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Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX

 | 
Sophie Baby
, 
Olivier Compagnon
, 
Eduardo González Calleja

I. — La memoria de las violencias pasadas

La invención de certidumbres en el abandono de la violencia política

El ejemplo de las comisiones de la verdad

Sandrine Lefranc
Traduction de Eduardo González Calleja

Résumé

Las comisiones de la verdad y la reconciliación se han convertido, desde las primeras experiencias de los años 1980 en el Cono Sur latinoamericano hasta su culminación en Sudáfrica en 1995 y su eco en numerosos países, en un ingrediente frecuente de las políticas de salida de la represión autoritaria. Su éxito no se explica solamente por el éxito o la fuerza de convicción del modelo, tanto menos cuanto éste tenía el valor de constituirse como el mal menor, a falta de la persecución penal, en las situaciones de transición a la democracia que permitieron su consagración internacional. Su éxito se explica también por la constitución de una red de expertos en políticas de salida de la violencia política, y por la resonancia de este modelo en los países que dirigen la política internacional, en un contexto que contempla el desarrollo de políticas de justicia a priori menos estatalizadas, menos formales y cada vez más construidas sobre el principio del diálogo y el reconocimiento de las víctimas

Les « commissions de vérité et de réconciliation » sont devenues, depuis les premières expériences des années 1980 dans le cône sud latino-américain jusqu’à l’aboutissement sud-africain en 1995, et ses échos dans de nombreux pays, une composante fréquente des politiques de sortie de la répression autoritaire. Ce succès ne s’explique pas seulement par le succès ou la force de conviction du modèle, et d’autant moins que celui-ci avait valeur de pis-aller, faute de poursuites pénales, dans les situations de transition vers la démocratie qui ont permis sa consécration internationale. Ce succès s’explique aussi par la constitution d’un réseau d’experts des politiques de sortie de la violence politique, ainsi que par les résonances du modèle dans les pays qui forgent les politiques internationales, dans un contexte qui voit le développement de politiques de justice a priori moins étatisées, moins formelles, davantage construites sur le principe du dialogue et la prise en compte de la victime

Since the first experiments in the Southern Cone of Latin America in the 1980s, culminating in South Africa in 1995 and its echoes in many other countries, truth and reconciliation commissions have become a common ingredient of policies of normalisation following authoritarian repression. They do not owe their success only to the success or persuasive force of the model, especially considering that this was in fact the option of the lesser evil where criminal prosecution was eschewed in those democratic transitions which brought it international acceptance. Another reason for its success is the formation of a network of experts in policies to end political violence, and the chord struck by this model in the countries that direct international policy, in a context characterised by the pursuit of justice policies that are a priori less State-oriented, less formal and increasingly founded on the principle of dialogue and acknowledgement of the victims

Texte intégral

  • 1 Este texto retoma partes del capítulo publicado por la autora en G. Mink y L. Neumayer (dirs.), L’ (...)

1El mejor modo de «salir» de un período de violencia política intensa (guerra civil y represión autoritaria) y garantizar una coexistencia relativamente armoniosa en un marco democrático es, por un lado, establecer la «verdad» sobre el pasado conflictivo, y por otro, otorgar reparaciones materiales y simbólicas, que se traduzcan en un reconocimiento de las víctimas de esa violencia1.

2¿Qué lector osaría discutir esta afirmación? Si se tomara el tiempo de asumirla, sin duda se añadiría condiciones complementarias, y quizás reflexionaría sobre su suficiencia, pero seguro que la declaración le seguiría pareciendo una hipótesis muy banal, y a la vez muy razonable.

3La idea de que es útil e incluso necesario establecer una verdad histórica y reparar los daños sufridos por las víctimas (cuando éstos son reparables) es, sin embargo, discutible. Es ese paso hacia atrás — de lo evidente a lo discutible — lo que quisiera esbozar en este capítulo, vinculándolo a una de las plasmaciones concretas de la idea: esas comisiones denominadas de la verdad, y a menudo de la reconciliación, es decir, esas formas diversas de organización ad hoc, no judiciales, y cuyos miembros, personas de buena reputación surgidas por lo general de la «sociedad civil» (por oposición al mundo de los profesionales de la política), se empeñan en primer lugar en construir un discurso histórico justo y consensual, y en definir quiénes son las víctimas y a qué tipo de reparaciones pueden aspirar.

4No se trata de reabrir una discusión cerrada apresuradamente tras pasar revista a los balances de algunos tipos de comisiones de la verdad, sino de mostrar cómo la idea según la cual la «verdad» y las reparaciones a las víctimas son un buen instrumento, si no el mejor, de gestión de un pasado violento se ha constituido progresivamente en evidencia poco discutible; de qué modo, para ser más precisos, su aplicación bajo la forma de comisiones de la verdad se ha erigido en modelo, en el doble sentido de dispositivo reproducible en situaciones muy diversas de abandono de la violencia, y de dispositivo recomendable en esas variadas circunstancias. Al lado de otras categorías (las de «víctimas» o «desaparecidos», por ejemplo) o técnicas (comisiones de historiadores, protocolos de exhumación y de re-inhumación de cuerpos de víctimas enterrados clandestinamente, atención psicológica a los deudos, o creación de bases de datos sobre crímenes cometidos), el dispositivo de la comisión de la verdad se ha convertido en el lapso de dos décadas en un modelo para los expertos extranjeros y los centros de decisión nacionales implicados en las políticas de abandono de la violencia. Este es el caso de las «transiciones» hacia la democracia, pero también de regímenes democráticos consolidados: España y los Estados Unidos lo han experimentado a escala local o regional. Veremos que también el modelo tiene influencia en la gestión de litigios «ordinarios» en situaciones democráticas.

  • 2 Sobre esta expresión y estos profesionales, véase S. Lefranc, «La justice transitionnelle n’est pa (...)

5La palabra «modelo» que acabamos de utilizar no implica dibujar el contorno de un «gran asunto», demasiado etéreo para ser honesto, cuando uno de los criterios de honestidad es apoyar una hipótesis sobre el conocimiento empírico del objeto. Si se tratase de prestar atención, para poderla discutir de nuevo, a la circulación internacional de una idea sobre la mejor manera de gestionar un pasado de violencia política, el objeto que forma esta circulación internacional resulta, sin embargo, poco relevante. Nos interesamos, en efecto, por la actividad de un pequeño grupo de organizaciones bastante visibles (y de algunos individuos dentro de estas organizaciones), su articulación con los procesos nacionales, las actuaciones que ponen en marcha y el contexto de su aparición, es decir, un conjunto bastante reducido de flujos de intercambio y trayectorias de profesionales de la «justicia de transición»2.

6¿Para qué sirve reconstruir la circulación internacional de un dispositivo? Ello permite, por un lado, explicar la curiosa similitud de las políticas de «memoria» en el período contemporáneo, de manera alternativa al encadenamiento funcionalista y simplista «de los hombres políticos que toman de otros países “cosas” que funcionan», o el influjo de cierto ambiente favorable, en una convergencia en los imaginarios de las instancias de decisión que aparecen persuadidas por las mismas «buenas prácticas», y más ampliamente, por las representaciones del mejor modo de alcanzar una paz duradera. Esta incursión por la circulación internacional de un dispositivo permite, por otro lado, demostrar que estas ideas han sido fabricadas, y por ende, tomar un poco de distancia al respecto.

  • 3 Sobre esta noción, a menudo utilizada de forma poco rigurosa, véase M. Halbwachs, Les cadres socia (...)

7¿Cuáles son las certidumbres sobre la mejor manera de salir de un conflicto violento que encarnan, junto con otras técnicas, las comisiones de la verdad? Se pueden citar tres. Según la primera, sólo el establecimiento de una verdad histórica, elaborada en la medida de lo posible en el respeto a los métodos de los historiadores y tomando la forma de un discurso público del que puedan apropiarse tanto las élites políticas como la masa de población, permite apaciguar la relación de una sociedad con su pasado. Esa paz recobrada por medio de un discurso relativamente consensual debe contribuir a la consolidación del régimen democrático y prevenir todo retorno a la violencia. Esta certidumbre se presenta a menudo bajo la forma de un dicho, ennoblecido por la autoridad de su creador, el filósofo norteamericano de origen español George Santayana: «aquéllos que han olvidado o menospreciado la historia, están condenados a repetirla». La verdad, pues, democratiza y pacifica. Sin embargo, se pueden albergar dudas (lo que no significa dar certidumbre a lo contrario) sobre la capacidad de las «políticas públicas de la memoria», incluso las sostenidas sobre el trabajo de los historiadores, para orientar una «memoria colectiva» precipitadamente atribuida a grupos, a una mayoría e incluso a una entidad nacional para incitar su adhesión a la democracia o hacerla detestar la violencia3. El ejercicio de la duda se enfrenta aquí a uno de los últimos refugios del sentimiento de legitimidad de los especialistas en ciencias sociales (e incluso de otros profesionales, como los periodistas deseosos de ejercer una influencia duradera sobre sus lectores): la certidumbre de que aún resultan útiles cuando retornan, para explicarlos, a pasados violentos.

  • 4 Véase S. Lefranc, Políticas del perdón.

8Sin embargo, nada garantiza que las «políticas de la memoria», cuando son asumidas por las autoridades públicas, tengan efectos mecánicos sobre la «memoria activa». Tampoco es seguro que el objetivo primario de los promotores de estas políticas sea reeducar las memorias con el fin de consolidar una democracia o prevenir el retorno de la violencia. Incluso si es imposible vislumbrar un objetivo común en el conjunto de las políticas de abandono de la violencia, éstas se justifican no tanto por una ambición de educación como por las necesidades de compromiso político inmediato y su legitimación4. Por otro lado, son muy raras las políticas implementadas en el momento de una «transición» hacia la democracia o hacia la paz que integran de golpe aspectos educativos en materia de manuales o programas de historia, por ejemplo.

  • 5 Véase N. Mariot, «Faut-il être motivé pour tuer? Sur quelques explications aux violences de guerre (...)
  • 6 Z. Bauman, Modernité et Holocauste y Ch. R. Browning, Des hommes ordinaires: le 101e Bataillon de (...)

9¿Cómo asegurarse de que una «política de la memoria», y de manera más amplia, una pedagogía que dé valor a la democracia y a la regulación de la violencia, puedan tener efectos duraderos, sobre todo cuando la lealtad hacia los regímenes democráticos se debilita y se puede ejercer la violencia en masa? La tarea resulta harto difícil, aunque fuese sólo porque exige dominio en el análisis de los vínculos de causalidad y de las relaciones entre un fenómeno individual (el paso al acto violento) y un proceso colectivo5. Pero si sólo podemos demostrar una débil relación entre «política de la memoria» y prevención de la violencia política, al menos podemos sugerir una pista entre otras: es posible apoyarse en lo que sabemos de las condiciones sociopolíticas que provocan el conflicto político violento, o, a escala individual, el paso al acto violento. Tomando en consideración, por ejemplo, lo que nos dicen Zygmunt Bauman y Christopher Browning: la violencia política no tienen su origen primario ni determinante en la relación «cognitiva» e ideológica con el pasado: el antisemitismo de larga tradición, la hostilidad hacia una forma dada de organización política o incluso la «mala educación» no permiten dar su justa importancia a los rumores o a los relatos verosímiles. La violencia se explica mejor en su relación con la autoridad social y política, con las formas particulares y locales de esa relación, influidas especialmente por los modos de legitimación del poder6. La verdad, pues, o al menos la que confiere lucidez en relación con el ejercicio de la violencia (llegado el caso, vinculada a una reprobación moral), no lo puede todo, ni siquiera gran cosa, contra el desencadenamiento del acto violento. Se plantea aquí una puesta a prueba eficaz, aunque no suficiente, de nuestras certidumbres actuales sobre la mejor manera en que una sociedad se puede «despegar» de su pasado.

  • 7 Evitaremos aquí entrar en una descripción de las dificultades vinculadas al uso del término «vícti (...)
  • 8 Véase, por ejemplo, Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’ Homme, Les Institutions d (...)

10Mencionemos muy rápidamente otras dos certidumbres vinculadas con el modelo de las comisiones de la verdad, pero de mayor alcance. El discurso público sobre el pasado elaborado con ocasión de un debate público no es legítimo, y no se difunde de manera eficaz — y ésta es la segunda certidumbre — sino cuando integra la necesidad del reconocimiento de la víctima7 por los demás (y sobre todo por quienes le niegan este título, calificándola de «subversiva») y para sí misma. Un tercer supuesto se encuentra de forma habitual entre los expertos de la salida del conflicto: el ejercicio ordinario de la justicia penal, o, en otro registro, el debate político sobre la legitimidad de las causas defendidas por unos y por otros, pueden perjudicar la pacificación de la relación con el pasado conflictual, y por tanto la estabilización del régimen democrático. En un contexto caracterizado por relaciones de fuerza poco favorables para los defensores de la regulación democrática de la violencia, el proceso y el debate político implicarían una conflictualización creciente, una relación antagonista que una política de reconciliación permitiría superar8.

11Estas certezas, que no desarrollaremos, son los hilos conductores de una literatura académica y experta consagrada a la salida de la violencia, que merece amplia discusión. Uno de los primeros pasos de este reexamen consiste en poner en cuestión la idea de que el modelo de las comisiones de la verdad y reconciliación se ha impuesto porque está pragmáticamente adaptado a las necesidades de una situación «sin vencedores ni vencidos», al tiempo que se mantiene como una opción moralmente aceptable en tanto que satisface una demanda social de verdad y que tiene en cuenta a la víctima incluso mejor que la justicia penal. De este modo, nos aproximamos a lo que hoy en día resulta una concepción ampliamente compartida de lo que conviene hacer en un contexto de salida del conflicto. Este capítulo trata, pues, de reconstruir el camino por el cual un dispositivo, la comisión de la verdad, fabricado por los actores de las «transiciones hacia la democracia» en los países del cono sur latinoamericano y por las organizaciones de las «transiciones hacia la paz» comprometidas en el mismo continente, con el objeto de acomodarse a la imposibilidad de aplicar una justicia penal sistemática, se ha convertido en veinte años en un modelo fuertemente universalizado, ya que es asumido y reinterpretado en más de una veintena de países, y resulta emblemático de una «buena práctica» centrada en la verdad y las reparaciones.

LA VERDAD Y LAS REPARACIONES ANTES QUE LA JUSTICIA…

  • 9 Véase S. Lefranc, Políticas del perdón.

12La epopeya, tal como es relatada por los profesionales de la «justicia de transición», comienza generalmente con la experiencia del paso de un régimen autoritario represivo a una democracia en el cono sur latinoamericano en los años 1980. En estos contextos de democratización marcados por relaciones de fuerza bastante favorables a los responsables de las dictaduras, pero también por el peso de la necesidad de una continuidad en las reglas de derecho y del personal y estructuras administrativas, o incluso por la legitimidad de una ciencia «transitológica» que se consagra a la pragmática del compromiso9, los actores han establecido dispositivos que permiten paliar el abandono de las denuncias penales sistemáticas contra los agentes de la violencia política, al tiempo que se trata de ratificar, e incluso legitimar, la renuncia a la modalidad más rutinaria de resolución de los conflictos, que es también uno de los principios del Estado de derecho: el recurso a los tribunales penales.

  • 10 Comisión nacional sobre la desaparición de personas, Nunca más. Informe de la Comisión nacional so (...)

13Podemos evocar brevemente dos ejemplos, que son también los primeros casos de invención del modelo de comisiones de la verdad y la reconciliación, en la medida en que son explicados en detalle en otros capítulos de esta obra: los de Argentina y Chile. En el caso argentino, la política de denuncias judiciales selectivas contra los que ordenaron o ejecutaron «hechos atroces o aberrantes» (con exclusión de todos los agentes de las fuerzas de seguridad que se consideró obedecían órdenes) fue puesta en marcha en 1984 por el primer gobierno democrático, mientras que los antiguos responsables de la dictadura parecían muy debilitados. Para compensar esta limitación de los encausamientos se estableció la Comisión Nacional sobre los Desaparecidos, que se convirtió en una comisión de expertos porque la oposición rechazó formar parte de ella. Los expertos se pronunciaron sobre la base de los datos referidos a las violaciones de los derechos humanos recopiladas por las organizaciones de defensa de los derechos del hombre, más que por los testimonios de víctimas escuchadas a puerta cerrada. Matizando, sin cuestionar completamente, la «teoría de los dos demonios» (es decir, la responsabilidad equivalente de las guerrillas y los militares en el desencadenamiento de la violencia) promovida desde el gobierno, la Comisión desplegó una concepción particular de la «reconciliación nacional»: «no podrá haber reconciliación sin el arrepentimiento de los culpables y una justicia fundada en la verdad»10.

14En Chile, mientras que el régimen autoritario dictaba las condiciones para su abandono del poder, se instaló una Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación (llamada Rettig), constituida también por «notables» cualificados en su mayor parte por su competencia científica, y que inscribieron sus trabajos en la misma lógica de análisis experto, aunque dando un gran espacio, al menos en el texto del informe, a la aportación de los testigos/víctimas. Esta Comisión contribuyó además a la puesta en marcha de una política muy completa de reparaciones: pensiones, becas escolares, acceso a cuidados médicos-psicológicos, posibilidad de exención del servicio militar, monumentos… Pero estas dos medidas se integraban todavía en una lógica de compensación por la ausencia de acciones judiciales (acciones que prohibía expresamente el decreto-ley de amnistía promulgado por Pinochet en 1978) y de legitimación de una política pragmática.

15En estas dos experiencias inaugurales, que influirían en los dispositivos ulteriores más ejemplares y en la formulación del modelo, la política de verdad y reparaciones es un mal menor dictado por las exigencias de la Realpolitik y por una concepción política que valoriza la prudencia, es decir, la lenta consolidación del régimen democrático en detrimento de toda ética de convicción: la que reclamaría justicia, toda la justicia. Esta política aparece marcada por un cierto elitismo y por una valoración de la acción científica de los expertos: la «verdad» que se despliega en el marco de las comisiones es forjada por las élites sociales seleccionadas por su buena reputación y por sus competencias (son a menudo universitarios), en un respeto a los criterios de los historiadores antes que a la preocupación por reflejar la «verdad subjetiva» de las víctimas. En definitiva, las medidas adoptadas no constituyen una política de democratización, sino una política surgida de las limitaciones que pesan sobre la democratización a las que era preciso acomodarse para no tomar al pie de la letra los principios fundadores de las democracias representativas, por ejemplo el principio de igualdad ante la ley.

16Que estos dispositivos hayan sido puestos en marcha por la preocupación del compromiso entre civiles y militares, entre conservadores próximos de los regímenes autoritarios y partidarios de una democratización más franca, no los condena naturalmente a la legitimación del un statu quo ante. Han tenido sus propios efectos, a menudo paradójicos en relación con los objetivos de sus promotores. Por un lado, estos dispositivos han tendido a cobrar autonomía, y han podido derivar en una exigencia creciente de reconocimiento del pasado y de la víctima, sobre todo bajo la presión de las víctimas movilizadas. Por otro, estas políticas han podido ser consideradas con razón como fracasos por quienes las habían concebido (los primeros gobiernos democráticos) y por los que no habían opuesto la efectividad de un golpe (los agentes de los regímenes autoritarios), en la medida en que no han logrado hacer aceptar a las víctimas la limitación de las acciones judiciales. Se podría incluso avanzar la hipótesis según la cual estas políticas permiten aplazar estas acciones a un momento más propicio, como ha sido el caso en los dos países mencionados… En todo caso, las comisiones de la verdad no han conducido jamás a la reconciliación a la cual la «verdad» y las «reparaciones» debían contribuir, si ésta se podía alcanzar realmente.

UN MODELO RUTINIZADO DE GESTIÓN DEL PASADO CONFLICTUAL

  • 11 Sin tener en cuenta su diversidad y sin cuestionar esta lista establecida por los expertos: Bolivi (...)

17Tras estas experiencias inaugurales (se podrían mencionar otras, como las de El Salvador o Guatemala), más de 25 comisiones se han establecido desde la experiencia argentina en todas las regiones del mundo11. Tan extensa difusión se ha visto acompañada de una transformación del modelo, inclinado deliberadamente en un sentido más favorable a las víctimas. La verdad de los expertos habría dejado lugar a una «deliberación» que incluye, si no a la mayor parte de los actores, sí al menos a las víctimas, dejando más espacio para sus verdades «subjetivas», por tomar una expresión usada en Sudáfrica. Se pasa, al tiempo, de las medidas dispersas a los dispositivos completos, que articulan en una misma instancia los mandatos de establecimiento de la verdad, las reparaciones y la justicia, y recomiendan amplias compensaciones para las víctimas.

18La Truth and Reconciliation Commission (TRC) sudafricana ha contribuido ampliamente a estos cambios y a la construcción de un modelo, tanto por sus características reales como por los «fantasmas» que suscitó. La TRC ha acumulado diferentes mandatos: el establecimiento de una verdad sobre el apartheid (desde 1960), las reparaciones a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el otorgamiento de una amnistía condicional para los responsables de crímenes políticos que prestasen declaración completa de sus acciones. La experiencia sudafricana es considerada generalmente como la que ha ido más lejos en la perspectiva de una reconciliación sobre la base de una verdad que integra la verdad científica y la verdad subjetiva de las víctimas, y que ha sido elaborada por medio de una forma de deliberación a través de la confluencia en la escena pública de las víctimas, los beneficiarios del apartheid y, al menos, algunos responsables de la violencia. Pero se olvida, sin tan siquiera intentar evaluar el grado de reconciliación obtenido en Sudáfrica, que la verdad producida ha sido rechazada por los principales partidos políticos, y que las reparaciones que deberían manifestar el reconocimiento a las víctimas (y a menudo les permitiría sobrevivir) han sido revisadas a la baja, y además de manera tardía.

19El modelo de las comisiones de la verdad se asocia hoy en día al principio de un debate público sobre el pasado que preste la mayor atención posible a las víctimas. El ejemplo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú (2001) es revelador de esta evolución, en la medida en que ha querido participar en la redefinición del conjunto del «contrato social», recomendando no solamente acciones judiciales sino también justicia social, y sistematizando la valoración del testimonio de las víctimas, que fueron en su mayor parte indígenas.

20Cada vez más, las comisiones deben, según los expertos, contribuir a la reasunción colectiva del pasado, y quizás a un proceso de «reconciliación» de sociedades divididas. Mientras que, en un principio, no eran sino consecuencia de las limitaciones que pesaban sobre los procesos de democratización, las comisiones de la verdad y reconciliación se han convertido en un factor importante de democratización.

CÓMO MIGRA UNA IDEA

21¿Cómo explicar esta consagración sin remitirse plenamente a un esquema de análisis funcionalista que resumiría la cuestión diciendo que «esta política es la mejor adaptada en contextos de democratización sin vencedor»? ¿Cómo ir más lejos de lo que permite esta hipótesis que se sitúa sobre un contexto favorable a la víctima y a la deliberación? La multiplicación de experiencias debe ser aprehendida en parte como el resultado de una acción voluntarista de difusión del modelo, más que de una convergencia de los imaginarios de centros de decisión tan separados entre sí, pero convencidos unánimemente por los solos méritos de las comisiones de la verdad.

22Podrían evocarse dos elementos de explicación, sin tener en cuenta las configuraciones locales, que determinarían la adopción de una política u otra. La formación de redes de importadores/exportadores ha participado de esta universalización, y contribuido ampliamente a la transformación del dispositivo de las comisiones en acciones políticas. El modelo ha sido objeto de una difusión voluntarista por la «comunidad internacional» a través de dos vías principales. En primer lugar, algunos miembros de la Comisión Rettig, y luego numerosos miembros de la TRC sudafricana y otras comisiones consideradas ejemplares se convirtieron en consejeros solicitados cuando se ponían en marcha otras políticas de salida de la violencia política. Estas redes se constituyeron a la vez bajo la forma del «consejo» solicitado por un gobierno o una institución internacional, por el apoyo de las redes académicas que organizan seminarios y coloquios y por la institucionalización de estos saberes.

23Esto nos conduce a la segunda vía que ha permitido la transferencia de experiencias: la creación de organizaciones ad hoc, especializadas en las salidas de los conflictos y particularmente en la práctica de comisiones, constituidas generalmente a partir de las más «antiguas». El International Center for Transitional Justice (ICTJ), ONG establecida en Nueva York y creada en 2001, es sin duda la más desarrollada. Es el resultado de una alianza entre Alex Boraine (antiguo vicepresidente de la TRC), Priscilla Havner (experta universitaria norteamericana) y Human Rights Watch. La organización integra progresivamente a antiguos miembros de otras comisiones, como por ejemplo, José Zalaquett, miembro de la Comisión Rettig, o Eduardo González, empleado de la Comisión peruana. Pero existen otras, como el Institut for Justice and Reconciliation establecido en Sudáfrica por Charles Villa-Vicencio (redactor de gran parte del informe de la TRC), que ofrece asesoramiento a otros países africanos.

  • 12 L. Boltanski, «L’espace positionnel. Multiplicité des positions institutionnelles et habitus de cl (...)

24Estos nuevos profesionales de la «justicia transicional» son tanto más eficaces por cuanto que saben aprovechar su posicionamiento múltiple12, es decir, los recursos a su disposición en diferentes espacios sociales: universidades, movilizaciones en favor de los derechos humanos, élites sociales, iglesias, trabajo social, derecho… Los empleados del ICTJ han logrado organizar en un corto espacio de tiempo redes nacionales y regionales de promoción de la «justicia de transición», apoyándose sobre determinadas organizaciones de defensa de los derechos del hombre. Los estrechos vínculos establecidos entre el ICTJ y los «grandes nombres» del movimiento estadounidense de los derechos humanos, como Human Rights Watch y la Fundación Ford, han contribuido de manera decisiva a este desarrollo.

  • 13 Observación participante en Bruselas, marzo de 2006. Véase del autor, «La justice transitionnelle»
  • 14 Véase por ejemplo, el manual de D. Bloomfield et alii, Reconciliation After Violent Conflict, A Ha (...)

25Estas redes trabajan para su propia consolidación por medio de un proceso intenso de profesionalización y de homogenización de sus recursos: organizan cursos de formación para un público variado (militantes/profesionales de ONG, miembros de organizaciones internacionales, universitarios, etc.13), hacen lobby sobre las instituciones de las que reciben financiación y elaboran y difunden manuales para los investigadores y los encargados de trabajos prácticos14.

  • 15 Sobre las relaciones ambivalentes entre el modelo de las comisiones de la verdad y el derecho pena (...)

26La implicación en la difusión de un modelo, que resulta tan activa que ha llegado a convertirse en una actividad profesional, ha sido posible gracias a un contexto internacional favorable. Las comisiones de la verdad han sido consideradas, sobre todo desde mediados de los años 1990, como una «buena práctica» por numerosos actores que conforman la «comunidad internacional»: la importancia de los subsidios y apoyos procedentes de organizaciones internacionales y gobiernos lo atestigua sobradamente. Incluso el derecho internacional, al que parecen contradecir las comisiones de la verdad consolidando políticas de suspensión de la mayor parte de las acciones judiciales, ha encontrado un acomodo en el modelo15. El Derecho penal internacional parece, en efecto, haber integrado la posibilidad del recurso a una política de verdad y de reparaciones, incluyéndola en su propio núcleo doctrinal: el artículo 53, párrafo 2c de los Estatutos del Tribunal Penal Internacional dispone que el Fiscal no pueda abrir una investigación, «porque desarrollarla no serviría a los intereses de la justicia, habida cuenta de todas las circunstancias, comprendidas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas».

27Pero ni la cristalización de estas redes en curso de profesionalización en un contexto internacional propicio, ni las inflexiones «deliberativas» y favorables a la víctima en el modelo, resultan suficientes para explicar la convergencia de la práctica totalidad de las instituciones internacionales, y el éxito cosechado en otras esferas por el modelo de las comisiones de la verdad. Hay que tener en cuenta también las razones del apasionamiento por este modelo en los países del Norte. Encontramos suficientes litigios antiguos que justificarían una transposición del modelo, que se ha empleado ocasionalmente en los Estados Unidos y España, y podría haberse aplicado en Francia con ocasión del debate sobre la guerra de Argelia, cuando algunos autores evocaron el modelo sudafricano. Pero las comisiones de la verdad no se han impuesto como referencia de una forma aceptable de superar la violencia política; son también una modalidad de salida de conflictos que se considera aplicable a todo litigio y en cualquier espacio social.

28Las políticas internacionales que promueven el modelo de las comisiones de la verdad pueden quedar asociadas a prescripciones que conciernen al funcionamiento de la justicia civil y penal ordinaria. Existe una multitud de programas que alientan el desarrollo de modalidades alternativas de resolución de conflictos en los países que salen de un período de violencia política o de un régimen autoritario. USAID, la agencia estadounidense de ayuda pública al desarrollo, es uno de los principales proveedores en este campo. Esta Alternative Dispute Resolution (ADR) que congrega en los Estados Unidos al conjunto de métodos informales de resolución de litigios al margen de los tribunales de justicia, no debe aplicarse, en este caso, a la violencia política, pero sí a los conflictos de trabajo, a los litigios civiles que paralizan el aparato judicial, e incluso a los hechos vinculados con la justicia penal.

  • 16 Véase D. Tutu, No future without forgiveness.

29El modelo de las comisiones de la verdad esta vinculado, sin duda alguna, a las políticas que promueven modalidades menos formales de resolución de los litigios. Uno de los indicios de esta articulación es la noción de «justicia restauradora», estrechamente vinculada al modelo desde que Desmond Tutu, presidente de la TRC sudafricana, hizo de ella un uso sistemático, fusionando la idea de perdón con el útil jurídico de la amnistía y una «jurisprudencia africana» subsumida en el concepto de ubuntu, en una concepción de la justicia distinta de la tradicional lógica distributiva y punitiva16.

30También esta noción es objeto de una difusión absolutamente voluntarista bajo otra forma: designa un procedimiento judicial — antes del proceso, en lugar del proceso o en el nivel de ejecución de la pena — que sustituye la relación delincuente/juez por un cara a cara del delincuente con la víctima, en presencia de miembros de la «comunidad». La justicia restauradora ha conocido un gran éxito desde las primeras experiencias de inicio de los años 1970 en Norteamérica y otros países anglófonos, hasta el punto de que los especialistas la consideran en vía de universalización, después de numerosos recomendaciones del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas, sobre todo en materia de delincuencia juvenil.

31Estas dos acepciones de la justicia restauradora (respecto de la violencia política o de los litigios ordinarios de toda naturaleza) son bien distintas, y sin embargo están asociadas sistemáticamente en toda la literatura especializada.

32Comisiones de la verdad y justicia restauradora pasan por formalizar, al igual que la ADR, un nuevo modelo de justicia, más «deliberativo», y que concede una mayor relevancia a la víctima.

33El éxito de las comisiones de la verdad y la reconciliación no se debe explicar únicamente por la fuerza de convicción del modelo, sino que se justifica también por la constitución de un universo profesional y por la resonancia del modelo en los países que forjan la política internacional, en un contexto que contempla en desarrollo de políticas de justicia a priori menos estatalizadas, menos formales, y cada vez más construidas sobre los principios del diálogo y la consideración a la víctima. Desde ese punto de vista, el modelo de la comisión de la verdad legitima esta voluntad de reforma de la justicia en las democracias establecidas, y viceversa. Ello conduce, quizás, a examinar el modelo, además de en sus aplicaciones locales, desde una nueva perspectiva, teniendo en cuenta, por ejemplo, las tensiones probables entre las inflexiones deliberativas y favorables a las víctimas que ha experimentado el modelo, y el proceso de profesionalización de los promotores y de los miembros de estas comisiones.

Notes

1 Este texto retoma partes del capítulo publicado por la autora en G. Mink y L. Neumayer (dirs.), L’Europe et ses passés douloureux, pp. 233-246.

2 Sobre esta expresión y estos profesionales, véase S. Lefranc, «La justice transitionnelle n’est pas un concept».

3 Sobre esta noción, a menudo utilizada de forma poco rigurosa, véase M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, y M.-C. Lavabre, «Usages et mésusages de la notion de mémoire».

4 Véase S. Lefranc, Políticas del perdón.

5 Véase N. Mariot, «Faut-il être motivé pour tuer? Sur quelques explications aux violences de guerre».

6 Z. Bauman, Modernité et Holocauste y Ch. R. Browning, Des hommes ordinaires: le 101e Bataillon de réserve de la police allemande et la solution finale en Pologne.

7 Evitaremos aquí entrar en una descripción de las dificultades vinculadas al uso del término «víctima».

8 Véase, por ejemplo, Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’ Homme, Les Institutions de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit. Les commissions de vérité.

9 Véase S. Lefranc, Políticas del perdón.

10 Comisión nacional sobre la desaparición de personas, Nunca más. Informe de la Comisión nacional sobre la desaparición de personas, p. 10.

11 Sin tener en cuenta su diversidad y sin cuestionar esta lista establecida por los expertos: Bolivia (establecida en 1982), Argentina (1984), Zimbabwe (1985), Filipinas (1986), Chad (1990), Chile (1991), Nepal (1991), El Salvador (1992), Alemania (1992), Haití (1994), Malawi (1994), Guatemala (1994), Sri Lanka (1994), Uganda (1994), Sudáfrica (1995), Ecuador (1996), Nigeria (1999), Perú (2000), Sierra Leona (2000), Corea del Sur (2000), Uruguay (2000), Timor Oriental (2001), Ghana (2001), Panamá (2001) y Serbia-Montenegro (2002).

12 L. Boltanski, «L’espace positionnel. Multiplicité des positions institutionnelles et habitus de classe».

13 Observación participante en Bruselas, marzo de 2006. Véase del autor, «La justice transitionnelle».

14 Véase por ejemplo, el manual de D. Bloomfield et alii, Reconciliation After Violent Conflict, A Handbook.

15 Sobre las relaciones ambivalentes entre el modelo de las comisiones de la verdad y el derecho penal internacional, véase S. Lefranc, «Les commissions de vérité: une alternative au droit?».

16 Véase D. Tutu, No future without forgiveness.

Auteur

CNRS (ISP, Université de Paris X)

Eduardo González Calleja (Traducteur)

© Casa de Velázquez, 2009

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