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La política del gatopardo

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David Recondo

Segunda parte. La invención paradójica de la democracia

Capítulo 7. La costumbre contra la democracia

Texte intégral

1La legalización de los usos y costumbres se realiza en el momento mismo en que México se encamina hacia la democracia electoral. En ocasión de las elecciones federales del 6 de julio de 1997, por primera vez en la historia del país el pri pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. El prd gana las elecciones en el Distrito Federal y el pan en Nuevo León y Querétaro. En 1998, el prd gana las elecciones en los estados de Zacatecas y Tlaxcala, y el pan en el de Aguascalientes. Signos todos precursores de la “gran alternancia” del 2 de julio de 2000, en que el pri pierde las elecciones presidenciales por primera vez en 71 años. Las alternancias se multiplican y la competencia electoral se vuelve costumbre. ¿Se queda el estado de Oaxaca al margen de este cambio político? Muchos analistas de la vida política mexicana ven con malos ojos el reconocimiento de las costumbres comunitarias, pues consideran que semejante reforma no puede más que reforzar el caciquismo y preservar la hegemonía del pri, al legitimar las formas autoritarias de gobierno local. La experiencia oaxaqueña adquiere más interés al suspenderse las negociaciones entre el gobierno y los neozapatistas desde 1996 y el tema de la autonomía crea polémica en el debate parlamentario de 2001, sobre la reforma constitucional en materia de derechos indígenas.

2Veremos a continuación hasta qué punto resulta difícil hacer una lectura unívoca de las dinámicas políticas que acompañan a la legalización de las costumbres. Si bien la mayoría de los conflictos que describimos tienen que ver con estrategias de imposición y de exclusión en nombre del respeto de las tradiciones, también reflejan dinámicas de movilización y de replanteamiento de las reglas del juego político. En la mayoría de los casos estas negociaciones desembocan en arreglos más democráticos que los que solían prevalecer. Lejos de preservar la comunidad revolucionaria institucional, la legalización de las costumbres parece contribuir a su descomposición y a la producción negociada de un nuevo orden político.

LA COSTUMBRE AL SERVICIO DE LOS CACIQUES

3El gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano busca garantizar la estabilidad política anticipándose a las reivindicaciones de las organizaciones indígenas independientes. En el reconocimiento de las costumbres electorales vé una forma de consolidar su legitimidad y al mismo tiempo frenar los progresos de la oposición. Ya mostramos que el reconocimiento de los usos y costumbres se inscribe decididamente en el cambio y refleja la competencia de las diferentes fuerzas políticas por controlar las transformaciones del sistema político. El pri no puede seguir manteniendo el monopolio de los municipios rurales e indígenas y pretende por ello renegociar los límites de la competencia electoral para poder conservar una posición hegemónica. En cierta medida lo consigue. La simbiosis Estado-partido-comunidad se disloca, pero el pri apoya más o menos directamente a los grupos dominantes en el plano local, que recurren a la defensa de los usos y costumbres para neutralizar a sus adversarios. El vínculo clientelista se renegocia, pero a partir de ahora implica solamente a ciertas facciones en el interior de las comunidades y ya no a la unidad corporativa que constituía la comunidad revolucionaria institucional. En otras partes, el gobierno y el pri sacan provecho de una lógica de repliegue comunitaria marcada por un anti-electoralismo radical.

  • 1 Fernando Escalante Gonzalbo, “Notes sur le problème indigène au Mexique”, Cahiers des Amériques La (...)

4Como mencionamos en el capítulo anterior, la costumbre legalizada se convierte en un instrumento de legitimación en manos de los grupos que detentan el poder municipal, por lo que se corre el riesgo de que refuerce las tendencias observadas por Jan Rus en San Juan Chamula: los antiguos promotores bilingües, agentes de modernización impulsados por el general Cárdenas, se convierten en los principales defensores de las tradiciones comunitarias. Y con buen motivo: al defender las costumbres defienden su propio poder. Controlan la economía local (venta de alcohol, usura, transporte) y el acceso a los cargos municipales. Especialmente sacan provecho del consumo ritual de alcohol y el conjunto de gastos que las mayordomías acarrean. Al defender las costumbres intentan impedir el surgimiento de una élite que pretende romper su monopolio y establecer relaciones con el exterior.1 Esta situación se vuelve particularmente dramática a partir de los años setenta: miles de personas son expulsadas so pretexto de que no quieren asumir los cargos tradicionales y por ende amenazan la unidad de la comunidad. Dinámicas similares se despliegan también en algunos municipios de Oaxaca, aunque rara vez alcanzan el mismo nivel de violencia.

LA ASAMBLEA MANIPULADA: EL CASO DE SANTIAGO IXTAYUTLA: 1998-2000

5A partir de 1995, los caciques o los candidatos al caciquismo tienen en Oaxaca un instrumento legal que les permite defender el orden local con toda legitimidad. Las dinámicas autoritarias parecen inevitables. Evocamos el caso de Santiago Matatlán y San Sebastián Tutla. Otros ejemplos son muy ilustrativos, como los de San Agustín Chayuco y Santiago Ixtayutla en 1998, en aquel entonces, las autoridades de estos dos municipios representan a grupos dominantes cuyo poder se basa a la vez en el control de la economía local y en las relaciones con los caciques regionales. El poder de estos líderes locales no siempre es añejo. En Ixtayutla, Paulino Millán consolida el suyo a partir de los años ochenta. Poco a poco se convierte en el principal intermediario entre la comunidad y el exterior. Controla el comercio, saca provecho de la explotación del bosque y, sobre todo, se convierte en el operador local del cártel de Francisco Iglesias Meza, el padrino de Jamiltepec.

  • 2 Heberto Abraján Díaz acaba de ser elegido diputado por el pri en las elecciones del 2 de agosto de (...)

6Fin 1998 el presidente municipal en turno, Nicolás Ramírez Roque, pretende imponer a su hijo en la presidencia municipal, con el apoyo de Paulino Millán y Heberto Abraján Díaz.2 Organiza una asamblea de pueblo que intenta controlar repartiendo alcohol y amenazando a los más reacios. Al no conseguirlo, “disuelve” la asamblea, organiza otras dos y finalmente logra colocar a uno de sus allegados en la presidencia.

  • 3 Noticias, 18 de enero de 1999.
  • 4 Ibid., 19 de enero de 1999.

7Ante la reacción de sus adversarios, el presidente en turno invoca siempre el respeto de las costumbres, ya sea para justificar la distribución de alcohol durante las asambleas o bien para exigir al iee la validación de la elección. Francisco Caballero, el presidente cuya elección es impugnada, afirma haber recibido, de manos del consejo de ancianos, la vara de mando, “símbolo del poder en Santiago Ixtayutla”.3 Por su parte, el diputado del pri Heberto Abraján Díaz acusa al diácono José Rentería de aliarse con el prd para “socavar los principios de autonomía de los pueblos indígenas”.4

  • 5 Ibid.

8La lógica discursiva sigue siendo la misma: los adversarios son agitadores, representan a una minoría manipulada por la Iglesia o por el prd que pone en peligro la unidad y el progreso de la comunidad. Al unísono, las autoridades en turno, sus sucesores y el diputado del pri llaman al respeto de las tradiciones en contra de la violencia y el desorden. Se erigen en defensores de la autonomía de las comunidades contra la intrusión del prd, de la Iglesia o de la guerrilla.5

LA COSTUMBRE CONTRA LOS OPOSITORES: EL CASO DE SAN AGUSTÍN GUAYUCO

9En San Agustín Chayuco la dinámica es semejante. Aquí el presidente en turno en 1998, Máximo Flores Alavez, restaura las costumbres para poder controlar mejor la elección de su sucesor. Al igual que en Ixtayutla, goza del apoyo de Heberto Abraján Díaz y del pri. Su objetivo es neutralizar a una oposición vinculada al prd, que obtuvo muy buenos resultados en las elecciones municipales de 1995 y en las legislativas federales de 1997. Máximo Flores cuenta con organizar una asamblea que pueda controlar. Asiste a las reuniones del iee acompañado de algunos tatamandones, que supuestamente representan la autoridad tradicional de Chayuco. La estrategia es eficaz: aunque finalmente el presidente debe renunciar a su asamblea, consigue movilizar a los miembros de la Unión de Ejidos, creada y dirigida por él, en favor de su candidato. Unos días antes de la elección distribuye dinero entre las autoridades de las agencias para que acarreen a los electores hasta la cabecera, donde se instalarán las casillas de voto.

  • 6 La planilla de Francisco Sánchez Mendoza, apoyada por el alcalde en turno y por el pri, gana la el (...)

10Las reglas del juego negociadas con el iee parecen democráticas, ya que garantizan el voto secreto con urnas, en casillas vigiladas por representantes de cada planilla. Pero las condiciones de la competencia son disparejas: el candidato del presidente goza del apoyo directo del pri (a través del delegado regional del gobierno y del diputado electo). Apoyo que le permite, gracias al voto de los habitantes de las agencias movilizados por Máximo Flores, ganar las elecciones por un corto margen.6 Por lo demás, la oposición queda totalmente excluida de la administración municipal, dado que las dos facciones rivales convienen con antelación que la planilla que gane las elecciones ocupará todos los puestos del ayuntamiento.

11Ese regreso peculiar al régimen consuetudinario es presentado como una forma de poner fin a las confrontaciones supuestamente provocadas por los partidos políticos desde el comienzo de los años noventa. Una vez más, cuando Máximo Flores y los tatamandones hablan de partidos políticos, se refieren sobre todo al prd. En 1988, Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato del fdn y futuro fundador del prd, obtiene muy buenos resultados en la región de Jamiltepec, Chayuco incluido. Recibe el respaldo de los jóvenes, que ven en él una posibilidad de cambio, aunque también de los mayores, para quienes es ante todo el hijo de Tata Cárdenas, el hombre que impulsó la reforma agraria, cuya memoria permanece particularmente viva en la Mixteca. Tras semejante triunfo electoral, unos antiguos empleados de la Conasupo, encargados de la creación y la gestión de tiendas comunitarias, deciden promover al prd en la región y activan toda una red constituida cuando eran funcionarios, logrando ocupar puestos de elección popular a nivel local y federal a partir de 1994. En Chayuco apoyan a los rivales de Máximo Flores durante las elecciones municipales de 1995. Éste gana con sólo 64 votos de diferencia pero se niega a integrar a dos representantes de la oposición al ayuntamiento, como lo prescribe la ley electoral.

12A lo largo de su mandato Máximo Flores da muestras de intransigencia. Gobierna autoritariamente, instaura un toque de queda y utiliza la fuerza para mantener el orden en el municipio. Después de que la policía municipal cometiera una serie de atropellos, sus adversarios se apoderan de la presidencia municipal y obligan al ayuntamiento a instalarse en una bodega de café durante casi un año. La víspera de las elecciones municipales de 1998, la comunidad está totalmente polarizada entre los enemigos y los partidarios del presidente. Éste se dedica entonces a descalificar a la oposición, acusándola de ser el origen del conflicto y la división. Apela al retorno a la unidad, a la paz, perturbada por los “agitadores” del prd. Se gana así a los tradicionalistas, que identifican al pri con las costumbres y que sueñan con un regreso a la comunidad revolucionaria institucional de antaño. Ironía de la historia, dado que durante mucho tiempo Máximo Flores despertó la desconfianza de los mismos ancianos: en los años setenta, pactó con la guerrilla cabañista para eliminar a los caciques de Chayuco.

13Aun cuando la operación de restauración del orden tradicional fracasa, la adopción del régimen costumbrista no deja de reflejar una lógica de exclusión contraria a la democratización que está en marcha a nivel nacional. Todo lleva a creer que en Chayuco, como en Ixtayutla, Matatlán o Tutla, el pri recupera el terreno perdido frente a la oposición, apoyándose en nuevos caciques que se erigen en defensores de las costumbres, para garantizar mejor el monopolio autoritario del poder local.

  • 7 Según Roger Bartra, los usos y costumbres son formas de gobierno corporativas y autoritarias (véas (...)
  • 8 Juan Pedro Viqueira afirma, al hablar de Chiapas, que la introducción de los usos y costumbres com (...)
  • 9 Fernando Escalante subraya la “dificultad de defender los derechos de las minorías con argumentos (...)

14Esta primera lectura parece confirmar la interpretación de Roger Bartra7, Juan Pedro Viqueira8 o Fernando Escalante,9 cuando ven en los usos y costumbres formas de gobierno esencialmente corporativas y autoritarias, cuya legalización no puede más que reforzar el caciquismo y la violencia.

15En muchos casos, la defensa de las tradiciones sirve para legitimar la exclusión de los disidentes (políticos y religiosos), pero también de las mujeres, de los avecindados y de los habitantes de las agencias. Permite también al pri preservar una unidad amenazada por la consolidación de los partidos de oposición. Porque aun cuando el partido oficial no puede atribuirse las victorias electorales, sí goza de la lealtad de las autoridades municipales y de los líderes a los que apoya en forma más o menos disimulada. En muchos municipios la estrategia de “cambiarlo todo, para que todo siga igual” parece haberles funcionado.

LA REPRODUCCIÓN DEL PACTO CLIENTELISTA

16El vínculo clientelista no se ha roto. Al contrario, en muchos casos la defensa de las costumbres y de la unidad comunitaria sirve para preservar, incluso para restaurar, la lealtad histórica que vincula a comunidades y Estado, por intermediación del pri y sus operadores locales. La apuesta gatopardista parece haberse ganado en algunos municipios, aunque sea ilusorio querer volver a la unanimidad de antes.

La restauración de la comunidad revolucionaria institucional

  • 10 Grabación de la reunión celebrada en el iee entre las autoridades de San Agustín Chayuco y sus opo (...)

17“Deseamos que Chayuco esté en paz, que ya no haya violencia por culpa de los partidos políticos... además, aquí, somos cien por ciento priístas”,10 declaran al unísono Máximo Flores y los tatamandones ante el presidente del iee, al parecer sin inmutarse por la más mínima contradicción. El rechazo por parte de los partidos de las divisiones que provocan en el seno de la comunidad es inseparable, aquí, de una afirmación de lealtad con el gobierno y el pri, que no es percibido realmente como un partido político, sino como la representación oficial del gobierno ante las comunidades. Cuando los tata-mandones defienden la costumbre están afirmando a la vez su fidelidad hacia una institución que no se distingue del gobierno. No manifiestan su adhesión a un partido político en tanto que organización autónoma, portadora de una ideología y de un programa particular.

  • 11 Entrevista con Máximo Flores Alavez, San Agustín Chayuco, 20 de noviembre de 1999.

18En Chayuco, “la mayoría de la gente es priísta, porque saben que es el gobierno el que apoya a las comunidades, el que trae los programas. Gracias al gobierno hay recursos, podemos trabajar, construir... por eso, desde que yo era pequeño, cuando se practicaba la costumbre, las personas nombradas se registraban siempre con el pri, porque es él el que ayuda al pueblo, es él el que le da dinero”11 –nos recuerda Máximo Flores, para justificar su lealtad con el gobierno y el pri. Sus palabras hacen eco de las de Pedro Nicolás, el tatamandón que citamos en el capítulo 1, cuando dice que el pri “es parte de la costumbre”.

19El vínculo clientelista parece reproducirse de maravilla. Frente a la penetración de los partidos de oposición, la costumbre, la unidad comunitaria y la lealtad hacia el gobierno son inseparables. La simbiosis Estado-partido-comunidad parece estar a salvo, al menos en parte, cuando un joven líder como Máximo Flores se une a los ancianos para defender la costumbre y el el consenso en contra de la injerencia de la oposición. Desde el punto de vista electoral, el pri se beneficia directamente de esta reproducción del vínculo clientelista. Aun cuando las autoridades municipales han dejado de tener filiación partidista oficial, siguen siendo fieles al pri y se encargan de hacer a un lado a los opositores. Aunque no exista un vínculo directo y unívoco entre el régimen consuetudinario y el comportamiento electoral durante las elecciones supramunicipales –como veremos más adelante–, la simbiosis entre el pri y la costumbre no deja de hacer más difícil la consolidación de la oposición en el plano local. Excluidos de la gestión municipal, los opositores no tienen los medios para financiar una movilización, que con frecuencia funciona de manera clientelar. El prd, cada vez más dividido en el centro, no representa un apoyo institucional suficiente para contrarrestar las estrategias de reconquista política que despliegan las autoridades municipales con ayuda del gobierno del estado.

20En Chayuco, por ejemplo, los opositores reprochan a su partido haberlos abandonado. Acusan al presidente Francisco Sánchez (1998-2001), el sucesor de Máximo Flores, de hacer un uso arbitrario y clientelista de los recursos municipales. Es verdad que este último, menos intransigente y polémico que Máximo Flores, consigue desmovilizar a una parte de sus opositores. Los perredistas aparecen así como unos “aguafiestas” aislados e incapaces de mantener sus promesas.

  • 12 Carta de los comerciantes y representantes de El Rosario, 6 de junio de 1998.

21Ocurre lo mismo en Tutla, donde los adversarios de la cabecera son perseguidos ante la justicia por un asunto de invasión de terrenos. Su dirigente, Raúl Martínez Vásquez, temiendo ser encarcelado, abandona el municipio y se instala en la ciudad de Oaxaca. Denuncia una verdadera represión, orquestada por el gobierno del estado en complicidad con las autoridades municipales. Extirpado el “cáncer”, la unidad de la comunidad se recupera. Las autoridades locales ya no tienen que enfrentarse a los avecindados del fraccionamiento de El Rosario, cuyas demandas de participación en la gestión municipal son cada vez más apremiantes. Aquí también las autoridades municipales hacen uso de la fuerza, encarcelan a uno de los dirigentes de los avecindados y tratan de dividir al “enemigo”, allegándose una parte de los comerciantes y de los representantes de barrio de El Rosario. Así, unos meses antes de las elecciones municipales de 1998, las autoridades municipales obtienen que estos aliados “externos” envíen cartas al iee manifestando su acuerdo para que las elecciones municipales continúen haciéndose según la costumbre, y afirmando que no desean participar en ellas.12

22También en Matatlán los opositores de desmovilizan tras la retirada del prd, demasiado absorbido por sus luchas intestinas para apoyar a los grupos locales. Una vez pasada la coyuntura electoral, los vendedores de mezcal restablecen una hegemonía apenas cimbrada. El vínculo clientelista se renueva: el padrino del mezcal, Pedro Mateo, obsequia un automóvil último modelo al gobernador José Murat, en señal de lealtad y con el fin de asegurarse los favores –y la complicidad– del “gran patrón” en los próximos años. Aquí también funcionó a la perfección la “operación usos y costumbres”. La oposición queda aislada, disgregada, mientras las autoridades municipales y el grupo que las apoya mantienen una relación directa con el gobierno y el pri.

23Naturalmente, no hay que caer en una simplificación desmedida. En municipios como Matatlán o Tutla la instrumentalización de la costumbre se asemeja a una manipulación lato sensu. En otros lados, es más una convergencia de intereses entre una élite local (que quiere reproducir las bases comunitarias de su propio poder) y el gobierno (que quiere preservar la hegemonía del pri y la estabilidad política), que una estrategia deliberada, maquiavélica. Como en otros tiempos, los que defienden la costumbre corporativa, favorecen al pri, sin que ése fuera su objetivo primordial. Una vez más, lejos de reflejar una convicción ideológica partidista, el priísmo de los tatamandones de Chayuco es antes que nada la expresión de un deseo de dar marcha atrás, de restaurar el orden tradicional en el que ocupaban un lugar central. El pri no hace más que sacar provecho de manera directa, sin que necesariamente haya una alianza “táctica” concertada. La cadena de confluencia de intereses no se detiene aquí: es casi seguro que las intenciones de un Máximo Flores no son enteramente las mismas que las de los tatamandones y que su priísmo refleja más bien un cálculo estratégico a mediano plazo. Más que recrear la unidad comunitaria, su objetivo es eliminar a sus adversarios políticos; para ello necesita descalificarlos en nombre de la defensa de las tradiciones y a la vez unirse de manera deliberada y negociada con los representantes del pri.

El pri en busca de nuevos liderazgos locales

24Por añadidura, querer analizar a toda costa las estrategias locales de exclusión de los disidentes como operaciones comandadas por el pri más o menos directamente sería reductor. Ya demostramos en el capítulo anterior que los municipios han ganado autonomía y todo lleva a pensar que las relaciones de fuerza y las dinámicas de poder en el plano local no son simples réplicas de los conflictos que tienen lugar en el centro. La acción de las autoridades municipales y sus opositores responde a intereses y urdimbres locales, a su vez relativamente autónomos. El pri trata de articularse a los conflictos locales, de crear alianzas con las facciones locales con el fin de garantizar una clientela para las próximas elecciones, pero está en competencia a su vez con otros partidos en ese quehacer. También aquí cabe utilizar la imagen de la confluencia de intereses: las facciones locales buscan apoyos institucionales “exteriores” para reforzar su posición en el plano municipal, mientras que el pri y los demás partidos aspiran a implantarse o a consolidar su posición en los municipios.

25Las lógicas de exclusión que describimos no son exclusivas de simples priístas disfrazados de jefes consuetudinarios. Son la obra de verdaderos empresarios políticos que pretenden defender los intereses de grupos o de redes a los que representan y encuentran en ciertas interpretaciones de la costumbre y de la autonomía comunitaria un medio para alcanzar sus objetivos. Establecen alianzas más o menos deliberadas con los partidos políticos, pero puede ocurrir que actúen apoyándose en otros relevos institucionales, como la Iglesia, las organizaciones sociales o las ong, según las oportunidades que se presenten.

26No obstante, el gobierno y el pri conservan una posición ventajosa. Tienen a su servicio una estructura de mediación que abarca el territorio entero: las delegaciones regionales del gobierno. Cada región dispone de uno o varios delegados, cuya función oficial es representar al gobierno ante la población local y las autoridades municipales. Tienen bajo su control las antenas regionales del Coplade, encargadas de supervisar la gestión de los recursos municipales descentralizados. Estas delegaciones del gobierno ejercen considerable influencia en las autoridades municipales, aunque sea porque controlan la información sobre los recursos asignados a los municipios. Se aprovechan de la falta de experiencia y conocimiento de las autoridades municipales, que suelen pensar que los delegados pueden intervenir directamente en la transferencia de los recursos municipales.

27En realidad, las delegaciones tienen prerrogativas relativamente limitadas, pero de todos modos pueden intervenir ante la administración central para suspender o retardar la entrega de una parte de los recursos destinados a los municipios. Las organizaciones independientes, los partidos de oposición y muchas autoridades municipales critican la existencia misma de estas delegaciones, que consideran anticonstitucionales. Invocan el Artículo 115 de la Constitución federal, que en efecto especifica que no debe haber “autoridad intermedia” entre los municipios y el gobierno del estado. Para algunos, las delegaciones hacen las veces de gobernadores regionales. Su verdadera función es velar por la estabilidad política en sus jurisdicciones respectivas.

28Los delegados disponen de un presupuesto (una especie de “caja chica”) que pueden utilizar para garantizar la lealtad de las autoridades municipales con el gobernador y su partido. Resultan de gran utilidad en el momento electoral: intervienen en el interior de los municipios para apoyar a los candidatos del pri en las elecciones municipales, de gobernador, de diputados locales o federales, y del presidente de la república. Se encargan de cultivar las redes clientelistas. Sobre todo, hacen las veces de “antenas” para el gobierno en sentido estricto: informan al gobernador o a su secretario general de todo lo que ocurre en el plano regional. La menor movilización, el mínimo conflicto lo reportan de inmediato al centro. En caso de conflictos graves, incluidos los electorales, los delegados con frecuencia tienen un papel mediador. En muchos casos, el iee solicita su ayuda (medios de transporte y de comunicación) en las regiones más apartadas. Algunos delegados permanecen en el puesto durante varios años, conocen perfectamente su región e identifican a las comunidades y a los dirigentes locales en función de su orientación política. En los casos más espinosos, como el de Santiago Ixtayutla, por ejemplo, el encargado de la Dirección de los Usos y Costumbres del iee recurre a la experiencia política de los delegados.

29Fortalecidos por esta red de operadores eficaces, el gobierno y el pri están en mejor posición para la cooptación de las autoridades municipales que la oposición, cuyos medios finalmente siguen siendo limitados. En la mayoría de los municipios consuetudinarios los delegados no intervienen directamente en la elección de las autoridades. Dejan a las comunidades que se las arreglen y se limitan a la cooptación de las autoridades una vez nombradas. La mediación del partido ya no es necesaria. En los municipios donde existe una competencia abierta por el poder local, en cambio, los delegados intervienen directamente a favor de uno de los candidatos en la contienda, el que estiman más favorable... el del pri.

30Los partidos de oposición y las organizaciones independientes se las ven negras para contrarrestar este sistema de mediación. Ninguna fuerza de la oposición ha llegado a construir una verdadera red tan bien coordinada y eficaz a escala estatal. Lo cual no quiere decir, como veremos más adelante, que solamente el pri es capaz de utilizar la nueva reglamentación electoral para consolidar sus posiciones. Simplemente queremos mostrar hasta qué punto el gobierno y su partido han sabido “reciclar” antiguas formas de mediación y de clientelismo jugando el juego de la costumbre.

EL CONSENSO CONTRA EL VOTO: LAS AMBIGÜEDADES DE LA DEMOCRACIA COMUNITARIA

31La defensa de los usos y costumbres no está exenta de fundamentalismo. En ocasiones refleja un relativismo cultural radical, según el cual los indígenas tienen una concepción del poder y de la democracia completamente diferente del resto de la sociedad. Según ésta, los principios y los mecanismos de la democracia representativa son ajenos a las culturas indígenas y, por ende, no aptos para regular la vida política de las comunidades. Esta posición desemboca a veces en un rechazo total de los partidos políticos y la negación a participar en las elecciones supramunicipales. Los partidos son asimilados a las sectas, son percibidos como un factor de división y, por lo tanto, de destrucción de las tradiciones y de las instituciones comunitarias. Suele ocurrir que las autoridades municipales decidan prohibir a los candidatos hacer campaña e impidan al iee instalar las urnas el día de las elecciones. Semejante actitud pone en tela de juicio el proceso de democratización, en el momento en que un sistema de partidos competitivo se está consolidando a nivel nacional.

  • 13 Carlos Lenkersdorf, Los hombres verdaderos. Voces y testimonios tojolabales, p. 79.
  • 14 Ibid., p. 81.

32Con frecuencia, el discurso indianista y antropológico opone un modelo de democracia comunitaria, centrado en el consenso, al de la democracia occidental, que descansa principalmente en el principio de mayoría. El consenso apunta no a un estado de cosas, a una base de partida, sino al resultado de un largo proceso de deliberación. Ninguna decisión importante puede tomarse fuera de la asamblea comunitaria y sin llegar a un acuerdo unánime de las personas reunidas. El modo de deliberación corresponde al de la palabrería, estudiada por los antropólogos en el contexto africano. Una vez que las autoridades han presentado el problema que se va a tratar, los miembros de la asamblea se ponen a hablar todos a la vez. Vista desde afuera, la escena da la impresión de desorden total, una verdadera cacofonía. “Todos hablan y escuchan al mismo tiempo” –nos dice Carlos Lenkersdorf cuando describe las asambleas de las comunidades tojolabales en Chiapas,13 que pueden durar horas y horas, con reflujo o calma momentáneos, o acaloradas discusiones. De vez en cuando los ancianos o las autoridades que presiden la asamblea retoman las ideas enunciadas, destacando los puntos comunes, las líneas de convergencia. La discusión se intensifica y se enriquece con nuevas propuestas. Luego de-varias horas de discusión, las voces acaban por extinguirse una a una. Se instala el silencio. La autoridad enuncia entonces el acuerdo, la decisión unánime, la que integra todos los puntos de vista, la que une todas las opiniones. Pues ésa es la función de la autoridad: interpretar la voluntad general, “verbalizar” el sentimiento de la comunidad.14 No se trata de escoger una de varias opciones posibles y desechar las demás, sino de llegar a una sola opción que integre a todas.

33Esta forma de decisión se opondría enteramente a la de la regla mayoritaria que prevalece en la democracia occidental, que implica elegir entre varias opciones, distintas y a menudo irreconciliables, y que por lo tanto supone un voto. La decisión final refleja la elección de la mayoría, a la que la minoría debe plegarse. La forma consensual, por el contrario, pone el acento en la integración, la complementariedad, y puede prescindir de la emisión de un voto formal, de un sufragio. Los términos empleados en un documento elaborado por los miembros de la organización Servicios del Pueblo Mixe nos parecen especialmente representativos de esta concepción política:

  • 15 Citado por Hermann Bellinghausen, en La Jornada, 22 de febrero de 1997.

El sufragio en sí implica la capacidad de emitir un voto. Emitir un voto lleva implícita la idea de una mayoría y una minoría; en el caso de nuestras comunidades y pueblos indígenas, en el nombramiento de autoridades va implícita a la idea de la complementariedad, por lo tanto, la concepción del consenso como la forma más idónea para nombrar a nuestras autoridades.15

34Los dirigentes de Ser contraponen aquí la práctica del consenso a la del “sufragio universal, libre, secreto y directo”, que los legisladores pretenden instaurar en todos los municipios de Oaxaca, en la reforma electoral de 1997. Toda decisión concerniente a la comunidad debe tomarse de forma colectiva y pública, para poder justamente producir el consenso.

  • 16 Floriberto Díaz Gómez, Comunalidad: más allá de la democracia, mimeo., s.f.
  • 17 Ibid.

35Algunos, como Floriberto Díaz, hacen una distinción entre consenso y unanimidad. El primero permite la disidencia, a la vez que se las arregla para que las “contribuciones de los disidentes completen la palabra de la mayoría”;16 la unanimidad, en cambio, parece implicar la negación total del desacuerdo. Aun así, el voto no deja de parecer una “degradación” de las formas tradicionales de decisión, una “importación” de los maestros que querían aplicar en las asambleas las reglas que aprendieron en el marco de la escuela: hablar por turno, alzar la mano para pedir la palabra, no hacer ruido, etcétera. Habrían contribuido así a sustituir el “cuchicheo” y el consenso por el voto a mano alzada y el principio de mayoría,17 procesos “occidentales” ambos que contribuyen, según Floriberto Díaz, a degradar las formas indígenas de deliberación.

36El consenso es indisociable de un segundo principio, trasfondo de la democracia comunitaria: el de “mandar obedeciendo” –que retomaron los neozapatistas en sus comunicados–, según el cual las autoridades comunitarias sólo son los “mandatarios” de la asamblea. Su papel se limitaría a “recoger” los acuerdos de la asamblea y ejecutarlos. Según esta interpretación, la asamblea es la máxima autoridad de la comunidad que los miembros del ayuntamiento deben consultar regularmente. Éstos no pueden emprender nada importante sin informar a la asamblea. Los miembros de la comunidad ejercen así el control permanente sobre las autoridades; pueden siempre corregirlas, llamarlas al orden o destituirlas si se estima que su comportamiento se aparta de las reglas.

  • 18 C. Lenkersdorf, Los hombres verdaderos, pp. 82-83.

37Es ésta una visión particularmente idealizada de la democracia comunitaria. En la realidad, la “complementariedad” del consenso suele implicar fuertes presiones para que los disidentes se adhieran a las decisiones de la mayoría. Carlos Lenkersdorf muestra hasta qué punto el principio del consenso exige el acuerdo de todos, en cadena. No solamente presupone la eliminación in fine de toda forma de desacuerdo sino que también condena la abstención.18 Como no todas las opiniones ni todas las opciones son necesariamente conciliables, hay que convencer a los que están en desacuerdo con la idea dominante. La coerción puede resultar considerable cuando la minoría representa a pocas personas. La asamblea entera se ensaña con estos pocos “recalcitrantes” para que abandonen su postura y se adhieran a la de la mayoría.

38Más adelante veremos cómo las prácticas contemporáneas de la asamblea se apartan de la lógica del consenso en Oaxaca. Se trata sin duda de una evolución histórica. La influencia de los maestros, pero también de las legislaciones agrarias y electorales que se sucedieron en el curso de los dos últimos siglos, transformaron profundamente las prácticas locales. El voto forma parte de las costumbres en la mayoría de los municipios, a menudo en la forma de un voto individual a mano alzada. Sin embargo, subsisten comunidades en las que la elección de las autoridades locales se hace por aclamación, como manera de expresar el acuerdo unánime de las personas reunidas. Las personas nombradas han sido seleccionadas previamente por el consejo de ancianos o bien han sido objeto de prolongadas deliberaciones en el seno de una o de varias asambleas comunitarias. Al cabo de un largo proceso de decantación, en el que se evalúan las cualidades y la carrera de servicio comunitario de los “candidatos”, la asamblea expresa su elección definitiva con un aplauso o con una exclamación colectiva. Así pues, se trata más de la ratificación de una selección efectuada ex ante que de una verdadera elección.

LA PERSECUCIÓN DE LOS PARTIDOS: NOSTALGIA DE LA UNANIMIDAD E INTOLERANCIA POLÍTICA

39Empero, aun si el consenso no es un principio aplicado por doquier y para todas las decisiones, no por ello deja de ser un ideal transmitido por las élites locales y los intelectuales orgánicos del movimiento indígena. Un ideal que inspira en parte la reforma de 1995 y 1997 en lo tocante a las costumbres electorales municipales. Descansa en el principio de unidad. La finalidad de las prácticas consuetudinarias –y de su legalización– es preservar la unidad de las comunidades. Sistemáticamente la costumbre es contrapuesta a los partidos políticos, concebidos como factores de división. Para luchar contra el “mal de la política”, sinónimo de confrontación y de disputa, lo conveniente es defender o rescatar las antiguas formas de decisión y de acción comunitarias. La diversidad de opiniones es aceptada mientras no obstaculice la realización del proyecto común, de la unidad comunitaria. La divergencia de intereses y la competencia por el poder son concebidas como un peligro, un mal que hay que combatir, al mismo título que el individualismo, si no se quieren perder los valores de la comunidad.

40Es éste un ideal poco conciliable con los principios de la democracia electoral que se desarrolla en México con la creación de instituciones electorales autónomas y la consolidación del sistema de partidos. La unidad comunitaria presupone la adhesión de todos los individuos a los valores y a las tareas comunes (cargos civiles y religiosos, tequio, las fiestas patronales, etcétera). Excluye, pues, toda posibilidad de institucionalización de la disidencia o del desacuerdo. Si las personas toman partido, los que no hayan ganado las elecciones se negarán a participar en las labores colectivas. La autoridad ya no será la de toda la comunidad sino la de un grupo, de una facción.

  • 19 Ma. C. Velásquez Cepeda, El nombramiento, p. 159.

41La búsqueda de la unidad puede ser sumamente represiva. Lo vimos en el caso de San Agustín Chayuco, donde trae aparejada la exclusión de los opositores. La exclusión opera en el mismo registro que el de la persecución de los disidentes religiosos. En San Pedro y San Pablo Ayutla, el grupo de maestros que en 1995 se erigen en defensores de las costumbres en contra de la injerencia del pri, se movilizaron desde principios de los años ochenta para expulsar a los promotores de la Iglesia evangélica, acusados de poner en peligro la unidad de la comunidad. La asimilación del fenómeno partidista con el de las sectas no es únicamente discursiva, sino que tiene implicaciones muy concretas. En muchos municipios de la región mixe se reprime y expulsa a los miembros de iglesias protestantes (esencialmente evangélicos y pentecostales). Como en Santa María Tlahuitoltepec, donde varias decenas de familias tuvieron que abandonar la comunidad en 1994 e instalarse en los afueras de la ciudad de Oaxaca. El argumento principal es que los conversos se rehúsan a participar en las tareas comunes y a cumplir con los cargos que les asignan las asambleas o la autoridad. Al hacerlo violan el principio de reciprocidad que une a todos los miembros de la colectividad. Los que no contribuyen al servicio comunitario hacen que aumente automáticamente la carga de trabajo que deben asumir los demás.19 No es la doctrina religiosa la que se impugna sino la adhesión de todos a los valores y normas comunitarios a los que están integradas las funciones religiosas (ligadas al culto católico) y civiles.

  • 20 Entrevista con Federico Villanueva Damián, alcalde de Ayutla (1994), 27 de julio de 1998.
  • 21 Ibid.

42El rechazo de la disidencia religiosa parece reproducirse en lo que toca a la adhesión partidista. Las personas que dan prioridad a su pertenencia a un partido político ponen también en peligro la organización comunitaria. La lealtad a un grupo, a una facción, reemplaza la adhesión a la comunidad y amenaza la necesaria unidad para su funcionamiento. Con los casos citados demostramos que durante mucho tiempo las comunidades no han conocido más que al pri. La división procede entonces de los partidos de oposición o bien del propio pri, cuando no respeta las cláusulas del antiguo pacto clientelista e interviene directamente en el interior de la comunidad para apoyar una facción en detrimento de las demás. Los partidos rompen entonces con el consenso y los mecanismos tradicionales de regulación de los conflictos de intereses. La minoría puede aspirar no solamente a que la escuchen, sino también a mantener su posición en el caso de que no consiga convencer a los demás. El acuerdo unánime ya no es posible. La unidad está rota, dado que el conflicto encarnado por los disidentes se niega a reabsorberse y reivindica, por el contrario, el reconocimiento público. El multipartidismo se asocia entonces a una enfermedad que es necesario sanar si se quiere salvar a la comunidad. “En Ayutla –nos dice Federico Villanueva, ex presidente municipal– se considera a los partidos como el cólera”,20 y en 1995 manda pegar en los muros de Ayutla el lema que copió de la campaña nacional contra esta enfermedad: “Ciudadano de Ayutla, el pri provoca el cólera, mantén limpio tu pueblo de partidos políticos.” Recurre a la etimología más elemental para justificar la condena de los partidos: “decidimos prohibir los partidos en Ayutla porque para nosotros, en principio, la palabra partido implica una división, una partición”.21

  • 22 También en nombre de las costumbres, estas mismas autoridades restablecen los castigos corporales (...)

43Aunque no les guste a los teóricos de la democracia indígena, el consenso se confunde peligrosamente con la unanimidad más ramplona. En nombre de la defensa de la unidad comunitaria, las autoridades pueden prohibir ciertas prácticas religiosas, excluir del voto a los avecindados o a las mujeres (si tal es la costumbre) y sancionar roda actividad partidista. En Ayutla, una vez más, en 1995, el delegado regional del pri estuvo a punto de ser linchado: las autoridades lo arrestaron, le ataron las manos por detrás con cuerdas y lo “pasearon” descalzo por las calles del pueblo, entre los insultos y los empujones de la turba, antes de juzgarlo en la plaza pública y condenarlo a la expulsión, acusado de dividir a la comunidad al hacer propaganda en pro de su partido y en contra de las autoridades de la cabecera. Es verdad que se trata de una persona ajena al municipio que pretende defender, apoyándose en el clientelismo más elemental, los intereses de una sola familia, la de Noel Martínez Villanueva, acusada, entre otras cosas, de usurpar terrenos comunales. La causa parece justa y este acto de violencia forma parte de una larga serie de incidentes de los que Noel Martínez Villanueva y los representantes locales del pri son los principales responsables. Pero la asimilación apologética del linchamiento a un acto de justicia comunitaria no deja de ser problemática.22 Refleja las desviaciones de una concepción de la comunidad con tintes fundamentalistas. En la búsqueda de una unidad idealizada, las autoridades municipales se proponen liberar a la comunidad de sus enemigos internos y externos. Asimilar los partidos políticos a lo patológico y convocar a la purga recuerdan sorprendentemente la propaganda de los regímenes totalitarios del siglo xx.

VOTO COMUNITARIO Y SUFRAGIO UNIVERSAL: ALGUNAS DIFERENCIAS PRÁCTICAS

44El ideal de la democracia comunitaria no se basa solamente en la visión y en el discurso político de una élite indianista. Al igual que cualquier bricolaje identitario, descansa en normas y prácticas reales. Aun cuando la praxis consuetudinaria suele estar muy alejada de lo que los actores dicen, éstos no la inventan del todo, sino que tejen un modelo comunitario a partir de un número relativamente reducido de elementos dispersos, difusos, incluso incoherentes, pero lo bastante consistentes como para marcar una diferencia. Para retomar la perspectiva de fredrick Barth, las fronteras identitarias no se levantan en el desierto, no son meras construcciones subjetivas. Son posibles (y plausibles) porque todas están construidas sobre elementos reales, palpables (fenotipo para la etnicidad, pero también instituciones, prácticas, normas heredadas del pasado en toda colectividad humana). La democracia comunitaria es una invención, pero basa sus raíces en una concepción y una práctica de la ciudadanía que se diferencian realmente del modelo liberal. Esta diferencia concreta está lejos de ser absoluta –como veremos más adelante–, pero nutre actitudes de rechazo que se contraponen a la democracia electoral y que sin querer favorecen la hegemonía del pri.

  • 23 Guilermo Trejo y José Antonio Aguilar, “Etnicidad y consolidación democrática. La organización de (...)
  • 24 Ibid.

45La defensa de los usos y costumbres y el rechazo de los partidos políticos son problemáticas a la hora de organizar las elecciones supramunicipales. La elección de diputados (locales y federales), gobernadores, senadores y presidente de la república, se realiza por medio del sufragio universal, individual y secreto; obligatoriamente, los candidatos deben estar registrados por alguno de los partidos políticos oficialmente reconocidos. De tal manera que el modelo más clásico de la democracia electoral coexiste, en un mismo territorio, con formas de designación de autoridades municipales que, en ocasiones, contradicen sus principios fundamentales. Esta coexistencia no siempre es evidente. Analistas como José Antonio Aguilar y Guillermo Trejo han demostrado que la preparación y el desarrollo de las elecciones federales son más conflictivos en aquellos municipios donde la elección municipal se realiza por usos y costumbres.23 Surgen conflictos tanto en el momento de la selección y formación de los funcionarios de casilla, como el propio día de la elección. Los incidentes más usuales ocurren cuando las autoridades municipales o tradicionales (los ancianos) sustituyen a los jóvenes o a las mujeres seleccionados por sorteo, por personas que ocupan una posición más alta en la jerarquía comunitaria. Según declaraciones recogidas en uno de los municipios de la Mixteca, los ancianos no aceptan que los jóvenes sean responsables de las casillas de voto “porque todavía no han sido mayordomos”.24 En algunos casos, los maridos ocupan el lugar de sus esposas, o sencillamente les impiden que se presenten en las sesiones de capacitación que el ife organiza para los futuros funcionarios de casilla. Ocurre lo mismo con los disidentes religiosos: las autoridades municipales suelen ver con malos ojos que esas “ovejas descarriadas” tengan responsabilidades oficiales en el desarrollo de las elecciones.

46También es frecuente que los maridos voten en nombre de su mujer o de sus hijos, cuando éstos han alcanzado la edad de votar pero todavía no son independientes. Los jefes de familia acuden a las urnas con las credenciales de elector de los miembros de su familia y ellos mismos llenan el número correspondiente de boletas. Este procedimiento parece tan natural que los mismos funcionarios de casilla no siempre se oponen. Los propietarios de las credenciales se limitan a extender el pulgar para que se los marquen con tinta indeleble, como lo marca la ley.

  • 25 David Recondo, “Usos y costumbres y elecciones en Oaxaca. Los dilemas de la democracia representat (...)

47Estas “anomalías” reflejan una concepción y una práctica particulares de la ciudadanía. Mientras que para las elecciones supramunicipales el sufragio es “universal, libre, secreto, directo y personal”, en las elecciones consuetudinarias no siempre es universal, ni secreto, ni personal. Ya mencionamos varias veces que en muchos municipios solamente los hombres tienen derecho a participar en las asambleas. Pero tampoco todos los hombres lo tienen: el derecho de elegir y ser electo depende de otros factores que tienen ver con los servicios comunitarios. El varón, aunque tenga menos de 18 años, debe participar en el tequio y ocupar cargos públicos a partir del momento en que está casado y se vuelve jefe de familia. En ciertas comunidades, sin embargo, los solteros están obligados a participar en los cargos civiles y religiosos –en el punto más bajo del escalafón–, con lo cual adquieren el derecho a opinar en las asambleas. En este punto las normas varían de comunidad en comunidad. Además de las mujeres y los jóvenes, hemos visto que los avecindados y los habitantes de las agencias no siempre tienen derecho a participar en las asambleas de elección de las autoridades municipales, a menos que ya hayan participado en el sistema de cargos de la comunidad-cabecera (lo que a su vez no siempre es admitido por los originarios). En general, las costumbres dan lugar a un sufragio censitario, aun cuando el canon adquiera aquí la forma de una participación en las tareas comunes y no solamente la de un impuesto.25

48Por lo demás, el voto no es necesariamente personal o individual, ya que el jefe de familia puede ejercerlo en nombre de su mujer y de sus hijos. Tampoco es siempre directo, pues en ciertos casos son las autoridades de las agencias las que acuden a las asambleas de la cabecera para participar en la elección del ayuntamiento, en nombre de sus comunidades. Durante muchos años esta forma colectiva e indirecta del voto se aplicó a las elecciones municipales (cuando era necesario “ratificar” la planilla única para las urnas), aunque también a las supramunicipales: las autoridades locales se encargaban de llenar todas las boleras electorales en nombre de la comunidad. A partir de los años noventa esta práctica dejó de ser posible: con la nueva reglamentación electoral y la consolidación de los partidos de oposición, las casillas de voto se instalan sin falta y solamente las personas que poseen una credencial de elector pueden votar. Sin embargo, todavía llega a ocurrir que la decisión del voto sea tomada colectivamente en las elecciones supramunicipales. Los electores se limitan entonces a ratificar individualmente, en la confidencialidad de la mampara, la decisión de la asamblea.

49Sin duda es en las formas materiales donde el voto consuetudinario se aparta más del voto prescrito por la ley en las elecciones supramunicipales: casi nunca es secreto. Según una encuesta realizada en 1997, en casi 250 municipios consuetudinarios el voto se hace a mano alzada; en el resto cada elector lo inscribe en un pizarrón, lo deposita en una urna o bien lo comunica confidencialmente a un escrutador. También se expresa en forma de aclamación o de aplauso. Por último, en algunos casos los electores se forman en línea detrás del candidato de su preferencia.

  • 26 Entrevista con Pedro Nicolás Alavez, tatamandón y presidente del comité municipal del pri en San A (...)

50Estas técnicas de voto muestran hasta qué punto el principio de mayoría forma parte de las costumbres, al menos en lo referente a la designación de las autoridades locales. El carácter público del voto no deja de reflejar una lógica propia de la elección consuetudinaria: durante mucho tiempo, el voto comunitario no constituyó más que un acto de legitimación de una decisión tomada por la vía de la deliberación (del consejo de ancianos, del cabildo o bien de la misma asamblea comunitaria). Sólo había que ratificar una decisión tomada con antelación, más que efectuar una selección individual entre varios candidatos posibles. Aun cuando desde los años sesenta y setenta la lógica de la mayoría tiende a reemplazar la del consenso, es muy probable que esta función de legitimación vaya de la mano de la elección propiamente dicha. Es un acto ritual, cuya principal función es de orden simbólico: el objetivo es reforzar la unidad de la comunidad expresando públicamente su acuerdo. Si es secreto, el voto puede que no llene esta función de unificación y de producción del consenso. Amenaza con debilitar la lógica que hace que la minoría en desacuerdo o los indecisos se alineen con la mayoría. Las palabras de un tatamandón de San Agustín Chayuco ilustran perfectamente esta lógica: “[Con el voto secreto] las personas dicen una cosa, pero luego tachan la boleta de otra forma... se burlan. Es mejor que veamos por quién vota cada uno, marcándolo en un pizarrón. [...] Así, los que no saben cómo votar ponen su cruz donde hay más... aunque no estén de acuerdo”.26

51Pero la explicación antropológica no debe desechar otra mucho más prosaica: son los caciques los que se oponen al uso del voto secreto en las decisiones colectivas porque quieren seguir controlando a la disidencia. Una vez más, la unidad comunitaria expresa también la unidad de una cierta configuración de las relaciones de poder, equilibrio en ocasiones frágil que los rituales consuetudinarios sirven para legitimar y preservar. Ilustramos este fenómeno ya varias veces al describir el caso de San Agustín Chayuco o el de Santiago Matatlán, sobre todo. En estos dos municipios las autoridades en turno manifiestan particular insistencia en que la elección municipal se realice públicamente, a mano alzada o marcando en un pizarrón. Es evidente que lo que quieren es asegurarse de que las personas a las que hicieron “favores” voten por su candidato.

  • 27 Juan Pedro Viqueira, “Los indígenas y la democracia: virtudes y límites del sistema electoral y pa (...)

52Estas concepciones de la ciudadanía y las formas de ejercerla entran en contradicción con la que está en vigor fuera de los municipios. No es sorprendente que ello produzca interferencias durante las elecciones supramunicipales. Lo que es legítimo a los ojos de la costumbre no lo es para la ley. La confidencialidad del voto no siempre se respeta; las autoridades locales se arrogan el derecho de supervisar el desarrollo de las elecciones, y las mujeres y las minorías religiosas o étnicas no siempre pueden ejercer su derecho al voto. Como subraya Juan Pedro Viqueira, en el caso de Chiapas estas prácticas no favorecen el arraigo de la democracia electoral en las zonas indígenas.27 La costumbre del voto corporativo no ha desaparecido completamente, pese a la nueva ingeniería electoral. En las comunidades donde el pri sigue siendo identificado con el gobierno, la decisión colectiva favorece siempre a los candidatos oficiales. Las credenciales infalsificabies, el sorteo para constituir las mesas de casilla electoral y la instalación de mamparas no siempre son garantía suficiente para impedir que se perpetúen añejas prácticas.

El boicot de las elecciones estatales y federales

  • 28 En 2000, Ayutla, Matatlán y Eloxochitlán aceptan participar en las elecciones federales.

53En Oaxaca, la contradicción entre los dos órdenes jurídico-institucionales se vio agravada por el hecho de que la ley electoral prohibe la participación de los partidos políticos en las elecciones locales de más de 70% de los municipios. Aun cuando la costumbre sólo tiene jurisdicción local, su legalización ha dado lugar a distorsiones poco propicias para la consolidación de los partidos políticos. El problema es que éstos siguen siendo el único canal posible para registrar candidatos a las elecciones supramunicipales. La defensa de la unidad comunitaria en contra de la injerencia de los partidos puede dificultar la consolidación del multipartidismo. Los dirigentes que asocian a los partidos con lo patológico, con frecuencia rayan en el antielectoralismo más radical. Esto tiene consecuencias prácticas: durante las elecciones federales de 1997 y de 2000, y las estatales de 1998 y 2001 –para diputados locales y gobernador– llegó a ocurrir que algunas autoridades prohibieran a los candidatos hacer campaña dentro del territorio municipal. Algunas impidieron incluso que la elección se realizara. Los municipios de San Pedro y San Pablo Ayutla, Maza-tlán Villa de Flores y Eloxochitlán de Flores Magón tomaron esta resolución en 1997. En 1998 se sumó San Juan Quiahije. En 2000 Santiago Zacatepec, San Juan Cotzocón y Estancia de Morelos –una agencia de Santiago Atitlán–, todos en la región mixe, impidieron incluso la instalación de las casillas.28

54En cada uno de estos municipios la decisión de prohibir las campañas y la instalación de casillas tiene sus peculiares motivos, aunque existen puntos en común. En casi todos los casos la decisión se inscribe en el contexto de un conflicto interno que enfrenta a dos facciones, una de las cuales recibe el apoyo del pri. Como en Ayutla, la decisión de mantenerse apartados de los procesos electorales se toma en una asamblea comunitaria, convocada por las autoridades municipales a fines de 1995. El conflicto con la familia Martínez Villanueva, que data de 1994, alcanza el paroxismo. Noel Martínez Villanueva azuza a las agencias en contra de la cabecera para colocar en el ayuntamiento a personas que lo favorezcan y le permitan recuperar sus bienes. Para ello recibe el apoyo del pri, por medio de su cuñado, Teódulo Domínguez, elegido diputado local en agosto de 1995. Los maestros que controlan el poder desde 1994 intensifican la movilización de los habitantes de la cabecera para controlar lo que describen como una “tentativa de desestabilización” de parte de su adversario. En ese momento lanzan una verdadera cruzada contra los partidos políticos: expulsan al representante regional del pri, cierran las oficinas del iee –instaladas en el municipio un poco antes– y decretan que en el futuro ningún candidato podrá hacer campaña. Con esto los maestros pretenden cortar los apoyos de su adversario. No hacen ninguna distinción entre pri, iee y los demás partidos. Cuando afirman que Ayutla “lucha contra la injerencia de los partidos y por la defensa de su autonomía”, se refieren sobre todo al pri, cuyos operadores locales apoyan a Noel Martínez Villanueva. Los otros partidos, el prd incluido, brillan por su ausencia. Los maestros –y la franja de la población local que los respalda– adoptan entonces una postura radical de repliegue comunitario: frente a un sistema político corrupto, que apoya a los “enemigos de la comunidad”, deciden prohibir toda actividad electoral en territorio municipal.

  • 29 Entrevista con Aristarco Aquino, maestro originario de Yalalag, antiguo dirigente de la sección XX (...)

55El boicot de las elecciones refleja también una segunda dinámica, estrechamente ligada a la primera, que dice mucho de la falta de legitimidad del sistema electoral y de la cultura política de las élites indígenas en las regiones más marginadas. En efecto, las autoridades municipales tratan de presionar al gobierno para que dé respuesta a demandas, algunas antiguas, que van de la asignación de recursos financieros adicionales a la solución de una controversia (como en el caso de Ayutla, sobre los terrenos y la empresa de la familia Martínez Villanueva), pasando por la solicitud de apertura de una secundaria. En todos los casos, para las autoridades –que son maestros en su mayoría– las elecciones son “asunto del gobierno”, algo oficial, pero no un medio que permita a los ciudadanos, con su voto, influir en la orientación de las políticas públicas. Sin duda no están del todo erradas al considerar que las elecciones no son más que un medio de legitimación en manos del gobierno, un juego cuidadosamente orquestado por el pri para afianzar mejor su hegemonía. Bajo el régimen monolítico del pri, hasta los años noventa, las elecciones no han sido más que un ritual, una formalidad administrativa destinada a legitimar a los candidatos del partido oficial. En el caso de los maestros, cabe agregar a esta experiencia de elecciones falseadas, una ideología antielectoralista de inspiración marxista entre los unos y católica entre los otros. El movimiento de los maestros para la democratización de su sindicato en los años ochenta, da origen a una corriente que pone el acento en las decisiones tomadas “en la base”, en los comités de sección, y ya no en la cúpula, por los delegados de los que se sospecha que se venden al gobierno. Esta tendencia se vuelve dominante en el estado de Oaxaca. Los más radicales, los “ultras”, tienen una concepción de las elecciones heredada del movimiento universitario de 1968: las elecciones son un asunto de Estado, un instrumento de control en manos del gobierno y de la clase dominante. Aunque los “ultras” no ocupan los cargos de dirección sindical en Oaxaca, su discurso tiene gran influencia en la mayoría de los maestros.29

56El boicot de las elecciones expresa también una nueva corriente política que se consolida después de la aparición de la guerrilla zapatista en Chiapas. Centrado en un discurso autonomista, este movimiento cuestiona el sistema de partidos, que considera que no representa los intereses de los indígenas.

  • 30 Adelfo Regino Montes, “La elección por partidos, ¿único camino?”, En Marcha. Realidad Municipal de (...)

57Aquí también la lucha es profundamente antipriísta, sin inclinarse por ningún partido. Organizaciones como oidho –en la Sierra Sur–, el Frente Único de Presidentes Municipales de la Región Mazateca o Ser, comparten esta orientación. Su objetivo es consolidar espacios de poder local autónomos, que ya no estén sometidos al control clientelista del pri, y reivindicar también la instalación de nuevos mecanismos de representación política que no pasen por los partidos políticos y que serían como una especie de proyección, en el plano regional, del sistema de usos y costumbres: los candidatos indígenas se designarían en las asambleas regionales, tomando en cuenta su trayectoria comunitaria y municipal.30

58Este movimiento autonomista se expresa claramente en San Juan Quiahi-je, Mazatlán Villa de Flores y Eloxochitlán de Flores Magón, donde la articulación regional es más visible. Pero también está presente en la región mixe, en Ayutla, Zacatepec, Alotepec y Cotzocón, municipios donde Ser tiene cierta influencia. Aun cuando este movimiento es portador de un cambio político a largo plazo, en la coyuntura electoral de 1997, 1998 y 2000, alienta una abstención que beneficia al pri. En algunos de los municipios donde las autoridades locales impiden la instalación de urnas, la elección tiene lugar de todos modos en las agencias, donde los candidatos del pri casi siempre ganan las elecciones. En todos los casos, los más penalizados son los candidatos de la oposición, ya que es precisamente en las cabeceras donde se han llevado más votos en elecciones anteriores. Esto le permite al pri seguir siendo el partido mayoritario, aunque pierda votos en lo absoluto.

La abstención al servicio del pri

  • 31 Los tres municipios con 100% de abstención son aquellos en los que las autoridades municipales pro (...)

59En términos generales, la abstención es más elevada en los municipios consuetudinarios que en los de partido. El 2 de agosto de 1998 el promedio de abstenciones alcanza el 53.8% en los municipios consuetudinarios y el 48.8% en los de partido, una diferencia de 5% entre las dos categorías de municipios. Esta diferencia es todavía más marcada en las elecciones federales del 2 de julio de 2000: en los municipios de partidos el promedio de abstenciones es de 38.6%, mientras que en los consuetudinarios se eleva a 48.9%. La abstención disminuyó un 4% en comparación con 1998, pero la diferencia entre los dos tipos de municipio se duplicó. Si distinguimos los municipios en función del nivel de abstención, el contraste es todavía más llamativo: en 1998, en 228 de los municipios consuetudinarios (55%) la abstención rebasa el 50% en las elecciones legislativas, mientras que solamente 55 municipios partidistas (36%) tienen el mismo nivel de abstención (véase el cuadro l).31

Cuadro 1. Elecciones legislativas locales del 2 de agosto de 1998

Cuadro 1. Elecciones legislativas locales del 2 de agosto de 1998

Fuente: elaborado por el autor con datos del iee.

  • 32 Dos de los tres municipios que rebasan 80% de abstenciones son Santiago Atitlán (89%), una de cuya (...)

60El contraste también se acentúa en el momento de las elecciones federales del 2 de julio de 2000: en 171 municipios consuetudinarios (40%) la abstención rebasa el 50%, mientras que solamente 11 municipios partidistas (7%) tienen entre 50 y 60% de abstención. Los niveles más elevados de abstención se ubican en los municipios consuetudinarios: mientras que en ningún municipio partidista hay más de un 60% de abstenciones, 14 municipios consuetudinarios tienen entre 71 y 89% de abstenciones (véase el cuadro 2).32

Cuadro 2. Elecciones federales del 2 de julio de 2000

Cuadro 2. Elecciones federales del 2 de julio de 2000

Fuente: elaborado por el autor con datos del iee.

  • 33 Entrevista con Aristarco Aquino, Oaxaca, 2 de agosto de 1997.

61No podemos dejar de establecer un lazo directo entre el régimen de usos y costumbres, la abstención y el voto priísta. La prohibición de que los partidos intervengan en las elecciones municipales dificulta la difusión de su programa y de sus candidatos. Estos últimos suelen enfrentar dificultades para hacer campaña en los municipios consuetudinarios. Es frecuente que las autoridades municipales les prohiban realizar reuniones públicas o distribuir propaganda. Algunos municipios, como Ayutla o Tlahuitoltepec, prohibieron incluso que sus candidatos pegaran carteles o pintaran lemas en las paredes del pueblo. La mayoría de las veces son los candidatos de la oposición los que pagan el costo de estas medidas. En ocasión de las elecciones federales de 1997, por ejemplo, Aristarco Aquino, el candidato del prd en el distrito 4, lamenta haber encontrado considerables obstáculos en la conducción de su campaña electoral. En varios municipios de la región mixe las autoridades municipales le impidieron distribuir propaganda o ir de puerta en puerta.33

62Los candidatos del pri gozan a menudo de una mejor recepción. En la mayoría de los municipios siguen siendo considerados candidatos “oficiales” a los que no conviene negarles nada si se quiere contar con la ayuda gubernamental. Continúan exigiendo a las autoridades municipales que reúnan a los habitantes del pueblo y a los representantes de las agencias para convencerlos de que voten por ellos. Sin embargo, en ciertos casos las autoridades municipales imponen las mismas reglas a todos los candidatos, pero los del pri tienen más ventaja en virtud de que su partido es a menudo el único que los electores conocen. Aun cuando sus campañas pasan inadvertidas, saben que en el momento de cruzar las boletas los electores reconocen primero el logotipo del pri, que tiene los colores de la bandera nacional. El partido del gobierno posee un núcleo duro clientelista en las regiones más marginadas. Los medios de los candidatos de la oposición son mucho más limitados y éstos deben hacer frente a la desconfianza e incluso a la hostilidad de las autoridades comunitarias y municipales, sean priístas o no.

63Esto explica sin duda que los resultados del pri sean más elevados en los municipios consuetudinarios que en los otros. Por ejemplo, en las elecciones del 1998 los candidatos del pri obtienen 50.6% de los sufragios manifestados en la primera categoría de municipios y 45% en la segunda. En cambio, el pan casi triplica sus resultados en los municipios partidistas, donde obtiene el 13.6% de los sufragios, contra 5.3% en los otros. En cuanto al prd, éste obtiene prácticamente los mismos resultados en los dos tipos de municipios (34% de los sufragios) (véase el cuadro 3).

64En 2000, la diferencia entre los municipios consuetudinarios y los demás se acentúa: el pri obtiene 50.2% de los sufragios en los primeros, contra 40.6% en los segundos. El pan triplica sus resultados en los municipios consuetudinarios (17.1% de los sufragios declarados), pero obtiene siempre más sufragios en los municipios partidistas (27%). Los resultados del prd siguen siendo casi equivalentes en las dos categorías de municipios (23.4% en los consuetudinarios y 25.2 en los demás) (véase el cuadro 4). Estas cifras muestran hasta qué punto el pri se beneficia de una plusvalía consuetudinaria que le permite seguir siendo mayoritario en más de 400 municipios en las elecciones supramunicipales; en efecto, los resultados del pri disminuyen en 4.4% en los municipios partidistas entre 1998 y 2000 pero siguen siendo estables en los consuetudinarios.

Cuadro 3. Resultados de las elecciones legislativas locales del 2 de agosto de 1998 (porcentaje de sufragios válidos)

Cuadro 3. Resultados de las elecciones legislativas locales del 2 de agosto de 1998 (porcentaje de sufragios válidos)

Fuente: elaborado por el autor con datos del iee.

Cuadro 4. Resultados de las elecciones legislativas federales del 2 de julio de 2000 (porcentaje de sufragios válidos)

Cuadro 4. Resultados de las elecciones legislativas federales del 2 de julio de 2000 (porcentaje de sufragios válidos)

Fuente: elaborado por el autor con datos del iee.

65La diferencia entre los resultados del pri de una categoría de municipios a la otra se debe a la abstención. Así, en 1998, mientras alcanza ésta un 5% más en los municipios consuetudinarios en comparación con los partidistas, el pri obtiene también un bono de 5% en la primera categoría de municipios, en tanto que los resultados del prd permanecen estables y los del pan disminuyen. En 2000 el fenómeno se reproduce: la abstención y los resultados del pri marcan ambos una diferencia de 10% entre las dos categorías de municipios. La correlación se confirma cuando examinamos los resultados del prd en comparación con los inscritos: se mantienen en el mismo nivel en las dos categorías de municipios (23.4% en los municipios de usos y costumbres contra 25.2% en los municipios de partidos políticos). El prd parece absorber la diferencia de abstención que se observa entre los municipios consuetudinarios y los otros.

66Así pues, al parecer existe una cierta correlación entre las costumbres, la abstención y los resultados electorales. Aun cuando la oposición va en continuo progreso en ambas categorías de municipios, ello no impide que el pri goce de una peculiar estabilidad. Hecho tanto más notorio cuanto que en el resto del país las elecciones del 2 de julio de 2000 marcaron un verdadero cambio: el pri retrocedió espectacularmente, incluso en estados como el de Chiapas, donde obtuvo sus mejores resultados hasta los años noventa. Mientras que en el plano federal el candidato del pan, Vicente Fox, gana las elecciones presidenciales, en Oaxaca es el candidato del pri, Francisco La-bastida Ochoa, el que obtiene más votos. Oaxaca se vuelve así uno de los estados donde mejor le va al pri. Aunque no se puedan establecer relaciones de causalidad mecánicas entre la preeminencia de los usos y costumbres y el comportamiento electoral, no podemos dejar de pensar que la debilidad de la oposición se debe en parte a lo peculiar de las instituciones oaxaqueñas. La coexistencia de códigos de legitimación con prácticas políticas diferenciadas hace más difícil –pero no imposible– la consolidación de un sistema electoral basado en la competencia entre partidos políticos y el sufragio universal e individual.

EL PESO DE LOS CARGOS: EOS LÍMITES DEL GOBIERNO COMUNITARIO

67Las costumbres no se reducen a los procedimientos de designación de las autoridades municipales. Deliberadamente distinguimos las prácticas del voto de las normas de acceso al poder local, por razones heurísticas pero también porque consideramos que los procesos electorales no son solamente técnicas neutras que estructuran el juego político a la vez que reflejan las relaciones de fuerza. También es conveniente considerar las costumbres como instituciones y prácticas del gobierno local. El régimen electoral de usos y costumbres forma parte de un todo institucional complejo cuyo funcionamiento contrasta a menudo con la imagen idealizada de una sociedad indígena convival y solidaria.

Comunidad vs. individuo: efectos perversos de la solidaridad obligatoria

68La especificidad de los usos y costumbres no estriba únicamente en los procedimientos de designación de las autoridades municipales. Como describimos someramente en el capítulo 1, se trata también, y sobre todo, de una forma particular de gobierno local que descansa en el principio del servicio obligatorio: toda persona perteneciente a la comunidad o a una de las comunidades del municipio debe cumplir un cierto número de cargos a lo largo de su vida. Éstos pueden durar de uno a tres años. Hay cargos civiles, más directamente ligados a la gestión municipal, que incluyen los del ayuntamiento y los diferentes comités municipales. Hay que agregar los cargos religiosos, que tienen que ver con el mantenimiento de la iglesia y de las capillas del pueblo, con la celebración de las fiestas patronales y con las mayordomías. Finalmente, los miembros de la comunidad –o del ejido– deben desempeñar funciones agrarias. Cada núcleo agrario posee un comisariado, encargado de administrar los asuntos agrarios (repartición de parcelas, resolución de disputas sobre los límites de los núcleos y, en el interior de éstos, entre los titulares de las parcelas, etcétera). Los miembros del comisariado también son designados por la asamblea de comuneros o de ejidatarios y deben cumplir con sus funciones durante tres años.

  • 34 Según la encuesta realizada por María Cristina Velásquez en 412 municipios consuetudinarios, en má (...)

69Estos diferentes cargos generalmente no son remunerados.34 Además de la falta de salario que suponen (el carguero debe dejar de trabajar para poder cumplir sus funciones públicas), algunos traen aparejados gastos considerables. Los cargos religiosos son sin lugar a dudas los más costosos. En Tlahuitoltepec, por ejemplo, en la región mixe, el capitán de festejo debe erogar alrededor de 25 mil pesos y en los Valles Centrales los mayordomos deben desembolsar más de 50 mil pesos. Es lo mismo para los que deben financiar los fuegos artificiales para la fiesta patronal, que a menudo cuestan varios miles de pesos. Los miembros de los ayuntamientos gastan también sumas considerables en rituales y ceremonias que deben celebrar cuando entran en funciones. En las agencias, donde los recursos asignados por la federación siguen siendo insuficientes, las autoridades locales financian por sí mismas sus desplazamientos a la ciudad de Oaxaca, cuando necesitan hacer gestiones ante las instancias gubernamentales.

70Empero, es precisamente la falta de remuneración lo que castiga más a los cargueros. Algunos cargos exigen una disponibilidad constante de sus titulares durante uno o varios años, tiempo durante el que deben abandonar toda otra actividad profesional o económica. Dependen de la familia para cubrir sus necesidades, sobre todo los campesinos. Si su cargo es de tiempo completo, deben recurrir a los miembros de la familia para que cultiven su parcela, cosechen y vendan el producto si obtienen un excedente. Si la ayuda mutua no es suficiente para cubrir las necesidades básicas del hogar, el jefe de familia debe contratar mano de obra adicional. Algunos alcanzan a ahorrar antes de asumir el cargo, pero la mayoría se ve obligada a endeudarse. En las zonas más pobres, las personas a las que la asamblea comunitaria asigna un cargo, a veces se ven obligadas a emigrar por un tiempo para poder reunir el dinero necesario y “aguantar” un año o más sin trabajar. El problema es el mismo para los artesanos o los comerciantes, pero mucho más complicado para los asalariados, que deben solicitar una licencia sin goce de sueldo a sus patrones. Si no se les concede, tienen que renunciar. Solamente los maestros salen bien librados de esta situación: su sindicato ha establecido un acuerdo con la administración que les da derecho a una licencia con goce de sueldo cuando ejercen algún cargo de elección popular. Si los eligen presidentes municipales, continúan recibiendo la totalidad de su salario durante todo su mandato; la administración se encarga de pagar a un sustituto. Si ocupan otro cargo, están obligados a pagar ellos mismos al sustituto, que recibe una paga menor y esto permite al maestro conservar una buena parte de su salario. Este privilegio explica sin duda que en regiones especialmente marginadas, como la mixe, los maestros ocupen la mayoría de los puestos del ayuntamiento y constituyan, de hecho, una especie de clase política profesional. Su situación económica les permite asumir los costos de un servicio municipal no remunerado pero por el que reciben una retribución de manera indirecta.

71Para el resto de la población, el costo del servicio comunitario es elevado. Casi siempre conlleva un endeudamiento y contribuye a un claro deterioro de su situación material. En realidad el sistema de cargos viene a acentuar las dinámicas en curso en las regiones más pobres: los niños en edad de trabajar deben abandonar sus estudios para contribuir a la economía familiar y los jefes de familia se ven obligados a emigrar o a vender una parte de sus tierras para rembolsar las deudas acumuladas durante el servicio. En cuanto a los asalariados, a veces se los obliga a abandonar su empleo, sin garantía de recuperarlo después. En otras palabras, aquello que supuestamente contribuye a que la comunidad sobreviva –el servicio obligatorio– acaba minando la situación material de los individuos y de las familias. Esto porque a los cargos hay que añadir la participación frecuente en labores de interés público, los tequios. Aun cuando los cargueros estén exentos de éstos durante el cumplimiento de su cargo, cuando éste termina deben participar. Todos los adultos, la mayoría de las veces los jefes de familia, deben reservar una cantidad variable de días por año a la realización de trabajos en beneficio de la colectividad.

72Lo brumoso de los cargos y de los tequios se debe en gran parte a su frecuencia. Existen considerables diferencias de un municipio o región a otra. En algunos municipios la asamblea deja pasar varios años antes de volver a designar a las personas que ya han ocupado un cargo y así tienen tiempo para enderezar su situación económica y prepararse a la vez para futuros gastos. No obstante, en muchos municipios los cargos son mucho más frecuentes: los ciudadanos no tienen más que uno o dos años de respiro entre un cargo y el siguiente. Esto depende esencialmente de dos factores: el número de cargos –civiles, religiosos y agrarios– y el número de habitantes. Algunos municipios tienen menos cargos que otros. En los cercanos a la capital del estado, por ejemplo, rara vez hay más de una centena de cargos civiles (los del ayuntamiento y los de los comités), mientras que en la región mixe son un mínimo de doscientos cargos permanentes.

73Debido a las transformaciones socioeconómicas y los procesos de cambio cultural, entre otras cosas, se ha producido una disminución de los cargos en los municipios en vías de urbanización. Sin embargo, en los municipios rurales, donde el nivel de pobreza es especialmente elevado y los recursos fiscales insuficientes, el sistema de solidaridad comunitaria juega un papel central en la administración municipal y el desarrollo de infraestructuras (carreteras, sistemas de alumbrado y de alcantarillado, agua potable, etcétera). La movilización de los habitantes de estos municipios es mucho más intensiva, sobre todo porque el Estado con frecuencia utiliza estos mecanismos de solidaridad para llevar a cabo sus políticas sociales. Desde los años sesenta y setenta se crearon comités, a nivel local, para administrar los proyectos de construcción o coordinar los programas de educación y salud. A medida que el Estado va implementando nuevos programas de desarrollo se produce una verdadera inflación de los cargos municipales.

74El fenómeno se intensifica considerablemente en los años ochenta, con los programas de tiendas-cooperativas de la Conasupo y sobre todo con el Pronasol. Miles de comités se crean en el plano municipal y se integran al sistema tradicional de cargos civiles y religiosos. También los tequios son cada vez más numerosos y frecuentes, ya que el Estado condiciona el financiamiento de las obras de infraestructura a la aportación de mano de obra gratuita por los municipios. Los habitantes de éstos se ven obligados a consagrar cada vez más tiempo a las tareas obligatorias. El peso de los cargos y del trabajo en beneficio de la colectividad se vuelve particularmente pesado: en muchos municipios, los habitantes de las agencias deben servir a la vez en su comunidad y en la comunidad-cabecera, doble carga que hace aún más difícil la situación económica de las familias. Además, ello crea un desequilibrio entre los habitantes de las agencias y los de la cabecera, que la mayoría de las veces no participan más que en los cargos y los tequios de su propia comunidad.

75En muchos municipios los cargos se han vuelto tan numerosos que las asambleas experimentan grandes dificultades para encontrar personas disponibles que los ocupen. Esto se aplica en especial a los municipios donde la rotación de los cargos es anual. La cantidad de ciudadanos en edad de contribuir a las tareas comunes no aumenta con suficiente rapidez o bien disminuye seriamente en las regiones de fuerte migración. En la Sierra Norte, por ejemplo, llega a ocurrir que el número de cargos sea casi equivalente al de los habitantes en edad de servir. Así que éstos son constantemente solicitados por la colectividad. En la Mixteca, donde los índices de emigración rebasan, con frecuencia, el 50% de la población, la “mano de obra” comunitaria escasea alarmantemente. Es común encontrar municipios en que los residentes permanentes son solamente los ancianos o las mujeres (aunque éstas han ido migrando cada vez más en los últimos diez años). El sistema de cargos es demasiado pesado para los pocos centenares de personas que se han quedado en la comunidad.

76En general, la solidaridad obligatoria que constituye el sistema de cargos consume una energía individual y familiar considerable, al grado que los miembros de la comunidad se lamentan de no poder ocuparse de sus propios asuntos. La organización comunitaria ilustra perfectamente los límites de todo sistema colectivista. La iniciativa individual o la acción colectiva sectorial (empresa familiar, constitución de grupos de productores, de cooperativas, etc.) con frecuencia se vé obstaculizada por la movilización constante que exige la colectividad debido a los cargos civiles, las fiestas, los tequios. Estamos ante una verdadera paradoja que los cooperantes conocen de sobra: los individuos están tan absorbidos por la solidaridad obligatoria que acaban por no invertir ya en formas de acción colectiva voluntaria y sectorial. Muchos proyectos de cooperativas vegetan o fracasan simplemente porque, por una parte, las autoridades municipales ven con malos ojos una empresa que beneficia a unos pocos y no a la totalidad de la comunidad, y, por otra parte, porque las personas que desean participar no tienen el tiempo ni la energía suficiente para hacerlo, por lo mucho que son solicitadas por la comunidad. Las críticas no vienen solamente de observadores externos, que serian portadores de una ética capitalista ajena a la cosmogonía indígena. Surgen en el interior mismo de las comunidades, donde las jóvenes generaciones cuestionan cada vez más ciertos aspectos de la costumbre, como los gastos excesivos durante las fiestas religiosas. “Nos vamos a ahogar en nuestras costumbres” –nos dice un joven mixe de Tlahuitoltepec. Al igual que muchos, lamenta que todo el dinero gastado durante las fiestas o los rituales propiciatorios que realizan las autoridades municipales al inicio y al término de su mandato, no se invierta en beneficio de sus propias familias.

77Empero, no solamente los jóvenes se quejan del peso de la costumbre, algunas autoridades municipales, como las de Zacatepec, que a pesar de haber defendido los usos y costumbres en contra del pri, consideran que los cargos son demasiado numerosos y que sería necesario suprimir algunos. Sugieren también que las personas que ocupan los cargos más pesados en términos de responsabilidad puedan recibir una indemnización, por mínima que sea. Pero la idea está lejos de ser aceptada unánimemente, en particular por los que ya han ocupado los cargos más costosos y que consideran que todo el mundo debe pasar por las mismas. Otros se oponen categóricamente, pues temen despertar la codicia de los habitantes del pueblo, provocando una competencia encarnizada por el poder.

78En muchos municipios la cuestión de la remuneración de los cargos provoca verdaderas polémicas, cuanto más que el Estado prevé dietas para los miembros del ayuntamiento, que vienen desglosadas en el presupuesto anual que el gobierno asigna a los municipios. En muchos municipios consuetudinarios, sin embargo, los miembros del ayuntamiento no cobran su dieta, sino que la ponen a disposición de la tesorería municipal para que se utilicen en beneficio de la colectividad o para financiar el funcionamiento de la administración (compra de combustible para los vehículos que pertenecen a la municipalidad, compra de material y equipo de oficina, etcétera). Hasta fines de los años ochenta, la cuestión de la remuneración ni siquiera se planteaba, pues sencillamente no había suficiente dinero para subsanarla. La transferencia de recursos federales trastoca la ética del sacrificio, que está en la base del sistema de cargos y del servicio gratuito que cada ciudadano debe a la comunidad.

La profundización de las desigualdades sociales

79Algunos antropólogos han destacado las funciones de redistribución y de nivelación que cumple el sistema de cargos civiles y religiosos. Para evitar que aparezcan desigualdades demasiado contrastantes de riqueza entre los miembros de la comunidad, los cargos más prestigiosos y más costosos se asignan a los más ricos. A primera vista, este hecho parece confirmarse en muchos municipios consuetudinarios de Oaxaca. Así, es común ver, a la cabeza de los ayuntamientos, a maestros, comerciantes o agricultores cuyo nivel económico es netamente superior al promedio. La riqueza es, efectivamente, uno de los criterios que toma en cuenta la asamblea del pueblo para designar a las autoridades municipales. Una vez más, la persona debe “aguantar” no recibir remuneración durante todo su mandato o bien solamente compensaciones simbólicas. En este sentido, los maestros gozan de una ventaja considerable, ya que, como dijimos, continúan recibiendo su salario durante el tiempo de su mandato. En cuanto a los comerciantes, éstos pueden ahorrar con mayor facilidad que los que dependen del magro rendimiento de la tierra. En los municipios más marginados, como Tlahuitoltepec, esta correlación entre la situación económica de las personas y su acceso a los puestos de más alta responsabilidad es evidente.

  • 35 Entrevista con Armando López, médico y presidente del comité municipal del prd en Matatlán, Matatl (...)

80Sin embargo, ello no significa que el sistema de cargos implique necesariamente una nivelación, que presupondría que las personas que ocupan cargos se empobrecen considerablemente. De hecho ocurre lo contrario: en la mayoría de los casos los ricos siguen siendo ricos, mientras que los pobres se empobrecen más. Lejos de disminuir las desigualdades, la organización comunitaria parece incluso acentuarlas. Mientras que los maestros continúan recibiendo su salario de parte de la Secretaría de Educación, los campesinos deben muchas veces endeudarse cuando ocupan un cargo en el ayuntamiento, o bien en uno de los numerosos comités municipales. El servicio comunitario alimenta una cadena de desigualdades y dependencias, ya que la mayoría de las veces el campesino pobre pide prestado a los maestros o a los comerciantes a una tasa de 15 o 20% de interés anual. Con frecuencia los más pobres se ven obligados a vender sus tierras para pagar las deudas. Son los usureros –maestros y comerciantes en su mayoría– los que acaparan las tierras y las revenden o rentan a otras personas. El sistema de cargos enriquece a algunos y empobrece a otros. Es verdad que hay una redistribución, pero que ahonda las desigualdades. Los más pobres no ocupan los cargos más prestigiosos, pero los que ocupan son tan costosos como los otros. Desde el comienzo se efectúa una selección, tal como mencionamos a propósito de Santiago Matatlán: los ricos y los estudiados –suelen ser los mismos– tienen acceso directo a los puestos de responsabilidad en el ayuntamiento. Rápidamente escalan a secretario municipal, luego a tesorero, regidor y presidente municipal, mientras que los pobres se pasan la vida ocupando cargos subalternos: policía, mensajero o vocal en los comités, cargos que nunca son remunerados, ni siquiera en los municipios donde los miembros del ayuntamiento reciben dietas. Y los cargos subalternos suelen ser los más pesados desde el punto de vista físico. La mayoría de las veces los miembros de los comités de escuelas, de trabajos públicos o de agua potable constituyen una verdadera mano de obra gratuita para el municipio. Son ellos los que realizan la mayor parte de las obras de construcción sin recibir un solo centavo.35

81Definitivamente, la selección es económica, ya que en la mayoría de los municipios únicamente las personas que ocupan un cargo de mayordomo o de capitán de festejo tienen acceso a los cargos del ayuntamiento. En otras palabras, es necesario estar en posibilidad de gastar varios miles de pesos en una de las fiestas del pueblo para ocupar los puestos más prestigiosos. Y los ricos son los únicos que pueden permitírselo. Desde la edad más temprana se establece una diferenciación entre los que pueden ahorrar y los que no tienen medios para hacerlo.

82Sin embargo, la desigualdad no es sólo vertical (en el interior de una comunidad) sino también horizontal (entre los habitantes de la cabecera municipal y los de las agencias). Ya lo acabamos de decir: los habitantes de las agencias con frecuencia deben ocupar cargos en la cabecera, además de los de su propia comunidad, mientras que los habitantes de la cabecera sólo sirven en su comunidad. Si a esto agregamos que el nivel económico de las comunidades periféricas suele ser inferior al del centro, tenemos que los habitantes de las agencias ocupan de preferencia los cargos subalternos y rara vez acceden a los de regidor, síndico o presidente municipal. Como dijimos sobre Ayutla, los rancheros se quejan de ser los achichincles del municipio, ya que sistemáticamente se les asignan los cargos subalternos. Hartos de tener que servir a la comunidad-cabecera cuando sus miembros no les dan nada a cambio, reclaman su independencia. Esta dinámica se presenta en muchos municipios, más allá de la región mixe.

83En este contexto es necesario reubicar los fenómenos de conversión religiosa. Ya hablamos de ello en los capítulos anteriores. Son el reflejo de la voluntad de salir de la situación de dependencia y miseria en la que se encuentra la mayoría de la población. La pobreza extrema, el endeudamiento y el alcoholismo están estrechamente ligados al sistema de cargos, aun cuando éste no es el único causante. Resultaría excesivo cargar la miseria a la cuenta de la organización comunitaria. Más bien tiene que ver con lógicas económicas y políticas que rebasan la escala local y que dependen, entre otros, de una inserción desigual en el mercado nacional e internacional. Pero ello no obsta para que el peso excesivo de los cargos contribuya al agravamiento de las condiciones materiales de sectores enteros de la población indígena.

84La reglamentación de los usos y costumbres tiene efectos ambivalentes. Detrás del discurso oficial sobre la democracia de consenso o comunitaria a veces se ocultan lógicas de dominación o de exclusión. Una primera interpretación de los conflictos que surgen a partir de 1995, debe hacernos romper el estereotipo de los usos y costumbres que transmiten el gobierno y algunos intelectuales indígenas. En las costumbres están arraigadas relaciones de fuerza y de poder; no son políticamente neutras. Su reconocimiento oficial permite a ciertos dirigentes establecer una alianza con el pri para controlar mejor a la disidencia. Pero las dinámicas autoritarias no son exclusivas de los dirigentes ambiciosos y poco escrupulosos. También reflejan la concepción idealizada de una élite que busca en las instituciones comunitarias un modelo de política opuesto a la corrupción y a las manipulaciones del régimen priísta.

85Sin embargo, es conveniente no hacer juicios unívocos sobre los cambios por los que pasan las comunidades. Los conflictos tienen siempre un lado oscuro (el de la descomposición y saturación de las relaciones de dominación y exclusión) y un lado luminoso (el de la recomposición y reajuste de las relaciones de fuerza). Las dinámicas que acabamos de describir representan los síntomas de una crisis política, pero no deben impedirnos discernir, en el paisaje fragmentado de Oaxaca, los indicios de una recomposición en marcha en lo más profundo de las comunidades.

Notes

1 Fernando Escalante Gonzalbo, “Notes sur le problème indigène au Mexique”, Cahiers des Amériques Latines, núm. 23, 1997, pp. 52-53.

2 Heberto Abraján Díaz acaba de ser elegido diputado por el pri en las elecciones del 2 de agosto de 1998, después de haber sido delegado regional del gobierno de Oaxaca. Es allegado de Francisco Iglesias.

3 Noticias, 18 de enero de 1999.

4 Ibid., 19 de enero de 1999.

5 Ibid.

6 La planilla de Francisco Sánchez Mendoza, apoyada por el alcalde en turno y por el pri, gana la elección con 443 votos, contra 424 para la planilla de Filemón Ortiz Garzón, allegado al pri), una diferencia de apenas 19 votos, De las tres urnas instaladas, Francisco Sánchez ganó solamente en aquellas donde debían votar los habitantes de las agencias (68 votos contra 26); en las otras dos Filemón Ortiz obtuvo la mayoría de los votos.

7 Según Roger Bartra, los usos y costumbres son formas de gobierno corporativas y autoritarias (véase R. Bartra, “Violencias salvajes: usos, costumbres y sociedad civil”, en R. Bartra, La sangre y la tinta. Ensayos sobre la condición postmexicana, pp. 33 v 39).

8 Juan Pedro Viqueira afirma, al hablar de Chiapas, que la introducción de los usos y costumbres como modo de elección de las autoridades municipales favorecería únicamente a los “caciques y usureros ligados al pri, que fácilmente podrían imponer sus designios en asambleas donde se vota a mano alzada, lo que permite identificar a los disidentes con precisión” (véase J.P. Viqueira, “Los peligros del Chiapas imaginario”, Letras Libres, año 1, núm. 1, enero de 1999, p. 97.

9 Fernando Escalante subraya la “dificultad de defender los derechos de las minorías con argumentos colectivistas, porque el resultado es a menudo la defensa disfrazada (más o menos hipócrita, más o menos irresponsable) de los intereses de los caciques, de los jefes y de los ’tatamandones’” (véase F. Escalante Gonzalbo, “Notes sur le problème indigène au Mexique”, p. 45).

10 Grabación de la reunión celebrada en el iee entre las autoridades de San Agustín Chayuco y sus opositores, Oaxaca, 17 de junio de 1998.

11 Entrevista con Máximo Flores Alavez, San Agustín Chayuco, 20 de noviembre de 1999.

12 Carta de los comerciantes y representantes de El Rosario, 6 de junio de 1998.

13 Carlos Lenkersdorf, Los hombres verdaderos. Voces y testimonios tojolabales, p. 79.

14 Ibid., p. 81.

15 Citado por Hermann Bellinghausen, en La Jornada, 22 de febrero de 1997.

16 Floriberto Díaz Gómez, Comunalidad: más allá de la democracia, mimeo., s.f.

17 Ibid.

18 C. Lenkersdorf, Los hombres verdaderos, pp. 82-83.

19 Ma. C. Velásquez Cepeda, El nombramiento, p. 159.

20 Entrevista con Federico Villanueva Damián, alcalde de Ayutla (1994), 27 de julio de 1998.

21 Ibid.

22 También en nombre de las costumbres, estas mismas autoridades restablecen los castigos corporales en la lucha contra la delincuencia. Ese mismo año deciden infligir un castigo ejemplar a dos jóvenes acusados de intento de violación por una muchacha del pueblo. Con la venia del padre de uno de los acusados, que ocupa a la sazón el cargo de sindico municipal, las autoridades cuelgan a los jóvenes por las axilas durante varias horas, en la plaza del pueblo, antes de entregarlos a la policía. Aunque la intención no fuera provocar la muerte de los delincuentes, y que la medida fuera dictada, en gran parte, por la notoria ineficacia de la justicia de Estado, la medida ilustra los excesos a los que puede conducir el llamado a la restitución de las costumbres.

23 Guilermo Trejo y José Antonio Aguilar, “Etnicidad y consolidación democrática. La organización de las elecciones en las regiones indígenas de México”, en David Recondo y A. Hémond (coords.), Dilemas de la democracia en México. Los actores sociales ante la representación política, pp. 195-200.

24 Ibid.

25 David Recondo, “Usos y costumbres y elecciones en Oaxaca. Los dilemas de la democracia representativa en una sociedad multicultural”, Trace (Travaux et recherches sur les Amériques du centre), núm. 36, diciembre de 1999, pp. 85-101.

26 Entrevista con Pedro Nicolás Alavez, tatamandón y presidente del comité municipal del pri en San Agustín Chayuco, 20 de noviembre de 1999.

27 Juan Pedro Viqueira, “Los indígenas y la democracia: virtudes y límites del sistema electoral y partidista en los Altos de Chiapas”, en J.P. Viqueira y Willibald Sonnleitner (coords.), Democracia en tierras indígenas. Las elecciones en los Altos de Chiapas (1991-1998), pp. 217-244.

28 En 2000, Ayutla, Matatlán y Eloxochitlán aceptan participar en las elecciones federales.

29 Entrevista con Aristarco Aquino, maestro originario de Yalalag, antiguo dirigente de la sección XXII del sindicato de maestros y candidato a la diputación local por el prd en 1998, Oaxaca, 12 de julio de 2000.

30 Adelfo Regino Montes, “La elección por partidos, ¿único camino?”, En Marcha. Realidad Municipal de Oaxaca, año 1, núm. 6, agosto de 1998, p. 17.

31 Los tres municipios con 100% de abstención son aquellos en los que las autoridades municipales prohibieron la instalación de urnas. Se trata de Matatlán Villa de Flores, Eloxochitlán de Flores Magón y San Juan Quiahije.

32 Dos de los tres municipios que rebasan 80% de abstenciones son Santiago Atitlán (89%), una de cuyas agencias (Estancia de Morelos) decidió anular todas las boletas de voto, y San Juan Quiahije (85%), donde dos de cada tres casillas de voto no fueron instaladas (las correspondientes a las cabeceras).

33 Entrevista con Aristarco Aquino, Oaxaca, 2 de agosto de 1997.

34 Según la encuesta realizada por María Cristina Velásquez en 412 municipios consuetudinarios, en más del 70% (298) las autoridades municipales declararon que los cargos no son remunerados (Ma. C. Velásquez Cepeda y L.A. Méndez Lugo, Catálogo municipal de usos y costumbres).

35 Entrevista con Armando López, médico y presidente del comité municipal del prd en Matatlán, Matatlán, 10 de febrero de 1999.

Table des illustrations

Titre Cuadro 1. Elecciones legislativas locales del 2 de agosto de 1998
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Titre Cuadro 2. Elecciones federales del 2 de julio de 2000
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Titre Cuadro 3. Resultados de las elecciones legislativas locales del 2 de agosto de 1998 (porcentaje de sufragios válidos)
Légende Fuente: elaborado por el autor con datos del iee.
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Titre Cuadro 4. Resultados de las elecciones legislativas federales del 2 de julio de 2000 (porcentaje de sufragios válidos)
Légende Fuente: elaborado por el autor con datos del iee.
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