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Micro y pequeña empresa en México

 | 
Thomas Calvo
, 
Bernardo Méndez

VII. La acción organizada del sector privado. Los empresarios pequeños

Matilde Luna

Texte intégral

1La acción de los empresarios mexicanos a través de sus organizaciones representativas ha sido sin duda muy importante en la historia contemporánea del país y en la conducción política del gobierno. Este trabajo está orientado a explorar la situación de las asociaciones que agrupan los intereses de la pequeña empresa y a identificar sus cambios más importantes en el nuevo contexto de la globalización.

2El estudio parte de una revisión general del sistema de representación de intereses del sector privado, como marco para analizar el problema de la acción gremial u organizada de la pequeña empresa; posteriormente se destaca su importancia en la estructura empresarial, y finalmente se identifican los cambios más relevantes en sus estrategias de acción colectiva, a raíz de los procesos de apertura y globalización de la economía mexicana. El trabajo está basado principalmente en diversos estudios —individuales y colectivos— realizados recientemente sobre las organizaciones empresariales y las estrategias de acción colectiva del sector privado en el marco de la modernización hacia la cual se orienta el país, y profundiza, en base a estudios previos y fuentes hemerográficas, en un elemento central del debate público en los albores del siglo xxi, que aparece bajo la fórmula de la reforma microeconómica.

3Desde 1917 y 1918, apoyadas por el gobierno revolucionario, surgen las confederaciones de cámaras comerciales e industriales para emprender la reconstrucción económica del país, y a finales de los años veinte se fundan la Asociación de Banqueros de México (abm) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), esta última originalmente con el objeto de presionar para que se modificara el proyecto de la primera Ley Federal del Trabajo.

4En la década de los treinta, se formula la Ley de Cámaras de Industria y de Comercio, que establece la afiliación obligatoria de las empresas correspondientes a cada sector, y bajo su amparo se reconstituyen las actuales Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), la que incluye también empresas dedicadas a los servicios y el turismo. Dentro de esta ley se crea en 1941 la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) que, aunque formalmente está integrada a la Concamin, ha tenido una autonomía relativa de esta confederación, como se verá más adelante, al igual que la Cámara de Comercio del D.F., con respecto a su organismo cúpula sectorial.

5Más tarde, surgen la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (amis) en 1946, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (cmhn) en 1962, la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa (amcb) en 1980 y el Consejo Nacional Agropecuario (cna) en 1984.

6Este conjunto de organizaciones están integradas en el Consejo Coordinador Empresarial (cce), el que a su vez se fundó en 1975 como reacción al proyecto de reformas del presidente Luis Echeverría y como mecanismo para influir en la sucesión presidencial. A partir de entonces, el cce ha tenido una influencia importante en los cambios que ha experimentado el país y particularmente la política económica. No obstante, las asociaciones individualmente han tenido también un papel destacado en el campo de sus respectivos ámbitos de interés.

7Además de que existen otras organizaciones, como son por ejemplo las relacionadas con empresas que operan en el campo del comercio exterior, el conjunto de asociaciones que integran el cce constituye un sistema de representación de intereses muy complejo, en la medida en que estos agrupamientos se distinguen entre sí por factores como son: el estatus jurídico (organismo público de afiliación obligatoria o asociación civil o sindicato de afiliación voluntaria), el tamaño de la asociación y el tamaño de los afiliados, el carácter centralizado o descentralizado geográficamente, el tipo de estructura y su grado de cohesión interna, y las posiciones políticas e ideológicas que históricamente las han identificado.

  • 1 Véase un estudio amplio de esta asociación en: Matilde Luna y Ricardo Tirado (1993), El Consejo Co (...)

8Sin embargo, a pesar de esta heterogeneidad, puede decirse que salvo algunas excepciones como son los casos de la Coparmex —que representa a los patrones en general— y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios —que representa a un selecto grupo de empresarios prominentes—, la mayor parte de estas asociaciones responde a una división funcional: determinada por el sector (industrial, comercial, agropecuario, etc.) en el que operan sus afiliados. Sobre esta base principal se articula el cce en el que a cada sector corresponde un voto.1

9Dada la importancia que tiene la acción organizada de los diversos sectores sociales en el sistema político mexicano, las asociaciones empresariales cumplen funciones de muy diversa índole, ya que no sólo gestionan ante el gobierno los intereses que formalmente representan, sino que también actúan como grupos de presión en torno a ciertas decisiones gubernamentales; como corrientes de opinión sobre temas variados de la vida pública del país, y con frecuencia, como mecanismos de transmisión de decisiones tomadas en el aparato gubernamental. Asimismo, estas asociaciones —como interlocutores del gobierno—, cumplen la función de reducir la complejidad que entrañan situaciones económicas, políticas, sociales y culturales muy heterogéneas de los empresarios y sus empresas considerados individualmente.

10El seguimiento de su desempeño en el ámbito del debate público es particularmente importante porque en ese espacio se consignan los principales acuerdos alcanzados entre los empresarios y entre ellos y el gobierno, así como sus conflictos más agudos, y en su caso, también se crean las condiciones de su relación o intercambio político, mediante la expresión —previa a las negociaciones— de posiciones y concepciones en torno a temas o problemas específicos.

11Como se desprende de las características del sistema de representación, a diferencia de otros países, los empresarios pequeños y medianos no tienen un espacio de representación específico, en la medida en que sus intereses se encuentran subordinados a la representación sectorial en el sentido arriba descrito. Lo que contrasta sobre todo con la existencia del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que representa a muchos de los grandes grupos económicos. Esto sucede también, aunque en menor medida, con la representación regional de intereses, lo que por su parte es consistente con el centralismo que ha dominado en el sistema político en general.

12La sobrerrepresentación de los grandes grupos, y en particular de los grupos financieros, se explica no solamente por la existencia del cmhn, sino también porque en el cce sus actividades, o las actividades que usualmente desempeñan estos grupos, se encuentran muy desagregadas. Así, en cuanto al ámbito exclusivamente financiero los grupos más consolidados se encuentran representados por la actual Asociación Mexicana de Bancos, la amcb y la amis, además del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, cuyas empresas afiliadas son en su mayoría grandes. Estas asociaciones, además, por la polarización existente en la estructura empresarial del país, representan a un número muy reducido de empresas o personalidades del sector privado: 25 y 59 empresas en los casos de la amcb y la amis, respectivamente, y 37 presidentes o directores de empresas o grupos en el caso del cmhn. Estas cifras contrastan con los 500,000 afiliados de la Concanaco, los 250,000 del cna, los 125,000 de la Concamin y los 30,000 de la Coparmex, los cuales son en su mayoría pequeños y medianos.

13Respecto al criterio de regionalidad cabe señalar que la Concanaco y la Coparmex se distinguen del resto de las asociaciones, incluido el propio cce, por la adopción de este eje de estructuración. La primera está constituida por 261 cámaras locales y la segunda cuenta con 57 centros empresariales distribuidos en toda la geografía del país. Dos casos especiales, por la complejidad de su estructura, los constituyen el Consejo Nacional Agropecuario y la Concamin. El primero está constituido por 27 organizaciones de muy diverso tipo; se trata de asociaciones de productores, y de federaciones y confederaciones especializadas y regionales. La Concamin por su parte, está compuesta por 75 cámaras de afiliación obligatoria y 42 asociaciones de afiliación voluntaria que tienen derecho a voz pero no a voto dentro de la organización. Esta confederación, además de regirse por el agrupamiento de las empresas del sector industrial, incluye cámaras y asociaciones que al criterio de representación especializada suman un criterio geográfico. Por ejemplo, las cámaras de la Industria Alimenticia de Jalisco, de la Industria de Transformación de Nuevo León o de la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala; existen asimismo algunas asociaciones estatales de industriales (como las de los estados de México, Oaxaca y Veracruz) o locales (como la Asociación Industrial de Tlanepantla y la Asociación Industrial Vallejo). En cuanto al peso numérico de este tipo de organizaciones en la Concamin, se observa que sólo un poco más de la tercera parte de sus cámaras son de tipo regional, adicionalmente a su adscripción por rama, y que sólo una sexta parte de sus asociaciones son locales.

14En el seno del cce, la subrepresentación de los intereses regionales se aligera con la medida estatutaria que dispone que al menos el 42% de los miembros del Comité Directivo sean de provincia. De manera similar, en el cmhn, que agrupa a los presidentes o directores de los principales grupos empresariales, se adviete que en su consejo directivo se habrán de “llenar vacantes con personalidades distinguidas de provincia”. Estas medidas, sin embargo, no enfrentan el problema de fondo de la falta de representación de intereses regionales y de la empresa pequeña y mediana, en la estructura global.

15Aunque sin una representación formal específica, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Cana-cintra) históricamente ha sido la vocera de los intereses de la pequeña y mediana industria. Su peso en el sector industrial, puede medirse no sólo por su comportamiento relativamente autónomo de la Concamin, sino también por su peso numérico: de los 125,000 afiliados a esta organización, aproximadamente 82,000 están agrupados en la Canacintra. Esta cámara agrupa a sus afiliados por “secciones” industriales especializadas y por delegaciones regionales.

16Esta organización tuvo desde su creación una presencia muy activa en la elaboración de las políticas gubernamentales y en su puesta en práctica. Sin embargo, cabe recordar que en 1975 declinó participar como una de las fundadoras del cce, porque según su presidente las posiciones del nuevo organismo no eran compatibles con las de corte nacionalista que tradicionalmente había apoyado su organización y, además, eran ajenas a los intereses de sus agremiados. En este sentido, el dirigente de la Canacintra manifestaría entonces que

  • 2 Véase op.cit., p. 63.

como nuestros antecesores, mantuvimos a nuestra institución al margen de aquellos organismos que pretendieron someternos a intereses ajenos a los de nuestro país y reafirmamos que somos auténticos nacionalistas, con ideologías y sistemas de acción progresistas y constructivos, ya que sólo así podremos lograr el desarrollo armónico e independiente de nuestra patria.2

17Esta posición fue criticada por algunas delegaciones de la Canacintra.

18Más adelante, junto con la importancia que adquirió el cce como interlocutor privilegiado del gobierno y los cambios en la dirección de la Canacintra con líderes más afines al proyecto del cce, esta cámara participaría de los planteamientos del organismo cúpula, firmando desplegados del cce junto con las organizaciones fundadoras. Sin embargo, ya en la década de los ochenta la Canacintra tendría una posición cada vez más marginal en el escenario político nacional, en la medida que el resto de las organizaciones asumirían posiciones cada vez más favorables a la apertura y la liberalización de la economía mexicana, con lo cual muchos empresarios pequeños quedaron aún más relegados.

19El impulso a los grandes grupos económicos como mecanismo para fortalecer las condiciones de competitividad del país en los mercados internacionales, junto con las políticas orientadas a restablecer el equilibrio macroeconómico, constituyeron dos ejes centrales del gran cambio estructural de la economía mexicana a partir de finales de la década de los ochenta. El fortalecimiento o la creación de nuevos y poderosos actores económicos, en una medida importante producto de la privatización de las empresas financieras y del sector productivo que operaba el gobierno, favoreció enormemente la consolidación del liderazgo de los grandes grupos en el sistema de representación de intereses del sector privado, el cual, como se analizó anteriormente, presentaba ya características estructurales importantes para alentar dicha dirección.

  • 3 Celso Garrido (1993), “Los grupos privados nacionales en México. Evolución entre 1988 y 1993”, Méx (...)

20Por otra parte, las peculiaridades de estos grupos contribuyeron también al desplazamiento de la pequeña y mediana empresa, en la medida en que tienen un peso dominante en el mercado interno, presentan una fuerte tendencia a la transnacionalización de su actividad y al establecimiento de alianzas estratégicas con el capital extranjero con el que comparten el liderazgo exportador, y que en mayor o menor grado se encuentran vinculados a los nuevos y poderosos grupos financieros.3

21La importancia económica y social de la empresa mediana y pequeña no es sin embargo menor, a pesar del alto índice de concentración del sector privado.

  • 4 Ibid.

22En los inicios de la década de los noventa, los pequeños y microestablecimientos representan el 99.5% del total y tienen una posición relativamente importante en cuanto a su personal ocupado, el cual abarca el 64.4% del total. Cabe apuntar, sin embargo, que este peso numérico contrasta con su participación en el ingreso total la cual es sólo de 49.8%, y que en el otro extremo, los grandes establecimientos, con sólo 0.18% del total nacional, ocupan el 24.7% del personal y generan el 37.3% del ingreso medido por el censo.4

  • 5 Ibid.

23En el total de establecimientos del país, destaca la actividad manufacturera, que con sólo el 10.5% de las empresas genera el 35.8% del empleo y su ingreso equivale al 42.9% del pre nacional.5

  • 6 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (s/f), “Programa de Modernización y Desarrollo de la I (...)

24En cuanto a su estructura interna, en 1990 la industria micro, pequeña y mediana representa el 98% del total de establecimientos de transformación, absorbe el 49% del personal ocupado en el sector y aporta el 43% del producto manufacturero. El subsector cubre casi todas las actividades y más del 60% se encuentra en las ramas de alimentos, productos metálicos, prendas de vestir, editorial e imprenta y minerales no metálicos.6

  • 7 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (s/f), “Programa Nacional de Modernización Industrial (...)
  • 8 Secofi (s/f), “Programa de Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana, 19 (...)

25En relación a su distribución geográfica, más de 60% de la producción manufacturera nacional se genera en las áreas metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.7 Frente a este panorama nacional, la industria micro, pequeña y mediana presenta una mayor diversificación relativa, ya que el 60% de este subsector se ubica en el Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Baja California.8

  • 9 En base a inegi (1993), xiii Censo Industrial, México, p. 505.

26En cuanto a la micro y pequeña industria mexicana —que representa el 96.6% del total de la industria nacional—, puede decirse que aunque una proporción importante sigue concentrándose en el Distrito Federal (15.7%) y en el Estado de México (8.5%), otras entidades presentan una presencia destacada de empresas de este tipo. Se trata de estados como Puebla (8%), Jalisco (7.3%), Veracruz (6.2%), Guanajuato (5.5%) y Michoacán (5.1%).9

27En suma, la importancia de la pequeña y microempresa, y en particular la del sector industrial, resulta central tanto para el desarrollo regional como para la generación de empleos. En términos más amplios, puede decirse que el impacto de la restructuración de la economía en este sector se reflejó en el decaimiento del crecimiento de la economía mexicana, el cual, de acuerdo a cifras oficiales, pasó de 4.5% en 1990 a 0.4% en 1993.

28A pesar de su gran heterogeneidad, el subsector industrial micro y pequeño se distingue, en términos generales, por su escasa cultura tecnológica y resistencia a la incorporación de tecnología, por la obsolescencia frecuente de su maquinaria y equipo, y por la carencia de personal calificado y la mínima participación en los programas institucionales de capacitación y adiestramiento. De aquí que sea necesario un importante impulso para su desarrollo, el que requiere tanto de una política industrial activa como del efectivo concurso de sus órganos de representación.

29Los inicios de los años noventa presentan un panorama muy complejo y dinámico en cuanto a la acción colectiva del pequeño empresario, ya que si bien por una parte se fortalece la representación de los grandes grupos en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, de manera particular por la entrada de prominentes empresarios y de las asociaciones de comercio exterior en la sofisticada estructura de la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior (coece), que representaría los intereses del sector privado nacional en su conjunto, por otra parte se reactiva la presencia de los empresarios pequeños en la escena pública.

30Esta reactivación se expresa en diversos sentidos: en el reconocimiento gubernamental de su precaria situación; en la activación y creación de nuevas organizaciones de representación de intereses de la empresa pequeña y micro, ya sea que se trate de iniciativas propias o gubernamentales, y en cambios sustantivos en el discurso y las estrategias de sus representantes más tradicionales. A continuación se analizarán con más detenimiento estos aspectos.

31El reconocimiento gubernamental del problema se expresaría particularmente en la formulación del “Programa de Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana, 1991-1994”, elaborado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y en el que la banca de desarrollo, de manera específica la Nacional Financiera, tendría un papel central. Ahí se propusieron como objetivos específicos los siguientes: introducir cambios en las formas de comprar, producir y comercializar para fortalecer la presencia de este sector en los mercados interno y de exportación; elevar su nivel tecnológico y de calidad; profundizar medidas de desregulación, descentralización y simplificación administrativa; coadyuvar al desarrollo regional y la preservación del medio ambiente; promover la creación de empleos productivos permanentes con base en sus menores requerimientos de inversión por unidad de empleo, y propiciar la inversión en el sector social con el propósito de fomentar las actividades manufactureras. Un propósito principal de este plan es el incremento sustancial de la eficiencia productiva, para facilitar la adaptación del subsector a las nuevas condiciones de competencia que plantea el Tratado de Libre Comercio.

32Independientemente de su éxito y consistencia, la formulación de este plan sería de gran relevancia en el contexto de la estrategia de restructuración de la economía mexicana, caracterizada —entre otros aspectos— por la desactivación de la política industrial iniciada a finales de los ochenta.

33En este plan, no sólo las asociaciones empresariales del subsector existentes jugarían un papel central, sino que incluso se promueve la estructuración de nuevos agrupamientos. En este sentido se señala que deficiencias como son: la propensión del empresario al trabajo individual, la limitada capacidad de negociación, la escasa cultura tecnológica, la tendencia a la improvisación, la restringida participación en los mercados, las limitadas condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, la carencia de personal calificado, el problema de abasto de insumos y, en general, la falta de estándares de calidad adecuados, “exige la participación de la comunidad industrial y de sus organismos gremiales”. Una de las estrategias torales del plan sería la de convocar a los organismos del sector privado y social para que impulsen y promuevan las acciones del programa. Asimismo, se fomentarían formas asociativas de crédito, compra y comercialización, bajo diversas modalidades con objetivos concretos. Y más allá de estructuras de intermediación de intereses, se estimularía la creación de agrupaciones de microindustrias bajo la figura de Sociedad de Responsabilidad Limitada de Interés Público; la agrupación de industrias micro, pequeñas y medianas para la comercialización de sus productos, y la formación de Empresas Integradoras con potencial exportador en ramas y regiones específicas.

  • 10 Cristina Puga (1992), Empresarios medianos, pequeños y micro. Problemas de organización y represen (...)

34Un estudio sobre el comportamiento organizado de los medianos, pequeños y microempresarios en los inicios de la década señala que en general han orientado sus intereses en dirección de cuatro vertientes principales, las que sin duda revelan la heterogeneidad de sus posiciones: dentro del cce a través de las cámaras a las cuales pertenecen por ley, de manera particular la Canacintra; dentro de alguna de las organizaciones pertenecientes al cce, pero con una relativa autonomía de las posiciones del mismo, como sucede con las asociaciones de industriales y otras organizaciones semejantes; en abierta oposición al cce, a través de organismos disidentes, principalmente la Asociación Nacional de Industriales de la Transformación (anit), surgida en 1985 como escisión de la Canacintra, y la Confederación Nacional de la Microindustria (Conamin), y por último, fuera del cce pero sin entrar en oposición con sus planteamientos generales, como es el caso de la Asociación de Microempresarios Mexicanos (Mimexa) en Monterrey y de las Uniones de Crédito promovidas por el gobierno.10

  • 11 Ibid.

35Respecto de las asociaciones disidentes: la anit y la Conamin, ambas fueron creadas a mediados de los ochenta. La primera, cuenta con una afiliación de alrededor de 1,600 industriales del Distrito Federal y de los estados de México y Guerrero, y su propósito principal es consolidar un organismo alternativo de afiliación libre. La Conamin por su parte, cuenta con alrededor de 2,500 industriales afiliados, la mayoría de los cuales se ubican en Jalisco, y su objetivo principal ha sido fomentar las uniones de crédito para los microindustriales jaliscienses. Aunque con orígenes, estructura y fines distintos, ambas coinciden en el reclamo de mayor apoyo y atención hacia la empresa micro, pequeña y mediana, reclamo que no sólo se dirige al gobierno, sino también al cce.11

36Hacia finales de los ochenta y de manera muy particular en el curso de las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio, aparecieron ya algunos signos importantes de descontento de los representantes —directos o indirectos— de la pequeña empresa. En este proceso, el conflicto —en el que también intervendrían diferencias ideológico-políticas haciéndolo más complejo— se concentró primero fundamentalmente en el ámbito empresarial, para pasar después, al calor de la sucesión presidencial, al ámbito de las relaciones entre el gobierno y los empresarios.

  • 12 Véase una descripción amplia de estos conflictos en: Matilde Luna y Ricardo Tirado (1993), “Los em (...)

37Las tensiones iniciales se manifestaron no sólo en la reactivación de pequeñas asociaciones libres a las que antes se hizo referencia, fueron también importantes el conflicto por la dirección del cce y por la definición de sus atribuciones; por las políticas que ha promovido, en particular sus compromisos asumidos en los pactos económicos, la política de apertura comercial en general y en particular su conducción en la negociación del Tratado de Libre Comercio, y el debate en torno a la pertinencia de la afiliación obligatoria a las cámaras y las confederaciones de la industria y el comercio que la ley define como “organismos públicos de carácter autónomo”.12

38Como antes se mencionó, aunque un foco de tensión importante lo constituyó la falta de de atención a la pequeña empresa y la exclusión de sus órganos de representación, en el periodo que se extiende entre 1989 y 1992, el debate interno estuvo permeado por diferencias ideológico-políticas de los dirigentes de las principales asociaciones empresariales agrupadas en dos bloques principales: por una parte la corriente radical representada fundamentalmente por la Coparmex y la Concanaco, y por otra, la corriente más moderada representada por las asociaciones más elitistas que en la segunda mitad de la década de los ochenta habían mantenido la dirección del cce.

  • 13 Véase Puga (1992) y Luna y Tirado (1993).

39Sin desconocer los constantes cuestionamientos de la Canacintra y de otras asociaciones de pequeños y microempresarios y de empresarios regionales a los representantes de la coece, hacia principios de 1993, el panorama parecía desalentador para la acción organizada de este tipo de empresarios. Diversos estudios constatan la ausencia de un apoyo efectivo tanto en el ámbito privado como en el de Estado para este subsector y la incapacidad del mismo para articular un movimiento de opinión pública favorable a sus intereses.13

40Sería particularmente a partir de mediados de 1993, cuando las condiciones económicas y políticas del país parecerían favorecer la apertura de un espacio para la atención de las necesidades de la pequeña empresa y en particular la industrial, bajo la fórmula de la reforma microeconómica. De la situación económica cabe mencionar la desaceleración de la actividad productiva, el estancamiento del sector manufacturero y el incremento del desempleo, y en términos más amplios la ausencia de condiciones para alcanzar un ciclo sostenido de inversión y crecimiento. En cuanto a la situación política, la coyuntura de la sucesión presidencial catalizaría las tensiones y la emergencia de proyectos subyacentes de los diversos sectores sociales.

41En estas circunstancias aparece con fuerza inusitada el debate público en torno a la reforma microeconómica, que en sus términos más generales plantea el problema de la eficiencia a nivel de la empresa, una vez alcanzada la estabilidad macroeconómica y puesta en marcha la apertura de la economía mexicana. La reforma microeconómica comprende un amplio espectro de problemas que atañen tanto a diversos campos de política pública, como a diversos aspectos de la política de la empresa, entre ellos cabe mencionar la política industrial, la política laboral, la política educativa y la capacitación, el desarrollo científico y tecnológico, la productividad y la cultura de la calidad. Pero también, las organizaciones empresariales intervienen, no sólo en la definición del problema como se verá a continuación, sino potencialmente en la propia instrumentación de mecanismos que favorezcan la eficiencia que requiere la empresa en el nuevo contexto de la globalización.

42Aun cuando la reforma microeconómica es en principio un problema que concierne a la empresa en general y a las condiciones generales de su desempeño, se relaciona fundamentalmente con la problemática de la pequeña empresa y su situación en el marco de una economía abierta. Si bien entre los diversos sectores empresariales y gubernamentales no hay un acuerdo sobre quién la impulsará —el gobierno, las asociaciones gremiales o los empresarios individuales— y de qué manera habrá de consolidarse, resulta sin duda significativo para la pequeña empresa que tanto las diversas organizaciones empresariales como los sectores gubernamentales hayan asumido este problema como uno de los grandes retos de la economía nacional en el nuevo contexto de la globalización.

  • 14 Véase Matilde Luna, (1994a), “Los empresarios y la modernización en México”, de próxima aparición (...)
  • 15 La Jornada, 17 de abril de 1993, México, p. 37.
  • 16 La Jornada, 6 de septiembre de 1993, México, p. 39.
  • 17 Excélsior, 12 de octubre de 1993, México, p. 1A.

43El presidente, y particularmente los titulares de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han insistido que la reforma microeconómica corresponde fundamentalmente a los empresarios.14 Las posiciones más duras corresponden a este último, quien primero advertiría que el papel del gobierno sería “solidario”, pero no podría sustituir “la creatividad y talento productivo de millones de mexicanos”,15 y meses más tarde, en un tono más enérgico frente a las demandas de atención a la pequeña empresa, expresaría que “bajo ningún motivo se incurriría en un gasto desordenado”.16 De manera más específica, sostendría que al gobierno le corresponde ofrecer mejores servicios educativos y de salud, y establecer un marco regulatorio que garantice la adecuada operación de los mercados.17

44Por su parte, el subsecretario de Industria de la Secofi, distinguiría claramente la nueva estrategia de formulación de políticas del modelo burocrático que prevaleció en el pasado, al establecer que los criterios gubernamentales para elevar el crecimiento

no se sustentan en decisiones arbitrarias respecto a qué sector debe crecer, ni pretenden cercar el mercado doméstico con el propósito de propiciar, en el aislamiento, el crecimiento de una industria que nunca llega a la madurez competitiva.

45Bajo estas premisas, ante la demanda de los pequeños empresarios de una política industrial activa, reiteró que la nueva política industrial descansa

  • 18 El Día, 5 de noviembre de 1993, México, p. 11.

en el principio básico de que son los propios empresarios quienes, a través de mercados competitivos, pueden identificar las mejores oportunidades de inversión en el sector industrial.18

46En lo que respecta a las organizaciones empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial se distinguiría por su tono más retórico. En este sentido, su presidente afirmaría que

  • 19 Presidencia de la República, El gobierno mexicano, núm. 55, junio 1993, México, p. 114.

la obra maestra macroeconómica necesita convertirse en la obra maestra del cambio cultural de la sociedad, que sustente a la vez la obra maestra de la transformación integral de la microeconomía de la empresa.19

47Dos aspectos principales se encuentran asociados a este punto: la profundización de la reforma educativa y de la reforma laboral.

  • 20 El Nacional, 19 de septiembre de 1993, México, p. 5, y en la misma fecha el periódico Siglo xxi, G (...)

48Un cambio sustantivo se observa en el discurso de la Concamin, organización que adquiere una importante presencia pública respecto al pasado reciente, y que adopta un tono más crítico y enérgico en torno al problema. La confederación, al celebrar su 75 aniversario en septiembre de 1993, sumándose a los reclamos de la Canacintra, demandó con urgencia una nueva política industrial, en la medida en que —señaló su presidente— “existe insuficiencia y poca actividad en los instrumentos de promoción industrial”. En esta ocasión, por voz de su dirigente, los industriales se comprometieron a asumir la responsabilidad de ser competitivos, aceptando los costos de la apertura y la estabilización, pero exigieron a cambio una nueva mentalidad del gobierno ante la “realidad microeconómica”. Desde su perspectiva, la nueva política industrial debería eliminar las distorsiones subsistentes del modelo proteccionista, como es el caso de la acentuada heterogeneidad de la industria; desplazar la concentración de la producción y la existencia de intereses oligopólicos, y eliminar los rezagos en la organización de la pequeña y mediana empresa, así como la excesiva regulación de la actividad económica. El dirigente criticó asimismo que el Estado continuara “estigmatizando” los subsidios, la reducción de impuestos, los incentivos y las transferencias directas de programas de apoyo a la competitividad, y subrayó que “hay lagunas en el programa macroeconómico” respecto a los apoyos e incentivos para lograr que las empresas se reconviertan, se fusionen o se internacionalicen. Por último, recordó que los países exitosos en el plano global, se manejan con altas tasas de crecimiento e inversión, reglas claras y flexibles, fuertes incentivos a las actividades de planeación del desarrollo competitivo en materia tecnológica, e incentivos a la capacitación y al cuidado ambiental.20

  • 21 Véase Luna (1994a), op. cit. y Luna (1994b), “Estructura de poder y organizaciones empresariales. (...)

49En un tono más beligerante que el de estas asociaciones, destacan los reclamos y demandas de asociaciones de pequeños y microempresarios y de empresarios de provincia, para quienes los blancos de la crítica han sido fundamentalmente la nueva banca privada y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por su responsabilidad en la falta de recursos y la ausencia de estímulos fiscales para la producción; la Secofi, por carecer de un plan de modernización industrial, y el gobierno en general al que han demandado asumir una posición clara y definitiva en el conflicto entre productores y banqueros.21

  • 22 Unomásuno, 7 de septiembre de 1993, México, p. 19.

50En este sentido destacan las declaraciones del dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), que afilia a 20,000 micro y pequeños prestadores de bienes y servicios. Su presidente denunciaría que sólo 2% de las pequeñas empresas reciben crédito de la banca comercial, y que en los primeros ocho meses de 1993 habían cerrado 10,000 empresas de este tipo, 40% se encontraba en franca recesión, y de cada diez que se abren sólo dos pueden mantener sus operaciones. Sostuvo asimismo en cuanto a los propietarios de la banca privada, que “su compromiso lo tienen con el gran capital y no con los intereses del país y de la planta productiva”.22 Con un reclamo similar, en noviembre de 1993 el presidente del Instituto Mexicano de la Mediana y Pequeña Empresa (immpe), advirtió que las variables macroeconómicas y la microeconomía son dos cosas que no se pueden separar como postula el gobierno. En cuanto a la demanda de continuidad en la política económica por parte de los dirigentes del cce, el presidente de esta institución, los calificó de “faltos de vigor” para rechazar las medidas macroeconómicas que afectan a las empresas.

  • 23 Siglo xxi, 19 de septiembre de 1993, Guadalajara, p. 5.

51Ante las críticas en el seno del sector privado, los presidentes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y de la Asociación Mexicana de Bancos, no reconocerían su responsabilidad. Mientras que el primero consideró que uno de los principales motivos de un menor crecimiento fue el nivel de las tasas de interés, el segundo afirmó que “son falsos los argumentos de que hay carencia de créditos en el mercado interno”.23

52En este espectro político, un cambio importante lo representa la Canacintra. Por una parte porque asume de manera clara y explícita las nuevas condiciones de la globalización y, por otra, porque establece una alianza —presumiblemente de carácter táctico— con la corriente radical, cuyas posiciones en el pasado han sido ajenas a la organización, en aras de obtener una mayor presencia en el escenario público nacional.

  • 24 Véase, por ejemplo, El Financiero, 26 de mayo de 1994, p. 30.

53En cuanto al primer punto, sus dirigentes han reconocido el carácter menos intervencionista del Estado y el papel más protagónico del sector privado en una nueva época de globalización y apertura comercial. En este contexto, reconocen la capacitación, la calidad, la productividad y el uso de tecnologías de punta, como elementos que permitirán al empresario ser competitivo en el mundo actual.24

  • 25 Véase Matilde Luna (1994a y 1994b), op. cit.

54Con relación al segundo, el acuerdo entre la Coparmex, la Concanaco y la Canacintra, se concretaría en marzo de 1994, cuando se hizo público el borrador del documento “Propuestas del sector privado para el sexenio 1994-2000”, suscrito por las tres asociaciones. Respecto al problema que nos ocupa, el nuevo documento propone que la política industrial no se limite a definir líneas generales de acción sino que atienda a las características propias de cada sector y ofrezca respuestas acordes con sus necesidades. Esta demanda se apoya en tres condiciones prevalecientes en la industria nacional: la coexistencia de empresas modernas con otras de corte tradicional, cuya modernización requiere de acciones específicas; el avance heterogéneo en la planta fabril, y el desequilibrado desarrollo regional. Adicionalmente, señala esta corriente, se requiere un sustento financiero sólido para la política industrial; la modernización de la infraestructura; la profundización de la desregulación, especialmente en los niveles estatal y municipal, y particularmente, el adecuado cumplimiento de la Ley de Competencia Económica y la permanencia y ampliación de los mecanismos de concertación.25

55Con estas posiciones, y sin soslayar su heterogeneidad política interna, la acción colectiva de los pequeños empresarios parece adquirir un renovado aliento a través de una política que va más allá de una visión simplificada caracterizada por la dicotomía entre el Estado y el mercado. Un reto implícito en toda esta problemática es sin duda el de la transformación de sus órganos de representación para hacerlos más efectivos y eficientes, y un cambio sustantivo en las relaciones entre éstos y las diversas agencias gubernamentales, para adecuarlas a un entorno económico y también político más plural y competitivo.

Notes

1 Véase un estudio amplio de esta asociación en: Matilde Luna y Ricardo Tirado (1993), El Consejo Coordinador Empresarial. Una radiografía, cuaderno núm. 1, Proyecto Organizaciones Empresariales en México, México, unam.

2 Véase op.cit., p. 63.

3 Celso Garrido (1993), “Los grupos privados nacionales en México. Evolución entre 1988 y 1993”, México, uam-Azcapotzalco, 48 pp. (documento inédito).

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (s/f), “Programa de Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana, 1991-1994”, México, Documento, p. 11.

7 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (s/f), “Programa Nacional de Modernización Industrial y de Comercio Exterior, 1990-1994”, Documento, pp. 17-18.

8 Secofi (s/f), “Programa de Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana, 1991-1994”, op cit, p. 11.

9 En base a inegi (1993), xiii Censo Industrial, México, p. 505.

10 Cristina Puga (1992), Empresarios medianos, pequeños y micro. Problemas de organización y representación, cuaderno núm. 3, Proyecto Organizaciones Empresariales en México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales/Instituto de Investigaciones Sociales, México, unam.

11 Ibid.

12 Véase una descripción amplia de estos conflictos en: Matilde Luna y Ricardo Tirado (1993), “Los empresarios en el escenario del cambio. Trayectoria y tendencias de su acción colectiva”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. lv, núm. 2, abril-junio de 1993, Instituto de Investigaciones Sociales, México, unam.

13 Véase Puga (1992) y Luna y Tirado (1993).

14 Véase Matilde Luna, (1994a), “Los empresarios y la modernización en México”, de próxima aparición en Riordan Roett (coordinador), Los retos de la reforma institucional en México, Johns Hopkins University, Washington.

15 La Jornada, 17 de abril de 1993, México, p. 37.

16 La Jornada, 6 de septiembre de 1993, México, p. 39.

17 Excélsior, 12 de octubre de 1993, México, p. 1A.

18 El Día, 5 de noviembre de 1993, México, p. 11.

19 Presidencia de la República, El gobierno mexicano, núm. 55, junio 1993, México, p. 114.

20 El Nacional, 19 de septiembre de 1993, México, p. 5, y en la misma fecha el periódico Siglo xxi, Guadalajara, p. 1.

21 Véase Luna (1994a), op. cit. y Luna (1994b), “Estructura de poder y organizaciones empresariales. El debate en torno a la reforma microeconómica” (inédito).

22 Unomásuno, 7 de septiembre de 1993, México, p. 19.

23 Siglo xxi, 19 de septiembre de 1993, Guadalajara, p. 5.

24 Véase, por ejemplo, El Financiero, 26 de mayo de 1994, p. 30.

25 Véase Matilde Luna (1994a y 1994b), op. cit.

Auteur

Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

© Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1995

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