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La política del gatopardo

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David Recondo

Primera parte. La crisis de la comunidad revolucionaria institucional

Capítulo 1. Estado y comunidades indígenas de Oaxaca: el pacto clientelista

Texte intégral

1Al acabar la Revolución, desde fines de los años veinte, se instala el Estado-partido integrando a las comunidades rurales e indígenas en su propia estructura corporativa. La comunidad indígena, con sus instituciones heredadas en gran parte de la época colonial, se convierte poco a poco en la célula de base de un sistema político que se infiltra hasta en los mínimos intersticios de la sociedad a fin de consolidar su hegemonía. Pero no se trata de un régimen totalitario. Al contrario, el modo de dominación que establece el Estado-partido se parece más bien, en las regiones más apartadas, a una especie de gobierno indirecto (indirect rule) similar-toda proporción guardada– al de los imperios coloniales. Mostraremos, primero que nada, cómo las comunidades indígenas se convirtieron poco a poco en el mecanismo central del régimen de Estado-partido. Luego intentaremos caracterizar el pacto clientelista que es el cimiento de las relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas. Pacto que, como veremos, entra en crisis a partir de los años setenta.

LA COMUNIDAD REVOLUCIONARIA INSTITUCIONAL: UNA SUBVERSIÓN DEL GOBIERNO INDÍGENA

  • 1 Hoy en día, Oaxaca sigue concentrando una problación indígena importante. Según el último censo de (...)

2El Estado-partido construye poco a poco, a partir de 1929, una vasta trama, sumamente centralizada, de control político, integrando la miríada de unidades y de poderes locales y regionales que subsisten desde la Revolución. En estados como el de Oaxaca, donde la población indígena es mayoritaria,1 este modo de integración política se efectúa gradualmente, infiltrando las instituciones comunitarias heredadas de la época colonial. En unos cuantos decenios el pri y la costumbre serán una y la misma cosa. Durante el mandato del general Lázaro Cárdenas (1934-1940) es cuando el pri adquiere la forma que hoy le conocemos. También es en ese momento cuando establece los lazos privilegiados con las comunidades rurales por medio de la reforma agraria. Las comunidades indígenas, aun guardando un margen considerable de autonomía, se convierten en comunidades revolucionarias institucionales en la medida en que el Estado-partido hace de ellas células elementales de su propia reproducción.

LA INFILTRACIÓN CARDENISTA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

  • 2 En 1929 el general Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario (pnr), que luego (...)
  • 3 Jan Rus, “La comunidad revolucionaria institucional: la subversión del gobierno indígena en los Al (...)

3En un texto memorable sobre la historia política de los Altos de Chiapas, Jan Rus describe detalladamente cómo, a fines de los años treinta, el general Cárdenas y sus interlocutores locales, en particular Erasto Urbina, reemplazaron en los municipios de esta región a los antiguos secretarios municipales ladinos por indígenas jóvenes alfabetizados que se convierten así en intermediarios del gobierno cardenista y del pnr2 en el seno de las comunidades.3 Muestra, sobre todo, cómo la estructura tradicional del gobierno local, que funcionaba como muro de contención contra la sobrexplotación de las comunidades por la sociedad mestiza regional, fue sujeto de cooptación por el nuevo régimen político y transformada en un instrumento de dominación:

  • 4 Ibid., p. 252.

los cardenistas y sus sucesores se inmiscuyeron en las comunidades indígenas [...] Al paso del tiempo, lograron subordinar no solamente a los dirigentes indígenas que eran sus colaboradores más directos, sino también y de manera irónica, cooptar las mismas estructuras comunitarias previamente identificadas con una postura de resistencia a la intervención externa y la explotación, es decir, con la de autogestión independiente, la estricta aplicación de medidas de solidaridad comunitaria y la legitimación religiosa del poder político. A consecuencia de ello, hacia mediados de la década de 1950, aquello que los antropólogos apenas empezaban a describir como “comunidades corporativas cerradas” se habían convertido, de hecho, en “comunidades revolucionarias institucionales”, subordinadas al poder central.4

  • 5 El mayordomo es la persona que financia la fiesta patronal del pueblo con sus propios recursos.

4Los secretarios cardenistas se convirtieron entonces en los operadores del partido en el poder. Aseguraron su victoria en las elecciones y garantizaron la aplicación de los diferentes programas impulsados por el gobierno. La organización municipal sufrió profundos cambios. Por una parte, se crearon nuevos cargos que se integraron a la jerarquía tradicional, en particular los que tenían que ver con la reforma agraria. Por otra parte, el gobierno quiso obligar a las comunidades a designar presidentes municipales bilingües. Éstos entonces debían ser jóvenes; por lo demás, con frecuencia se trataba de secretarios promovidos por Erasto Urbina durante la campaña electoral de Cárdenas en 1934. Hubo entonces reacciones en el seno de las comunidades cuya tradición era poner a la cabeza de los ayuntamientos a personas mayores que hubieran ocupado antes otros cargos –como el de mayordomo–5 y que solían ser monolingües. Estos ancianos eran los garantes de la protección de la comunidad y de sus tradiciones contra la injerencia directa de los ladinos que residían en San Cristóbal de las Casas, la capital regional. Sustituirlos por hombres jóvenes que a menudo tenían alrededor de veinte años y no habían ocupado más cargo que el de secretario provocó la oposición de los ancianos. Finalmente, para evitar conflictos recurrentes se creó una doble estructura: a partir de entonces los municipios tendrían dos presidentes, por un lado una persona monolingüe que hubiera ocupado varios cargos y por otro un hombre joven bilingüe, considerado adjunto o secretario del alcalde en el seno de la comunidad, pero acreditado como presidente municipal para el exterior. Esta estructura paralela sigue existiendo en municipios tales como San Juan Chamula. Se habla así de ayuntamiento tradicional y de ayuntamiento constitucional para, diferenciarlos.

5Lo interesante es la forma en que el Estado en formación después de la Revolución logró infiltrarse en las instituciones comunitarias y convertirlas en una pieza clave de la reproducción del nuevo régimen. Así, a partir de los años cuarenta, los jóvenes secretarios buscarán consolidar su poder y su legitimidad en el interior de las comunidades, presentándose como voluntarios para ocupar los cargos tradicionales que anteriormente habían evitado. Cuando la clase dominante de terratenientes ladinos, contraria desde el inicio al cardenillo y a la reforma agraria, retoma el poder en el plano regional –al final del mandato presidencial del general Cárdenas–, los antiguos secretarios, impulsados por Erasto Urbina, se convierten en verdaderos líderes comunitarios. Se mantienen como interlocutores obligados de los gobiernos en sus relaciones con las comunidades. La clase dirigente de la región, preocupada por preservar los intereses de los terratenientes, llegará incluso a establecer una alianza implícita con ellos ayudándoles a comprar camiones y a convertirse en distribuidores de refrescos y cerveza en sus comunidades, a cambio de mantener el statu quo en la repartición de la tierra.

  • 6 Jan Rus, “La comunidad revolucionaria institucional”, pp. 293-300.

6Cuando en los años setenta comienza a surgir una nueva generación, educada en las escuelas públicas y deseosa de tener acceso a un mejor nivel de vida, los antiguos secretarios cardenistas se erigieron en defensores de las tradiciones y coartaron el ascenso de los jóvenes ambiciosos obligándolos a ocupar los cargos tradicionales. La renovación de los rituales y de las celebraciones de las fiestas que los antropólogos observan en estos años está ligada a este fenómeno: los secretarios convertidos en ancianos imponen gastos cada vez más elevados a los jóvenes, que se muestran un poco más hábiles o dinámicos de lo necesario en el ámbito del comercio, y amenazan su poder económico y político. Toda reclamación de los jóvenes es denunciada entonces como una afrenta a las costumbres, un peligro para la unidad de la comunidad.6 Los antiguos secretarios, fortalecidos por el apoyo del pri y por el prestigio adquirido en el seno de la comunidad, juegan un papel decisivo en el control e incluso en la represión de sectores favorables al cambio en la política local. Contienen lo que se convertirá poco a poco en una oposición franca al orden establecido. Por su parte, el pri se transforma a su vez en el gran defensor de la costumbre y de la unidad comunitaria frente al peligro que representan estos nuevos sectores confrontados cada vez más con los caciques locales. Jan Rus califica esta evolución como “subversión del gobierno indígena”.

EL PRI Y LAS COMUNIDADES EN OAXACA

7El caso de las comunidades de los Altos de Chiapas es especial. El análisis histórico realizado por Jan Rus no corresponde del todo al de la mayoría de los municipios de Oaxaca. No obstante, algunos elementos de su análisis nos parecen útiles para la comprensión de la relación entre el Estado y las comunidades en esta región. En particular, en Oaxaca, al igual que en los Altos de Chiapas, el Estado posrevolucionario tuvo la capacidad de incorporar a las instituciones comunitarias y convertirlas en un instrumento de reproducción del modo de dominación estatal. Sin duda esta incorporación no adquiere la misma forma.

8La injerencia del pri en el seno de cada municipio parece ser menos directa en Oaxaca. El tamaño reducido de los municipios, su elevado número (más de 500 en comparación con los 150 de Chiapas) y la falta de vías de comunicación en la mayoría de las regiones, contribuyeron sin duda a que el pri no extendiera su control directamente en cada uno de los municipios. El pri estaba generalmente representado a nivel distrital por personas comparables a los secretarios de Urbina: con frecuencia se trataba de hombres que hablaban español además de la lengua local y que, por su capacidad de liderazgo regional, servían de intermediarios entre las autoridades municipales y el gobierno estatal. Poco después de la fundación del pnr, en los años treinta, se constituyeron comités del partido en cada uno de los municipios. Sin embargo, no tenían más función que la de comunicar a los dirigentes del partido el nombre de las nuevas autoridades municipales elegidas en las asambleas de pueblos, así como informar a las autoridades municipales el nombre de los candidatos oficiales para las elecciones de diputados locales y federales, de gobernadores y del presidente de la república. El día de las elecciones, los presidentes de los comités estaban encargados de velar, con ayuda de las autoridades municipales, que las boletas fueran marcadas en el lugar “correcto”, el correspondiente a los candidatos del pnr (después del prm y del pri). Frecuentemente llenaban ellos mismos las boletas sin que realmente se hubiera instalado una casilla de voto. La función de presidente del comité municipal del partido la asumía el secretario municipal o alguna otra persona de la comunidad, designada para tal efecto entre los asambleístas del pueblo. En una considerable cantidad de municipios, hasta los años noventa, el comité del pri formó parte de la jerarquía tradicional de los cargos comunitarios. A partir de los años cincuenta y sesenta fueron a menudo los maestros los que cumplieron esa función. Además de su papel de informadores, parece que no tuvieron mayor incidencia en el plano municipal. De esta forma, el pri, en su calidad de organización política, no intervenía directamente en la designación de las autoridades municipales. Se contentaba con registrar las planillas que los comités municipales les enviaban.

  • 7 Jaime Bailón Corres, Pueblos indios, élites y territorio. Sistemas de dominio regional en el sur d (...)

9Contrariamente al caso de los Altos de Chiapas, esta incorporación de las instituciones tradicionales al pri, no trajo aparejada la formación de una doble estructura de gobierno. La mediación con el poder central estaba asegurada por agentes regionales o bien por los maestros cuando eran secretarios municipales. Las relaciones con los funcionarios no eran tan frecuentes como para que ello obligara, desde el principio, a designar presidentes bilingües. La intensificación de estas relaciones a partir de los años cincuenta y sesenta (naturalmente dependiendo de las regiones) implica, sin embargo, transformaciones en el sistema de gobierno local. Cargos como el de presidente municipal tienden a rebasar el de alcalde, sobre todo, en la escala del prestigio y del poder, y son ocupados cada vez más por maestros jóvenes y bilingües. Los secretarios municipales, en caso de que el presidente y el resto del cabildo sean monolingües, tienden a desempeñar un papel clave que les da un poder nunca antes visto. Otros cargos vinculados a programas del Estado, como la reforma agraria, irán apareciendo y ganando autoridad en comparación con otras funciones. Al mismo tiempo que los comités del partido oficial, se crean los comisariados de bienes comunales o ejidales encargados de la gestión de la tierra, tanto en el proceso de repartición o titularización de las tierras como en la resolución de los conflictos limítrofes con las comunidades vecinas o entre familias de una misma comunidad. Estas autoridades agrarias, designadas con frecuencia por los comuneros reunidos en asamblea, están directamente vinculadas al partido oficial a través de su sector campesino (la cnc) y van a jugar, con el ayuntamiento, un papel central de mediación con el Estado.7

  • 8 Partido regional del estado de Oaxaca que perteneció al pnr desde la formación de éste.
  • 9 Ibid., p. 207.

10Detrás de una presencia aparentemente directa del partido de Estado en las comunidades, lo que hay en realidad es una relación clientelista y corporativista que descansa en un pacto implícito: las comunidades testimonian una lealtad a toda prueba al partido oficial, al votar colectivamente a favor de sus candidatos; a cambio el partido y el gobierno respetan los procedimientos internos que aplican en la designación de las autoridades municipales. Este pacto de no injerencia funcionaba en la mayoría de los municipios. Es en general en las cabeceras de distrito y en las capitales regionales donde existía una competencia política que se expresaba a través de los partidos locales. Con frecuencia se trataba de facciones pertenecientes a la Confederación de Partidos Socialistas8 y al pnr, el partido de Estado. Los conflictos en torno a la selección de candidatos eran frecuentes, pero en un número reducido de municipios. En 1965, por ejemplo, unos años antes de la aparición de nuevas fuerzas políticas, el PR1 estableció reglas para el registro de precandidatos en 69 municipios, donde pensaba que podría haber conflictos. En el resto de los municipios (501), la elección de autoridades se realizaba según los procedimientos de las comunidades sin que el partido interviniera directamente. Se contentaba con registrar a las autoridades una vez elegidas. Es muy probable que el número de municipios en conflicto que requerían la intervención del partido o del gobierno para resolver las diferencias entre facciones rivales, haya sido mucho menor aún en los años treinta y cuarenta.9

  • 10 Frederick J.D. Lugard, The Dual Mandate in British Tropical Africa.

11En realidad, el régimen posrevolucionario reprodujo una suerte de indirect rule, según el término utilizado en el estudio de los regímenes coloniales contemporáneos.10 Una forma de dominación en la que el poder central establece control indirecto sobre las sociedades locales a través de autoridades salidas de esas mismas sociedades. Esto garantiza la reproducción del modo de dominación, pero preserva al mismo tiempo un cierto margen de autonomía política en el nivel local. Así, el Estado-pri, lejos de destruir la forma tradicional de organización comunitaria la incorpora modificándola sensiblemente y hace de ella una de las unidades fundamentales de reproducción de su sistema de dominación.

LA COSTUMBRE: REPRODUCCIÓN E HIBRIDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS DE LA ÉPOCA COLONIAL A LA REVOLUCIÓN

12Aquello que comúnmente se llama “usos y costumbres” constituye una especie de sedimentación híbrida de instituciones y prácticas heredadas de la época colonial, y transformadas a lo largo de toda la historia de México. En lo que toca al gobierno local y a la designación de autoridades municipales, las costumbres se encarnan en lo que los antropólogos llaman la “jerarquía civil y religiosa”. Haremos una descripción genérica de ellas antes de presentar las principales interpretaciones antropológicas e históricas sobre sus orígenes.

LA JERARQUÍA DE LOS CARGOS CIVILES Y RELIGIOSOS

  • 11 Término de origen náhuatl que designa a las personas que ocupan las funciones de policía y también (...)
  • 12 Jefe de topiles.

13Internamente los municipios siguen funcionando según modalidades particulares. La elección de las autoridades municipales se realiza con frecuencia de forma colectiva, por medio de asambleas más o menos abiertas, que reúnen solamente a las autoridades municipales en funciones y a los ancianos del pueblo, o bien al conjunto de jefes de familia de la comunidad. Las personas ocupan el cargo de uno a tres años (algunos, año y medio o dos años), según la localidad. Su mandato se considera un servicio a la comunidad; es obligatorio y no remunerado. Los criterios de elegibilidad se basan en una escala jerárquica de cargos vinculados directamente al ayuntamiento (topil,11 mayor,12 secretario, tesorero, regidor síndico, presidente municipal, alcalde), a la celebración de las fiestas religiosas (mayordomía, capitanía, banda municipal) o bien a la gestión de la tierra (comisariado de bienes comunales o ejidales). En principio, una persona puede tener acceso a los cargos de presidente municipal o alcalde, en lo alto del organigrama, sólo después de haber ocupado el de topil, mayor, suplente o regidor.

14El siguiente es un ejemplo de los cargos comunitarios que existen actualmente en el municipio de Santa María Tlahuitoltepec, en la región mixe, en las montañas del noreste de Oaxaca (ver cuadro 1)

  • 13 Elaboramos este organigrama a partir de las entrevistas y las observaciones que realizamos en Sant (...)
  • 14 Los capitanes de festejos tienen por función ocuparse de las bandas musicales durante las fiestas. (...)
  • 15 Para un análisis y discusión del principio de jerarquía en la organización de los cargos civiles y (...)

15En el cuadro 1 reconstruimos aproximadamente la jerarquía civil y religiosa de Santa María Tlahuitoltepec, clasificando los cargos por orden de importancia desde el topil, en la parte inferior de la escala, hasta el fiscal que, en principio, representa el último cargo que debe desempeñar una persona;13 cada una de las casillas reúne cargos de un mismo nivel jerárquico. Una persona puede ser nombrada para ocupar varios cargos de un mismo nivel, pero no repetir el mismo. Todos duran un año, salvo los del Comisariado de bienes comunales y del Consejo de vigilancia, que duran tres años, o el de capitán de festejo, cuyas funciones se ejercen durante el tiempo que dura la fiesta del pueblo (cinco días generalmente).14 Algunos de estos cargos se ocupan durante los 365 días del año (principalmente los del ayuntamiento: presidente municipal, síndico, alcalde, sus suplentes y secretarios), mientras que otros se ocupan únicamente una semana al mes (mayor, Comisariado de bienes comunales, Consejo de vigilancia, vocales, auxiliares, topiles, comités de educación, etc.)– En total, más de doscientas personas se ocupan en servir a su comunidad cada año. Entre cada servicio los “cargueros” tienen derecho a un tiempo de descanso que puede ir de uno a varios años, durante los cuales no se les puede atribuir ningún cargo. La jerarquía es relativamente imprecisa en lo tocante a los cargos que se encuentran por debajo del síndico o de los regidores. Esto tal vez se deba al hecho de que la mayoría de estos cargos (excepto los relacionados con la iglesia o las fiestas) son relativamente recientes (sobre todo los que tienen que ver con la educación y la salud). Aquí se refleja también la adaptabilidad de los criterios de selección a las circunstancias y a las relaciones de fuerzas: existe siempre un conjunto de cargos que pueden evitarse. En cambio, los de capitán de festejo, regidor y síndico condicionan imperativamente el acceso a la presidencia o a la alcaldía. La jerarquía varía de un municipio al otro. Si en Tlahuitoltepec una persona no puede ser alcalde sin haber sido presidente municipal, no ocurre lo mismo en otros municipios, donde el acceso al primer cargo es anterior o independiente del acceso al segundo. En suma, existen tantas jerarquías como municipios, lo que imposibilita la generalización. Lo común a todos los casos es el principio, a veces muy vago, de jerarquía, según la cual el acceso a ciertos cargos exige haber ocupado otros de menor prestigio.15

Cuadro 1. Jerarquía de cargos civiles y religiosos del municipio de Santa María Tlahuitoltepec (región mixe, Oaxaca)

Cuadro 1. Jerarquía de cargos civiles y religiosos del municipio de Santa María Tlahuitoltepec (región mixe, Oaxaca)

EL ORIGEN DE LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS

  • 17 Véanse sobre todo Pedro Carrasco, “The Civil-Religious Hierarchy in Mesoamerican Communities: Pre- (...)
  • 18 Véase sobre todo Evon Z. Vogt, “Some Implications oí Zinacantán Social Structure for the Study of (...)
  • 19 John K. Chance y William B. Taylor, “Cofradías and Cargos: an Historical Perspective on the Mesoan (...)
  • 20 María de los Ángeles Romero Frizzi, El sol y la cruz. Los pueblos indios de Oaxaca colonial.

16Las interpretaciones sobre los orígenes de lo que los antropólogos han llamado la “jerarquía cívico-religiosa”, o “sistema de cargos civiles y religiosos”, son numerosas y contradictorias. Algunos autores han buscado los antecedentes precolombinos de esta institución en las órdenes especializadas y jerarquizadas en cuyo seno los individuos podían hacer carrera y subir de grado durante toda su vida (guerreros, sacerdotes, mercaderes).17 Otros han formulado la hipótesis de que un sistema similar de cargos que cumplen sucesivamente y de forma ascendente los miembros de ciertos linajes existía ya antes de la llegada de los españoles, sobre todo en las sociedades mayas.18 Estas posturas han provocado la crítica de una gran cantidad de investigadores que se inclinan más bien por el origen colonial e incluso poscolonial del sistema de cargos.19 En el plano muy general de la organización comunitaria o de las concepciones y prácticas de la autoridad, nos parece evidente que ciertos elementos de la cultura precolombina se hayan conservado al paso del tiempo y que se transformaran a la vez, contribuyendo así a la originalidad del gobierno local en las regiones indígenas de Oaxaca. Detrás de las apariencias de la aculturación se oculta un proceso sutil de apropiación y reinterpretación de las instituciones españolas por parte de las comunidades. Es, por lo demás, una constante en la historia de México: los indios utilizaron las instituciones impuestas por los españoles y, más tarde, las del Estado independiente, a manera de controlar un territorio que les permitía reproducirse en su calidad de grupos culturalmente diferenciados. Es una lógica que va mucho más allá de un simple sincretismo y que se aplica tanto a la conquista política como a la espiritual. Los historiadores han dado nueva luz a la manera en que las poblaciones indígenas continuaron, por ejemplo, celebrando sus propios cultos bajo la tapadera de la nueva liturgia católica. Lo mismo ocurrió con los cargos del cabildo, como el de gobernador o alcalde, que durante los primeros años de la Colonia ocuparon a menudo los descendientes de los antiguos jefes de linaje.20 Las nuevas instituciones rompen con las normas hereditarias anteriores, pero al mismo tiempo permiten la reproducción de las antiguas concepciones y prácticas del poder con una nueva apariencia.

  • 21 Roger Bartra reinició la polémica al publicar un artículo en el que demuestra hasta qué punto los (...)
  • 22 Juan Pedro Viqueira, “La comunidad india en México en los estudios antropológicos e históricos”, A (...)

17Nos parece indispensable superar los discursos demasiado tajantes que presentan a las comunidades indígenas actuales como reminiscencias de sociedades precolombinas, o bien, por el contrario, como un legado puramente colonial.21 Es un falso dilema que no da cuenta de la complejidad dialéctica de los procesos históricos de apropiación y de reinvención de las instituciones por las sociedades y de las transformaciones que ello implica en su funcionamiento.22

  • 23 Las Ordenanzas de Cortés de 1524 y 1525 fueron las primeras que instauraron el cabildo como célula (...)
  • 24 Los repartimientos designaban las cantidades de dinero o bien de materias primas que los alcaldes (...)
  • 25 J.K. Chance, La conquista de la sierra. Españoles e indígenas de Oaxaca, en la época de la Colonia (...)
  • 26 J.K. Chance y W. Taylor, “Cofradías and Cargos”

18De cualquier modo, si se hace referencia únicamente al sistema de jerarquía civil y su carácter rotativo, la introducción del cabildo español en el siglo xvi constituye su origen más directo.23 Los españoles eliminaron el antiguo gobierno de linajes para constituir, frecuentemente por la fuerza, comunidades organizadas en torno a parroquias y gobernadas por autoridades locales elegidas anualmente. En su estudio sobre la sierra Juárez de Oaxaca, John K. Chance muestra que la institución del cabildo, aunada al modo particular de explotación practicado por los “alcaldes mayores” españoles (el “repartimiento de efectos”),24 contribuyó a reforzar la importancia del sistema de cargos como mecanismo de regulación del orden social.25 La jerarquía de los cargos civiles sustituye la de los linajes y determina la estratificación en el seno de las comunidades, al abrir la posibilidad de un ascenso social a los individuos. Los privilegios heredados de los caciques o de los antiguos señores fueron paulatinamente reemplazados por los que adquieren los macehuales (campesinos) y los principales (especie de nobles de segundo nivel), al tener acceso a los cargos más prestigiosos del cabildo, que les permiten participar de los beneficios de la explotación colonial, en colaboración con las autoridades españolas. Los españoles establecieron una distinción entre “repúblicas de indios” y “repúblicas de españoles”, que continuará en Oaxaca hasta el siglo xix. Generalmente los españoles tenían derecho a un cabildo completo, constituido por varios alcaldes y regidores, según el número de habitantes, mientras que los cabildos de indios estaban compuestos por un solo alcalde y dos o tres regidores colocados bajo la autoridad de los alcaldes mayores y de los corregidores españoles. Las repúblicas de indios tenían a la cabeza un gobernador, que representaba al municipio en sus relaciones con las autoridades coloniales. A esta jerarquía de cargos civiles, ligados al gobierno, es necesario agregar la de los cargos religiosos ligados al financiamiento del culto católico (mantenimiento de la iglesia, pago de las misas, financiamiento de las fiestas patronales), que en la actualidad están imbricadas con las del ayuntamiento. Hoy, en efecto, la mayordomía es un paso obligado para el acceso a los cargos municipales. Los elevados costos de estas celebraciones, que no dejan de recordarnos los gastos suntuarios propios de las economías de prestigio, convierten este cargo en una especie de filtro o de gollete en el acceso a los cargos municipales: únicamente un reducido número de individuos puede asumirlo. Aquí también las opiniones se dividen en cuanto al origen exacto del patronazgo individual de las fiestas, por una parte, y a su participación en el conjunto del sistema de cargos por la otra. Chance y Taylor asumen la opinión contraria de la mayoría de las interpreraciones anteriores, que consideraban estos elementos de origen colonial.26 Ambos autores formulan la hipótesis de que hubo cambios que se produjeron desde fines del siglo xviii y la primera mitad del xix debido al efecto conjunto de los cambios económicos y las políticas liberales de privatización de las tierras comunales y de secularización de los bienes de la Iglesia. El agotamiento de los fondos comunes de las cofradías hizo necesario recurrir al financiamiento individual del culto. Esta transformación tendrá repercusión directa en el conjunto de la jerarquía comunitaria, convirtiendo a la mayordomía en uno de los cargos más prestigiosos.

19A todo lo largo del siglo xix los gobernantes liberales del México independiente tratarán de destruir todas las corporaciones, entre ellas las comunidades indígenas, acometiéndola especialmente contra la posesión colectiva de la tierra. Intentarán romper con la distinción entre municipios indígenas y no indígenas, instituyendo universalmente el ayuntamiento. Además, de modo general, y dentro de la más pura tradición del liberalismo heredado de la Ilustración, su objetivo principal será hacer desaparecer cualquier cosa que se parezca a una discriminación sobre bases sociales o culturales. Todos los mexicanos serán ciudadanos, sin distinción de clase ni raza. Sin embargo, Oaxaca se considera una excepción, ya que de 1825 a 1857 la legislación local mantiene la institución de las repúblicas de indios para los poblados de menos de 500 habitantes. Es ésta una originalidad que nos recuerda la distinción actual entre los municipios de usos y costumbres y los municipios de partidos políticos en materia electoral. La fuerza y el número de comunidades indígenas, su apropiación de la institución municipal colonial para asegurar el control de su territorio son, sin duda, los factores principales que contribuyeron a esta particularidad. El modo de dominación regional que se apoya en el control del comercio más que en la explotación directa de la tierra, por los españoles primero y luego por la élite mestiza, explica también la realidad municipal de Oaxaca. Volveremos sobre este punto más adelante, ya que nos parece que constituye una de las razones profundas de la persistencia de una especificidad comunitaria en la organización de dos tercios de los municipios de la región, especificidad que sin lugar a dudas influyó en la decisión de los legisladores, en 1995, de reconocer en la ley los procedimientos que practican estos municipios en la designación de sus autoridades.

20Así pues, son estas instituciones coloniales transformadas en el curso de la historia del México independiente, las que el régimen posrevolucionario incorporará, integrándolas al municipio libre, que sustituye al ayuntamiento del siglo xix, pero guarda sus características esenciales ya que en él encontramos más o menos los mismos cargos, como el de presidente municipal, que aparece en las legislaciones locales a partir de 1857, y también los de alcalde y regidores. Se crean nuevos cargos, como el de tesorero. En las regiones indígenas de Oaxaca los nuevos cargos –incluidos los que se relacionan con la reforma agraria– se integran a la jerarquía con diferentes modalidades, según el municipio. Lo mismo ocurre con los comités del partido oficial, cuyos titulares designan las asambleas al mismo tiempo que las demás funciones del ayuntamiento. La duración de los mandatos también sufrirá modificaciones: pasará a dos años y después a tres para la mayoría de las funciones del ayuntamiento a partir de los años cuarenta. En la mayor parte de los municipios indígenas, y en clara contradicción con la ley, las autoridades seguirán siendo elegidas cada año.

  • 27 El hecho de que los cargos municipales no sean remunerados e impliquen, por el contrario, gastos c (...)

21Sin duda la costumbre, este conjunto de normas que regula la vida social y política de la comunidad, abarca un complejo juego de relaciones de poder en el interior de la colectividad. Es conveniente tomar distancia de las descripciones un tanto idealizantes de los procedimientos electorales de las comunidades, donde las decisiones de las asambleas se toman solamente en función de criterios sujetos a la jerarquía del servicio comunitario. La comunidad es un espacio de conflictos y de relaciones de poder. A menudo la unanimidad es una fachada para el exterior por razones elementales de protección frente a un entorno hostil y percibido como una amenaza para la reproducción del grupo. En el interior, los antagonismos entre facciones, entre familias e incluso entre individuos son constantes. Con frecuencia se deben a conflictos acerca del control de la tierra o sencillamente a las desigualdades sociales y a la competencia por el prestigio y el poder que caracterizan a toda colectividad. La designación de autoridades municipales forma parte de esos conflictos y refleja el estado de las relaciones de fuerza en un momento dado. Las decisiones no las toman los individuos yuxtapuestos en una asamblea, sino personas que forman parte de un conjunto de lazos sociales y familiares de tipo ritual (compadrazgo, matrimonio, etcétera) o consanguíneos. Si bien el acceso a los cargos municipales no es objeto de competencia abierta para los candidatos –ya que son propuestos por los demás miembros de la asamblea–,27 tampoco es el resultado mecánico del desempeño de un número determinado de cargos, como dejaría entender una lectura apolítica de las decisiones comunitarias. No todas las personas tienen acceso a los mismos cargos, y el orden jerárquico de la escala raramente es idéntico. La aplicación de las normas es variable, flexible. Cambia según las circunstancias y en función de las relaciones de fuerza dentro y fuera de la comunidad. Porque las comunidades no son como islotes de democracia directa en los que los ciudadanos reunidos en asamblea designarían libremente a sus autoridades sin ningún vínculo aparente con la política regional y nacional. El análisis de Jan Rus es importante en este sentido: las relaciones de poder dentro de las comunidades han estado articuladas desde siempre a las que operan desde el exterior, en el Estado y en el conjunto del sistema político.

CACIQUISMO Y SIMULACIÓN JURÍDICA: LA INTEGRACIÓN CLIENTELISTA DE LAS COMUNIDADES

22El Estado posrevolucionario establece un modo original de integración política que pasa ante todo por el vínculo clientelista. La articulación con las comunidades rurales se hace a través de una serie de intermediarios, los caciques. Éstos constituyen la piedra angular del pacto clientelista que une al Estado modernizante con las comunidades, al mismo tiempo que garantizan a éstas un margen suficiente de autonomía para reproducir su diferencia institucional y cultural a la sombra de la ley.

23Como Jano, el cacique tiene dos caras: la de la sociedad local, de la que surge y que representa ante el Estado, y la del Estado cuyo emisario es frente a la sociedad local. En las zonas donde la población indígena es mayoritaria ocurre generalmente que el cacique sea indígena. Pero también puede ocurrir que el cacique adquiera un poder considerable a partir del control de los intercambios económicos regionales. Examinaremos en detalle las figuras de este engranaje central del régimen priísta.

LOS CACIQUES INDÍGENAS

  • 28 Guillermo de la Peña, “Poder local, poder regional: perspectivas socioantropológicas”, en Jorge Pa (...)

24La heterogeneidad cultural y el aislamiento geográfico de la mayoría de las regiones del país han empujado al Estado a instalar mecanismos particulares de mediación política. La originalidad del régimen posrevolucionario en México fue crear un partido capaz de integrar, con la forma de una representación corporativista, unidades de poder extremadamente diversas. Sin embargo, en la mayoría de las zonas indígenas esta nueva formación política no ha tenido presencia más que a través de la figura de los caciques. Son éstos líderes provenientes de las regiones de las que se vuelven representantes gracias a su capacidad de movilización de las comunidades y de mediación con el Estado. En muchos sentidos, son sintomáticos de la disparidad cultural y social de un país cuyo centro político es incapaz de actuar sin operadores biculturales que sirven de traductores y pueden así hacer efectiva la dominación del Estado. La mediación cultural y la intermediación política están estrechamente ligadas en las regiones donde solamente una minoría habla la lengua nacional. Esto explica en gran medida el papel político que han jugado y siguen jugando los maestros en el México rural.28

25Los primeros caciques revolucionarios, sin embargo, no fueron maestros. Con frecuencia eran autodidactas que al inicio tenían un capital cultural y económico apenas superior al de sus compatriotas, pero que supieron tejer relaciones personales con los funcionarios y los líderes de la Revolución. Supieron hacerse útiles retomando el discurso oficial de la Revolución y moviendo relaciones clientelistas y de corrupción. Además de su habilidad personal, es el reconocimiento y el apoyo (simbólico, material) que reciben del Estado lo que los convierte en algo más que simples líderes de opinión en el seno de las comunidades. Su función es decisiva para el régimen posrevolucionario: ellos garantizan la legitimación popular que necesita –al aportarle votos y movilizaciones–, pero al mismo tiempo su función es contener las demandas de la base cuando rebasan la capacidad de respuesta del Estado. Si drenan la riqueza de su región al sobrexplotar a los campesinos, es menos para mejorar sus condiciones de vida material que para consolidar su poder comprando a los funcionarios y estableciendo de tal manera una red de apoyos en los diferentes niveles de la administración pública y judicial.

  • 29 Íñigo Laviada, Los caciques de la sierra.
  • 30 El movimiento soberanista nace en 1915, cuando el Congreso local decreta que el estado de Oaxaca s (...)
  • 31 Walter Miller, citado por I. Laviada, p. 142.
  • 32 Entrevista con Maximiliano Díaz, alcalde de Tlahuitoltepec en 1956, Santa María Tlahuitoltepec, 15 (...)

26Un ejemplo paradigmático de caciquismo rural e indígena es el de Daniel Martínez y Luis Rodríguez en la región mixe.29 Hijo de un comerciante mixe de Ayutla, Daniel Martínez regresa a su pueblo natal en el momento en que estalla la Revolución, después de haber pasado algunos años en Oaxaca y en la ciudad de México. Se distingue por su conocimiento del “mundo extenor” y su dominio del español. En 1914, cuando el gobierno federal envía la orden a las autoridades de la región de constituir una guardia de defensa rural, Daniel Martínez es designado para dirigirla con el grado de capitán y más tarde de coronel. Extiende su control a toda la región designando líderes en cada comunidad, a los cuales en ocasiones otorga el grado de capitanes. En 1915 se incorpora al movimiento soberanista30 y dirige una brigada mixe con la que participará en los combates contra las fuerzas de Carranza. Además de estos pocos hechos de guerra, las personas que lo conocieron lo describen como un “innovador, organizador y promotor de la educación”.31 Efectivamente, logra que se instale la primera línea telefónica (que por cierto nunca funcionó debido a los conflictos que lo opondrán a Luis Rodríguez, su brazo derecho y más tarde enemigo jurado); manda construir los primeros kilómetros de la carretera de Mitla (en los Valles Centrales) a Ayutla; contribuirá en la instalación de las primeras escuelas primarias de la región, entre ellas un internado para varones en Tamazulapan, con el apoyo de Lázaro Cárdenas, cuando éste era presidente de la república. Su casa de Ayutla estaba siempre llena de personas de toda la región, autoridades municipales o simples campesinos que venían a plantearle los problemas más diversos, desde el robo de ganado hasta conflictos sobre tierras pasando por asesinatos. Aun cuando lo tildaran de “cacique bueno”, en comparación con Luis Rodríguez, daba muestras de autoritarismo en la conducción de su obra de modernización. Los habitantes de Santa María Tlahuitoltepec aún recuerdan los días de trabajo gratuito que Daniel Martínez les había exigido para la construcción de la carretera. No vacilaba en enviar a sus soldados a buscar a las personas que se negaban a participar en los trabajos.32 Cuando las obras ni siquiera estaban terminadas, exigió a los municipios que aportaran 135 pesos cada uno para comprar una camioneta Chevrolet que hizo transportar de Mitla a Ayutla –esto es, 30 kilómetros de camino montañoso– a lomo de hombres y muías.

27Realizó las primeras gestiones para crear el distrito mixe. Hasta aquel momento la región estaba dividida en cuatro distritos: Villa Alta, Choapan, Tehuantepec y San Carlos Yautepec. Daniel Martínez obtuvo la venia del general Lázaro Cárdenas cuando éste pasó por Ayutla durante su campaña electoral de 1934. Quedaba por determinar cuál de los municipios sería la cabecera del distrito. Martínez propuso Ayutla, evidentemente. Sin embargo, su posición se había debilitado por su incorporación al movimiento de la soberanía en 1915, cosa que le valió que lo acusaran de contrarrevolucionario. Fue entonces cuando se produjo un cambio en el equilibrio de fuerzas de la región.

28Luis Rodríguez, brazo derecho de Daniel Martínez, movió sus relaciones con el gobernador de Oaxaca para desplazar a su antiguo patrón. En 1938 obtuvo que la cabecera del distrito mixe estuviera ubicada en Zacatepec, su pueblo de origen, y mandó asesinar a Martínez en 1943. El distrito que dirigió por entero, hasta finales de los años cincuenta, reunía ya los 19 municipios mixes actuales. Los únicos que nunca han formado parte de ese distrito son Juquila, que pertenece al distrito de San Carlos Yautepec, por oponerse al nuevo cacique, y San Juan Guichicovi, que pertenece al distrito de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec. Zacatepec era un pueblecito de unos cuantos cientos de habitantes, arrinconado en la parte media de la sierra mixe. La decisión de convenirlo en la cabecera del nuevo distrito reflejó claramente el deslizamiento del poder en favor de Luis Rodríguez, que rápidamente ocupó los puestos claves del control y la intermediación políticos. Aun cuando no cursó más que cuatro años de estudios primarios en la escuela municipal de Zacatepec, fue nombrado inspector honorario de la dirección de educación del gobierno de Oaxaca. Sobre todo, fue secretario general del Comité Regional Campesino Mixe, de la cnc. Al mismo tiempo se convirtió en representante regional de la cnc y del pri. Dirigió también una Unión de Ayuntamientos que se reunía periódicamente bajo su mando, para determinar las orientaciones del desarrollo regional y las demandas que había que hacer para llegar al gobernador. Llevaba un control preciso de lo que se hacía en cada una de los municipios de la región. Cuando se celebraba la elección de las nuevas autoridades, enviaba hombres de confianza para que asistieran a las asambleas. En general, se las arreglaba para que el secretario de cada municipio estuviera a sus órdenes y llevara un estricto control de los hechos y los gestos de las autoridades. Los recuerdos de Maximiliano Díaz, alcalde de Santa María Tlahuitoltepec en 1956, son bastante elocuentes:

  • 33 Entrevista con Maximiliano Díaz.

Luis Rodríguez enviaba a sus emisarios de Zacatepec para que asistieran a las reuniones [...] cuando se designaban autoridades. Porque era secretario regional. Así es como lo llamaban: secretario regional, porque cada año las autoridades municipales debían decirle todo lo que habían decidido hacer. Era el primero que debía saberlo. Cada autoridad debía exponerle su plan de trabajo.33

  • 34 Ceremonia de investidura durante la que las autoridades salientes dan su vara de mando, una especi (...)
  • 35 Entrevista con Maximiliano Díaz.

29Además, cada año se hacía el cambio de autoridades34 en Zacatepec en presencia de las bandas municipales de todas las comunidades. Las autoridades debían aportar la comida, el pulque y los animales vivos (guajolotes, gallinas, cabritos, etcétera), que daban al cacique: “El cambio [de autoridades] se hacía allá, en la cabecera de distrito [...] Cuando yo era alcalde, ahí era donde se hacía el cambio de poderes. Todas las autoridades y todas las bandas de la región iban para allá”.35

  • 36 Salomón Nahmad Sitton, Los mixes: estudio social y cultural de la región del Zempoaltépetl y del I (...)

30Su injerencia en los asuntos de cada municipio iba más allá de la simple información. Se daban casos en que intervenía directamente, si las autoridades no se comportaban como él quería. Tenía influencia directa en la designación de autoridades, aunque con variaciones de un lugar a otro. En efecto, no todas las comunidades recibían el mismo tratamiento. Algunas estaban más sometidas que otras al yugo de Zacatepec: Cotzocón, Atitlán, Tamazula-pan, Totontepec y algunas agencias de Cacalotepec, Alotepec y Quetzaltepec. En el otro extremo, un grupo de municipios se oponía a Luis Rodríguez al grado de llegar a la confrontación armada: Cacalotepec, la cabecera de Alotepec, Juquila, Camotlán, Ayutla, la cabecera de Quetzaltepec y Mazatlán. Entre estos dos grupos se encontraban los otros municipios que mantenían una relación de respeto mutuo con el cacique: Tlahuitoltepec, Mixistlán, Ixcuintepec, Tepuxtepec y Tepantlali.36 La posición de Tlahuitoltepec era bastante significativa en este sentido. En los años cuarenta, Luis Rodríguez les prestó ayuda en la resolución de un conflicto de límites entre sus tierras y las de Atitlán:

  • 37 Entrevista con Maximiliano Díaz.

Los de Tlahuitoltepec eran amigos de Luis Rodríguez, porque nos ayudó en el conflicto territorial con Atitlán [...] En Tlahuitoltepec éramos muchos, por eso, sin duda, decidió ayudarnos, para que le ayudáramos a defender la región. También por eso nos ayudó cuando Atitlán invadió nuestras tierras. Porque Atitlán estaba con el otro cacique [...] A nosotros aquí no nos trató mal.37

31Lo que no impidió que los hiciera trabajar en la realización de las grandes obras de modernización que impulsó y que reprimiera severamente a los descarriados. Maximiliano Díaz lo experimentó en carne propia, ya que fue encerrado en prisión durante dos días por haber dejado de enviar a los de Tlahuitoltepec a trabajar en la consttucción de una pista de aterrizaje entre Zacatepec y Yacochi. Había decidido trabajar mejor en la construcción de una escuela. Lo mismo le ocurrió a Erasmo Vargas, su secretario municipal, que Luis Rodríguez sospechaba era el instigador de este acto de insubordinación. Muchas autoridades sufrían la misma suerte cuando no garantizaban la mano de obra o las sumas que les exigía para la realización de sus proyectos. Mandaba a la cárcel a todas las personas que le hacían sombra o que osaban enfrentársele. Solía ocurrir que los dejara pudrirse en la prisión de Zacatepec durante meses, sin nada que se pareciera a un juicio. Manipulaba a su antojo al juez de distrito, al que sobornaba generosamente y del que podía obtener todas las órdenes de aprehensión o las sentencias que quisiera. Muy a menu do recurría a la violencia más despiadada, y mandó a sus secuaces a matar a cientos de personas. Los habitantes de Alotepec recuerdan todavía que mandó torturar y después asesinar a uno de los dirigentes de ese pueblo que se había levantado en armas contra él.

  • 38 Se llama Distrito Mixe y no Distrito de Zacatepec, como en todos los otros casos. Efectivamente, t (...)
  • 39 Sobre la función de broker o intermediario en las relaciones clientelares ver Eric Wolf, “Kinship, (...)
  • 40 Guillermo de la Peña, “Poder local, poder regional”, p. 32.

32Luis Rodríguez encarna todas las contradicciones del caciquismo. Ejerce un poder feudal (al extremo de imponer un derecho de pernada, según dicen los testimonios recogidos por Íñigo Laviada) y al mismo tiempo conduce una campaña de modernización en el seno de su región, impulsando la educación, la construcción de vías de comunicación o la producción de café. Funda el único distrito del país que lleva un nombre étnico,38 haciendo alarde de una clara voluntad de reunir a los mixes y, al mismo tiempo, se convierte en promotor de la castellanización y de la integración de su región a la nación. Estas contradicciones son características del papel de broker39 que desempeña el cacique. Verdadera cabeza de Jano, representa al Estado y su proyecto de modernización, pero representa también a su región y comparte su margina-ción. Pues su poder se deriva, como dijimos, de su capacidad para mantener el monopolio de una mediación que el Estado necesita para asegurar la integración de regiones aisladas desde un punto de vista físico, social y cultural.40 En realidad, mientras más se avanza en el sentido de esta integración, más tiende la exclusividad a escapar de las manos del cacique. Ello explica la actitud ambivalente de Luis Rodríguez, que al mismo tiempo que impulsaba la creación de escuelas y hacía que se organizaran clases de confección para las mujeres, o talleres de artesanías, frenaba las iniciativas de las autoridades municipales de la región en materia de educación. En otras palabras, no aceptaba cambios salvo aquéllos que él mismo promovía. Mandaba traer a Zacatepec a quienes se distinguían por su inteligencia o su capacidad de mando y, con una mezcolanza de amenazas y favores, se ganaba su total lealtad. En el momento en que mostraban alguna resistencia o actuaban por su propia iniciativa, se encargaba de neutralizarlos por la fuerza.

  • 41 Entrevista con Evaristo Delgado, alcalde de Santa María Tlahuitoltepec en 1953, 11 de febrero de 1 (...)

33Por lo demás, el cacicazgo de Luis Rodríguez se apoyaba en la presencia de líderes o caciques menores en cada uno de los municipios, cuyo poder estaba estrechamente articulado al del cacique regional. Es el caso de Lucio Jiménez en Tlahuitoltepec, de Luis Domínguez en Puxmetacán o de Samuel Alcántara en Totontepec. Estos hombres eran una especie de réplica de su jefe. Solía ocurrir que entraran en pugna con él, ya que, a la vez que indispensables intermediarios, representaban una amenaza constante al poder absoluto del cacique. Luis Domínguez y Lucio Jiménez pagaron los platos rotos porque en varias ocasiones intentó eliminarlos. Las relaciones que tenían con Luis Rodríguez oscilaban constantemente entre la colaboración y la rivalidad. La actitud de Lucio Jiménez es bastante representativa en este sentido: durante mucho tiempo fue aliado del cacique de Zacatepec, pero las personas cercanas a él también lo describen como un defensor de su comunidad ante los abusos de Luis Rodríguez, cosa que seguramente lo empujó a confrontarlo en momentos en que se excedía en la explotación que les imponía.41 Encontramos aquí de nuevo la doble función del cacique: la defensa de los intereses de la comunidad frente a un poder central del cual es el operador local. El cacique es, pues, una pieza clave en la cadena de mediaciones que va del líder comunitario al presidente de la república; en el plano local y regional, encarna la presencia del Estado- pri en las periferias geográficas y culturales del país.

LOS CACIQUES MESTIZOS

34El ejemplo tomado de los mixes es representativo de un cierto tipo de caciquismo ejercido por los indígenas. En muchos casos, los intermediarios eran mestizos. En la región de Jamiltepec, por ejemplo, en la costa del Pacífico, el caciquismo estaba encarnado –y sigue estándolo– por los ganaderos que residían en la cabecera de distrito. La base de su poder era sobre todo económica, contrariamente a los caciques mixes, cuya acumulación de riqueza era más bien la consecuencia de su posición política. El cacicazgo de las familias Iglesias, Lorenzo y Baños, por ejemplo, en Jamiltepec y Pinotepa Nacional, se ha basado siempre en su capacidad de controlar el comercio y la ganadería en toda la región. Los caciques aportaban a los pequeños productores mixtecos los créditos que necesitaban para trabajar, pero con unas tasas de interés especialmente elevadas. Como los campesinos no podían cubrir sus deudas, se veían obligados a vender su producción a los acreedores a un precio inferior al del mercado. Los miembros de estas grandes familias se convirtieron en los principales representantes del pri en la región, desplegando hábilmente un discurso revolucionario y arreglándoselas para parcialmente dar marcha atrás a la reforma agraria, acaparando las tierras de mejor calidad. La capacidad de movilización y de control de su clientela entre los campesinos los ha convertido, desde el inicio, en intermediarios políticos ineludibles. La dependencia económica de los campesinos se tradujo en una lealtad política a toda prueba, que el pri ha aprovechado en cada elección. Las autoridades de los municipios indígenas de la región, como Santa Catarina Mechoacán o San Agustín Chayuco, tenían que recurrir al cacique de Jamiltepec para que sus gestiones ante el Estado pudieran avanzar.

  • 42 Palabra de origen náhuatl que designa una especie de faena o trabajo colectivo, obligatorio y no r (...)

35Hasta los años ochenta, al igual que en la región mixe, los procesos electorales municipales se operaban sin interferencia directa de ningún partido que no fuera el pri, cuya representación estaba asegurada por un comité municipal. Toda la comunidad era priísta, sin que ello supusiera militantismo alguno. El pri formaba parte de la costumbre, sin que ello significara que todo era armonía y unanimidad. El desarrollo de una economía más directamente vinculada al mercado nacional e internacional (el café y sobre todo la ganadería), tuvo efectos determinantes en las comunidades mixes: presión sobre la tierra, una creciente estratificación social, erosión de los mecanismos de solidaridad (ayuda mutua, tequio,42 fiestas) y del conjunto de las instituciones comunitarias.

36En el seno de la comunidad las facciones se multiplicaron y las rivalidades por el control de la tierra y de la producción se saldaron frecuentemente con la violencia. Ahí también el cacicazgo regional se reprodujo en el plano local poniendo en tensión los lazos comunitarios ya debilitados por las mutaciones de la economía.

LOS MAESTROS RURALES

37A partir de los años sesenta apareció un nuevo tipo de mediador en la mayor parte de las regiones indígenas: los maestros. Los maestros rurales, los “húsares” de la República mexicana, se formaron bajo el impulso de Lázaro Cárdenas (1934-1940). En un primer período, provenían de las ciudades, de los pueblos y los caseríos más importantes. A partir de estos años se formó una élite local de maestros hasta en las zonas más marginadas. Una vez más, debido a su grado particularmente elevado de aislamiento y marginación, la región mixe es representativa en este sentido. Antes de estos años los maestros de la región venían del exterior. En las tierras altas, por ejemplo, eran de Villa Alta, la cabecera de distrito hasta 1938. La mayoría eran, pues, zapotecas o mestizos. Su status era de maestro municipal y su remuneración estaba a cargo de las comunidades. La escolaridad era incompleta. Frecuentemente no pasaba del cuarto año de la escuela primaria.

  • 43 Aquellos que no hablan mixe, la lengua de esta región.

38Después de los años sesenta los jóvenes alumnos más brillantes tuvieron la posibilidad de seguir sus estudios primarios y luego secundarios en los internados públicos o privados ubicados en los pueblos más importantes o en las ciudades pequeñas de las regiones vecinas. Los de Tlahuitoltepec, por ejemplo, eran enviados a Yalalag, Zoogocho o Guelatao, en la zona zapoteca de la Sierra Norte, o bien a Tehuantepec, en la zona del Istmo. Fue el carde-nismo el que permitió la formación sistemática de jóvenes promotores que, después de hacer estudios secundarios, eran reenviados a sus regiones para alfabetizar a los habitantes. Esos maestros no tenían más que una formación rudimentaria, dado que cuanto más hacían era un cursillo de unas pocas semanas antes de lanzarse a su misión civilizadora. El Estado esperaba de ellos que contribuyeran a la integración de sus congéneres a la sociedad nacional y al progreso impulsado por la Revolución. Debían ayudar a los habitantes de las regiones más apartadas a salir del “oscurantismo” en el que habían sido mantenidos desde la época colonial. Además de la enseñanza del español, poco a poco se fueron convirtiendo en el vehículo de las políticas de salud, salubridad e instrucción cívica que estaban impulsando los gobiernos revolucionarios. Paulatinamente reemplazaron a los antiguos caciques en este papel crucial de mediación entre el Estado y las comunidades. Su calidad de brokers culturales los convirtió de manera natural en intermediarios políticos. Como los secretarios de los Altos de Chiapas descritos por Jan Rus, los maestros rurales constituirían la élite local y ocuparían progresivamente los puestos más importantes de los ayuntamientos. Su importancia creciente corresponde a la fase de institucionalización del Estado posrevolucionario. La antigua figura del cacique con pistola al cincho fue reemplazada paulatinamente por la del maestro rural, cuya misión era llevar los beneficios de la Revolución a lo más recóndito del país, con la Constitución de la República en la mano. El monopolio del cacique regional fue mermando a medida que el Estado y sus instituciones (el ini, las escuelas, la Secretaría de Agricultura, etc.) penetran en las regiones más aisladas y establecen una relación directa con las autoridades de cada uno de los municipios. Sin lugar a dudas es durante estos años de consolidación del Estado cuando la organización comunitaria del poder local pasa por las más grandes transformaciones. La intensificación de las relaciones con el Estado va a contribuir a desplazar la escala de valores tradicionales que giraba en torno al prestigio adquirido por el servicio a la comunidad, en pro de la valorización de las capacidades relacionales: saber hablar, leer y escribir español y, sobre todo, ser capaz de obtener del gobierno central las ayudas necesarias para el desarrollo de la comunidad. Los maestros, formados por el Estado y que se destacaron por su obra civilizadora, parecen ser las personas más indicadas para ocupar los principales cargos del ayuntamiento, en especial el de presidente municipal. La consolidación del régimen presidencial convierte a éste en el interlocutor privilegiado del poder central. En las regiones más pobres los jóvenes maestros ocupan este cargo sin siquiera haber asumido con antelación un cargo menor. Es el caso del profesor Filemón Díaz Ortiz, en Tlahuitoltepec, que en 1970 ocupa el cargo de presidente municipal sin haber ocupado otro previamente. Es el caso, también, de Froylán Castellanos en San Pedro y San Pablo Ayutla, que recuerda que sólo tenía 23 años cuando los principales fueron a buscarlo para invitarlo a ser presidente al año siguiente: se necesitaba que alguien instruido asumiera el cargo para poder hablar con los akaats.43

39Esta primera generación de maestros indígenas se convierte, así, en la élite política de las regiones más indianizadas y más pobres. Durante los años setenta y ochenta están a la cabeza de los ayuntamientos, uno tras otro. En Tlahuitoltepec, de las 31 personas que ocuparon el cargo de presidente de 1970 a 2000, 15 fueron maestros y el resto comerciantes y artesanos; cinco solamente fueron campesinos. En cuanto a los demás cargos (regidor, síndico, etcétera), la mayoría era ocupada por maestros. Por lo demás, en los años ochenta el fenómeno se intensifica, ya que ocho de once alcaldes eran maestros. Encontramos más o menos una proporción similar en Tamazulapan del Espíritu Santo y en Ayutla, en la misma región.

40Por supuesto, las diferencias son considerables de una región a otra. La tendencia que acabamos de describir corresponde a las zonas montañosas más pobres, donde la tierra y el clima no permiten pasar de la agricultura de subsistencia. La enseñanza y el comercio o las artesanías son las únicas actividades que producen ingresos por arriba de la media. Si tomamos en cuenta el hecho de que los cargos municipales no son remunerados, es fácil entender que las asambleas tiendan a designar a personas que posean un ingreso regular, como los maestros o los comerciantes, y no los que dependen de la tierra para sobrevivir, mayormente a partir de los años ochenta, cuando los maestros que son elegidos presidentes tienen derecho a una licencia con goce de sueldo mientras dure su mandato. Para los otros cargos, el Estado acepta que designen un sustituto, con el que se dividen el salario.

41En las regiones donde la tierra es más generosa, los maestros tienden a desempeñar un papel menos central en los asuntos públicos. Si la economía de la región está dominada por la ganadería o la producción de café, los que ocupan la cabeza del ayuntamiento son más bien los principales ganaderos y productores. Aun en estos casos, sin embargo, suele ocurrir que el papel de los maestros en las decisiones sea clave, dado que siguen ocupando el puesto de secretarios municipales, a menudo durante muchos años, viendo desfilar a un presidente municipal tras otro y constituyendo así el poder detrás del trono. Su dominio de los asuntos administrativos, de la información y de las relaciones con los funcionarios los convierte en operadores clave de la política local, aun cuando parezcan relegados al segundo plano en el organigrama del ayuntamiento. Además, en la mayoría de los casos representan al pri en el plano local. Mantienen así una posición estratégica que los dota de gran influencia en los asuntos municipales. Como ya dijimos, en algunas regiones el comité del partido oficial tiende a desplazar al consejo de ancianos en la toma de decisiones. El maestro adquiere poder de su función de broker, aunque no forme parte de la clase dominante desde un punto de vista económico. En las regiones más pobres, goza de una doble ventaja: económica, puesto que forma parte de los más pudientes, y política, puesto que asegura el monopolio de las relaciones de la comunidad con el exterior.

42Es en las zonas más pobres, como la mixe, donde los caciques regionales entran en crisis a fines de los años cincuenta. El poder se atomiza. Son los líderes locales los que mantienen una posición dominante y heredan el poder del antiguo cacique. En la región mixe, Luis Rodríguez murió de un paro cardiaco en 1959, en la avioneta que lo transportaba de la capital al estado. La región estaba hecha un polvorín, los municipios del sur (Alotepec, Maza-tlán, Cacalotepec, Juquila) se habían aliado para atacar Zacatepec y poner fin al dominio de Luis Rodríguez, debilitado por una enfermedad que padeció varios años. La decadencia de su cuerpo reflejaba la de su poder. Al morir se llevó una forma de dominación que marcó los primeros decenios del nuevo régimen. En Zacatepec sus hermanos se apoderaron de su sucesión y ejercieron un caciquismo local hasta los años noventa. Sus hijos hicieron carrera en el pri y adquirieron considerable influencia en los asuntos regionales, sin llegar a ejercer el mismo poder que su padre sobre los otros municipios, que se han convertido en espacios de poder relativamente autónomos de las cabeceras de distrito.

43En otras regiones, como Jamiltepec, que ya mencionamos, donde la fuente del poder no dependía exclusivamente del control de las relaciones con el gobierno central, sino del control del comercio y de la ganadería, el caciquismo sobrevivió a esta fase de institucionalización del Estado. Todavía hoy, los manejos del poder parecen ser más importantes y conflictivos, en parte porque tienen que ver con el control de considerables flujos económicos. La autonomía comunitaria puede ser tolerada en las regiones más pobres, donde parece reducirse a una gestión de la miseria. En cambio, es más difícil de concebir en las zonas donde la tierra es propicia a la agricultura de exportación o a la ganadería. En éstas la violencia es crónica y los caciques hacen fracasar los intentos del Estado central de limitar su poder. Logran incluso controlar la administración en el plano local y regional, o bien ocupan puestos clave dentro del pri. En tales casos las instituciones comunitarias tienden a declinar, como si la acumulación excesiva de riqueza y de poder fuera fatal para ellas.

LA LEY Y LA SIMULACIÓN: EL RECONOCIMIENTO TÁCITO DE LOS USOS Y COSTUMBRES

44En la mayoría de las regiones marginadas de Oaxaca el modo de dominación indirecta que se instaló después de la Revolución permite a las comunidades reproducir sus propias prácticas consuetudinarias bajo la apariencia engañosa de la uniformidad legal. Esto no es un anacronismo sino un ingrediente esencial del vínculo clientelista.

PEQUEÑAS COMPONENDAS CON LA LEY

  • 44 Bertrand Badie, “Communauté, individualisme et culture”, en Pierre Birnbaum y Jean Leca (coords.), (...)

45Las prácticas clientelistas articuladas en torno al caciquismo tienen la función de acoplar e incluso de hacer compatibles realidades divergentes. Reflejan una forma de abordar la diferencia cultural y de integrarla al funcionamiento general del sistema político. En realidad, se trata de una suerte de paliativo para garantizar la consolidación del Estado en un contexto de extrema heterogeneidad social y cultural.44 Esto explica la coexistencia de una doble legalidad cuando los ideales proclamados por los gobiernos posrevolucionarios son los de integrar a los indígenas a la cultura nacional y a las leyes de la república.

46Es sorprendente, en efecto, ver cómo el Estado ha tolerado –detrás de la fachada legal del municipio libre– las prácticas comunitarias que sin embargo contradicen los principios fundamentales del régimen: separación de la Iglesia y el Estado; igualdad de todos ante la ley; prohibición del trabajo obligatorio no remunerado; sufragio universal, individual y secreto, etcétera. La estrecha relación entre los cargos religiosos y los del ayuntamiento y la participación de las autoridades municipales en rituales religiosos propiciatorios; los derechos de ciudadanía adquiridos en función del mérito y de la contribución en las tareas colectivas; la participación en el tequio así como el voto público, colectivo y reservado para los hombres (en la mayoría de los casos), son algunas de las prácticas consuetudinarias que se reprodujeron a la sombra de la legalidad republicana.

47Las pequeñas componendas con la ley eran numerosas. El ejemplo de mandatos municipales cuya duración no correspondía a la que indicaba la ley es particularmente significativo. Cuando el mandato de tres años fue instituido por el Estado, en 1946, muchos municipios siguieron aplicando sus modalidades particulares: en la mayoría de los casos las autoridades cambiaban cada año; en otros se quedaban dos años consecutivos y cedían su sitio a los suplentes durante el último; en otros, en fin, las personas que estaban a la cabeza del cabildo el primer año regresaban al tercero después de haber sido reemplazadas por suplentes durante un año. Para ajustarse al mandato legal, las comunidades utilizaban toda suerte de subterfugios, el más común de los cuales era pedir a las autoridades instaladas que presentaran su dimisión o solicitaran por escrito una licencia temporal para poder justificar ante el Estado su sustitución por suplentes o las nuevas personas designadas para tal efecto.

  • 45 Esta modalidad fue introducida en los años setenta por los maestros, que estaban deseosos de una m (...)

48La adaptación de la costumbre comunitaria a la legalidad estatal se hacía según modalidades y grados variables. Podríamos colocar en un extremo los municipios que elegían y cambiaban sus autoridades cada año y en el otro los que lo hacían cada tres años. Entre los dos se situaban los que elegían a sus autoridades cada tres años pero las cambiaban cada año; es el caso de Santa María Tlahuitoltepec, ya citado. En ocasión de la elección trienal los ciudadanos reunidos en asamblea elegían (y siguen haciéndolo) a las autoridades que habrían de sucederse en el ayuntamiento. Los miembros de la asamblea designaban tres personas para cada cargo electivo (presidente municipal, síndico y regidores) y las sometían a voto: la que obtenía más votos ocupaba el cargo durante el primer año, la segunda durante el segundo, y así sucesivamente.45

49Así, el organigrama del municipio libre consagrado en la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca, durante mucho tiempo cubrió un conjunto de prácticas institucionales particulares que van más allá de los procedimientos de elección. Las divergencias con el texto de la ley tienen que ver también con las funciones de las autoridades municipales y su forma de ejercerlas. La división de las tareas que atribuye los asuntos de justicia al alcalde y al síndico, y los administrativos al presidente municipal, raramente se aplica. En general las decisiones se toman colectivamente, y las mismas funciones las asume el conjunto de los miembros del ayuntamiento. Otras funciones, dictadas por la costumbre, se codean con las que marca la ley. Así, para seguir con el mismo ejemplo de Santa María Tlahuitoltepec, es el síndico el que cumple la función de juez en la mayor parte de los litigios. El alcalde interviene ocasionalmente en los litigios sobre tierras entre miembros de la comunidad o bien en los que surgen dentro de las familias. Pero su función esencial no tiene que ver con la justicia sino con la organización de las fiestas religiosas del pueblo. Debe, pues, ocuparse del cambio de mayordomos, de capitanes de festejo, de encontrar a las personas que van a pagar los fuegos artificiales e invitar a las bandas de otros municipios. Debe coordinar el conjunto de actividades de la fiesta, desde las mesas hasta las corridas de toros o jaripeos, pasando por las diferentes procesiones. Sobre todo, debe supervisar la atribución, a cada capitán de festejos, de las bandas locales o invitadas que éste deberá atender durante la fiesta. Funciones todas que no tienen mucho que ver con las del juez consagradas en la ley. En Tlahuitoltepec, al igual que en muchas otras comunidades, el alcalde es una persona que ha acumulado experiencia y prestigio por haber ocupado, a lo largo de su vida, los principales cargos civiles y religiosos. Esto lo coloca por encima de los demás miembros del ayuntamiento. Es el garante de las tradiciones y sus consejos se escuchan con respeto. El hecho de que sea uno de los pocos cargos del ayuntamiento que tiene nombre mixe –mujdok, “gran vara”– demuestra sin duda que se trata de un cargo tradicional y, tal vez, de la reminiscencia de un antiguo jefe o cacique prehispánico. Otros cargos, como los de mayor o de topil (encargado de mantener el orden), también forman parte de los cargos tradicionales del ayuntamiento mixe que la ley no reconoce.

  • 46 Véase especialmente Pierre Clastres, La société contre l’État.

50Dos de las instituciones más representativas del gobierno comunitario, la asamblea y el consejo de ancianos, tampoco han tenido nunca reconocimiento legal. Sin embargo, sobre ellas descansa la mayoría de las decisiones importantes de la autoridad municipal. Ciertamente existen dudas acerca de la importancia y el funcionamiento de las asambleas en el pasado. Es muy posible que hasta los años sesenta, no hayan tenido el mismo rol ni la misma composición que han ido adquiriendo hasta hoy. Las asambleas actuales que congregan al conjunto de los adultos de una comunidad –e incluso a los jóvenes casados que aún no han alcanzado la mayoría de edad–, donde se discuten los asuntos públicos y las decisiones que se someten a votación, no fueron siempre la norma. Según nuestras propias investigaciones, parece ser que en Tlahuitoltepec, en los años cuarenta y cincuenta, las asambleas eran similares a las de hoy en su composición: ya las mujeres participaban, algo excepcional en la región, aun cuando la mayoría de los procedimientos legales fueron introducidos en los años sesenta por los maestros, a saber: el nombramiento, al inicio de cada asamblea, de una mesa de debates; la inscripción, en un pizarrón, del orden del día y de las diferentes resoluciones sometidas a votación; la contabilización exacta, realizada por personas nombradas para tal fin, del escrutinio emitido a mano alzada y la elaboración de un acta después de cada reunión. Así, pues, aparentemente las asambleas constituyen desde hace mucho tiempo el mecanismo privilegiado de la toma de decisiones en los municipios indígenas. Suele ser presentada como la máxima autoridad de la comunidad, incluso por encima del ayuntamiento. En todo caso, éste recurre constantemente a dichas reuniones para tomar las decisiones más diversas, desde los asuntos corrientes (determinación de los trabajos por emprender en la comunidad, organización del tequio anual, etcétera) hasta los asuntos excepcionales (conflictos sobre límites territoriales con las comunidades vecinas, juicio de alguna persona que hubiera cometido un delito grave, etcétera). Las asambleas son frecuentes, aunque es algo que varía de comunidad en comunidad. La importancia de esta institución dice mucho sobre la forma que asume la autoridad en estas unidades sociales. Corresponde en general a las descripciones hechas por los antropólogos, de ciertas sociedades tribales en las que los gobernantes, si los hay, no poseen poder independiente.46 Éste es relativamente difuso y la autoridad de los gobernantes depende del consentimiento de los gobernados, en realidad los verdaderos depositarios del poder. La frágil delegación del poder se refleja en la necesidad permanente de las autoridades municipales para buscar la aprobación de los miembros de la comunidad reunidos en asamblea. Las autoridades son susceptibles de ser criticadas y hasta destituidas si no siguen la voluntad de la mayoría.

51La pobreza que caracteriza a la mayoría de los municipios indígenas y la escasez de recursos asignados por el Estado contribuyen a reducir el poder de los ayuntamientos. El término que emplean los mixes para designar a la autoridad –kutunk– es significativo de la concepción que tienen del poder: kutunk significa literalmente cabeza (ku) del trabajo (tunk), que podría traducirse por aquellos que asumen la cabeza del trabajo, que lo dirigen. La autoridad municipal, cuyos miembros son designados por la asamblea, no manda tanto como coordina el trabajo o las iniciativas comunitarias. De todos modos es conveniente no albergar una visión idílica de la política comunitaria. Los municipios de Oaxaca son en sí mismos la expresión de un sincretismo. Las dinámicas institucionales más tradicionales están amalgamadas con las del Estado. En ciertas circunstancias, unas prevalecen sobre las otras. El equilibrio es siempre frágil, fluctuante. Si por regla general la ausencia de profesionalización de lo político y su carácter de servicio obligatorio y no remunerado tienden a disminuir la acumulación de poder, la política comunitaria de cualquier forma existe, como vimos con los caciques. Éstos, empero, disponen además de un poder delegado por el Estado que les permite colocarse por encima de las decisiones de las asambleas y de las autoridades municipales, e incluso manipularlas. Suele ocurrir que ocupen los cargos municipales más importantes, sobre todo el de presidente municipal, pero su principal fuente de poder está fuera del municipio y sus instituciones comunitarias.

  • 47 Generalmente se trata de personas que han adquirido prestigio y autoridad al asumir los cargos de (...)

52Junto al de las asambleas, el papel de los ancianos47 ha sido central en las comunidades indígenas durante mucho tiempo. Las personas que han ocupado todos los cargos comunitarios adquieren experiencia y prestigio, y éste constituye la única remuneración efectiva que reciben del ejercicio de la función pública. Se convierten, así, en una especie de consejeros de las autoridades municipales. Su papel varía de una región a otra y ha ido cambiando con los años. En algunas regiones, como la triqui, al occidente del estado de Oaxaca, o entre los mixtecos de la costa del Pacífico, parece ser que alcanzaron considerable poder, ya que estaban encargados de designar a las nuevas autoridades municipales. Esto corresponde sin duda a una antigua práctica que fue desplazada por la de las grandes asambleas de elección. La asamblea ha existido siempre, pero ciertamente fungía para ratificar (como ocurre todavía en algunos municipios) una decisión tomada por la autoridad instalada y el consejo de ancianos, más que para seleccionar y designar directamente a las autoridades. Después de la Revolución, y en particular con la institución de los comités del partido oficial, el papel de los consejos de ancianos tiende a declinar. Ello no obsta para que sigan teniendo hasta nuestros días un papel importante en numerosos municipios, sobre todo en la resolución de conflictos territoriales, o bien en ocasión de conflictos graves en el seno de la comunidad.

EL PACTO CLIENTELISTA

  • 48 Gonzaio Aguirre Beltrán, Formas de gobierno indígena.

53Todas estas peculiaridades institucionales tuvieron durante mucho tiempo existencia paralela a las instituciones del Estado. Al respecto, la Revolución no trajo cambios: la concepción republicana de una legalidad única que se aplica a todos los ciudadanos mexicanos, cualquiera que sea la diferencia cultural o social, sigue vigente. El indigenismo erigido en política de Estado por Lázaro Cárdenas a fines de los años treinta, con la creación del Instituto Nacional Indigenista (ini), se inspira por cierto en el pensamiento nacido en el siglo xix en materia de integración de los indios a la nación. Es ésta una política de asimilación cuyo objetivo es que los indios se vuelvan ciudadanos mexicanos por derecho propio. Esto debe pasar por un proceso de aculturación a través de la educación (los maestros tienen a su cargo la alfabetización y la castellanización de los indígenas jóvenes), pero también a través de nuevas instituciones políticas. La intención es reemplazar gradualmente las instituciones comunitarias consideradas retrógradas por las del municipio libre48 y, al mismo tiempo, las adhesiones comunitarias heredadas del régimen colonial, por una identidad de clase que haga de los indígenas verdaderos campesinos organizados bajo la égida del Estado corporativista. Se crea así la Confederación Nacional Campesina (cnc), encargada de federar las organizaciones campesinas que los dirigentes priístas debían impulsar en cada región de la república. Paralelamente, el ini debía impulsar el desarrollo económico y social de las regiones indígenas con la finalidad de desenclavarlos e integrarlos al mercado nacional. ¿Cómo explicar entonces que tanto en Oaxaca como en Chiapas y en casi todas las regiones de mayoría indígena el Estado tolerara la reproducción de normas y formas de gobierno locales que contradecían las leyes de la república?

54La explicación más usual es la que hace referencia a la capacidad de resistencia de las propias comunidades. Ellas han sabido mantener sus instituciones y su cultura pese a las constantes medidas de destrucción aplicadas por el Estado. De la misma forma en que resistieron la dominación colonial, y luego las de las élites liberales del México independiente, supieron valerse de las nuevas instituciones revolucionarias para reproducir su especificidad cultural. Verdad es que a lo largo del siglo xix, en plenas reformas liberales, las comunidades de Oaxaca no solamente lograron frenar la privatización de sus tierras, sino que incluso utilizaron la ley para asegurar su propiedad colectiva. Frente a la política de repartición de los bienes de la comunidad, recurrieron a la personalidad jurídica del municipio para convertirlo en el propietario legal de las tierras y evitar así que fueran privatizadas. Durante la reforma agraria, en los años treinta y cuarenta, más del 80% de las peticiones hechas por las comunidades son demandas de titularización de las tierras comunales; las que tienen que ver con la afectación de tierras expropiadas en forma de ejidos son muchísimas menos. Esto prueba que las comunidades pudieron mantener el control de su territorio en formas más o menos disfrazadas de propiedad colectiva, utilizando, sobre todo, la figura del ayuntamiento.

55Pero la capacidad de resistencia de las comunidades no basta para explicar la reproducción de su especificidad organizativa. Ésta ha sido posible por el modo de dominación que se estableció desde la Colonia: los españoles no pretendieron explotar directamente la tierra, como en otras regiones de la Nueva España. La inmensidad del territorio, su naturaleza montañosa y la relativa penuria de las tierras arables en la mayoría de las regiones, contribuyeron a que los conquistadores optaran por una explotación del comercio y de la mano de obra indígena. Esta característica se reproducirá hasta nuestros días, dado que el núcleo de la clase dirigente no está conformado por terratenientes, como en Chiapas, sino por una élite urbana vinculada al comercio y a la función pública. Sin caer en un determinismo histórico reductor, nos parece que el pacto clientelista que mencionamos es en realidad una reformulación de este modo de dominación.

  • 49 Jean-François Médard, “Le rapport de clientèle: du phénomène social à l’analyse politique”, Revue (...)

56No obstante, nos parece conveniente privilegiar una interpretación propiamente política y estratégica de la coexistencia de dos legalidades (la de las comunidades y la del Estado). Esta coexistencia es el fruto de una transacción política: las comunidades necesitan, para guardar su margen de autonomía, que sus autoridades sean legalmente reconocidas; por otra parte, el Estado-pri requiere de una legitimación popular y le conviene, sobre todo, evitar la inestabilidad política que provocaría si no respetara la costumbre de más de 400 municipios. Por ello los dota de la legalidad necesaria acreditando a sus autoridades, sin mayor formalismo legal. Sin embargo, al tolerar lo que es ilegal (las comunidades deberían elegir a sus autoridades a través de planillas presentadas por partidos debidamente registrados ante la autoridad electoral), el Estado les hace un favor, que ellas retribuyen dando muestras de una lealtad a toda prueba al partido oficial. He aquí la quintaesencia del clientelismo concebido como una “estrategia del intercambio, en que lo donado, la ayuda, el favor, el servicio prestado, son el medio para convertirse en deudores, en acreedores”,49 no solamente porque el Estado da recursos materiales a las comunidades a cambio de su voto, sino porque manipula la aplicación de la ley en su favor. El que el Estado tolere una realidad que contradice el discurso oficial acerca de la integración de los indios a la civilización y a la modernidad, es perfectamente comprensible desde este ángulo. Es el resultado de un cálculo estratégico de parte de Estado y comunidades.

  • 50 Entrevista con Pedro Nicolás Alavez, tatamandón y presidente del comité municipal del pri, San Agu (...)

57Sólo así se entiende la existencia de la comunidad revolucionaria institucional. Ésta es funcional para el Estado-pri en dos niveles. Por una parte, porque su corporativismo interno es una garantía contra toda disidencia política y, por la otra, porque su supervivencia depende de una transacción ilegal. Tenemos aquí una perfecta interdependencia: el unanimismo corporativista de las comunidades es una garantía para la hegemonía del pri, que a cambio preserva su integridad. Este intercambio tácito de favores funcionó de maravilla hasta los años noventa. Comunidad y pri eran uno. Se nutrían mutuamente, cosa que facilitaba el hecho de que la distinción entre partido y gobierno y entre gobierno y Estado no existía. El pri era el gobierno y el Estado al mismo tiempo. También era la patria, ya que su símbolo tenía como fondo la bandera nacional. En las comunidades el comité del partido estaba integrado a la jerarquía Tradicional de los cargos, mientras que en los estatutos del pri, las asambleas de las comunidades estaban consideradas como uno de los procedimientos de selección de sus candidatos. En suma, una simbiosis perfecta que unía Estado, pri y comunidades. La respuesta de un tatamandón de San Agustín Chayuco, cuando se le pregunta por qué continúa apoyando al pri, es elocuente: “Porque seguimos siendo fieles a la bandera nacional, que estuvo siempre con nosotros. Porque hace muchos años que es así. Nuestros abuelos así lo hacían... no debemos cambiarlo. Es parte de la costumbre”.50

58Es esta simbiosis la que entra en crisis desde fines de los años setenta. Crisis que se preparaba desde mucho tiempo atrás, pero que no se manifestó claramente hasta los años noventa, en el momento mismo en que el gobierno de Oaxaca decidió legalizar la costumbre electoral de las comunidades. Esta oficialización de una costumbre que hasta entonces había estado estrechamente ligada al partido de Estado no es fortuita: es elocuente, a la vez, de la descomposición de una costumbre política y de los intentos de controlar un cambio inevitable.

59Hemos mostrado, en este primer capítulo, que el régimen de Estado-partido se construyó integrando a las instituciones comunitarias indígenas. Éstas se convirtieron en las células elementales que garantizaban la reproducción de un modo de dominación centralizado y homogéneo, pero que extiende su control al conjunto del tetritorio nacional infiltrando y utilizando, en su provecho, las formas de gobierno local heredadas del pasado. Es este compromiso clientelista, encarnado en la comunidad revolucionaria institucional, el que entra en crisis a partir de los años setenta.

Notes

1 Hoy en día, Oaxaca sigue concentrando una problación indígena importante. Según el último censo del inegi (2005), un millón 91 mil 502 personas de 5 años y más hablan una lengua indígena, lo que representa 31% de la población total del estado, siendo ésta de 3 millones 506 mil 821 personas. La cifra es discutible ya que sólo toma en cuenta las personas de más de cinco años que declaran hablar alguna lengua indígena. Además, desde el punto de vista socio-antropológico, la lengua no es el único “marcador” de identidad. Según estimaciones que toman en cuenta otros elementos de la cultura (formas de organización social, creencias, costumbres, auto-identificación, etc.) más de la mitad de la población de Oaxaca puede ser considerada indígena. De todas formas, aún con la estimación “conservadora” del inegi, la proporción de población indígena en Oaxaca es la más importante en comparación con los demás estados de la república, y es cinco veces superior al promedio nacional (véase inegi, II Conteo de Población y Vivienda, México, 2005).

2 En 1929 el general Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario (pnr), que luego se convertirá en el Partido de la Revolución Mexicana (prm) en 1938 y en el Partido Revolucionario Institucional (pri) en 1946.

3 Jan Rus, “La comunidad revolucionaria institucional: la subversión del gobierno indígena en los Altos de Chiapas, 1936-1968”, en Juan Pedro Viqueira y Mario Humberto Ruz (eds.), Chupas. Los rumbos de otra historia.

4 Ibid., p. 252.

5 El mayordomo es la persona que financia la fiesta patronal del pueblo con sus propios recursos.

6 Jan Rus, “La comunidad revolucionaria institucional”, pp. 293-300.

7 Jaime Bailón Corres, Pueblos indios, élites y territorio. Sistemas de dominio regional en el sur de México: Una historia política de Oaxaca, p. 189.

8 Partido regional del estado de Oaxaca que perteneció al pnr desde la formación de éste.

9 Ibid., p. 207.

10 Frederick J.D. Lugard, The Dual Mandate in British Tropical Africa.

11 Término de origen náhuatl que designa a las personas que ocupan las funciones de policía y también de mensajero al servicio del municipio. Esta función generalmente la llenan hombres jóvenes célibes.

12 Jefe de topiles.

13 Elaboramos este organigrama a partir de las entrevistas y las observaciones que realizamos en Santa María Tlahuitoltepec, tomando como modelo el organigrama escrito que nos proporcionaron las autoridades municipales. Un grupo de maestros y de autoridades se dedicó en 1995 a formalizar la jerarquía de cargos, reordenándolos por niveles o equivalencias. Es sólo un modelo, que nunca ha sido plenamente aplicado.

14 Los capitanes de festejos tienen por función ocuparse de las bandas musicales durante las fiestas. Deben alimentarlos y hospedarlos. Este cargo sólo se ocupa una vez en la vida durante una de las fiestas del año (cada pueblo celebra cuando menos dos o tres fiestas por año en honor de sus santos patronos). En cada fiesta hay una decena de capitanes de festejo. Se trata de un cargo particularmente crucial: condiciona el acceso a cargos de mayor importancia en el ayuntamiento. También es extremadamente pesado, pues representa una erogación de varios miles de pesos (entre 1 5 mil y veinte mil pesos en 1999).

15 Para un análisis y discusión del principio de jerarquía en la organización de los cargos civiles y religiosos comunitarios, véase Danièle Dehouve, “Les échelles de coûts et de prestige, réalité ou erreur de méthode? La hiérarchie des charges dans les communautés indiennes mésoaméricaines”, Etudes Rurales, vol. 69, enero-marzo de 1978, pp. 101-108; D. Dehouve, “Système des charges civiles et religieuses des communautés indiennes méso-américaines et andines”, Actes du XLIIe Congrès International des Américanistes, vol. 6, septiembre de 1976, pp. 139-141; D. Dehouve, “L’influence de l’État dans la transformation du système des charges d’une communauté indienne mexicaine”, L’Homme, vol. 14, abril-junio de 1974, pp. 87-108.

17 Véanse sobre todo Pedro Carrasco, “The Civil-Religious Hierarchy in Mesoamerican Communities: Pre-Spanish Background and Colonial Development”. American Anthropologist, núm. 63, 1961, pp. 483-497; Andrés Medina Hernández, “Los sistemas de cargos en la Cuenca de México: una primera aproximación a su trasfondo histórico”, Alteridades, año V, núm. 9, 1995, pp. 7-23

18 Véase sobre todo Evon Z. Vogt, “Some Implications oí Zinacantán Social Structure for the Study of the Ancient Maya”, en John A. Graham (ed.), Ancient Mesoamerica: Elected Readings, pp. 176-188.

19 John K. Chance y William B. Taylor, “Cofradías and Cargos: an Historical Perspective on the Mesoanierican Civil-Religious Hierarchy”, American Ethnologist, núm. 12, 1985, pp. 1-26.

20 María de los Ángeles Romero Frizzi, El sol y la cruz. Los pueblos indios de Oaxaca colonial.

21 Roger Bartra reinició la polémica al publicar un artículo en el que demuestra hasta qué punto los elementos constitutivos de los sistemas de jerarquía de los cargos municipales son de origen colonial y no precolombino, como pretenden algunos intelectuales indígenas o indianistas. Arguye como prueba el que las mismas instituciones existen prácticamente en todas las regiones indígenas, mientras que las formas de organización autóctonas eran muy diversas antes de la llegada de los españoles. Para mayores detalles véase Roger Bartra, “Violencias salvajes: usos, costumbres y sociedad civil”, en La sangre y la tinta. Ensayos sobre la condición postmexicana.

22 Juan Pedro Viqueira, “La comunidad india en México en los estudios antropológicos e históricos”, Anuario 1994, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Universidad de Ciencias y Artes del estado de Chiapas, pp. 22-58.

23 Las Ordenanzas de Cortés de 1524 y 1525 fueron las primeras que instauraron el cabildo como célula de base de la administración colonial. A partir de 1530 los españoles lo introducen en Oaxaca, estableciendo, al igual que en cualquier otro sitio, una distinción entre las “repúblicas de españoles” y las “repúblicas de indios”, distinción que se mantendrá hasta 1857, cuando aparecerán por vez primera, en la Constitución federal y en las leyes, los términos “municipio” y “presidente municipal”. Véase J. K. Chance y W. Taylor, “Confradías and Cargos”.

24 Los repartimientos designaban las cantidades de dinero o bien de materias primas que los alcaldes mayores adelantaban a los indios a cambio de su futura producción. Los alcaldes mayores vendían o prestaban algodón a los artesanos, por ejemplo, y varias semanas más tarde les compraban, a precios irrisorios, las telas que hubieran confeccionado. Luego las revendían a precios de mercado. En el caso de la cochinilla o del gusano de seda, adelantaban el pago de la producción a precios muy por debajo de los del mercado. Este sistema aseguraba al comerciante que se asociaba con el alcalde mayor un verdadero monopolio sobre el mercado regional. Las considerables ganancias que obtenía el alcalde mayor le permitían no solamente pagar el tributo real y reembolsar los préstamos en que hubiera incurrido para comprar la materia prima, sino además enriquecerse personalmente.

25 J.K. Chance, La conquista de la sierra. Españoles e indígenas de Oaxaca, en la época de la Colonia, pp. 232-239.

26 J.K. Chance y W. Taylor, “Cofradías and Cargos”

27 El hecho de que los cargos municipales no sean remunerados e impliquen, por el contrario, gastos considerables para las personas que los ocupan, contribuye a que sean rechazados. La palabra “cargo” parece revestir aquí su sentido más literal. Factores ligados a las concepciones culturales del poder explican sin duda la actitud de los individuos a no expresar públicamente sus ambiciones y no presentarse como candidatos. Se dice que ello levantaría sospechas entre los demás, que concluirían de inmediato que la persona tiene malas intenciones (de corrupción, de abuso de poder, etcétera).

28 Guillermo de la Peña, “Poder local, poder regional: perspectivas socioantropológicas”, en Jorge Padua y Alain Vanneph, Poder local, poder regional, pp. 27-56.

29 Íñigo Laviada, Los caciques de la sierra.

30 El movimiento soberanista nace en 1915, cuando el Congreso local decreta que el estado de Oaxaca se mantendrá al margen de los enfrentamientos entre los diferentes bandos de la Revolución. El gobierno de Oaxaca decide esperar a que se restablezca el orden constitucional federal. Durante este tiempo, continúa rigiéndose por la Constitución federal de 1857, abolida por los revolucionarios. Esta decisión no es unánime entre las tuerzas políticas del estado, algunas directamente implicadas en la guerra revolucionaria al lado del general Venustiano Carranza. La decisión, sin embargo, se mantendrá hasta 1920, fecha en que el gobernador Manuel García Vigil –designado por el presidente interino Adolfo de la Huerta– obliga a los soberanistas a adherirse a la Constitución de 1917 (que hoy por hoy sigue rigiendo a la República mexicana). Los principales dirigentes soberanistas y sus operadores regionales (como Daniel Martínez en la región mixe) son separados del poder a guisa de sanción por no haber participado en la Revolución. Para más detalles sobre este periodo de la historia de Oaxaca véase Francisco José Ruiz Cervantes, “El movimiento de la soberanía en Oaxaca (1915-1920)”, en Víctor Raúl Martínez Vásquez (coord.), La revolución en Oaxaca (1900-1930), pp 277-381.

31 Walter Miller, citado por I. Laviada, p. 142.

32 Entrevista con Maximiliano Díaz, alcalde de Tlahuitoltepec en 1956, Santa María Tlahuitoltepec, 15 de agosto de 1997.

33 Entrevista con Maximiliano Díaz.

34 Ceremonia de investidura durante la que las autoridades salientes dan su vara de mando, una especie de cetro, a las nuevas autoridades.

35 Entrevista con Maximiliano Díaz.

36 Salomón Nahmad Sitton, Los mixes: estudio social y cultural de la región del Zempoaltépetl y del Istmo de Tehuantepec, p. 100.

37 Entrevista con Maximiliano Díaz.

38 Se llama Distrito Mixe y no Distrito de Zacatepec, como en todos los otros casos. Efectivamente, todos los distritos judiciales y electorales del país llevan el nombre de su cabecera.

39 Sobre la función de broker o intermediario en las relaciones clientelares ver Eric Wolf, “Kinship, Friendship, and Patron-Client Relations in Complex Societies”, en Michael Banton, (ed.), The Social Anthropology of Complex Societies, pp. 1-22; Shmuel Noah Eisenstadt y René Lemarchand (eds.), Political Clientelism, Patronage and Development, Jean-Louis Briquet y Frédéric Sawicki (eds.), Le clientélisme politique dans les sociétés contemporaines

40 Guillermo de la Peña, “Poder local, poder regional”, p. 32.

41 Entrevista con Evaristo Delgado, alcalde de Santa María Tlahuitoltepec en 1953, 11 de febrero de 1998.

42 Palabra de origen náhuatl que designa una especie de faena o trabajo colectivo, obligatorio y no remunerado efectuado por los adultos en beneficio de comunidad.

43 Aquellos que no hablan mixe, la lengua de esta región.

44 Bertrand Badie, “Communauté, individualisme et culture”, en Pierre Birnbaum y Jean Leca (coords.), Sur l’individualisme.

45 Esta modalidad fue introducida en los años setenta por los maestros, que estaban deseosos de una mayor eficacia administrativa, pues pensaban que ello permitiría a las autoridades municipales elegidas concertar mejor sus proyectos de trabajo y asegurar una mayor continuidad en la administración. Se esperaba también que daría a las personas elegidas el tiempo de anticipar su año de servicio y de prepararse financieramente para los gastos considerables que implicaba.

46 Véase especialmente Pierre Clastres, La société contre l’État.

47 Generalmente se trata de personas que han adquirido prestigio y autoridad al asumir los cargos de más alta responsabilidad en el seno de su comunidad. Se les designa con los nombres de principales, caracterizados o tatamandones, según las regiones.

48 Gonzaio Aguirre Beltrán, Formas de gobierno indígena.

49 Jean-François Médard, “Le rapport de clientèle: du phénomène social à l’analyse politique”, Revue Française de Science Politique.

50 Entrevista con Pedro Nicolás Alavez, tatamandón y presidente del comité municipal del pri, San Agustín Chayuco, en Jamiltepec, Oaxaca, 20 de noviembre de 1999. Recordemos que el logotipo del pri tiene los mismos colores que la bandera de México (verde, blanco y rojo).

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Titre Cuadro 1. Jerarquía de cargos civiles y religiosos del municipio de Santa María Tlahuitoltepec (región mixe, Oaxaca)
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