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Representaciones del espacio político en las tierras altas de Guatemala

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Alain Breton

Comunidad y municipalidad. San Andrés Sajcabajá durante los años ochenta

François Lartigue

Texte intégral

1El 18 de enero de 1982, se efectúa en el atrio de la iglesia parroquial de San Andrés una sesión extraordinaria de la corporación municipal en presencia de un gran número de los vecinos. El lugar escogido para la reunión, el atrio del templo principal de la población, el carácter público del acontecimiento y la presencia de habitantes de distintos caseríos y aldeas del municipio, todo esto marca la búsquedad de un acto que se vuelva inolvidable, que marque nuevos derroteros y trascienda una larga cadena de confrontaciones en torno de la convivencia territorial. El objeto de la reunión es el de realizar un traspaso, el de un documento, y de hacerlo públicamente, delante de todos los presentes quienes van a tener que poner su firma en el acta que se establece con solemnidad. El documento es el título general del pueblo, un volúmen empastado, forrado de piel. Quien lo entrega es el capitán, jefe del destacamento militar establecido hace tiempo en la iglesia y en el convento del pueblo. Quien lo recibe es un comité que se acaba de organizar con este fin :

[ˇ] velar por la conservación del título de referencia que corresponde a todos los vecinos de la población y recaudar fondos para el pago del tres por millar previa autorización de la Gobernación departamental, el que será por tiempo indefinido sin ningún otro interés lucrativo, haciéndose constar que el título permanecerá todo el tiempo en la alcaldía municipal, haciéndole entrega del mismo sucesivamente a los alcaldes que sean electos, previo el consentimiento de dicho comité, quienes son los directamente responsables del uso indebido de este documento [ˇ].

2Se anuncia cómo quedó integrado el comité y los que lo conforman son presentados : el alcalde municipal, un joven indígena habitante de la cabecera lo preside, tres ladinos de la cabecera aparecen como vicepresidente, secretario y tesorero; se suman catorce vocales y los doce primeros actúan como representantes de doce aldeas y caseríos que agrupan los habitantes rurales del municipio; los dos últimos vocales son nombrados en tanto que representantes “de la raza indígena” y “de la raza ladina”. Todos los representantes son hombres de edad madura; las aldeas de Chinillá, Las Casas y Mixcolajá, asentamientos de ladinos son representados por unos de sus habitantes ladinos que en este momento radican en la cabecera a donde se refugiaron huyendo de los enfrentamientos armados y los operativos militares; la aldea indígena de Lilillá es representada por un indígena, exalcalde municipal interino, refugiado también en el pueblo cuando renunció a su función “por las fuertes amenazas en su contra por gente clandestina”; los caseríos indígenas de Chiboy, Chinantón, Chilil, Sacaj y Agua Caliente son representados por indígenas refugiados en el pueblo; los caseríos indígenas de Chicajac y de Agostadero son representados por ladinos del pueblo; el asentamiento de indígenas originarios de municipios vecinos, llamado Las Parcelas es representado por un comerciante indígena del pueblo. En suma, un comité cuya integración parece responder a la intención de presentar, ordenada de modo que se reconozca la preeminencia de la alcaldía municipal y de los habitantes de la cabecera, la unidad de las partes constitutivas del conjunto de vecinos del territorio municipal; una unidad donde no aparecen varios caseríos y aldeas indígenas, donde la representación de los vecinos anticipa a la representación de las “razas” y donde el momento de crisis violenta permite que ciertos caseríos indígenas sean representados por ladinos del pueblo. La unidad de los vecinos reunidos en torno de su alcalde para recibir la responsabilidad del buen uso del título general del pueblo. Es el capitán del destacamento militar quien hace el discurso inaugural de la reunión, “se dirigió a los presentes, exhortándolos a que todos colaboren a efecto de combatir la delincuencia que obra en estos lugares para que todos los vecinos puedan vivir en paz y disfrutar de la libertad de cada ciudadano”. Fue un indígena quien le entregó el título, “habiendo obtenido el título general del pueblo de manos del señor Santos de León, presidente de la Comunidad Indígena de este lugar y para una mejor protección dispuso entregarlo al destacamento militar, para evitar problemas a que más tarde le puedan deducir responsabilidades”. El capitán entrega el título al nuevo comité quien lo encarga al alcalde. El acta de la sesión es firmado por más de setenta vecinos y la sesión extraordinaria se levanta.

3Doce días antes, el 6 de enero de 1982. cinco indígenas de la aldea de Lilillá se presentan a declarar delante del alcalde municipal. El día anterior han ido juntos al caserío de Chilil para reclamar el título del pueblo. Uno de ellos lo tuvo en depósito hace como diez años en su casa de Lilillá cuando se lo robaron. Lo tenía en su poder desde hace más o menos diez y ocho años a la fecha. Fue un grupo de miembros integrantes de la Comunidad Indígena quien se lo robó después de embriagarlo con aguardiente. Los declarantes saben que el título pasó a manos de Antonio Julián quien reside en el lugar de Caculjá, “luego esta persona al tenerlo en su poder pasó a manos de todos los miembros de la Comunidad Indígena y después se supo que estaba en manos de Santos de León”. Fue a casa de este último que llegaron ayer en Chilil :

le dijeron que si cual había sido sus arreglos en que si daba el título del pueblo porque ellos lo iban a recoger y luego el les respondió que el título del pueblo no lo podía entregar porque ellos eran los puros dueños; que para ellos no tenía nada que ver municipalidad ni ejército, que el título del pueblo ellos lo tenían en su poder para mientras quedaba su gobierno y entonces el era quien tenía que disponer del título.

4Le han explicado entonces que ya hablaron con el comandante del ejército quien les dijo que se “arreglaran entre ellos mismos para entregar el título buenamente”. A esto, Santos de León les ha contestado que

ellos estaban preparados y esperaban la llegada de la municipalidad y ejército para exterminarlos y les hicieron ver que no buscaban el pueblo para no verle la cara al ejército, porque ellos no buscan ya al pueblo por verle la cara a los municipales porque todos los municipales comen a costilla de ellos y al ejército porque ellos quieren quitarles el poder, y para rio visitar la población ellos ya han dispuesto que toda criatura que nazca en todos los lugares rurales del municipio ya no lo registren en el Registro Civil Municipal, porque ellos tienen que poner a su alcalde municipal, su gobierno y registrador civil.

5Después de oir ésto, ellos han visto aparecer detrás de la casa de Santos de León, que saben ser, por rumores del vecindario, el presidente de la Comunidad Indígena, “dos jóvenes vestidos de ladino, uno de ellos con morral de lana en el cual portaba una arma que no pudieron conocer el calibre y el otro con un machete envainado y luego ellos al ver a los dos tipos trataron de preguntarle que si no encontraba el título o mejor se retiraban”. La declaración es consignada por el alcalde municipal quien la firma en un libro de actas varias. En los días siguientes, una operación contrainsurgente es llevada a cabo en el caserío de Chilil. Numerosas casas son destruidas, hay un gran número de muertos entre los cuales se menciona a Santos de León. Días después, el título general del pueblo es entregado al comité de vecinos y depositado en la caja de la tesorería municipal. Esta ahí desde entonces y ha sido posible consultarlo en 1990.

6Hay alguna información dispersa en los papeles del archivo municipal que permite conocer algo de la situación de San Andrés en esta época. También están los recuerdos relatados por quienes vivieron esta época. Coinciden en recordarla como un tiempo de miedo generalizado, de terror. El alcalde municipal, un comerciante indígena, ha sido muerto un domingo de principios de julio de 1981 en frente de su tienda situada en la calle principal del pueblo. Se considera que fue una ejecución realizada por un pequeño grupo de desconocidos quienes entraron al pueblo a la luz del día, con la cara tapada y portando armas de calibre 22.

7Poco después, el 11 de septiembre, las oficinas del correo y de la tesorería municipal son atacadas y robadas. El botín : unos giros telegráficos y un poco de dinero. Quien sustituye al alcalde muerto es un indígena, regidor del municipio y originario de Lilillá. Amenazado por “gente clandestina”, renuncia al cabo de un mes y es un ladino del pueblo quien ejerce la función hasta el mes de septiembre. En este mes, es un ladino de Sacaj que muere, sitiado en su casa del pueblo por “hombres fuertemente armados y desconocidos”, de noche. El acta de remisión del cadáver al médico forense del departamento indica que era Ayudante de Comisionados Militares.

8El primero de noviembre, el alcalde es atacado en su casa,

agredido a tiros por una banda guerrillera [ˇ] había un grupo no menos de unos treinta hombres fuertemente armados que regaban volantes subversivos por toda la calle [ ̆] por andar un escaso grupo de cinco Alcaldes auxiliares bajo mi mando para velar el orden sin ninguna clase de arma fue imposible hacerle frente a esta gente clandestina y al amanecer el otro día en la mañana anduvieron los mismos delincuentes rodeando la casa del señor Alcalde quien se encontraba herido de suma gravedad y en varios lugares preguntaban donde se encontraba la residencia del señor Secretario y Tesorero, ya que si el Alcalde no había fallecido, estas dos personas si no se escaparían [ˇ] estas personas guerrilleras andaban [ˇ] buscando a todos los funcionarios para exterminarlos [ˇ].

9El 3 de noviembre, “por unanimidad de votos de los que pudieron estar presentes” una junta de la corporación municipal acuerda la suspensión de las labores del personal municipal

en virtud de ser perseguidos por bandas clandestinas y al estar en el despacho en horas de servicio puede surgir una tragedia fatal por no haber fuerzas armadas del Gobierno en esta población para que eviten o destruyan a estas bandas clandestinas que siembran el terror y muerte en toda esa región; principiará a funcionar nuevamente hasta que se instale un destacamento del Ejército nacional en este pueblo, para así tener una mejor seguridad de la vida de cada funcionario : porque desde la muerte del señor Alcalde municipal, el 5 de julio del presente año, el edificio municipal ha sido lastimado en varias ocasiones por miembros guerrilleros y al estar rotas las ventanas, en varias oportunidades se han encontrado volantes subversivos amenazando al personal conjuntamente con el consejo municipal. Quedando únicamente para atender casos de mucha importancia el conseja! cuarto quien estará en su casa de habitación, atento para atender asuntos.

10El 6 de noviembre es cuando llega a San Andrés una partida militar que se instala en el centro de la población, en la iglesia. El alcalde agradece al comandante de la zona militar de Huehuetenango,

[ˇ] nuestro humilde y sincero agradecimiento por habernos cedido el Destacamento militar que le solicitamos en memorial de fecha 19 de junio del año en curso, el cual le fue remitido porque en estos lugares las bandas clandestinas principiaban a hacer de las suyas asesinando vilmente a gente indefensa [ˇ] nosotros los municipales y pueblo en general estimarán a todos los elementos de brigada y les proporcionaremos todo lo que está a nuestro alcance.

11El 13 de noviembre, un ladino es sitiado y muerto de noche, frente a su casa ubicada a poca distancia de la población, por un grupo de desconocidos que los sobrevivientes oyen gritar en el habla local del idioma k’iche’. El ejército despliega patrullas en el área y ocho días más tarde se encuentran diez y seis cadáveres de indígenas amontonados en un barranco a orillas del pueblo, ya parcialmente devorados por los perros. Los documentos consultados en el archivo municipal no consignan mayor información sobre muertos desde ese momento. Según los recuerdos, parece que es precisamente cuando se inicia una gran mortandad, principalmente en los asentamientos rurales, desde los más cercanos a la cabecera municipal hasta los más alejados y periféricos del municipio en donde los muertos se vuelven particularmente numerosos. No se sabe de ningún conteo. Hay estimaciones locales que varían entre 1,500 y 2,000 muertos en este tiempo, el de “la bulla” o de “la subversión”. Una especie de consenso global, compartido tanto por familiares de víctimas como por aquellos que lograron no estar del lado peligroso. Se estima ahora que, además, un poco más de mil personas abandonaron sus casas y se fueron por varios años hacia la región de la costa sur o a ciertos centros urbanos menos inseguros. La población de la cabecera municipal se incrementa rápidamente entonces. Los ladinos habitantes de las aldeas rurales de Las Casas, Chinillá y Mixcolajá se refugian ahí, al amparo de la protección ofrecida por el destacamento militar. Lo mismo pasa con una buena cantidad de los habitantes de los caseríos indígenas más cercanos a la población de San Andrés. Quienes no lo hacen incurren en riezgos permanentes; así un habitante de estos caseríos recuerda que su hijo es muerto en enero del 82, sus padres en marzo y su esposa en julio. Como responsables, él nombra a dos ladinos del pueblo. Es que si no hay conteo del total de muertos en el municipio, algo que, a fines de los años ochenta, parece tan impensable como imposible, acerca de un universo local que sus habitantes se muestran incapaces de pensar como un escenario común de experiencias compartidas, es al contrario con una llamativa frecuencia como se oyen mencionar otros conteos : estos conteos inverosímiles y precisos de la cantidad de muertos atribuidos a tal o cual vecino, acompañados de las listas de bienes que cambiaron de manos en cada ocasión. Estas sumas de los muertos que se dicen ahora haber sido proclamadas publicamente, en su momento, por cada uno de los ejecutantes y que parecen propias, casi diez años después de lo ocurrido, para indicar que los muertos atribuibles a ciertos vecinos del pueblo organizados en patrullas son tan numerosos, o más, que los muertos atribuidos a las operaciones militares en el territorio municipal.

12En tal situación, no es extraño que el ejercicio de la autoridad de la alcaldía se venga reduciendo a una parte exigua del territorio de San Andrés, la que se antoja asegurada por la presencia de tropas y su permanencia. Ya vimos como las aldeas se despoblan entonces. Pronto, las escuelas rurales se han cerrado y hay actas de que los padres de familia han manifestado que “por la situación que se vive en este municipio, están de acuerdo en que temporalmente se cierre la escuela de la aldea [ˇ]”. Le queda a la corporación municipal enfrentar la situación creada en el pueblo cabecera por la afluencia de refugiados. En una sesión de diciembre de 1981, por ejemplo, se acuerda preparar una reunión con los carniceros. Es que la gente ya es mucha en la población “por la situación delicada” y que muchos no tienen dinero “para poder comprar su libra de carne cada semana” dado que su precio actual es muy elevado. Se observa que “los precios deben ajustar a la capacidad y necesidad del pueblo” algo que se espera lograr porque “además mucha gente que está retirándose de esta jurisdicción venden sus semovientes a precios muy baratos”. De hecho, en estos meses, muchos animales han sido abandonados por sus dueños y andan sueltos en los montes. Se han vuelto accesibles para quien se atreve en agarrarlos. Cuando, un año después, algunos de los que se refugiaron en la costa sur regresan poco a poco a sus caseríos, no encuentran ni animales, ni reservas de maíz que han pasado a otras manos.

13Los primeros meses de 1982 son los de una rápida toma de control de la zona por las tropas del ejército. Con la instalación en San Andrés del destacamento militar, las patrullas de autodefensa civil son rápidamente organizadas a partir del viejo dispositivo de comisionados militares que se muestra capaz de convocar a voluntarios prontos en comprender que las guardias nocturnas garantizan la seguridad y quizá algo más. Todavía en marzo y abril, suceden ataques atribuidos a los “subversivos” en contra de ciertas aldeas ladinas conocidas de antemano como semilleros antiguos de comisionados militares y de policías. Se registra también el asalto a un transporte de pasajeros en el camino a Santa Cruz del Quiché que deja un saldo de trece muertos civiles; en este caso, las víctimas han sido rematadas con lujo de violencia, no quedó ningún testigo y hoy, pocos creen que se deba atribuir a la guerrilla.

14En todo caso, son meses en que las autoridades municipales aparecen ampliamente subordinadas por el protagonismo desplegado por el jefe del destacamento militar e incluso por el poder derivado a la jefatura de comisionados militares. En distintas ocasiones se realizan reuniones en presencia del alcalde donde se tramitan y resuelven acusaciones en contra de ciertos vecinos caracterizados de “subversivos, organizadores de los indígenas, miembros del CUC [Comité de Unidad Campesina] y de haber atentado contra [ˇ]”. Se levantan actas municipales de las decisiones que se toman; sin embargo, es a los oficiales del ejército que se han dirigido las acusaciones, son ellos quienes hacen “las investigaciones correspondientes”, constatan que “dichas personas son trabajadores honrados y de buenas costumbres, ampliamente conocidas en esta población [ˇ]” y son ellos quienes resuelven sobre el curso que conviene dar a las denuncias. En otro caso, en presencia del alcalde también, 24 habitantes de tres caseríos cercanos a la población se quejan de exacciones y amenazas provenientes de dos prominentes comisionados militares; es el capitán quien a su vez amenaza a los abusivos y les hace prometer “ya no provocar ningún problema para que dichos vecinos vivan en paz”.

15Las atribuciones del alcalde municipal en materia de administración y de justicia (un alcalde es también juez de paz, todavía en este tiempo) son así ampliamente asumidas por el destacamento militar.

16Cuando, en julio de 1982, se forma en San Andrés la Subcoordinadora Institucional Municipal, en aplicación del proyecto administrativo ideado por el jefe de Estado Ríos Montt, es el capitán quien la organiza y convoca para este fin a los comisionados militares, a los profesores de las escuelas de aldeas y de la cabecera, a los técnicos en salud rural y a ciertos vecinos prominentes del pueblo. Es en el marco de esta iniciativa cuando se nota que, desde fines de 1982 y durante 1983, se vuelve a intensificar una actividad de formación de comités de todo tipo en un número creciente de aldeas; comité promejoramiento, comité proreconstrucción, comité proagua potable, comité proescuela, aparecen como recursos de institucionalización de la capacidad de iniciativa de la aldea o del caserío; impulsados por el destacamento militar y por la subcoordinadora establecida por el capitán, no requieren del alcalde más que la constancia de su registro; se activan al ritmo en que se reinstaura y acelera la disposición de fondos para equipamientos locales aportados por agencias de cooperación internacionales o extranjeras y administrados, de manera variable y fluctuante, por organismos gubernamentales de coordinación. Poco a poco, estas operaciones parecen tender a modificar de manera sensible la red de relaciones locales, centrada en la cabecera municipal y en su carácter de sede de la institución administrativa presentada como instrumento legítimo de la cooperación municipal. Las iniciativas locales exitosas contribuyen a reforzar la conciencia del interés local, el del caserío, y en el mismo movimiento consolidan la renuencia creciente a responder a los pedidos provenientes de la cabecera que son vistos como exacciones sin legitimidad.

***

17Así, hacia fines de los años ochenta, San Andrés Sajcabajá se presenta como un territorio municipal fuertemente fragmentado. El título general del pueblo, un documento de fines del siglo pasado ilustrado con un mapa que muestra los límites territoriales de la comunidad de indígenas tales como quedaron en 1836 después de la amputación hecha a favor de los ladinos de Canilla, se encuentra guardado en la tesorería municipal, bajo vigilancia de los vecinos del pueblo; estuvo en manos indígenas durante más de un siglo, pasando de manos en manos, de cantón en cantón, garantizando la legitimidad de derechos exclusivos, o a veces eminentes, al uso territorial y a sus beneficios; en estos recorridos, su posesión consolidó la autoridad de quienes lo detentaban y fortaleció practicamente la convicción de la unidad de intereses de todos quienes se sentían aludidos en su letra; circulando a lo ancho del territorio municipal demarcado, permitió alimentar una unidad fundada en la autoctonía, pero también en la identidad de condición frente a los poderes de Estado; testimonio de un pacto otorgado por el Estado a quienes cumplían con obligaciones fiscales y se encargaban de asegurar su cumplimiento en el espacio municipal, su posesión atribuyó responsabilidad administrativa y posibilidad de distribuir los derechos, lo cual permitía no reconocer derechos a quienes no cumplían con las obligaciones comunes.

18La apropiación del título por un grupo de vecinos a nombre de la unidad de todos los habitantes, las circunstancias en que se realizó tal apropiación y su depósito en la caja de seguridad de la alcaldía, coincidió con la desaparición, en el escenario de la convivencia municipal y de las tensiones que lo han atravesado, de un actor que daba pruebas recurrentes de su protagonismo, a pesar de haber sido tantas veces calificado como un simple fantasma de un pasado anterior a tantas modernizaciones : la comunidad indígena de San Andrés Sajcabajá, un actor colectivo que mantuvo su presencia en distintas coyunturas, ejecutando muy diversas actuaciones, modificando sus tácticas, sus alianzas y sus proyectos.

19La desaparición de la comunidad debió permitir la consolidación de la actividad de la alcaldía municipal y de las fuerzas sociales que lograsen operar sobre la red de relaciones a través del control de los recursos atribuidos al alcalde y sus consejales. La situación observada a principios de la última década del siglo xx no permite considerar que algo parecido haya ocurrido.

20La administración militar de la sociedad local, directa durante 1982 y 1983, indirecta durante los años siguientes, tanto como la reorganización de la administración local que implicó posteriormente la pérdida de funciones por parte del alcalde, se suman a un proceso de aislamiento de la cabecera sede del poder instituido, por aldeas y caseríos que parecen organizar nuevas relaciones, instituir iniciativas más individualizadas.

21En 1988, una ladina de San Andrés decía: “Dicen que los indios decían que iban a tomar el pueblo, ocupar todas las casas, sacar todos los ladinos y agarrar a todas sus mujeres. Dios no les dió permiso”.

22En 1989, un ladino de San Andrés se enfurece contra el alcalde que se revela incapaz de obtener que se junten los trabajadores requeridos para componer la carretera que une la cabecera municipal a Santa Cruz del Quiché. Otro exclama : “Esto ya es una pura aldea; nos han quitado el juzgado, nuestro alcalde es puro auxiliar”.

23En 1990, cerca de la mitad de los jóvenes ladinos han ido a trabajar a los Estados Unidos. Todos los entrevistados de este grupo, desde los catorce años en adelante, están pensando en hacer lo mismo, lo más pronto posible...

© Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1993

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