Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

Micro y pequeña empresa en México

 | 
Thomas Calvo
, 
Bernardo Méndez

III. Consideraciones sobre el acceso de la pequeña empresa y el taller artesanal a los mecanismos formales de financiamiento

Mario López Espinosa

Texte intégral

1Considero particularmente procedente que los promotores de la iniciativa a la que contribuye este trabajo hayan decidido inferir, en el título de la publicación, una cierta diferencia entre la pequeña empresa y los talleres artesanales.

2Si bien con un enfoque rigorista no habría razón de principio por el que los talleres artesanales no fueran considerados como micro o pequeñas empresas, en la realidad mexicana conviene destacar siempre una diferencia entre los contextos en que se desenvuelven las unidades productivas en los llamados sectores formales e informales de la economía.

3Pero aún más importante me parece establecer esta diferenciación al comentar sobre las estrategias, y en consecuencia sobre los enfoques, instrumentos y mecanismos de respaldo financiero a la actividad empresarial, sobre todo cuando se tiene la intención, como es el caso de mi contribución, de apuntar algunas sugerencias de acción para que las pequeñas empresas y los talleres artesanales puedan disponer de un efectivo respaldo de carácter financiero.

4Debo aclarar que los comentarios y recomendaciones que habrán de aparecer a continuación parten de un supuesto fundamental, que es el de aceptar como irreversible la realidad y perspectiva de la economía mexicana, al menos por lo que al corto y mediano plazo se refiere, cualesquiera que sean los alcances correspondientes. Es decir que al hablar de un esquema eficaz de financiamiento a la pequeña empresa y a los talleres artesanales, lo hacemos refiriéndonos a un esquema que deberá operar conforme a las reglas del mercado, en el que únicamente habrán de prevalecer las iniciativas rentables y competitivas. Una realidad en que la participación del Estado sólo es correctiva, inductiva y complementaria, pero de ninguna manera directa y sustitutiva de las responsabilidades que se han decidido reintegrar a la sociedad civil.

5Éste es, en mi opinión, el verdadero desafío. La simple recomendación de programas y mecanismos para que el Estado no sólo aporte los recursos, sino que además asuma permanentemente la decisión y el riesgo de financiar a través de sus agencias las iniciativas que rechaza apoyar el sistema de intermediación financiera de la propia sociedad civil, muy probablemente no justificaría ni siquiera la lectura y mucho menos el análisis de las propuestas, no obstante la incuestionable importancia y urgencia de que reciban respaldo crediticio las más pequeñas unidades del sector empresarial.

6Para el caso de México, debe destacarse que no existen limitaciones oficiales para que los bancos comerciales, y todos los intermediarios financieros en general, apliquen las tasas de interés que les determine el mercado y su estructura de costos, cuando canalizan por supuesto sus propios recursos. Nada les impide responder a la leyes de la oferta y la demanda. El acceso a los descuentos de la banca de desarrollo son siempre voluntarios.

7Si un margen de intermediación superior compensara automáticamente las deseventajas estructurales, todas las micro y pequeñas empresas del país tendrían acceso al financia-miento formal, no con recursos de fomento pero sí con recursos captados por el propio sistema de intermediación. La verdad es que cuando se tiene la certeza de que un crédito no se va a pagar, el aumentar el margen simplemente incrementa el monto de lo que se espera no recuperar.

8Es conveniente reconocer que, en términos generales, el sistema bancario en México había sido diseñado para atender los requerimientos financieros de las medianas y grandes empresas, que en muchos casos aún carece de una infraestructura física y técnica apropiada para convertir en atractivo negocio el crédito a las micro y pequeñas empresas, y que es misión de la política de fomento inducir y respaldar al sistema para incorporar las prioridades del desarrollo entre sus principales alternativas de negocio.

9Aceptar que ante un fenómeno de apertura de la economía resulta no sólo justificado sino indispensable que las empresas productivas realicen un esfuerzo extraordinario para reducir sus costos y aumentar su eficiencia y competitividad, parece incongruente con la recomendación de que las empresas de servicios bancarios simplemente incrementen sus precios sin efectuar esfuerzo alguno para al menos reducir, a su vez, sus costos de operación.

10Prestarle a la micro y pequeña empresa puede ser no sólo un negocio sino un excelente negocio, pero se requiere, como para cualquier empresa, adecuar la estructura y los productos a las características y modalidades particulares de la demanda.

11Asegurar que los créditos a la micro y pequeña empresa son por naturaleza siempre más riesgosos refleja, en mi opinión, un cierto desconocimiento de la realidad mexicana y probablemente también de la de América Latina.

12La experiencia ha demostrado de manera fehaciente que cuando el crédito a la micro o pequeña empresa se otorga con la debida oportunidad, con un costo razonable y competitivo y al plazo que requiere el flujo de efectivo de su proyecto de inversión, la micro y pequeña empresa invariablemente paga y lo hace con mayor puntualidad y responsabilidad que muchas empresas grandes. El que la micro y pequeña empresa carezca de capacidad de negociación para obtener los términos correctos es un problema al que hay que afrontar con soluciones mucho más imaginativas.

13El suponer, por otra parte, que las microempresas informales resuelven sus problemas de crédito recurriendo al agio, y que por lo tanto están en condiciones de cubrir tasas de interés muy elevadas en el crédito bancario, es otra falacia de tipo académico que no sólo no tiene nada que ver con la realidad, sino que además considera que “micro” es sinónimo de torpeza.

14Por supuesto que las muy pequeñas empresas se apoyan más que ocasionalmente en la usura, pero desde luego lo hacen para resolver un problema de liquidez de muy corto plazo; jamás recurren al agio para financiar la adquisición de una máquina, aun cuando sea usada, puesto que conocen bien las reglas de juego.

15La verdad es que los talleres artesanales, las microempresas y muchas pequeñas no reponen los activos fijos cuando debieran, como también es cierto que no hacerlo en la actualidad puede significar la desaparición de la unidad productiva. En realidad, lo importante y trascendente es que estas empresas puedan recibir apoyo crediticio para sobrevivir y efectuar sus inversiones de modernización, sin que los términos del financiamiento sean la causa misma de su incumplimiento y desaparición.

16Es importante reconocer que, por lo que hace al financiamiento, lo verdaderamente relevante para los talleres artesanales y para la micro, pequeña e incluso para la mediana empresa, es recibir los términos y condiciones que obtiene la empresa grande, bajo el principio de que ante entornos similares no tendría por qué esperarse que las empresas más pequeñas obtuvieran en sus inversiones tasas de rendimiento considerablemente más elevadas que las alcanzadas por las empresas más grandes. En México, en un sinnúmero de casos, se ha demostrado que no sólo un plazo inadecuado, sino también un costo excesivo de los recursos crediticios se ha convertido en la razón fundamental de la cartera vencida.

17La incapacidad para cumplir con los requerimientos de garantías que establecen los bancos suele ser en México, y seguramente en toda América Latina, el obstáculo al que se concede la máxima importancia y al que se hace mayor referencia.

18No es extraño escuchar al propietario de una microempresa quejarse de que acudió a un banco en busca de crédito para financiar su proyecto de 50 mil nuevos pesos y explicar que le solicitaron que previamente efectuara un depósito de recursos frescos en inversión en un monto equivalente al 50% del costo de su proyecto y que presentara garantías reales hipotecarias por valor de avalúo de 50 o 75 mil nuevos pesos, todo esto como requisito previo para que el banco pudiera analizar la posibilidad de otorgarle un crédito de 25 mil nuevos pesos.

Si yo dispusiera —suele indicar el interesado— de 25 mil nuevos pesos en efectivo y de garantías hipotecarias libres de afectación por 75 mil nuevos pesos, seguramente no acudiría al banco en busca de crédito. Los bancos le prestan únicamente a quienes pueden demostrar que no necesitan el crédito.

19También en este caso hay una relación inversamente proporcional entre la experiencia crediticia y las garantías requeridas para el otorgamiento de un crédito, lo cual debe aceptarse como perfectamente explicable e incluso razonable, ya que la garantía protege contra un riesgo que el buen antecedente tiende a disminuir.

20En ocasiones el monto del financiamiento requerido anula la importancia de las garantías, ya que cuando el primer crédito es por una cantidad relativamente reducida puede presentarse el caso de que, ante un incumplimiento del acreditado, aun cuando las garantías sean más que suficientes en términos de avalúo y facilidad de realización, para el banco no resulte conveniente iniciar acciones legales y administrativas para hacerlas efectivas, ya que los gastos implícitos que es imposible agregar como parte de los costos de recuperación, pueden ser de tal magnitud que resulte contraproducente tratar de recuperar el saldo del adeudo vencido.

21Lo anterior explica porqué algunos propietarios de micro-empresas no logran el acceso al crédito aun cuando están dispuestos a comprometer bienes en garantía supuestamente más que suficientes para respaldar su primera operación.

22La falta, insuficiencia o distorsión de la información documental es sin duda otro de los principales obstáculos que impide el acceso de las micro y pequeñas empresas a los mecanismos de financiamiento formal.

23Una buena parte de las microempresas, e incluso de las pequeñas, no dispone simplemente de registros contables y administrativos de la operación de sus negocios. En otros casos, la información de que disponen resulta claramente insuficiente como para que un acreedor, cualquiera que éste sea, pueda detectar elementos que le permitan responder a las siguientes tres preguntas básicas que toda institución intermediaria se formula para otorgar un crédito:

24¿Tiene el solicitante la capacidad técnica y la experiencia empresarial mínima como para suponer que, en la inversión que pretende llevar a cabo y para la cual solicita financiamiento, efectivamente logrará lo que se propone?

25¿Tiene el proyecto de inversión, para el que se solicita financiamiento, una adecuada sustentación técnica y una viabilidad económica razonable y realista?

26¿Logrará el solicitante alcanzar y mantener un nivel mínimo de rentabilidad durante la ejecución y operación de su proyecto de inversión, y generar un flujo de recursos suficientes como para hacer frente a sus obligaciones de crédito y evitar la necesidad de recurrir al respaldo de las garantías?

27En los casos en que el solicitante de un primer crédito dispone de los registros contables y administrativos suficientes, se presenta una situación alarmantemente común, que es aquella en que los antecedentes muestran que la empresa pierde casi de manera sistemática, al grado tal que su expansión, e incluso su continuación, parecen no justificarse en lo absoluto. Las solicitudes de crédito son rechazadas porque la documentación disponible que explica el comportamiento reciente de la empresa, no permite suponer una capacidad de administración eficaz ni demostrar el flujo necesario de recursos para hacer frente a nuevas obligaciones financieras.

28En muchas ocasiones, las solicitudes de financiamiento son rechazadas aun cuando las garantías ofrecidas resulten más que suficientes y los proyectos presenten excelentes perspectivas. Los comités de crédito no pueden aceptar supuestos ocultos ni meras afirmaciones verbales y suelen concluir que si una empresa sólo puede demostrar que pierde sistemáticamente, el mejor respaldo que se le puede otorgar es precisamente no prestarle. En realidad se trata del caso típico que ocasiona el fenómeno de “las empresas pobres de los empresarios ricos”. Es el momento también en que la práctica regular de evasión de impuestos cobra sus dividendos a la empresa y al empresario y les impide crecer y aprovechar oportunidades, al menos con base en un respaldo crediticio de instituciones formales.

29Al problema de la falta, insuficiencia o distorsión de la documentación sobre la operación de las micro y pequeñas empresas, puede agregarse como otro de los obstáculos más significativos, los requerimientos excesivos de información y el desconocimiento por parte de sus propietarios y administradores de los mecanismos y trámites para tener acceso al crédito formal.

30Por supuesto el obstáculo no parece definitivo, pues podría subsanarse con información y orientación por parte del banco, sin embargo, esta tarea atendida de manera tradicional y en forma individual, incrementa los costos del banco y hace que el reducido monto del primer requerimiento vuelva a surgir como un obstáculo prácticamente insalvable.

31En realidad, el acceso permanente y creciente al crédito para las pequeñas empresas y por supuesto también para los talleres empresariales, sólo puede sustentarse en el principio de ventajas y negocio para todas las partes involucradas en este proceso. Puede afirmarse, casi de manera categórica, que las fórmulas paternalistas no sólo han demostrado su absoluta ineficacia sino que han logrado resultados contraproducentes a los propios objetivos en que sustentaron su justificación.

32Por supuesto no hay que ignorar la importancia que puede y debe tener la pequeña empresa y el taller artesanal en la generación de empleo y en el combate a la pobreza, pero es necesario diferenciar el papel que puede desempeñar el respectivo respaldo financiero como parte de la instrumentación de una política de desarrollo social del que jugaría en la ejecución de una política de desarrollo empresarial.

33En efecto, al diseñar una estrategia para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de un país, resulta, a mi juicio, de la más trascendental importancia la separación y delimitación precisa del papel que desempeña, y sobre todo que debiera desempeñar, el impulso a los estratos más pequeños, de la actividad empresarial en la instrumentación de las políticas de desarrollo social por una parte, y de desarrollo empresarial por otra, y diferenciar claramente los objetivos y propósitos particulares que con uno y otro enfoque se persiguen.

34No cabe duda que en todos los países de América Latina la microempresa y los talleres artesanales suelen constituir la única opción de trabajo para el desempleado, situación que se ha manifestado comprensiblemente de manera más aguda en épocas de crisis económica, y no cabe duda también durante los procesos de ajuste o reforma estructural. Todo hace suponer, sin embargo, que esta situación se mantendrá incluso en las épocas de estabilización y expansión de la economía, cuando los mercados cautivos, las políticas proteccionistas y la sustitución de importaciones, se aceptan de manera general como conceptos superados y prevalece la convicción de que el verdadero desarrollo sólo podrá alcanzarse y mantenerse sobre la base de un aparato productivo eficiente y efectivamente abierto a la competencia internacional.

35Ante esta nueva realidad la modernización empresarial en todos sus niveles resulta no sólo necesaria sino indispensable; y si bien es cierto que un proceso de modernización no debiera necesariamente ocasionar un desplazamiento de la mano de obra, no puede desconocerse que la experiencia a nivel mundial y las modalidades de la innovación tecnológica confirman lo contrario. América Latina difícilmente ha podido, y seguramente tampoco podrá, revertir esta tendencia.

36Con esta perspectiva, es incuestionable que la pequeña empresa y los talleres artesanales, considerados como opciones concretas de autoempleo, pueden y probablemente deben constituirse en instrumentos fundamentales de una estrategia nacional de combate a la pobreza. En el sentido de tal enfoque, y sólo como razón de principio, para la política de desarrollo social todas las micro y pequeñas empresas son prioritarias, independientemente de su actividad, localización y perspectivas, y se justifica por lo tanto una acción generalizada de fomento y respaldo por parte del Estado y de sus agencias de desarrollo. En este caso particular, el subsidio no sólo parece no ser criticable sino que es necesario e incluso conveniente, como sin duda ocurre en todas las economías industrializadas del planeta.

37Pero también ante la perspectiva de una nueva realidad es inobjetable que no obstante los esfuerzos y los recursos que pueda aportar un Estado, las únicas empresas que sobrevivirán, independientemente de sus respectivas dimensiones, serán aquellas con auténtica capacidad de competencia.

38Es importante no perder de vista, sin embargo, que en casi todos los países de América Latina, la mayor parte de las microempresas y, aunque en menor medida, de los talleres artesanales, precisamente porque surgen como resultado del desempleo y de los muy bajos índices de productividad y rentabilidad de las actividades primarias, la gran mayoría de los propietarios no son hombres de empresa y muy probablemente nunca lo sean. Se trata por lo general de trabajadores que si tuvieran una alternativa real es muy probable que preferirían optar por el empleo remunerado o por el trabajo de la tierra.

39Lo verdaderamente delicado en estos casos es que un trabajador desempleado suele invertir todo su modesto, pero, sin duda, importante patrimonio, en su aventura empresarial y que por razones de una equivocada interpretación de las supuestas implicaciones políticas, la acción de fomento del Estado suele no considerar la creación de mecanismos de salida que permita a los trabajadores que encuentran nuevamente la opción y oportunidad de un empleo asalariado, abandonar la actividad empresarial sin que ello implique la necesidad de malvender o incluso perder su patrimonio familiar. La falta de un mecanismo de salida ocasiona en múltiples casos que continúe operando un mal empresario y que el país se quede sin un buen trabajador.

40Por supuesto, existe una minoría de trabajadores desempleados que seguramente descubrirá en la práctica su capacidad administradora y su espíritu emprendedor, pero se trata de una minoría y las políticas de desarrollo social deben diseñarse siempre en función de la realidad de las grandes mayorías. Podría asegurarse, por lo tanto, que con tal enfoque el objetivo central de la acción de fomento del Estado en favor de las pequeñas empresas y talleres empresariales debe ser el de asegurar específicamente la sobrevivencia y la estabilidad del ingreso familiar.

41En el marco de una política de desarrollo industrial, y más ampliamente de desarrollo empresarial, en cambio, las pequeñas empresas y por supuesto también los talleres artesanales deben ser considerados como unidades productivas perfectamente capaces de participar como agentes dinámicos del cambio estructural y como protagonistas del proceso de modernización de la economía.

42Con este enfoque diferente, y casi opuesto, es necesario ubicar el papel de las pequeñas empresas y de los talleres artesanales, en el contexto de una economía abierta en la que el sector empresarial privado asume la responsabilidad central de impulsar la actividad económica. Cuando la realidad que prevalece, como en el caso de México, es la de una decisión política de incorporar al país como participante activo de un proceso acelerado de globalización e interdependencia de la economía mundial, lo verdaderamente relevante y prioritario de una acción de fomento es el impulso de la iniciativa empresarial; el respaldo no de la empresa como tal sino de la acción emprendedora, de la verdadera iniciativa empresarial.

43La experiencia presiona a reconocer que en una auténtica política de desarrollo empresarial debe desaparecer todo indicio de paternalismo estatal. Las más pequeñas empresas, e incluso los talleres artesanales, no debieran ser consideradas como prioritarias por el simple hecho de ser pequeñas o supuestamente débiles o bien por mantener y defender las expresiones de identidad nacional; lo verdaderamente relevante de una acción de fomento del Estado en este caso es asegurar que ahí donde un emprendedor está decidido a poner en acción y riesgo su patrimonio, su esfuerzo, su prestigio y su talento para lograr participar en la actividad económica sin mayor protección que su propia capacidad de competencia, el respaldo técnico y financiero esté oportunamente disponible, ya no con preferencias distorsionantes, pero desde luego sí en términos competitivos.

44En la actualidad, es una verdad incuestionable y demostrada que los niveles de eficiencia y competitividad no son condición intrínseca de las dimensiones del establecimiento productivo. La experiencia empresarial a nivel mundial además de destruir el mito de la “economía de escala” y de la “gran corporación”como supuestos requisitos sine qua non para participar con éxito en el comercio mundial, ha mostrado ampliamente que las pequeñas empresas no sólo pueden sobrevivir sin protección sino que disponen de ciertas ventajas competitivas que bien desarrolladas las colocan incluso en posición de poder desplazar a las grandes empresas y desempeñar un papel protagónico en el escenario internacional. Por supuesto debe enfatizarse que estas ventajas son potenciales y únicamente si se desarrollan oportuna y adecuadamente se convierten en verdaderos factores de competencia.

45También resulta indiscutible que de ahora en adelante la responsabilidad fundamental de tal transformación ya no corresponde al Estado ni a sus agencias de desarrollo, sino a los propios hombres de empresa, a los propios artesanos que por supuesto también son, y sobre todo deben ser considerados por una política de fomento, como verdaderos hombres de empresa.

46A diferencia de lo que sucede en la política de desarrollo social, en la de desarrollo empresarial, no sólo el subsidio es distorsionante e injustificable, incluso el tratamiento preferencial puede resultar contraproducente. El objetivo de la acción de fomento, en este caso, debiera ser únicamente el de igualar oportunidades. Mientras que en una política de desarrollo social, la quiebra de una empresa ineficiente es un hecho grave porque genera desempleo y afecta el bienestar familiar, en una política de desarrollo empresarial este hecho puede ser considerado como el resultado de una “selección natural” que contribuye, en última instancia, a tornar eficiente el aparato productivo en su conjunto.

47Permitir que estos dos enfoques se confundan o se mezclen, en el diseño e instrumentación de una estrategia de financiamiento de fomento, puede ocasionar contradicciones y distorsiones que interactúen entre sí y que a final de cuentas limiten o reduzcan, e incluso anulen, la efectividad de la acción de fomento en ambos sentidos.

48Sobre el particular podríamos subrayar en los siguientes ejemplos ciertos enfoques divergentes que pueden resultar aún contradictorios:

49a) Se discute con significativa frecuencia si debiera exigirse o no la formalidad a los microestablecimientos productivos como requisito previo para acceder al respaldo financiero. ¿Se le debe apoyar porque es formal o para que sea formal?

50En una política de desarrollo social, en mi opinión, resulta perfectamente aceptable que se canalice respaldo financiero a la micro o pequeña empresa sin establecer como requisito previo la constitución formal o el registro de la empresa; incluso puede justificarse no exigir la comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales o laborales. En un enfoque de desarrollo empresarial, en cambio, resulta definitivamente substancial establecer tales condicionantes como requisitos ineludibles para acceder al financiamiento de fomento. Puede afirmarse casi de manera categórica que simplemente no es posible, en la realidad actual, que una empresa efectivamente evolucione para competir sin protección y permanezca en la informalidad.

51b) En un enfoque de desarrollo social debe buscarse la reducción e incluso la eliminación total de todas las condicionantes y restricciones de acceso al financiamiento, pero debiera establecerse un límite reducido al respaldo financiero. Se trata, en última instancia, de apoyar la sobrevivencia; un nivel de sobrevivencia legítimo y razonable por supuesto, pero al fin y al cabo de sobrevivencia. La evolución hacia estadios superiores debe estar abierta por supuesto, pero debe exigir de la observancia de ciertas obligaciones que garanticen la solidez de la propia evolución.

52De esta manera, en un enfoque de desarrollo empresarial los montos de financiamiento pueden tener límites mucho más elevados; de hecho, pueden ser tan amplios como lo requieran los proyectos y sobre todo la evolución y la capacidad misma de cada empresa, pero su acceso no sólo puede sino que incluso debe estar condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos previos y a la asunción de compromisos reales por parte de la empresa.

53c) En un enfoque de desarrollo social, por ejemplo, los primeros créditos pueden ser garantizados incondicionalmente y hasta en su totalidad por instituciones de fomento o por el propio Estado, mientras que en un enfoque de desarrollo empresarial, el respaldo de garantías debiera ser siempre complementario y en ningún caso sustituir o eliminar la participación y los compromisos del intermediario financiero y de los propietarios de la empresa, en el riesgo de la operación crediticia y de la propia iniciativa empresarial.

54d) En un enfoque de desarrollo social los créditos pueden reestructurarse o refinanciarse de manera generalizada, en forma automática e incluso en su totalidad; pero en un enfoque de desarrollo empresarial, el financiamiento de fomento debería de participar de manera complementaria y sólo en aquellos casos en que se respalda un programa integral de reestructuración, en el que participa activamente el intermediario y únicamente cuando el propietario, o los administradores de la empresa, comprometen recursos y/ogarantías adicionales y acciones específicas, para evitar que la empresa vuelva a encontrarse en dificultades para avanzar en su proceso de modernización y cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras.

55e) En un enfoque de desarrollo social puede eximirse a la microempresa o taller artesanal de la obligación de presentar un estudio de inversión y otorgársele el respaldo crediticio con base en cierta información mínima; en un enfoque de desarrollo empresarial, y sobre todo en una economía abierta a la competencia internacional, no sustentar una iniciativa de inversión en una formulación técnica y en una estimación previa de la viabilidad económica y rentabilidad financiera, por elemental que sea, puede ser el mejor camino para el fracaso empresarial y para la improductividad económica de los recursos de fomento.

56f) En un enfoque de desarrollo social es perfectamente justificable financiar con recursos de fomento incluso hasta el cien por ciento del costo total de los proyectos de inversión de los talleres artesanales y de las micro o pequeñas empresas; en un enfoque de desarrollo empresarial, en cambio, debiera asegurarse invariablemente una aportación de los propietarios, de las empresas y de los intermediarios, en un porcentaje mínimo que debiera crecer conforme avanza el número de veces en que se accede al financiamiento de fomento, hasta llegar al momento en que este último se hace innecesario en la medida en que se fortalece la estructura financiera y la capacidad de negociación de las micro y pequeñas empresas para tener acceso, sin necesidad de soportes oficiales, a los recursos del propio sistema financiero.

57En ambos casos, la función trascendente de un sistema de financiamiento de fomento es la de irse haciendo cada vez menos y menos necesario; su verdadero éxito no radica en el número de empresas a las que canaliza recursos de fomento, sino precisamente en el número de empresas que ya no requieren de respaldos financieros especiales o preferenciales.

58g) En un enfoque de desarrollo social, el financiamiento de fomento puede canalizarse permanentemente a través de organizaciones no gubernamentales o entidades de fomento, que no formen parte integral del sistema financiero formal. En un enfoque de desarrollo empresarial, se justifica utilizar tales intermediarios únicamente en etapas iniciales y de manera excepcional, para que las micro y pequeñas empresas tengan acceso las primeras veces al crédito y generar un antecedente favorable y una experiencia que les permita acudir, posteriormente, a las instituciones bancarias y no bancarias que conforman el sistema financiero formal de un país.

59h) En un enfoque de desarrollo social los respaldos en materia de información, capacitación y asistencia técnica pueden proporcionarse con un descuento significativo e incluso sin costo a las micro y pequeñas empresas. En un propósito de desarrollo empresarial, estos apoyos no sólo no debieran otorgarse gratuitamente por el Estado o por sus agencias, sino que simplemente no debieran proporcionarse. Sí debiera, en cambio, apoyarse técnica y financieramente las iniciativas de los mismos empresarios para organizarse, formar sus propias estructuras para agenciarse e incluso otorgarse a sí mismos los servicios de información, capacitación, asesoría técnica y concertación que inciden en la eficiencia colectiva.

60Por supuesto podrían agregarse otros ejemplos de aparentes incongruencias y de los riesgos implícitos e implicaciones evidentes de confundir políticas y de mezclar acciones, como también es cierto que los ejemplos citados pueden ser discutibles, pero el propósito de las presentes consideraciones es precisamente el de resaltar la importancia de que en la definición de las estrategias y en el diseño de los esquemas e instrumentos, se discutan y se revisen a fondo las eventuales implicaciones y riesgos de no separar ambos enfoques en el propósito de hacer accesible el financiamiento a la micro y pequeña empresa y a los talleres artesanales.

61En América Latina, las responsabilidades de impulsar y respaldar, a través del financiamiento, la instrumentación de ambas políticas se encomienda, por lo general, a una misma institución, casi siempre un banco de desarrollo. En no pocas ocasiones, los propósitos particulares de las políticas de desarrollo social y de desarrollo empresarial, se conjugan en los objetivos particulares de un sólo programa de fomento. Este es, a mi juicio, el reto especial y el riesgo delicado de mezclar o no el sentido, el enfoque y la dirección de las dos prioridades de desarrollo.

62Resulta especialmente difícil, pero sin duda particularmente importante que se separen las estrategias, pero que mantengan un carácter secuencial y se extienda un puente que permita a las empresas informales, cuya creación y sobrevivencia se apoya con un programa comprensivo y flexible de enfoque social, transitar hacia la formalización y convertirse en empresas de competencia, cuya evolución posterior se apoye con un programa exigente y condicional de auténtico desarrollo empresarial. En virtud de tales consideraciones, al referirnos de aquí en adelante a las micro y pequeñas empresas, incluimos por supuesto a los talleres artesanales.

63En un enfoque estricto de desarrollo empresarial, y ante la indiscutible necesidad que plantean una realidad diferente y una nueva perspectiva económica, la indispensable transformación estructural y cultural de las micro, pequeñas, e incluso de las medianas empresas, nos hace recomendar ampliamente utilizar al financiamiento de fomento no sólo como una respuesta, por supuesto necesaria, a requerimientos importantes y urgentes del sector empresarial, sino además como un incentivo y un reconocimiento a la eficiencia y al cumplimiento de obligaciones y compromisos, tanto de las empresas beneficiadas como de los propios intermediarios financieros.

64Si, en última instancia, lo que se espera de una institución intermediaria de los sectores privado y social es que incorpore el financiamiento a las micro y pequeña empresa entre sus prioridades de negocio; que atienda con verdadero interés los requerimientos y particularidades de las empresas más pequeñas; que evalúe adecuadamente los proyectos de inversión, que analice la capacidad técnica y administrativa de los empresarios con el mismo cuidado e interés con el que estudia las garantías que le otorgan; si lo que se espera además es que preste bien y cobre mejor, entonces bien podrían relacionarse el acceso a los recursos de fomento del Estado o de sus agencias, y específicamente el monto y los términos de las líneas de descuento, con los resultados favorables de tal comportamiento.

65Bajo este principio, los intermediarios financieros podrían, por ejemplo, recibir un margen de intermediación superior en el número incremental de operaciones de crédito a la micro y pequeña empresa, con respecto a un cierto periodo anterior. Podrían asignarse, por ejemplo, uno o dos puntos porcentuales adicionales como margen en las operaciones que rebasen el número de operaciones descontadas en el trimestre inmediato anterior, o bien podrían descontarse únicamente las operaciones incrementales. También podría ser conveniente que se aplicara un margen de intermediación superior a todos aquellos casos en que la institución intermediaria descuenta por primera vez con el banco de desarrollo o el Banco Central una operación de crédito para una determinada micro o pequeña empresa; tratamiento que podría incluso estimular la competencia entre los intermediarios por flexibilizar los requerimientos de acceso y por atender las necesidades financieras de estos estratos empresariales.

66En la realidad de un país como la de México, ante una fase inminente de extensión de la apertura económica al ámbito e los servicios financieros, los intermediarios financieros debieran reconocer e incluso premiar a las empresas eficientes y cumplidoras. Lo mismo deberían hacer los bancos de desarrollo con los intermediarios financieros que muestran similar comportamiento.

67Con las instituciones intermediarias no bancarias en particular, bien podría establecerse un mecanismo automático de ajuste del monto de la línea global de descuento otorgada por el banco de desarrollo, o por el Banco Central como sucede en algunos países de América Latina, de tal suerte que sea el propio comportamiento del intermediario el que determine la ampliación o la disminución de la fuente de financia-miento.

68En el ejemplo particular de una organización no gubernamental (ong) que actúe como intermediario financiero, el banco de desarrollo podría abrirle una línea de descuento en una relación de 5 a 1, con respecto al monto de la respectiva aportación de los integrantes en un fondo de contingencia o garantía, y requerirse un informe trimestral de su cartera vencida. Si el monto de cartera vencida representa una proporción inferior a un cierto porcentaje, la línea de descuento se incrementaría de manera automática al nivel superior siguiente, y así sucesivamente hasta llegar a un límite máximo determinado (10 a 1 o incluso 20 a 1). Por el contrario, si el referido informe refleja un monto de cartera vencida superior al 3% o bien al 5%, la línea de descuento se ajustaría automáticamente al nivel inferior inmediato, y así sucesivamente hasta llegar a una relación en que por consecuencia implícita suspende la posibilidad de descuento.

69También podría establecerse un margen de intermediación diferenciado que favorezca a los intermediarios financieros no bancarios, cuyo nivel de eficiencia y comportamiento permitan al banco de desarrollo calificar su cartera como de riesgo cero y no tener que efectuar provisiones de reserva.

70Seguramente habrá quien argumente, ante estas propuestas, que muy probablemente se estaría asignando un margen inferior a los intermediarios con mayores problemas, a lo cual podría contraargumentarse que en una economía verdaderamente abierta y competida, los intermediarios financieros que no son capaces de resolver los problemas y superar los obstáculos que les impiden actuar con eficiencia y competitividad, no tiene por qué esperar respaldos y concesiones especiales, que actualmente no reciben las empresas industriales. La experiencia en México ha sido particularmente elocuente en cuanto al carácter demagógico y al efecto especialmente nocivo de la actitud paternalista y de la intención proteccionista.

71Lo importante de un mecanismo dinámico no es sólo que estimularía la competencia, sino que recaería exclusivamente en el intermediario financiero la posibilidad de recuperar posiciones y abrirse una fuente de fondeo de mediano y largo plazo tan amplia como su propia capacidad de administración eficiente y responsable. Resulta por supuesto de fundamental importancia que el mecanismo de ajuste opere de manera automática; es decir que no esté sujeto a la decisión particular de funcionario o comité alguno. Es determinante que el intermediario tenga la certeza de que nadie más, sino su propio desempeño, puede decidir sobre la ampliación o reducción de su capacidad de fondeo con recursos de fomento.

72Desde luego que este mismo principio puede aplicarse a las propias micro, pequeñas y medianas empresas. La institución de fomento o el intermediario financiero podrían abrir a la empresa un línea de respaldo financiero que se amplíe o reduzca en función de su oportuno cumplimiento de obligaciones y compromisos.

73Imaginemos a una microempresa que recibe una primera línea de financiamiento por un monto reducido, digamos el equivalente a 500 dólares, pero asumamos también que en el contrato que formaliza la línea de crédito se establece que si la microempresa cumple, sin registrar retraso alguno, con sus obligaciones de pago, automáticamente el importe de la línea se incrementa en un 50%, sin necesidad de comprometer garantías adicionales; pero que se estipule de igual manera que si, por el contrario, surge un retraso superior a 30 días en el pago oportuno de una amortización del principal o de los intereses, la línea se reduce, también de manera automática e irrevocable en un 25%, hasta en tanto no se vuelva a demostrar cumplimiento absoluto durante un periodo también acordado.

74Puedo asegurar que si el propietario o administrador de la microempresa tiene la seguridad de que su capacidad de acceso efectivo al respaldo crediticio depende única y exclusivamente de su propio comportamiento, va a utilizar toda su capacidad e imaginación de hombre de empresa para no incumplir con sus obligaciones; si lo logra, se habrá avanzado en la formación y fortalecimiento de una clase empresarial competitiva, si fracasa en su intento, el riesgo de desperdiciar recursos de fomento para el Estado y sus instituciones de fomento, se iría reduciendo en similar proporción, y los recursos preferenciales tenderían a concentrarse cada vez más en el impulso a los verdaderos hombres de empresa.

75En las circunstancias particulares por las que atraviesa la mayor parte de los sistemas financieros de América Latina, es indudable que los gobiernos, bancos centrales y agencias de desarrollo están en mejores condiciones para captar recursos de largo plazo en moneda extranjera, ya sea que provengan de organismos financieros internacionales, de fuentes bilaterales de fomento a la exportación o incluso de la participación directa en el mercado internacional de capitales.

76El Estado y sus agencias podrían capitalizar esta mayor fortaleza y utilizar el fondeo de recursos en moneda extranjera, particularmente en dólares, para estimular e inducir a las instituciones de intermediación financiera, sobre todo a los bancos comerciales, para atender con sus propios recursos y con criterios de fomento los requerimientos financieros de las micro y pequeñas empresas.

77Un esquema de este tipo podría funcionar a través de un mecanismo muy simple, bastaría tan sólo descontar en dólares el monto incremental, con respecto al trimestre anterior, que vaya presentando a descuento un intermediario financiero sobre créditos en moneda nacional otorgados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Los intermediarios podrían utilizar libremente los recursos en dólares para el propósito que estimaran más conveniente y podrían prestarlos a cualquier tipo de empresa, incluyendo desde luego a las grandes, en los términos y condiciones que ellos mismos determinaran.

78De esta manera se obtendrían ciertas ventajas particulares. Por supuesto la ventaja más importante y la que daría razón de ser a un esquema de este tipo, es que abriría el primer acceso al financiamiento a micro y pequeñas empresas que gracias a la reducción de barreras de acceso recibiría la oportunidad de demostrar que son verdaderos sujetos de crédito.

79Se contribuiría asimismo al propósito de inducir a los intermediarios financieros a financiar estratos e inversiones prioritarias con sus propios recursos, en términos y condiciones que proporcionan igualdad de oportunidades independientemente del estrato empresarial o del destino de las inversiones.

80Los intermediarios que recibieran mayores recursos en dólares de largo plazo, no serían simplemente los más grandes, sino aquellos que realizaran los mayores esfuerzos para participar con sus propios recursos en el financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa.

81Una de las ventajas más importantes es que se lograrían simultáneamente los propósitos de democratizar el financiamiento competitivo y facilitar el acceso a la micro, pequeña y mediana empresa, por una parte, y de canalizar financiamiento en dólares de largo plazo a los medianos y grandes proyectos de inversión que así lo ameritaran, con una sola afectación del nivel máximo de intermediación y de endeudamiento externo que pudiera tener autorizado un banco de desarrollo.

82Los mecanismos y esquemas pueden ser muy diversos, lo verdaderamente trascendente, en mi opinión, es el vincular la perspectiva del respaldo financiero con los resultados del cumplimiento o incumplimiento oportuno y completo de los compromisos de pago. En el crédito empresarial, se podría actuar de la misma manera que se hace en el caso de la tarjeta de crédito personal, en que el banco aumenta la capacidad de endeudamiento del tenedor de la tarjeta, en función del oportuno cumplimiento de sus obligaciones mínimas de pago, sin efectuar investigación adicional sobre sus ingresos o el cambio de su situación patrimonial.

83Probablemente, lo único equivocado de este mecanismo, a mi juicio, es que no se aplica medida alguna en sentido inverso, por mal comportamiento. Seguramente el nivel de incumplimiento se reduciría considerablemente, si el límite de crédito se disminuyera temporal, automática y proporcionalmente en los casos en que se registren retrasos en el pago. Lo mismo podrá aplicarse al financiamiento empresarial. El comportamiento del acreditado debiera ser el principal mecanismo para aumentar o disminuir su capacidad de crédito.

84Resulta incuestionable que en la perspectiva de un mercado abierto y realmente sujeto a la competencia internacional, las micro, pequeñas, y en muchos casos las medianas empresas, tendrán que encontrar fórmulas de cooperación, y sobre todo de inversión conjunta, con el fin de elevar los índices de eficiencia colectiva y poder desarrollarse e incluso sobrevivir. La realidad nacional e internacional ha demostrado fehacientemente que la verdadera desventaja grave de una pequeña empresa no radica en su condición de pequeña, sino en que esté sola y sobre todo en que actúe de manera aislada.

85Tampoco cabe duda que en una estrategia de fomento, sobre la acción individual, debe tener mayor prioridad el respaldo a la inversión conjunta de varias micro y/o pequeñas empresas que tiene el principal propósito de incrementar la capacidad colectiva de competencia, como pudieran ser las inversiones para el establecimiento de unidades de servicio común en materia de diseño; de servicios de cómputo; de transporte; de control y certificación de calidad; de adquisiciones; de promoción y comercialización; de información e investigación; entre muchas otras posibilidades de cooperación empresarial y de alianza estratégica. Pero también es cierto que sería recomendable que el carácter prioritario de tales inversiones se reflejara también en términos y condiciones preferenciales del financiamiento.

86Si bien se reitera que en una economía abierta, una verdadera política de fomento al desarrollo empresarial no debiera considerar el subsidio en la tasa de interés como una posibilidad de incentivo y apoyo preferencial, sí puede enfatizarse que la inversión conjunta debe, al menos, recibir similar tratamiento al que se aplica a las iniciativas que se consideran de la mayor importancia, como pudieran ser los créditos para inversiones en investigación y desarrollo tecnológico o el financiamiento para propósitos de protección o mejoramiento del medio ambiente.

87Pero sobre todo, la inversión conjunta que permite incrementar la eficiencia y la competitividad colectiva, debiera ser probablemente el objetivo principal del esfuerzo promocional y de concertación de un banco de desarrollo y en general de cualquier institución de fomento a la micro, pequeña y mediana empresa, tanto pública como privada.

88Precisamente en virtud de su carácter prioritario, las inversiones conjuntas debieran recibir un respaldo adicional para poder tener acceso con mayores facilidades, al financiamiento formal. El otorgamiento automático de garantías complementarias puede constituir un verdadero incentivo a la agrupación; sin embargo, debe tenerse particular cuidado de que un esquema de garantías, diseñado como parte instrumental de una acción oficial de fomento, no vaya a desviarse hacia el único beneficio de los intermediarios financieros pues podría tener un efecto contraproducente e incluso propiciar que éstos se vuelvan cada vez más reticentes para asumir riesgos con las micro y pequeñas empresas.

89No debe perderse de vista que el propósito específico de la garantía complementaria por parte del Estado o una de sus agencias, debiera ser el de que un número cada vez mayor de empresas tengan acceso al financiamiento formal, precisamente aquellas que no están en condiciones de cumplir con los requisitos que las instituciones establecen en materia de garantías. Es importante, por lo tanto, que la garantía oficial no sea percibida por los intermediarios financieros como una simple posibilidad de hacer mejor negocio sin tener que reducir o flexibilizar sus requerimientos de acceso, pues podría presentarse una situación en que no se amplíe la atención a las micro y pequeñas empresas de un país y tan sólo se logre reducir o sustituir el riesgo de las instituciones intermediarias. La diferencia pudiera parecer sutil y quizás intrascendente, pero no debe olvidarse que en una economía abierta, la estrategia de inducción oficial en materia de fomento debería tener como uno de sus principales objetivos el que los intermediarios incorporen al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas entre sus prioridades de negocio, sin ningún tipo de incentivos artificiales y dependientes.

90Si, por ejemplo, la práctica bancaria razonable establece que en una primera operación de crédito debe solicitarse a la micro o pequeña empresa garantías reales en una proporción de 2 a 1, o de 3 a 1, sólo se justificaría una garantía oficial complementaria por el 50%, si tal requerimiento se aplicara únicamente al 50% del crédito solicitado. Si la institución intermediaria no reduce en similar proporción sus requerimientos, y continúa exigiendo garantías y respaldos colaterales en una misma relación, no se estarían ampliando las posibilidades de financiamiento, y el respaldo oficial podría servir únicamente para hacer menos riesgosas y más rentables las operaciones de los intermediarios en créditos que de todas maneras ya estaban otorgando.

91En estos casos de inversión conjunta resulta de singular importancia que tanto el proyecto de inversión como la capacidad de ejecutarlos sobre bases realistas, eficientes y rentables, sea calificado, si bien no avalado, por los propios empresarios que participan en la iniciativa de cooperación.

92La experiencia nos ha demostrado también que el mejor capacitador y asesor técnico de una micro o pequeña empresa no es el experto de la agencia oficial de fomento, ni tampoco el especialista académico y ni siquiera el asesor de la cámara u organización empresarial. El mejor asesor y capacitador de un micro o pequeño empresario es invariablemente otro micro o pequeño empresario que está teniendo éxito.

93Bajo el mismo principio, el mejor evaluador de la capacidad técnica y administrativa, así como de la solvencia moral, de un micro o pequeño empresario, y de la calidad de un proyecto de inversión en una determinada rama de actividad económica, es precisamente otro micro o pequeño empresario de la misma actividad y aún mejor si es de la misma región o comunidad. La efectividad de esta capacidad de evaluación se incrementa cuando la opinión técnica conlleva una responsabilidad concreta. Si la línea de crédito o garantía de cada uno de los micro o pequeños empresarios que participan en la acción conjunta, se incrementa o reduce en proporción directa al cumplimiento conjunto de todos los integrantes, entonces prácticamente se asegura el cuidado y empeño común tanto en la evaluación del proyecto y el análisis de la capacidad empresarial, como en la supervisión y seguimiento, e incluso en la asesoría técnica durante la ejecución y operación de la iniciativa.

94Por supuesto no se recomienda la corresponsabilidad en el pago que termina por distorsionar a final de cuentas la responsabilidad individual y la viabilidad de los proyectos. Con este enfoque, el micro o pequeño empresario no asume las obligaciones financieras del fracaso de otro, lo que podría afectar el desarrollo de una iniciativa eficiente, pero sí pueden afectar sus facilidades futuras las consecuencias de haber calificado equivocada o ligeramente la capacidad empresarial y la viabilidad económica y rentabilidad financiera del proyecto de otro micro o pequeño empresario. Es en la evaluación y en el seguimiento y no en el compromiso colectivo de pago donde se debe impulsar la responsabilidad cooperativa.

95La institución de fomento, otorgante de la garantía, podría abrir a cada una de las empresas que participen en la inversión conjunta, una línea de garantía por el equivalente al 50% del primer crédito, la cual se mantiene en similar porcentaje para respaldar un segundo crédito hasta por el importe equivalente al doble del primero, en los casos en que las empresas agrupadas cumplan individual y oportunamente con las obligaciones financieras derivadas del primer crédito. De esta manera se asegura que sean los propios inversionistas los más interesados en ocuparse de que no se presenten incumplimientos por parte de las empresas participantes.

96El impulso y el respaldo especializado a la mujer empre-saria adquiere, a mi parecer, una relevancia de orden estratégico en América Latina, tanto en la instrumentación de una política de desarrollo social, como de una política de desarrollo empresarial.

97A nivel de cada país, en realidad no es necesario efectuar una investigación muy extensa y muy profunda para corroborar lo que en un sinnúmero de países se ha confirmado fehacientemente, en el sentido de que los recursos oficiales canalizados en favor de la mujer empresaria tienen un impacto social de mucho mayor envergadura que cuando son utilizados en respaldo del hombre empresario.

98Los estudios que sobre el particular han realizado muy diversas instituciones (Grameen Bank de Bangladesh, bri-kupades de Indonesia, k-rep de Kenia, nabard de la India, Banco Mundial de la Mujer, etc.) varían ligeramente en los porcentajes pero los resultados son igualmente contundentes. Cuando los recursos ingresan al hogar por conducto de la mujer empresaria, el porcentaje que se destina a atender las necesidades esenciales en materia de alimentación, salud, vestido, educación y vivienda, son significativamente superiores a cuando los recursos ingresan a través del hombre empresario. En la India, como ejemplo, la relación es de 90% para el caso de las mujeres y de 40% para el caso de los hombres. Todos sabemos en América Latina que, en nuestros respectivos países, las proporciones no deben ser muy diferentes.

99Por lo que hace al cumplimiento de pago, también las experiencias a nivel mundial y, por supuesto nacional, son igualmente contundentes. No conozco todavía una institución pública o privada de cualquier país en que no se reconozca que los índices de cartera vencida en el caso de mujeres empresarias es considerablemente inferior al que registran las empresas administradas por hombres. Como dice Nancy Barry, la dinámica presidenta del Banco Mundial de la Mujer, “la mujer paga aunque no tenga”.

100Esta mayor seriedad y responsabilidad de la mujer empresaria tiene seguramente muy diversas y variadas explicaciones sociológicas. No sería aventurado afirmar que una mujer encuentra cuando menos el doble de dificultades para tener acceso a una línea de crédito por parte de una institución intermediaria, formal o informal, y probablemente por ello es que la mujer realiza el doble de esfuerzo para mantener abierta esa puerta de respaldo en la que puede fincar el impulso de su propia evolución y la estabilidad de su propia familia.

101Por supuesto hay muchas más, pero sólo bastarían estas dos consideraciones para asegurar de manera categórica que los recursos de fomento canalizados en favor de las mujeres empresarias, sobre todo microempresarias, tienen una mucho mayor productividad social.

102En términos de una política de desarrollo empresarial, también es cierto que las mujeres disponen de una casi innata capacidad de administración, en última instancia las labores del hogar constituyen un ejercicio cotidiano de administración de recursos de todo tipo. Probablemente lo que requieren muchas mujeres es respaldo y reconocimiento para fortalecer la confianza en sí mismas e identificar su espíritu emprendedor.

103También es cierto que en diversos países se cuenta con demostraciones importantes de la capacidad de organización y de acción conjunta de las mujeres empresarias. Esta disposición y habilidad para participar en iniciativas comunes que permiten incrementar la eficiencia colectiva y la capacidad de negociación, resultan de fundamental importancia en una perspectiva en que las unidades productivas que actúan solas difícilmente sobrevivirán.

104En una estrategia de financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa, no basta, a mi juicio, que las iniciativas de mujeres empresarias sean elegibles para recibir el respaldo de fomento. Resulta indispensable el disponer de programas especialmente diseñados para la mujer empresaria, de acciones de respaldo, en materia de financiamiento, información, capacitación, asistencia técnica y concertación, en que únicamente las mujeres tengan acceso. Esta no es una actitud feminista y ni siquiera antimachista. Las mujeres han estado tradicionalmente rezagadas y requieren de un contexto propio. Los problemas y limitaciones que afrontan las mujeres empresarias son diferentes y tienen peculiaridades y potencialidades muy especiales que deben ser tomadas en cuenta al diseñarse los instrumentos y mecanismos específicos de impulso y respaldo.

105Estas son algunas consideraciones y sugerencias específicas. Por supuesto, como en todos los campos de la economía, en el financiamiento de los talleres artesanales y de las más pequeñas empresas no existen recetas que puedan aplicarse a todos los contextos y en todos los momentos, sin embargo es evidente que cuando la búsqueda de soluciones concretas se sustenta en un proceso de reflexión crítica, las recomendaciones, incluso las basadas en experiencias de carácter personal, pueden llegar a ser de utilidad práctica aun cuando sean rechazadas.

Auteur

Subdirector de Seguimiento, Nuevos Esquemas y Proyectos con Financiamiento Externo de Nafin.

© Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1995

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540