotación agropecuaria, y de bosques. Se incluyó en ellas el reordenamiento de los sectores productivos ganaderos. En este sentido, se apelaba a una reforma de la Junta Nacional de Granos y de la Junta Nacional de Carnes, que otorgase participación tanto a trabajadores como a empresarios (diario Noticias, sábado 22 de diciembre de 1973).

53Si bien el proyecto de desarrollo agropecuario original, contemplado en el Plan Trienal, estaba enfocado en la zona semi-árida chaqueña, se amplió a nivel nacional. Básicamente, su fundamento residía en la redistribución equitativa de los recursos y el uso de las tierras ociosas. Consideramos que el área vinculada directamente a este programa era una de las que se halla en la periferia de la llanura pampeana, y desde aquí se esperaba que impactase en las economías regionales de forma positiva, como podemos observar en la siguiente cita:

el área del proyecto abarca el aprovechamiento eficiente de 20 millones de hectáreas que cubren parte de las provincias de: Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe, por medio del uso racional de la tierra en función de sus características ecológicas y mediante la incorporación de nuevas técnicas de manejo de suelos y rodeos. (pen, 1973, p. 102)

54Como se ha mencionado más arriba, el programa de desarrollo forestal acompaña estas políticas y toma impulso en la época, enfocado en la producción de celulosa, papel y madera, con el objetivo de sustituir las importaciones. Para todas estas actividades era necesario un recurso vital como es el suelo y, en las grandes extensiones que posee la Argentina, se podían llevar a cabo estas actividades productivas a través del acompañamiento del marco legal mencionado:

La disponibilidad forestal a través de planes adecuados de forestación y aprovechamiento de los bosques naturales existentes permitirá reducir paulatinamente la dependencia en este sector […] Los proyectos promovidos se basarán fundamentalmente en el empleo de tecnología local en unidades productivas que tenderán a normalizar los equipos y bienes de capital requeridos para la concreción de los proyectos […] Se fijan dimensiones para las plantas de forma tal que se evite la distorsión del mercado o de las regiones y que permitan el acceso de los pequeños y medianos empresarios sin que por ello se resientan los problemas derivados de la economía de escala. (pen, 1973, p. 100)

55Respecto de los espacios que conforman las regiones productivas del país, el nuevo plan de desarrollo económico nacional buscaba promover la producción minera y la agropecuaria. Esto incide en el modo en que se configuraron y entendieron los espacios de desarrollo, lo que originó nuevos debates. Al respecto, Roccatagliatta (1976) señala que el Plan Trienal dedicó una parte a los lineamientos regionales, cuyo marco legal estuvo dado por algunas leyes como la 20 563, para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, y la ley 20 557, sobre radicación de capitales extranjeros. Con ellas, junto con otras leyes como las de Fomento Agropecuario (ley 20 543) y la de Promoción Minera (ley 20 551) se trató de redistribuir las inversiones y así promover el desarrollo en las regiones que conformaban el país. Sin embargo, esto no implicó la adopción de una nueva división regional, basándose en cambio, en las provincias como unidad y en las «Actas de Concertación» como instrumento: «el proyecto que requerirá de la Concertación de las provincias interesadas como paso previo a su puesta en marcha permitirá la consolidación y reafirmación de la producción nacional incorporando hombres y tierras a la moderna explotación de cereales y carnes» (pen, 1973, p. 102).

56Roccatagilatta (1976) considera que esto es un error, dado que la división política argentina no contiene espacios con suficiente coherencia que permitan ser manejados como unidades de planeamiento, lo que resulta aún más significativo en provincias recientes como la del Chaco y las que forman la Patagonia. Para este autor, es difícil transformar una unidad política, como es una provincia, en una región económico-productiva; por ello opone la figura de provincia a la de Región. En relación con lo expuesto, consideramos reveladores los cambios producidos durante 1974 al interior de los espacios ligados a la producción primaria, como fue el caso del inta. Así, durante el mes de junio de ese mismo año y de acuerdo a los lineamientos planteados en el Plan Trienal, desde la Dirección Nacional del inta se convocó a una reunión de reprogramación del Programa de Estudios Económicos y Sociales. Este programa daba forma a las diferentes actividades desarrolladas por los departamentos de Economía y afines. La reunión se llevó a cabo en instalaciones del cnia de Castelar y el objetivo fue coordinar acciones entre los equipos regionales (de economía y sociología rural que se encontraban en las Estaciones Experimentales Regionales distribuidas en el territorio) siguiendo los lineamientos del Plan Trienal. Durante el transcurso de la reunión, varios agentes dedicados a las áreas de economía y sociología rural expusieron sus análisis de la situación previa y contemporánea. Según Gárgano (2011), tenían una mirada crítica de la posición dependiente del país en materia agropecuaria. En función de esta postura, se plantearon nuevas agendas de investigación que se ajustaran al rumbo productivo.

57Se sugirieron cinco líneas de investigación vinculadas entre sí que formaban parte del programa de investigaciones en Economía y Política del Cambio Tecnológico. El eje de este programa era la brecha creciente entre los beneficios potenciales del progreso tecnológico y sus adelantos concretos. Sus objetivos consistían en evaluar los costos sociales y privados de las nuevas tecnologías, describir el proceso de generación de innovaciones agropecuarias y hacer propuestas de estrategias de desarrollo tecnológico para el sector. Los Modelos Regionales de Planeamiento tuvieron como objetivo principal integrar los modelos regionales en uno nacional de planeamiento agropecuario que considerara las dinámicas de las distintas economías regionales. Las Unidades de Producción estaban destinadas a armar una tipología. A estas iniciativas se sumó el Análisis de la Estructura y Funcionamiento del subsistema de comercialización y Población, Ingreso y Estructura Agraria, que analizaría algunos componentes de la estructura agropecuaria, enfocándose en el régimen de propiedad de los recursos naturales y los efectos sociales de esa distribución. A partir de estos análisis, se identificarían los efectos en la población rural y luego, la propuesta era hacer un relevamiento de las migraciones internas y los desequilibrios regionales de las diferentes situaciones en las que se encontraban las familias (asalariados, asalariados transitorios y minifundistas). Por ello, las nuevas líneas de investigación estaban definidas en función del diagnóstico del sector agropecuario que establecía las prioridades en la agenda (Gárgano, 2011, p. 127).

58Lo que se buscaba con estas nuevas iniciativas era conseguir una mirada más amplia, que permitiera organizar las tareas científico-técnicas de manera acorde al espacio donde se aplicarían, y un enfoque centrado en la integración regional. Esto demandaba un trabajo científico interdisciplinario, cuyos fines estaban dirigidos hacia la adopción del cambio tecnológico para su incorporación tanto en el nivel productivo como en el cultural (Gárgano, 2011, p. 129). En el caso de Río Negro, estos cambios sucedieron durante el Gobierno de Mario Franco, por ello entendemos que fue un momento propicio para elaborar el convenio de asistencia técnica entre la provincia y el inta Bariloche. En otras provincias, estos cambios se produjeron de forma diferente según su orientación política.

El Plan Trienal en Río Negro

59El 25 de mayo de 1973, el justicialista Mario José Franco asumió el cargo de gobernador. Su Gobierno fue breve (duró dos años y diez meses) y finalizó con el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Entre las principales medidas tomadas por Franco se incluyen la capitalización de Viedma y la materialización de un plan de salud que modificó la vieja estructura sanitaria provincial y mejoró las instalaciones hospitalarias. En cuanto a la promoción del sector agroindustrial, su gestión propició la instalación de una planta tomatera para estimular la producción del Valle Inferior, preservó el funcionamiento normal de la Fábrica Textil de Viedma, e incentivó la radicación de industrias. Por otra parte, continuó las acciones de colonización del Valle Inferior, iniciadas en la década del sesenta, a través de, por ejemplo, la construcción del edificio donde funcionaría el idevi. Además, para darle jerarquía a la ciudad de Viedma, emplazó en ella el Ministerio de Asuntos Sociales y el edificio del Poder Judicial. Muchas de las acciones aquí mencionadas pudieron llevarse a cabo gracias al apoyo del Estado nacional, otorgado en el marco del Acta de Concertación entre el Estado Nacional y la Provincia de Río Negro (pen, 1973, p. 240-243). Dentro de esta red de relaciones encontramos que, en línea con los cambios de agendas de investigación y extensión rural que estaban gestándose desde el inta Castelar, las iniciativas llegaron a la provincia articuladas con el Plan Trienal.

60En este sentido, Franco tuvo una visión de gobierno enfocada en el desarrollo constante. Por ejemplo, durante 1974 se creó el Consejo de Tecnología Agropecuaria de la provincia de Río Negro, dirigido en especial al sector primario, que reunió equipos técnicos de la provincia y del inta Bariloche (inta, 1974, p. 26-27; Poder Ejecutivo de Río Negro, 1974):

Mediante el convenio suscripto por el inta y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Minería de la provincia de Río Negro se creó el Consejo de Tecnología Agropecuaria con el objeto de coordinar los servicios técnicos de investigación y extensión a fin de evitar la superposición de funciones entre el inta y la provincia (inta, 1974, p. 27)

61De acuerdo a las referencias de las fuentes, éste es el primer encuentro formal entre el inta Bariloche y la provincia de Río Negro. A partir de esta iniciativa se articularon trabajos relacionados a la producción ganadera –que no incluían únicamente el ganado ovino, sino también al bovino y, en menor medida, al caprino– en espacios dentro del área de influencia de la eera inta Bariloche (inta, 1974, p. 25).

62El desarrollo de la provincia de Río Negro seguía los criterios del Plan Trienal y, en este sentido, era pensado desde Buenos Aires. Básicamente, contaba con proyectos de desarrollo económico cuyos fondos eran financiados por la provincia, o compartidos, en diferentes proporciones, con el Estado nacional y, en otros casos, con inversiones privadas. En tal sentido, para el Turismo se tuvo en cuenta el equipamiento hotelero para la provincia, tanto en la zona urbana como complementaria, que abarcaba las zonas Andina y Atlántica, para ello se destinaría un monto total de $ 6000 millones, cuyos fondos provenían íntegramente de la provincia (pen, 1973, p. 240). En cuanto a la promoción de la obra pública, se estipularon variados proyectos que requirieron financiamiento tanto del Estado provincial como del nacional. Por ejemplo, para el avance de la obra del Puerto de San Antonio se destinarían $ 48 000 millones de los cuales el 50 % correspondía a fondos provinciales y el otro 50 % al Estado nacional. Respecto del sector educativo, la obra estaba dirigida a ampliar la infraestructura y el equipamiento escolar para lo cual se estimaba un monto de $ 90 000; aquí la provincia asumía el 27 % y el 73 % correspondía al Estado nacional. Para la Salud Pública, el proyecto consistía en mejorar la red hospitalaria provincial ya instalada: en este caso se estimaron $ 61 400 millones totalmente financiados por fondos provinciales. En esta línea se incluía al sector vivienda, a través de un Plan Habitacional de 16 750 viviendas; para el que se estimaron $ 87 300 millones de los cuales el 37 % eran fondos provinciales y el 63 % del Estado nacional (pen, 1973, p. 240), esto se repite en el Plan Trienal para Río Negro (pe rn, 1973, p. 111).

63En cuanto al sector agropecuario, comprendía varias acciones:

  • Colonización de Río Colorado y de Eugenio del Busto, que se llevaría a cabo en dos etapas: la primera entre 1974 y 1977 y la segunda después de 1978; se estimaron $ 101 300 para la primera etapa y 3000 para la segunda, conformando un monto total de $ 104 300 millones; el 21 % se financiaría con fondos provinciales y el 79 % con fondos del Estado nacional (pe rn, 1973, p. 125). Aumento de ganado bovino en los departamentos de Pichi Mahuida, General Conesa, Avellaneda y Adolfo Alsina, para lo cual se estimaba una cifra de $ 384 000. En este caso el 6 % del total se financiaría con fondos provinciales, el 15 % con fondos del Estado nacional y el 79 % con fondos privados.
  • Desarrollo forestal en la zona Andina, para ello se destinarían $ 51 204; el 16 % correspondía a fondos provinciales, el 72 % al Estado nacional y el 12 % a fondos privados.
  • Desarrollo y ampliación del área agrícola-ganadera: aquí se incluye la ciudad de Catriel, la localidad de Guardia Mitre, para acrecentamiento del área productiva, y los valles menores de la Línea Sur donde se proyectaba un mejoramiento en las condiciones de trabajo. Para este caso se contemplaban dos etapas de financiación, la primera sería ejecutada entre 1974 y 1977 y la segunda, después de 1978. La distribución del presupuesto se daría de la siguiente manera: para Catriel, $ 127 000; para Guardia Mitre, $ 128 000 millones; finalmente, para los valles menores, $ 20 200 millones. Lo que llama la atención es que no se aclara el origen de los fondos para financiar estos proyectos (pe rn, 1973, p. 166).
  • Sector infraestructura de riego, el cual contemplaba la zona de Saco Viejo en San Antonio Oeste, el Canal Pomona y el drenaje de Valle Medio. Para estos casos se contempló la financiación en dos etapas al igual que en los casos anteriores, así para el primer caso se estimaban $ 7000 y $ 28 000, con un monto total de $ 35 000. No se especifica el origen y porcentajes de financiamiento, para el Valle Medio se estimaban $ 36 107 y $ 8715, haciendo un monto total de $ 44 822; aquí el 100 % de la financiación se lo adjudica el Estado nacional.
  • Ejecución de trabajos de drenaje y recuperación de suelos, en Fernández Oro, departamento de General Roca; no se especifica datos, (pen, 1973, p. 240-241).

64Para el sector industrial, el proyecto incluye el Plan Industrial de Caolines en Los Menucos, con un monto total de $ 250 000 millones, del cual el 50 % sería financiado por la provincia y el resto por el Estado nacional. También contemplaba un proyecto minero industrial de diatomita en el departamento de 25 de Mayo, para el cual el monto a destinar era de $ 180 000 millones, en este caso estaba el 100 % de la financiación a cargo del Estado nacional. Ya hemos mencionado parte de la materialización de estos proyectos en el tercer capítulo siguiendo los trabajos de Manzanal (1983) sobre la actividad minera en la Línea Sur, donde este autor describe la actividad de extracción de caolín y piedra laja en Los Menucos, que representaba un aporte del 10 % a la producción nacional (Manzanal, 1980, p. 182).

65Otra novedad que aparece en el sector denominado «Otros» son los mercados de concentración, parte de cuya financiación se realizaría con aportes del Banco de la Nación Argentina. También es necesario destacar en este apartado el desarrollo pesquero como actividad económica, con participación tanto del Banco de la Nación Argentina como del Banco Provincia de Río Negro. Aquí también incluiremos la segunda etapa del idevi.

  • Mercado de Concentración de lanas en Maquinchao, al cual se destinaban $ 3400 millones; el 50 % correspondía a fondos de la provincia y el resto a fondos del Estado nacional.
  • Mercado de concentración de productos perecederos (supermercados) en Allen y San Carlos de Bariloche, para estos casos se destinaron $ 18 000 millones y la financiación correspondió a fondos de la provincia y a fondos del Banco Nación Argentina,3 en partes iguales.
  • Complejo pesquero experimental de investigación integral, al que se destinaron $ 16 000 millones y cuya financiación estuvo repartida entre el Estado nacional, con el 20 %, la Junta Nacional de Carnes con otro 20 %, el Banco Provincia de Río Negro con el mismo porcentaje y el Banco Nación Argentina con el 40 % restante.
  • Segunda etapa del idevi, se financiaría con fondos nacionales e internacionales, así el 47 % era financiado por el bid, el 33 % por el Estado nacional y el 20 % restante por Comunidades (PEN, 1973, p. 241; pe rn, 1973, p. 111).

66La Figura 16 muestra el mapa con el cual el gobernador Mario Franco da a conocer las acciones que desde su gestión se planteaban. Sin muchos cambios, la territorialización se piensa en la misma clave que en la década del sesenta, con la definición de dos centros turísticos: uno en la zona Andina, en el departamento de Bariloche, y otro en la zona Atlántica, en la costa de Viedma. Se agrega también el complejo minero-siderúrgico al sur de la zona Atlántica y se proyecta una ampliación de las áreas de riego y el fomento a la producción agropecuaria y a la producción pecuaria, que es la que tendrá relación con las nuevas agendas del inta Bariloche.

Fig. 16. Mapa de las zonas de desarrollo establecido por el Plan Trienal de Río Negro

Fig. 16. Mapa de las zonas de desarrollo establecido por el Plan Trienal de Río Negro

Fuente: Rey y Vidal, 1973, p. 240

67Ahora bien, este acercamiento entre la eera inta instalada en Bariloche y la Gobernación de Río Negro no significó que la producción estrictamente local fuera atendida o siquiera reconocida. Precisamente, es en el momento en que se vuelve visible una política de vaciamiento de sentido de la producción local, asociada a la concentración de mercados de productos perecederos comercializados desde otras regiones, cuando descubrimos afianzada la estructura del inta. En este sentido, podemos pensar que el diseño de esta estructura no apoya tanto las modalidades de desarrollo que plantean una ampliación al interior de la provincia, sino la producción que se considera «natural» en la extensión patagónica, es decir, la producción ovina (Coronato, 2010). La zona Andina, particularmente, continúa reducida a un ejercicio turístico que tampoco se termina de planificar (Guevara y Núñez, 2014). El inta Bariloche incrementa su diálogo con la provincia de Río Negro pero en ninguna de las esferas se repiensa el espacio que ocupa este instituto científico.

Las agendas de investigación y extensión rural de la eera inta Bariloche en relación a las actividades de desarrollo económico en Río Negro entre 1973 y 1976

68Al relacionar entre sí los planes de trabajo del inta Bariloche, que surgen de las agendas de investigación diseñadas desde Castelar entre 1974 y 1975, aparece como primer indicador la incorporación de la producción de carne ovina, bovina y, en menor medida, caprina. El planteo de investigación para diversificar la producción ganadera para carne en el espacio rionegrino se halla en directa relación con las propuestas del Plan Trienal y el proyecto de ampliación de áreas de producción pecuaria que había planificado la provincia. A continuación citamos algunos de los objetivos de los planes de trabajo que se llevaban a cabo en la Estación Experimental Regional Agropecuaria inta INTA Bariloche:

Durante el año 1974, los planes de trabajo llevados a cabo por la Estación Experimental Regional Agropecuaria inta Bariloche y las Agencias de Extensión Rural de su área de influencia tuvieron como objetivo el incremento, mejoramiento y diversificación de la producción ovina, base de la riqueza agropecuaria patagónica, asimismo se continuaron las experiencias iniciadas en producción bovina con el objeto de posibilitar al productor la diversificación de su producción. (inta, 1974, p. 1)

69Es evidente que aquí sigue poniéndose el énfasis en la producción ovina como actividad principal, pero con el agregado de nuevas áreas de trabajo tanto en investigación como en extensión en el ámbito rural. Las tareas se realizaban en el Campo Anexo Experimental de Pilcaniyeu (Río Negro), en el de Río Mayo (Chubut), y también en campos de productores ubicados en diferentes áreas ecológicas, de modo que los ensayos resultaban representativos. En tal sentido, los resultados de las experimentaciones fueron favorables para los productores dado que configuraron un amplio caudal de información con recomendaciones sobre el manejo productivo. Entre los temas más consultados figuran genética en ovinos, producción de carne ovina, manejo de majadas, identificación y tipificación de lanas ovinas, parasitología y patología animal. Se suman a estas consultas los temas relacionados a las pasturas y los suelos como parte de la cadena productiva, dado que el conocimiento sobre dichos recursos era vital para obtener resultados adecuados. Las estrategias de comercialización de productos agrícolas completan el abanico de consultas (inta, 1974, p. 2). La orientación hacia la producción de carne y lana fue significativa en esta etapa, como lo manifiestan los objetivos puestos en la producción del sector a nivel nacional y provincial:

La explotación ovina argentina se orienta hacia un doble propósito; lana y carne, pero en la estructura productiva actual la carne ocupa el 16 % de la producción total, constituyendo en realidad sólo un subproducto. Este panorama se agrava en la Patagonia, por sus características ecológicas limitantes y por los esquemas de producción tradicional que se dirigen casi exclusivamente a la obtención de lana. (inta, 1974, p. 3)

70El fragmento citado se encuentra en línea con las agendas diseñadas en Castelar, en las que los grupos de economía y sociología rural de las regionales tuvieron un rol preponderante y marcaron el rumbo a seguir. Hicieron énfasis en la especialización de algunas líneas de investigación que atendían a la presencia y transferencia de la tecnología. Surge, entonces, un programa especial de trabajo encarado por el inta Bariloche que abarcaba su área de influencia. Dicho programa estaba destinado a obtener la información básica sobre el estado de la producción vacuna, los sistemas de manejo, las características generales de la explotación y las zonas de mayor o menor potencialidad para la cría y el engorde.

71Desde el inta Bariloche se construían así los primeros datos sobre esta área; una serie de análisis económico-estructurales mostró que el panorama productivo del sector en la zona de influencia debía cubrir una carencia de tecnología en lo referido a la producción de carne ovina, bovina y caprina. Esto llevó a los diferentes grupos de trabajo del inta a enfocarse en la especialización en recursos naturales, en genética de ovinos, bovinos y caprinos, y en economía rural. Además de la lana, ahora aparece la producción de carne, por ello los establecimientos productivos se adaptaron a las producciones mixtas (de ovinos y bovinos), como lo expresa la siguiente cita:

Si bien el ganado lanar es la actividad agropecuaria principal de la región, en los últimos años se pudo observar entre los ganaderos y las entidades vinculadas al quehacer agropecuario un creciente interés por desarrollar la cría de aganado vacuno, lo que se traduce en una tendencia general a instalar y aumentar los ya existentes. (inta, 1974, p. 10)

72En este sentido, el área de Economía Rural se enfocaba en la búsqueda de información mediante encuestas a los productores del área de influencia del inta Bariloche, de manera de obtener información económica de los establecimientos productores. Esta información, a su vez, era requerida por los equipos de trabajo de la institución. A partir de ella, se confeccionaban informes, entre los que podemos destacar la actualización de la información existente sobre comercialización de lanas en la Patagonia, comercialización de carne vacuna y ovina, estudios de mercado y encuestas para áreas de mayor productividad, definición de los principales centros de consumo y nivel real de consumo, costo de esquila a la zafra de los años 1974 y 1975, análisis de la producción de bovinos para carne al sur del río Colorado, estudio de los mercados concentradores de la provincia de Chubut, estudio socio-agroeconómico de la localidad de Los Antiguos en la provincia de Santa Cruz, análisis socioeconómico del Valle Inferior del río Chubut, confección de índices de precios de insumos agropecuarios para la región patagónica, análisis de abastecimiento de productos agropecuarios en la Patagonia, sistema de información para el Plan Nacional de Abastecimiento de insumos y productos de origen agropecuario.

73De los trabajos mencionados pudo obtenerse la información necesaria para configurar una base de datos que permitiera un mejor asesoramiento al productor en el análisis económico de la empresa rural y en la factibilidad de iniciar actividades en campos de la Patagonia; también aportó una estimación orientativa sobre el nivel socioeconómico de las áreas de mayor productividad agropecuaria. Observamos un trabajo sistemático con el objeto de conseguir mejoras en la amplia región patagónica. El trabajo en las aer nos indica la influencia de los objetivos puestos en el fomento de la producción del sector agropecuario: citamos los diferentes trabajos realizados en las agencias del área de atribución del inta Bariloche:

Agencia Río Gallegos (Santa Cruz) […] Se recopiló la información correspondiente al estudio de situación del área de influencia de la Agencia Río Gallegos […] se brindó asesoramiento a los productores de las colonias Las Vegas y Fuente del Coyle […] tratamientos de los principales problemas en la producción de ovinos para carne, lana y bovinos […] detección de mal manejo productivo y deficiente distribución de los potreros y bajo porcentaje de procreo […] en aprovechamiento de los mallines para corte de forraje y alimentación suplementaria invernal […] asesoramiento a ganaderos que están formando las primeras cabañas de ganado vacuno […] Agencia Río Grande (Tierra del Fuego) se probaron ensayos demostrativos de pastoreo con cargas altas y períodos cortos […] Agencia Zapala (Neuquén) se recopiló información para el estudio de situación de área de la Agencia […] en colaboración con la provincia de Neuquén y la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación se efectuó una campaña para combatir la plaga de tucura en la cordillera […] campaña para la adopción de semillas certificadas y origen conocido […] asesoramiento sobre manejo ovino y vacuno a productores de la zona […] Agencia Junín de los Andes (Neuquén) […] encuesta complementaria para el estudio de situación del área de influencia de la agencia […] preparación de estudio final […] organización de huertas familiares en colaboración con el Ministerio de Bienestar Social de la provincia y la Municipalidad de Junín […] ensayos de forestación y huertas familiares en la agrupación indígena Atreuco junto con Bienestar Social de la provincia y la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería de Neuquén y la delegación de Área de Frontera […] ensayos demostrativos en cereales y leguminosas […] colaboración con el censo económico nacional en el departamento de Huiliches […] Agencia Esquel (Chubut). Asesoramiento sobre el problema de erosión para posibilitar una toma de conciencia del productor […] demostración de métodos para el control de erosión […] contactos con entes estatales a efectos de posibilitar una acción conjunta en el problema de la erosión […] asesoramiento a productores sobre implantación de pasturas en la zona […] asesoramiento sobre aplicación de fertilizantes […] Agencia Bariloche (Río Negro) Encuesta a productores para preparar el estudio de situación de la zona […] Confección del estudio de situación que permitió detectar los problemas que afectan a los productores de la zona […] asesoramiento a productores sobre implantación de pasturas, manejo de ovinos, sanidad animal y fertilidad de suelos. (inta, 1974, p. 24-25)

74Al observar las actividades llevadas a cabo por las aer, es posible revisar el grado de vinculación entre instituciones provinciales (Gobierno provincial, municipal, Secretaría de Agricultura, Bienestar Social, etcétera) y la agencia del inta. Como pudo observarse, hubo objetivos y propuestas diferentes en cada uno de los sitios donde se ubicaron las agencias, pero en conjunto buscaron la construcción territorial del inta Bariloche en línea con los propósitos de integración regional que se venían estipulando en la planificación desde la década del sesenta y que se continuaron en la década del setenta. En el espacio que contiene a la eera Bariloche se reconoce otro factor. El contexto fue propicio para la construcción y resignificación de una red científica en San Carlos de Bariloche, que se configuró en espacio científico-tecnológico por la diversidad de actividades que se compartieron, entre las que aparecen la investigación y la extensión como elementos comunes. En este sentido mencionamos algunas de las actividades que se realizaron conjuntamente entre las diferentes instituciones científico-tecnológicas de Bariloche:

Universidad Nacional del Comahue […] se trabajó en el análisis de aguas provenientes de la Laguna Maquinchao […] Consejo Agrario Nacional […] Manejo de la Cabaña Estancia Las Vegas y de las Colonias Las Vegas y Fuentes del Coyle en la provincia de Santa Cruz […] Fundación Bariloche […] se pusieron en práctica técnicas para el análisis cuantitativo elemental de minerales de arcilla, del cual se promovió una nueva línea de análisis de minerales como servicio del laboratorio […] inicio de mapeo de vegetación y suelos en base a fotointerpretación de la cuenca superior del río Manso […] Comisión de lanas […] fue creada oportunamente por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, para efectuar un estudio sobre el sistema de comercialización de lanas en el país. (inta, 1974, p. 28-29)

75La cita muestra la fuerte interacción entre el inta y el resto de los espacios de ciencia y tecnología. Al analizar documentos institucionales de 1975, vemos aparecer la especialización y la articulación para desarrollar en la Patagonia la base de la planificación regional. En el área de Economía, surgen estudios sobre el relevamiento agro-económico en Río Negro en los departamentos de Pichi-Mahuida, Adolfo Alsina y General Conesa, a fin de fomentar la ganadería vacuna en el área pero con terneros de la zona precordillerana patagónica, acentuando el énfasis puesto en la producción de carne y en línea con lo planificado durante la gestión de Franco. También se realizó otro estudio del mercado de bovinos en río Colorado, que reflejó la tendencia hacia la cría en la zona. Este estudio se completó con el análisis técnico-económico de empresas ganaderas ubicadas en el sur de la provincia de Santa Cruz. Por otra parte, se evaluaron alternativas de producción de forraje utilizando recursos naturales como los mallines en la zona precordillerana (inta, 1975, p. 8-9). En la Agencia de Bariloche aparece la producción caprina como alternativa productiva para la región, desde estas iniciativas se hicieron los estudios económicos pertinentes y se relevaron los establecimientos productores en Pilcaniyeu, Bariloche, 25 de Mayo, El Cuy en Río Negro, a los que se suman Zapala, Chos Malal y Minas en Neuquén. Esta información fue utilizada para generar también otras líneas de investigación; los diferentes grupos de investigación de la Experimental la incluyeron en nuevas agendas y así se focalizó tanto en la producción de carne como en el mejoramiento y el desarrollo de tecnologías para la lana de cabra (inta, 1975, p. 15).

76En cuanto a la vinculación entre la institución y otras entidades, encontramos hacia el año 1975 un convenio de vinculación científico-tecnológica entre el inta-conicet, el Instituto de la Patagonia de la República de Chile y la Royal Society de Inglaterra, cuyo objetivo era realizar un relevamiento botánico en el sur de Santa Cruz. Se logró otro convenio entre el inta y el cfi para realizar el relevamiento expeditivo del área precordillerana patagónica. Y también se realizó un convenio de vinculación científica entre el inta y la Comisión Nacional de Estudios Geoheliofísicos por el que se llevó a cabo un relevamiento ecológico del área Colonia Sarmiento-Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. En la misma provincia, la Corporación de Fomento de Chubut y el inta celebraron un Acta de Compromiso que tuvo como objetivo el relevamiento de aptitud de suelos para riego en Colhué Huapí. Los esfuerzos realizados en investigación y extensión agropecuaria propiciaron la generación de una fructífera producción intelectual reflejada en las publicaciones de la época, en la que se trató de abarcar todas las áreas y espacios de trabajo. También se realizaron boletines de divulgación masiva que se repartían a través de las diferentes aers. En relación con esto, es necesario remarcar la apertura de la aer en San Carlos de Bariloche, en 1975, cuyo jefe fue Greenville Morris, quien desde 1970 estuvo incorporado al staff profesional del inta Bariloche y fue un vínculo muy importante entre el inta Bariloche y las provincias (inta, 1975, p. 20). Recordemos que, en 1965, cuando la Agencia de Extensión Río Limay se convierte en eera Bariloche, se pierde el sitio de la extensión dentro de la institución que se forma.

77Los caminos transitados por el inta Bariloche desde 1974 hasta marzo de 1976 fueron los que la planificación nacional y provincial demandaba. Los fragmentos citados en este capítulo muestran el carácter vinculante que tomó la institución con el medio científico-técnico nacional e internacional. Creemos que esto pudo realizarse por varios factores entre los que reconocemos una alineación entre la planificación para el desarrollo económico-productivo, que vinculaba el espacio nacional y al provincial, y un enfoque territorial, junto con el objetivo común de integrar los espacios productivos. Estos factores mostraron una continuidad de enfoques entre las décadas del sesenta y mediados de los años setenta. No deja de evidenciarse una paradoja en lo que se refiere a la construcción de mercados internos, ya que precisamente en la zona Andina, se estaba perdiendo el espacio de comercialización de la producción agropecuaria local. Esta paradoja nunca se reconoció.

78El 24 de marzo de 1976 se produjo en la Argentina un golpe cívico-militar producto de la formación de coaliciones golpistas entre algunos sectores civiles y militares (Sidicaro, 2004, p. 91). La política económica del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que habían promovido el golpe de Estado, bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz. El nuevo ministro de Economía puso en práctica una serie de reformas económicas que tenían como modelo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago y que tendieron a acelerar la crisis del Estado de Bienestar, a desindustrializar, a concentrar la economía argentina en pocas manos, así como también a fomentar el sector financiero y la concentración de tierras en manos de los grandes estancieros. En línea con estas perspectivas, la dictadura desarticuló la estructura de planificación que había sido construida desde la década del sesenta, por lo que el conade y los cuadros formados en su interior fueron desmembrados por la represión política por razones ideológicas. En su lugar fue creado el Ministerio de Planificación que luego fue reemplazado por la Secretaría de Planificación, dependiente del Ministerio de Economía (Rapoport, 2007, p. 644). Así, la dictadura representó un punto de inflexión respecto de las políticas de concertación entre los diferentes sectores de la sociedad que la gestión anterior había propiciado. Su argumento era que había que reformar la estructura económica por el peligro que significaba la acción de las alianzas populistas en el aparato productivo de los diferentes sectores. La nueva estructura planificadora no logró plasmar ninguna iniciativa relevante, ya que desde el Ministerio de Economía el mensaje era no asignar importancia a la planificación (Rapoport, 2007, p. 645). El mensaje trascendió las fronteras institucionales, según lo expresa esta cita:

El proceso de Reorganización Nacional marca para el inta la iniciación de un camino de adecuación institucional para el cumplimiento de sus funciones específicas en beneficio del agro argentino […] la implementación de una estrategia a cumplirse, con secuencia lógica basada en las reformas que debieron introducirse de acuerdo a la realidad en la que se encontraba la institución […] y el objetivo propuesto: «Que razones de servicio aconsejan un exhaustivo estudio de la organización y funciones del inta a fin de adecuarlo a las necesidades actuales en materia agropecuaria». (inta, 1978, p. 2)

79En línea con el objetivo propuesto, se describen veinte puntos en los que redunda el fundamento de ajustar el presupuesto y el enfoque en el control de los recursos humanos. A continuación, citamos algunos de los puntos mencionados para reestructurar la institución:

3° Revertir el proceso salarial del personal dentro de la política implementada en la materia por el Poder Ejecutivo Nacional […] 4° Implementar un proceso de renovación y cambio en la conducción y manejo de las Estaciones Experimentales y Subestaciones. Con tal finalidad, se designaron Directores interinos en distintas unidades […] 5° Con igual criterio se renovó la conducción de Departamentos y Centros de Investigación mediante diversos nombramientos (inta, 1978, p. 6)

80El último Gobierno de facto abre un nuevo capítulo histórico; durante este período el campo científico-tecnológico argentino padeció diferentes grados de persecución a través de mecanismos de represión ejecutados por la dictadura, sin embargo, esta compleja situación excede a los objetivos de la presente tesis. Como cierre provisorio del capítulo, destacamos la fuerte continuidad en las políticas provinciales entre el pro-5 y el Plan Trienal que, aun cuando amplía la visión productiva de Río Negro, continúa reproduciendo una visión sesgada del territorio. La ciencia, en estos años, fue fortaleciéndose dentro del apartado estatal en esferas técnicas que, como se muestra en el caso de Bariloche, no significan el desarrollo local en los espacios que ocupan.

Notas

1 Cuyo proyecto se concreta en 1986 en el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín (Hurtado, 2010, p. 143).

2 Con excepción de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (carbap), (Lattuada, 1986).

3 Cabe destacar en estos años el proceso de cierre del Mercado de San Carlos de Bariloche. El proceso de su desestimación, que se concretará en la última dictadura militar, se inicia a finales de la década de 1960, asociado al establecimiento del primer supermercado local, en una dinámica comercial que se profundizará durante el tercer Gobierno peronista (Núñez, 2003).

Índice de ilustraciones

Título Fig. 16. Mapa de las zonas de desarrollo establecido por el Plan Trienal de Río Negro
Leyenda Fuente: Rey y Vidal, 1973, p. 240
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