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Sajcabajá, muerte y resurrección de un pueblo de Guatemala

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Jean Piel

Tercera Parte. San Andrés y el Quiché republicano de 1821 a 1964

Capítulo X. San Andrés y el Quiché durante el primer siglo republicano: 1821-1920

Texte intégral

1Más que un simple acto político formal, la Independencia proclamada el 9 de septiembre de 1821 por el Ayuntamiento de Guatemala es una verdadera revolución, no sólo porque pone término a tres siglos de dependencia colonial con España, sino porque transforma el orden interno y externo del país, no sin retardos, vacilaciones y retrocesos hasta 1871. En el exterior, substituye el comercio de monopolio colonial, ejercido bajo tutela burocrática, por el mercado mundial de libre cambio dominado por Gran Bretaña. En la cima de la sociedad, reemplaza el poder de la alta burocracia española por el de los grandes agroexportadores criollos asociados al capital noreuropeo. En el interior, crea las condiciones para una substitución (parcial) de los modelos de control sociopolíticos, en detrimento de los antiguos procedimientos coloniales (política de tutela de los indígenas, exclusión de mestizos y criollos de las decisiones políticas y omnipotencia de la Iglesia); favorece una intervención directa —pero rara vez democrática— de los criollos en la política, y su dominación se ejerce sobre indios y ladinos a través de los mecanismos de dependencia social (clientelas, parentelas, compadrazgos) orientados por un mercado interno todavía limitado y por sectores, pero en expansión hasta nuestros días.

2Este proceso secular, desencadenado en 1821, es desigual y desigualmente rápido según los segmentos que constituyen la sociedad guatemalteca. En el periodo de triunfo de los conservadores sobre los liberales de 1839 a 1871, parece incluso experimentar transitoriamente verdaderos retrocesos. Sin embargo, la evolución de Guatemala entre 1821 y 1920 va en el sentido de la hegemonía del capitalismo liberal y de la clase social que lo sostiene y se fortifica gracias a él: la oligarquía agroexportadora criolla, especializada en los productos textiles y de tintura antes de 1871 y en el café después de esa fecha.

3Pero, ¿en qué medida este proceso secular, diferenciador por naturaleza, puesto que desarrolla las regiones de plantaciones especulativas y margina las regiones de economía y de sociedad más antiguas, afecta, de manera directa o indirecta, la especificidad del Quiché oriental que se caracterizaba por su extremo tradicionalismo desde la época colonial?Sin embargo, integrado por las buenas o por las malas a la nueva nación guatemalteca, el destino de lo que fue antaño el reino de Utatlán no se separa de ella. La historia regional no se aisla de la historia nacional y sus periodizaciones respectivas se corresponden poco o mucho. Por consiguiente, dividiremos nuestro estudio en tres periodos principales:

  • de 1821 a 1871: 50 años durante los cuales la joven Guatemala independiente vacila todavía entre sus orientaciones liberales o conservadoras, mientras que el Quiché oriental consolida un statu quo heredado en buena parte del último periodo colonial;
  • de 1871 a 1920: 50 años durante los cuales “positivistas” y neoliberales, vencedores en definitiva en el plano político, se lanzan a fondo en el despegue de un gran capitalismo agrícola de exportación, destinando a las tierras altas indígenas el papel de reserva de hombres y tierras al servicio de criollos y ladinos;
  • de 1920 a 1964: más de 40 años durante los cuales la oligarquía del café, establecida definitivamente, diversifica sus actividades económicas asociada al capital financiero internacional, triunfa (no sin problemas) sobre sus oposiciones radicales de izquierda y conserva así el control de la apertura por etapas de su hinterland indígena a la expansión del mercado interno. En el corazón del Quiché oriental, en San Andrés Sajcabajá, este periodo se acaba de manera significativa con los comienzos de la Acción Católica en 1963 y la llegada del primer camión en 1964.

A. LA REDEFINICION DEL ESTATUTO INDIGENA DEL QUICHE ORIENTAL DE 1821 A 1871

I. LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO

4Provocada por el florecimiento interno de los grandes plantadores exportadores criollos y por la crisis general que atraviesa el colonialismo español a partir de 1806, la Independencia de Guatemala es la continuación, quizás de ningún modo fatal pero lógica, de las últimas décadas del régimen colonial. Ahora bien, desde fines del siglo xviii, pero sobre todo después de la reunión de las Cortes de Cádiz en 1812, los elementos más activos de la sociedad criolla guatemalteca se inspiran cada vez más en los principios del liberalismo, tanto en el plano comercial como político e ideológico. Esto se presiente en las publicaciones de la Sociedad Económica de Amigos del País, se nota en la actitud de los delegados guatemaltecos en Cádiz, y se confirma en el momento mismo de la Independencia, sea en sus proclamaciones políticas oficiales, sea en su prensa, especialmente en el diario de José Cecilio del Valle, El Amigo de la Patria, publicado entre 1820 y 1822. Por eso, y de modo muy lógico, la corriente liberal se encuentra investida desde el 15 de septiembre de 1821 con la responsabilidad de conducir a la nueva nación. A pesar de las dificultades cada vez más perceptibles después de 1830, la conserva hasta 1839, fecha en la cual los conservadores llegan al poder. Y permanecen ahí hasta 1871, administrando una coyuntura económica difícil al menos hasta 1860-1865, lo que dificulta la realización de las transformaciones institucionales de la sociedad iniciadas por los liberales hasta 1830.

5Pocas regiones como el Quiché oriental ilustran mejor la lentitud de la evolución de la Guatemala profunda durante este periodo. Todo parece ocurrir como si las decisiones de la capital concernieran otro mundo: el de las ciudades y plantaciones de la costa del Pacífico. Todo parece ocurrir como si la primera mitad de siglo independiente sólo fuera la prolongación de la última mitad de siglo colonial. La vida regional sigue basándose en pueblos que preservan la herencia indígena del régimen de reducciones coloniales en el marco de nuevas instituciones municipales republicanas. Y, a pesar de la grave crisis que atraviesa la Iglesia durante la gran ofensiva anticlerical de 1829-1830, ésta mantiene su magistratura en el Quiché a través de sus curas de parroquia. Incluso los conflictos entre indígenas y ladinos conservan en su conjunto el carácter que ya poseían a fines del siglo xviii. Todo ocurre, pues, como si, una vez pasadas las conmociones que sacudieron al Quiché oriental entre 1813 y 1825, la región consolidara finalmente su estatuto tradicional en una nación donde, a pesar del largo interludio conservador de 1839 a 1872 muchas cosas cambian voluntariamente entre 1821 y 1830 y en profundidad entre 1860 y 1871.

II. EL PERIODO DE CONSTRUCCION Y DE INCERTIDUMBRES NACIONALES: LOS LIBERALES EN EL PODER ENTRE 1821 Y 1839

1. La obra realizada durante la primera década

6Indudablemente, la Independencia proclamada en 1821 es obra de los liberales quienes, con el impulso de esta primera victoria política, elaboran las instituciones de la nueva nación a través de la primera Asamblea constituyente. Retendremos únicamente aquí los aspectos que interesan a la historia regional del Quiché, ya sea directamente porque conciernen la nueva organización territorial o la liquidación de antiguas instituciones coloniales, ya sea indirectamente porque conciernen la vida económica general del país.

1.1 LA ORGANIZACION TERRITORIAL

  • 1 Ley 2a, no. 286 en Reyes, 1951: 7.
  • 2 Ley del 23 de julio de 1823 en AGCA, Poder legislativo federal, Asamblea nacional constituyente.
  • 3 Ley del 10 de mayo de 1824 en ibid.
  • 4 Ley del 4 de noviembre de 1825 según Pineda Mont, Recopilación de leyes (1): 467.

7El 22 de noviembre de 1824, la Asamblea nacional constituyente decreta que el territorio de la República corresponderá al del antiguo reino de Guatemala.1 Con las leyes de 1823 y 1824, este territorio es subdividido en el plano local en municipalidades que reemplazan, por tanto, a los antiguos ayuntamientos coloniales,2 y el sistema de puestos de autoridad varía según el número de habitantes: un alcalde, dos regidores, un delegado-procurador de la comunidad de propietarios para las aglomeraciones de más de 500 habitantes; un alcalde y un regidor para aquéllas de menos de 300 habitantes.3 En 1825, la Asamblea constituyente reagrupa a esas municipalidades bajo la administración de siete departamentos y el Quiché oriental, antigua partida de Sololá, constituye uno de los seis “distritos territoriales” que forman el departamento de Suchitepéquez-Sololá.4 Notemos, de paso, cómo, en este último caso, los constituyentes guatemaltecos se preocupan con toda evidencia de conservar en un mismo conjunto territorial-administrativo dos regiones similares en el plano étnico (quiché) y complementarias en el plano económico: el alto Quiché montañés que provee víveres y mano de obra a las plantaciones de cochinilla, añil y tabaco de la costa del Pacífico de Suchitepéquez.

  • 5 Valle, 1830.
  • 6 Rivera Maestre, 1832.
  • 7 Según Woodward, 1966.

8Tal esfuerzo de organización territorial implica evidentemente un control conceptual del territorio. Las descripciones geográficas, mapas y atlas establecidos por guatemaltecos se multiplican alrededor de 1830, entre los cuales, es preciso retener sobre todo la obra de José Cecilio del Valle5 y el atlas del ingeniero Miguel Riva Maestre.6 7

1.2 LA ACTIVIDAD ECONOMICA

9En el plano económico, durante la primera década de la Independencia, una coyuntura de exportación reorientada hacia Gran Bretaña, favorece a las ambiciones liberales y a la gran agricultura especulativa heredada del final del periodo colonial. En 1825, las exportaciones de Guatemala se descomponen como sigue (en pesos):

CUADRO 24 - VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE GUATEMALA EN 1825

  • 8 García Peláez, 1823.
  • 9 Juarros, 1823; Pechio, 1829.
  • 10 Véase Luque Alcaide, 1962 y, a partir de 1829, el “Mensual de la Sociedad económica de Amigos del (...)
  • 11 Véanse especialmente: Wilson, 1829, Colección del British Museum y Herrera “Letters from..., Guate (...)
  • 12 “Letters from Jorge Thomas Skinner, merchant of Guatemala, to Leyard” 1827-1864 en Leyards papers, (...)

10La reconversión del cacao a los productos de tintura operada por la agricultura guatemalteca al final del periodo colonia] se revela, por tanto, durable puesto que este antiguo producto sólo representa el 19 % de las exportaciones contra más del 54 % para el añil y la cochinilla cuatro años después de la Independencia. Aparte de algunos productos de recolección (oro, plata, bálsamo, productos farmacéuticos), la Guatemala independiente obtiene más del 92 % de sus exportaciones de la agricultura. Se comprende, en consecuencia, el interés que suscita en los medios dirigentes y extranjeros, interés del cual rinden testimonio en especial la obra de García Peláez,8 las publicaciones de guatemaltecos en Inglaterra9 y las de la Sociedad Económica de Amigos del Estado de Guatemala, que reinicia sus actividades en 1829.10 La nueva clase dirigente guatemalteca lo tiene bien claro. Sabe que con la independencia política no ha adquirido el control total de su economía que debe compartir con los nuevos amos del mercado exterior: los comerciantes de import-export británicos. Bibliotecas y archivos británicos atestiguan de la actividad de estos negociantes en el periodo y de la de sus honorables corresponsales y consignatarios guatemaltecos.11 Entre estos extranjeros en Guatemala, se debe hacer una mención especial de Jorge Thomas Skinner quien, entre 1827 y 1864, atravesó 38 veces el Atlántico para hacer negocios en Guatemala de donde llevó a Inglaterra numerosas colecciones científicas y arqueológicas.12

  • 13 Véanse entre otros: Roberts, 1827; Haefkens, 1827; Dunn, 1828; Thompson, 1829; Conder, 1830.

11Con este último personaje, comerciante, viajero y sabio, se afirma otra característica de la Guatemala independiente: su promoción al papel de provincia exótica de un mundo ahora tomado a cargo por las potencias marítimas triunfantes cuyo sentido comercial al menos es igualado por la curiosidad de sus viajeros. Aparece entonces en Europa y América del Norte toda una literatura de viaje de calidad científica desigual, pero a veces excelente, donde Guatemala ocupa un puesto muy honorable. Esta corriente literaria que se afirma desde la primera década de existencia de la Guatemala independiente13 no se agotará hasta más o menos 1920.

1.3 LAS TENTATIVAS DE LIQUIDACION DEL INDIGENADO

  • 14 Muro, 1798.
  • 15 Decreto no. 14 del 28 de noviembre de 1824 en AGCA, Poder legislativo federal, Asamblea nacional c (...)

12Unitaria y liberal, la nueva República guatemalteca se acomoda mal al estatuto personalizado de los indios en la nación. Desde 1798, la Sociedad Económica se inclinaba en esa materia por las tesis asimilacionistas14 que se imponen como una evidencia a los liberales en el poder después de 1821, según el principio explícito “Todos los habitantes nativos de Guatemala son guatemaltecos sin distinción de raza”. La regla es simple, pero la realidad lo es menos puesto que la mayoría de la nación, heredera de la minorización en que la ha encerrado durante tres siglos la política de tutela indígena de la Corona de España es, que se quiera o no, indígena. Consciente del problema, la Asamblea constituyente decreta en 1824 que municipalidades y parroquias “se dediquen, con las medidas más parecidas, prudentes y eficaces, a extinguir los idiomas de los primeros indígenas” y recomienda con este fin que, en especial “aquellos que se llaman ‘ladinos’ se establezcan entre los indígenas con el fin de promover la extinción de sus lenguas nativas y su ilustración”.15 El legislador liberal oficializa entonces la política practicada espontáneamente desde hace 50 ó 60 años por ladinos y curas de parroquia, tal como la hemos visto aplicada en el Quiché oriental.

  • 16 En AGCA, ibid., (1823).
  • 17 Ibid.
  • 18 Decreto no. 68 del 10 de noviembre de 1825 en ibid.
  • 19 Decreto no. 66 del 9 de noviembre de 1825 en ibid.

13Sin embargo, profundamente orgánico en la sociedad guatemalteca, el indigenado no se suprime por decreto. Por eso, el legislador avanza a la vez con determinación y con prudencia. Para no romper la base tributaria fiscal de las finanzas del nuevo Estado, todavía ampliamente fundada en el antiguo tributo indígena, mantiene a éste en 1823 en la nueva forma de contribución territorial.16 En 1824, mantiene a la antigua administración de los bienes de comunidades trasladándola a la Contaduría mayor con el nombre de Contaduría de propios.17 En 1825, con el pretexto de crear un impuesto personal sobre el ingreso —que, de hecho, pesa sobre todo sobre los indígenas, da una nueva justificación legal al mantenimiento de jacto del tributo indígena.18 Pero, al mismo tiempo, suprime la antigua contribución exclusivamente indígena llamada real sustento.19

  • 20 AGCA, Poder legislativo federal, Asamblea nacional constituyente.

14Pero, el legislador liberal acomete contra todo lo que queda de la base económica de la reproducción social indígena: el régimen comunal de sus tierras agrícolas. El decreto del 10 de mayo de 1824 que instituye las autoridades municipales republicanas propone ya, entre sus atribuciones, la repartición de las tierras de ejidos en pequeños lotes atribuidos “con pleno dominio y propiedad”.20 En su principio y por sus efectos durables, este decreto altera doblemente el estatuto de las antiguas reducciones indígenas: perjudicando el antiguo régimen colectivista de las tierras, ahora destinado al individualismo, y trasladando la gestión de esas fragmentaciones del antiguo común de indios a las nuevas municipalidades donde están representados los ladinos residentes, quienes van a convertirse pronto en casi los únicos detentores del poder municipal. Se trata nada menos que de la liquidación definitiva de la ley de Indias que prohibía oficialmente en Guatemala, al menos hasta 1645 y de hecho hasta más o menos 1750 ó 1800, que los ladinos pudieran entrometerse en el régimen político interno de las reducciones.

  • 21 Decreto no. 27 del 19 de enero de 1825 en ibid.
  • 22 Wagley, 1957.
  • 23 Ley del 27 de enero de 1825: “Todas las tierras baldías que no han sido antes concedidas a persona (...)
  • 24 Decreto del 27 de julio de 1829 en AGCA, Poder legislativo federal

15Lo que en 1824 era todavía únicamente una proposición, se vuelve en 1825 una obligación. Un decreto estipula que todas las tierras baldías (concepto amplio que engloba tanto las tierras realengas como las tierras de propios poco ocupadas o desocupadas), con exclusión de los ejidos y pastizales comunales realmente utilizados deberán ser distribuidas “con el fin de aumentar el número de propietarios”.21 Este decreto, que funda a la Guatemala independiente en república de propietarios o poseedores-explotadores del suelo, es el comienzo de una larga serie de apropiaciones de tierras indígenas, cuya muestra típica ha sido estudiada por Charles Wagley en Santiago Chimaltenango.22 Ciertamente, completado por la ley del 27 de enero de 1825, sólo afecta todavía en principio las tierras patrimoniales a razón de 4 pesos ó 12 reales por caballería,23 pero como esas tierras patrimoniales están a menudo mal definidas y en frecuente contradicción con los antiguos derechos étnicos indígenas (véase el caso de San Andrés Sajcabajá en 1794), la puerta está abierta a todo tipo de abusos. En cuanto a las propias tierras de ejidos, a menudo arrendadas con reserva de usufructo enfitéutico desde la época colonial, un decreto de 1829 prevé que podrán ser arrendadas al 2 % de su valor a los residentes desprovistos de tierra y al 3 % de su valor a los residentes ya propietarios de otros terrenos agrícolas.24 Como se ve, hacia 1829, todo el aparato legal está ya instalado para que Guatemala pueda operar en el futuro una gigantesca transferencia de tierras patrimoniales y comunales indígenas en provecho de la posesión o propiedad privada.

1.4 LA OFENSIVA ANTICLERICAL

  • 25 AGCA, Poder legislativo federal, Asamblea nacional constituyente.

16Pilar del orden colonial, poder capaz de hacer retroceder a la administración laicizante de la Intendencia de Guatemala, primer propietario territorial de la sociedad colonial, la Iglesia no puede escapar a la voluntad transformadora de los liberales triunfantes. Desde 1824, los antiguos privilegios clericales son puestos en tela de juicio cuando la Asamblea constituyente golpea todas las rentas eclesiásticas con un impuesto único que se eleva al 7 % de su valor: obras pías, ingresos de cofradías y hermandades.25 La filosofía política liberal está, por ende, definida. Netamente anticlerical, pretende liquidar los privilegios coloniales de la Iglesia guatemalteca.

  • 26 Testimonio del padre Pío, dominico de dicho convento, en 1977.
  • 27 “El Intendente de Hacienda solicita autorización del Gobierno para fijar sueldo a Luciano Saravia, (...)
  • 28 “Libro de conocimiento del Archivo del departamento de Gobernación, Justicia y Negocios eclesiásti (...)
  • 29 Holleran, 1949.

17Pero esto no basta, pues ésta continúa inmovilizando gigantescos bienes inalienables, ricas haciendas que, tales como las de San José y San Jerónimo cerca de Rabinal y Salamá en Verapaz, se encuentran entre las más ricas de la República y suscitan muchas codicias. El 26 de febrero de 1829, un decreto suprime las congregaciones religiosas y confisca sus bienes. Un movimiento popular apoya, al parecer, esta medida y el convento de Santo Domingo sería entonces saqueado en la capital.26 Como quiera que sea, los archivos de dicho convento —o lo que queda después del saqueo— son nacionalizados y transportados en 1830 a los Archivos Nacionales27 donde terminan de ser clasificados en 1831.28 Pero, sobre todo entre 1830 y 1839, las ricas haciendas dominicas, secuestradas y revendidas, escapan al poder de la orden que no se restablece nunca totalmente, incluso cuando estas haciendas le son restituidas provisoriamente después de 1839.29

MAPA 5 - SAN ANDRES SAJCABAJA Y SUS ANEXOS EN 1836

2. Incertidumbres y dificultades liberales hasta 1839

2.1 EL CAMBIO DE COYUNTURA DESPUES DE 1830

18Pasado 1830, las dificultades se acumulan para los liberales en el poder. En un país a mayoría católica e indígena, su política orientada hacia la liquidación a plazo del indigenado y la liquidación inmediata del poder material de la Iglesia no pueden sino ir contra las costumbres de la población que todavía controlan mal: la de los campos a mayoría indígena y esa fracción importante de la élite criolla todavía muy ligada al catolicismo y a las estructuras patriarcales de parentesco y dominación social en el medio rural. Para tener éxito, la política liberal necesita, pues, ampliar su base social transformando rápidamente a sectores enteros de la sociedad tradicional en propietarios emprendedores, asociados libre y fructuosamente al mercado en expansión. Desgraciadamente, la coyuntura económica mundial y guatemalteca se encuentra en recesión desde 1830 hasta pasado 1860, lo que les prohibe realizar su programa después de 1830. Cuatro cifras —las de las exportaciones guatemaltecas entre 1825 y 1864— permitirán medir esta fatalidad económica que pesa con rigor en el gobierno de los conservadores en el poder entre 1839 y 1871:

  • 30 Según Woodward, 1966, op. cit.

CUADRO 25 - VALOR ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE GUATEMALA30 EN PESOS ENTRE 1825 Y 1864

19En 40 años, el valor de las exportaciones guatemaltecas disminuye en cerca del 82 % con respecto a la prosperidad inicial. En una economía extra vertida como la de Guatemala, donde las exportaciones juegan un papel de arrastre en el mercado interno (permitiendo saldar las importaciones y realizar la acumulación comercial, única capaz de inversiones significativas en la producción y los intercambios internos), se comprende lo que esto puede tener de catastrófico para una política que se considera reformadora y progresista en el plano social y económico.

  • 31 Véase ibid.

20Pero, no es lo peor. En esta baja coyuntural impresionante, los sectores estructurales más afectados son justamente los que habían proporcionado al comienzo la base económica y social de los liberales: los agroexporta-dores de productos de tintura. La parte del añil y la cochinilla en las exportaciones totales evoluciona, efectivamente, de la siguiente manera:31

CUADRO 26 - VALOR ANUAL DE LOS PRODUCTOS DE TINTURA EN PESOS ENTRE 1825 Y 1871

21En consecuencia, a partir de 1830, no sólo los liberales en el poder no logran ampliar su base tributaria social y política a nuevos sectores por los motivos invocados, sino que su propia base inicial, en dificultad, se desanima ante las incertidumbres y fracasos de su política.

2.2 RECESION ECONOMICA Y ESTABILIZACION SOCIAL

22En Guatemala como en toda América a mayoría indígena después de la Independencia, las mejores intenciones liberales fracasan en la transformación del indigenado por razones fiscales. La baja de las exportaciones y el freno correlativo del comercio interno no aportan al Estado los impuestos indirectos esperados —tasas a las importaciones y exportaciones, alcabalas a las transacciones internas. Por consiguiente, debe recurrir a las antiguas entradas fiscales coloniales, en especial a la restauración con nuevos nombres —“contribución territorial”, “impuesto sobre el ingreso”— de una fiscalidad que pesa ante todo sobre los indígenas. Es cosa hecha desde 1823 y esto se agrava luego por comodidad política y social: es mucho más fácil tasar a aquellos que se han resignado desde hace tres siglos a serlo que a los verdaderos propietarios, base misma del régimen.

23De repente, los liberales se ven obligados a restaurar fiscalmente la personalidad indígena que querían destruir jurídicamente. Primer fracaso, pero grave, puesto que les aliena a la mayoría indígena de la población.

24Segundo fracaso: su política anticlerical, respaldada por los nuevos propietarios que benefician de ella, se enfrenta a la necesidad de controlar a las masas rurales indígenas, acostumbradas a sus sacerdotes. Todavía durante 50 años, el cura de parroquia es, en Guatemala, el inevitable interlocutor de los siempre vivaces comunes de indios en la gestión de las municipalidades. Ciertamente, esto no impide que se haya dado un golpe severo y casi irreversible a las congregaciones, conventos y bienes inalienables en 1829. Pero el clero secular conserva, por su parte, una influencia intacta en la provincia.

25Tercer fracaso: la administración territorial, a pesar de sus novedades (municipalidades, departamentos) no logra sino excepcionalmente liberarse de los antiguos moldes coloniales. En el plano local, las reparticiones administrativas siguen calcadas sobre las que existían en 1820 —límites departamentales, límites aldeanos— y cubren realidades sociológicas que evolucionan muy lentamente y, a veces (es el caso de las composiciones de títulos de ejidos indígenas después de 1830) en oposición a la evolución deseada por la Asamblea constituyente.

2.3 EL CASO TÍPICO DEL QUICHE ORIENTAL HASTA 1839

  • 32 Véase Pineda Mont, op. cit. y Rivera Maestre, op. cit.
  • 33 “Defensa del cura de Jovabh contra los indígenas del pueblo sobre tierras de Quiaquil” (1825) en A (...)

26Erigido el 4 de noviembre de 1825 en distrito territorial del nuevo departamento de Suchitepéquez-Sololá, el Quiché oriental no obtiene todavía su forma actual puesto que sigue dividido, sobre la base colonial, entre una parte meridional que pertenecía a la partida de Sololá y una parte septentrional (Sacapulas, Cunén y Uspantán) que sigue dependiendo de Totonicapán-Huehuetenango.32 Evidentemente, en 1825, el conflicto que sigue oponiendo desde 1813 al cura de Joyabaj con el común del pueblo a propósito de las tierras disputadas de Quiaquil-Pueblo Viejo se comprende únicamente en el ambiente favorable a los liberales que reina entonces en el país. ¿De qué otro modo explicar la “arrogancia” de los indígenas apoyados por un mulato “sedicioso” y un indio ladinizado y emprendedor, originario de Rabinal, contra su rector?33 Queda que este conflicto, iniciado en 1813, es la continuación de un episodio local de origen fini-colonial que, aparte de esos dos personajes recién llegados, pone en presencia a actores —cura dominico y común de Joyabaj— que son los mismos desde fines del siglo xviii.

  • 34 “Autos de San Andrés Sajcabajá y San Bartolomé Jocotenango” (1823, 1834, 1836) en AGST y “el agrim (...)
  • 35 “Lucas Pérez, vecino de Chinique, denuncia las tierras de Cocabal y pide medida y deslinde” (1830) (...)

27No ocurre de otro modo en el resto del Quiché donde los únicos hechos notables que registra la crónica después de la represión de la sedición de 1820 en San Andrés Sajcabajá hasta 1839 y pasado esta fecha, corresponden todos a rúbricas a las cuales estamos acostumbrados desde 1770-1780, sin embargo, con la notable excepción de las haciendas del convento dominico de Santa Cruz del Quiché suprimido por el decreto de 1829. Así, continuamos asistiendo a la recomposición de los títulos del ejido de San Andrés Sajcabajá y San Bartolomé Jocotenango en 1823, 1834 y 1836,34 en aplicación de las recomendaciones del juez privativo de Tierras, formuladas en 1794 y 1798. Y también a las delimitaciones de las haciendas y estancias adyacentes que siguen estando en manos de los mismos ladinos, los Sical, los Pérez, etcétera.35 Así, las parroquias de Joyabaj, Sajcabajá, Rabinal, siguen siendo administradas, incluso después del cierre del convento del Quiché, por sacerdotes dominicos convertidos en curas de parroquia muy seculares, ahora sufragáneos directos del arzobispado de Guatemala.

  • 36 “Los señores García, Zappón y Cortés de Rabinal solicitan un lapso de dos meses para pagar el terr (...)
  • 37 AGST, Haciendas El Tululché y Chiché, 1830 y 1836.

28Sin embargo, dos hechos indican tiempos nuevos en este ambiente estático en el plano institucional. En Rabinal, aplicando los decretos de 1825, se comienza a adjudicar tierras baldías en subasta a nuevos propietarios, por lo demás, en dificultad para pagar en 1835.36 Entre Santa Cruz y Joyabaj, las haciendas El Tululché y Chiché, que pertenecían al convento dominico del Quiché hasta 1830, son confiscadas en esa fecha. La primera es comprada en 1830 por Lucas Pérez, ladino de Chinique y la segunda, reclamada desde 1813 por el común de Chiché-Chichicastenango, es vertida a dicho común en 1836.37 En ese mismo momento, pasado Rabinal hacia el este, las enormes haciendas San José y San Jerónimo escapan a los dominicos, lo que los priva de los dos más bellos florones de su imperio territorial en Guatemala.

2.4 LAS INCERTIDUMBRES DE LA CONSTRUCCION NACIONAL HASTA LA CRISIS DE 1839

  • 38 “El Ayuntamiento de Guatemala a los pueblos y provincias del Reyno en la cuestión de la unión con (...)

29Finalmente, la propia cuestión nacional precipita la caída del gobierno liberal. Proclamada el 15 de septiembre de 1821, la Independencia de Guatemala, se acaba con la anexión del país a México el 9 de octubre siguiente. Denunciada esta anexión, en 1823, se forma en su lugar a la Federación de las Provincias Unidas de América Central, por votación el 24 de junio de 1823 de la Asamblea constituyente; reagrupa a todas las antiguas provincias coloniales del istmo centroamericano.38 ¿Es, al fin, la autonomía definitiva del antiguo Reino de Guatemala bajo la forma federal?No, puesto que, torpedeada desde el interior por los particularismos y, desde el exterior, por la diplomacia anglosajona, la Federación estalla en 1838. El 2 de febrero de 1838, las antiguas Alcaldías mayores de Quezaltenango, Totonicapán y Sololá proceden a su vez a la secesión y proclaman su independencia, formando el Estado de los Altos que se dota inmediatamente de su propia prensa: la Gazeta del Gobierno de los Altos y El Cometa de Quezaltenango. Con 20 años de atraso, la conjuración de Pedro Tzun encuentra, por fin, su realización política; signo del malestar engendrado por la política liberal en las tierras altas indígenas donde la élite urbana acriollada es fuertemente autonomista frente a la capital.

30Así, los liberales, investidos con el papel de fundadores de la nación, no han podido cumplir de modo coherente su programa en este punto fundamental y no han logrado obtener el equilibrio territorial de Guatemala. Ante este fracaso en esa materia y sus semifracasos en muchas otras desde 1830, los conservadores se apoderan del poder en 1839. El 27 de enero de 1840, Rivera Paz reincorpora el estado secesionista de los Altos a la nación por la fuerza de las armas. El orden reina por más de 30 años en una Guatemala reducida más o menos a sus actuales dimensiones.

III. SAN ANDRES SAJCABAJA Y SU REGION BAJO EL REGIMEN DE ESTABILIZACION CONSERVADORA DE 1839 A 1871

1. Una Guatemala estabilizada desde 1839 hasta 1871

1.1 EL FIN DE LAS AVENTURAS EXTERNAS

31Por primera vez desde su Independencia, después de 1839, Guatemala se instala durante una generación en una tranquilidad relativa. Cuando, en 1840, el país recupera sus provincias secesionistas de los Altos, logra al fin su equilibrio territorial y su papel internacional en el marco de América Central. Ciertamente, sus poderosos vecinos del norte —México y Estados Unidos— pesan fuertemente en el destino exterior e interior de Guatemala, pero ambos, todavía muy ocupados en su propia construcción interna —y ambos enfrentados en un conflicto frontalizo hasta 1850—, se alejan provisoriamente de los asuntos internos guatemaltecos. La otra cuestión externa que queda pendiente es la de Belice, antiguo territorio de la Intendencia, ocupado por ciudadanos británicos que consolidan ahí lo que se convierte en Honduras británica. Pero, por ahora, fuertemente dependientes del comercio y la diplomacia ingleses, los guatemaltecos no están en condiciones de criticar el equilibrio de facto, incluso si lo denuncian por derecho hasta nuestros días. En suma, durante 30 años, los conservadores tienen la “sabiduría” de no reavivar grandes proyectos exteriores, favorecidos en eso por la calma relativa de la coyuntura internacional en el Istmo y el Caribe.

32Tres acontecimientos afectan, sin embargo, el equilibrio regional en el periodo. Es primero, después de 1848, el boom del oro californiano que reanima los proyectos, en el plano técnico todavía utópicos, de construcción de un canal transístmico. Es, enseguida, entre 1855 y 1860, la aventura de piratería política intentada en Nicaragua por el norteamericano Walker y unos 60 mercenarios yankees. El episodio obliga al presidente guatemalteco Carrera a ceder Belice a los británicos a cambio de su apoyo diplomático en este asunto. Es, finalmente, la guerra de Secesión en los Estados Unidos y la expedición francesa correlativa en México las cuales, terminándose con la victoria de los yankees industrialistas y de los liberales de Juárez, favorecen indirectamente la caída a plazo de los conservadores en Guatemala.

1.2 RECESION ECONOMICA Y ESTABILIZACION SOCIAL

  • 39 Woodward, 1966, op. cit.

33Hemos visto que las exportaciones de Guatemala tienden de modo inexorable hacia la baja hasta 1870, cayendo entonces a menos del 20 % de su valor de 1825. Esta tendencia a largo plazo parece invertirse en un momento dado cuando, aprovechando el derrumbe de las plantaciones sudistas durante la guerra de Secesión, ciertos plantadores guatemaltecos prueban su suerte y se ponen a cultivar algodón cuyo rubro ocupa el 0.1 % de las exportaciones en 1862 y el 19.2 % en 1865. Sin embargo, la euforia dura poco, puesto que, a partir de 1868, el algodón representa solamente el 0.9 % de las exportaciones.39

34El único éxito económico del periodo es la reconversión paulatina de la agricultura especulativa hacia la producción de un nuevo producto de exportación para los mercados de consumo industriales: el café. Podemos seguir su evolución constante después de 1860, a partir de las siguientes cifras:

  • 40 Ibid.

CUADRO 27 - EXPORTACIONES DE CAFE GUATEMALTECO40 ENTRE 1860 Y 1871

35Esta substitución de exportaciones es, por supuesto, de graves consecuencias políticas y favorece, en el seno de la oligarquía guatemalteca, a un sector distinto del antiguo grupo dirigente hasta entonces reagrupado alrededor del Tribunal del Consulado y de la Sociedad Económica. Sobre estos plantadores de café se apoyan “positivistas” y neoliberales a partir de 1865.

  • 41 Véanse en especial Information for emigranls, or a description of Guatemala... including the Briti (...)
  • 42 Véanse en especial Montgomery, 1839; Stephens, 1839; Dunlop, 1847; La Re-naudière, 1847; Crosby, 1 (...)

36Pero, entretanto, la coyuntura, depresiva en conjunto, favorece el proyecto conservador disuadiendo a la clase dirigente de lanzarse en aventuras. Su política es muy sencilla: administrar de la manera más ventajosa el statu quo económico y social. Y, al menos hasta 1865, lo logra sin problemas. Esta clase, sin embargo, no carece de hombres de negocios emprendedores que presienten el porvenir y que saben aprovechar las oportunidades, como se vio durante el efímero boom del algodón. Lo mostraron también las tentativas del gobierno para favorecer la colonización agrícola extranjera con el fin de valorizar las regiones subdesarrolladas del país, acudiendo, especialmente, a los británicos y los belgas.41 La presencia de extranjeros no es criticada ni mucho menos por los conservadores, que adhieren a un punto del programa liberal: el libre cambio. Esta presencia extranjera se manifiesta mediante una importante literatura de descripciones y viajes como en el periodo anterior, quizás con una atención especial a los datos geográficos y etnológicos del país.42

1.3 LA OBRA ADMINISTRATIVA Y LEGISLATIVA DE LOS CONSERVADORES

  • 43 Véase Administración de Rentas, a partir de 1836 en AGCA.
  • 44 Memorias del Ministerio de Gobierno, a partir de 1836 en AGCA.
  • 45 “El Corregidor de Totonicapán informa al Ministro de Relaciones que el antiguo archivo de la que f (...)
  • 46 “Catálogo de las obras mandadas empastar hasta esta fecha desde 1600 perteneciente al Archivo gene (...)

37En tales condiciones, los conservadores en el poder prefieren administrar los asuntos corrientes que innovar. La Administración de Rentas hace funcionar sin mayores incidentes una fiscalidad ahora estabilizada sobre las bases definidas en el periodo anterior43 y las Memorias anuales del Ministerio del Interior afirman que “el orden ha permanecido inalterable” en el conjunto.44 Cierto número de índices permiten, sin embargo, adivinar una lenta degradación de la administración provincial, por ejemplo, en 1845, en Totonicapán.45 A nivel central, existen muchas reacciones contra estas tendencias,46 pero ¿son verdaderamente seguidas de efecto en las zonas más marginadas del país?Si no subsistiera localmente el elemento culto constituido por el clero secular o secularizado de los curas de parroquia, ¿qué sería, en efecto, de la administración municipal en manos de ladinos a menudo semiincultos?

  • 47 AGCA, Poder legislativo federal (1839 y 1841).
  • 48 Decreto no. 27 del 13 de septiembre de 1845 en ibid.

38Los conservadores retoman las orientaciones legislativas en materia territorial e indígena de los liberales. Recordemos cómo éstos tuvieron que restaurar, contra sus propios principios pero a título de medida transitoria inevitable, la personalidad de los comunes de indios, obligando a componer sus títulos de ejidos en 1836 (véase supra). Los conservadores se ahorran pues el tomar la medida, pero en el espíritu de los decretos liberales sobre las municipalidades, estipulan a través de la ley del 2 de octubre de 1839 que, en el interior de estas municipalidades, los asuntos ladinos serán separados de los asuntos indígenas en el caso cada vez más frecuente de antiguas reducciones ladinizadas y transformadas, por ese hecho, en comunas mixtas. Con toda evidencia, la medida quiere proteger a los indígenas, lo que aclaran dos medidas adoptadas entre 1839 y 1841. La primera, del 16 de agosto de 1839, restablece en la república todas las antiguas leyes protectoras de indígenas, llamadas Leyes de Indias, que no sean contrarias a la Constitución y propone incluso crear una “Comisión gubernamental permanente de protección y desarrollo de los indígenas que forman la mayoría de la nación”. El hecho indígena es así reconocido legalmente el 27 de septiembre de 1841 y una nueva cláusula precisa el contenido de las leyes precedentes sobre municipalidades mixtas, ahora administradas por un alcalde indígena y un alcalde ladino.47 En cuanto al régimen de tierras vacantes, un decreto de 1845 precisa que todo poseedor de tierras baldías adyacentes a su propiedad debe en adelante solicitar su composición dentro del año,48 lo que revela el proceso de apropiación de las tierras patrimoniales o de las tierras indígenas mal delimitadas durante las composiciones de títulos de ejidos que siguen al decreto de 1836.

  • 49 Decreto del 21 de junio de 1839 en ibid.
  • 50 Dávila, 1846; Brasseur de Bourbourg, 1855-1856; además del mismo autor, se conocen los trabajos ep (...)

39Finalmente, no olvidemos la abrogación por los conservadores, desde que tomaron el poder, del decreto del 26 de febrero de 1829 que suprimía las congregaciones religiosas y confiscaba sus bienes.49 Las principales órdenes religiosas de Guatemala —franciscanos, dominicos, mercedarios, Colegio de Misiones— recuperan sus derechos cuando no sus bienes. Una parte solamente de sus rentas y dominios les es devuelta. En cuanto a sus archivos, son secularizados definitivamente en el Archivo de Gobierno. A pesar de esas limitaciones, la Iglesia conserva una enorme importancia en la sociedad guatemalteca después de 1839. Atestiguan de ello, entre otros, las descripciones y tradiciones regionales redactadas por curas de parroquia, especialmente por fray Antonio Fernando Dávila en Quezaltenango y por el abate Brasseur de Bourbourg en Rabinal.50 El clero provincial se convierte así en defensor activo cuando no de los intereses, al menos de las tradiciones de la población indígena de los Altos cuya extinción a plazo por asimilación está prevista de modo explícito en la Constitución nacional redactada por los liberales. Retoma así su papel secular de Protector de los indios, matizado, es cierto, por las evidentes simpatías de este clero por los elementos más ladinizados de la población. En el corazón del Quiché oriental, San Andrés Sajcabajá ilustra perfectamente la situación de esta población indígena en el periodo.

2. San Andrés Sajcabajá en la nueva República hasta 1871

  • 51 AGST, paq. no. 1, no. 14 (1834), 24 (1836) y 19 (1844).
  • 52 Véase Arch. Parr. de S.A.S.

40En aplicación de los decretos de 1823, 1824 y 1839 sobre municipalidades, el pueblo de San Andrés es administrado ahora por indígenas y ladinos que comparten los puestos municipales antes de 1836 o administran sus propios asuntos en un sistema de municipalidad desdoblada, ladina e indígena, después de 1839. Este sistema seguía funcionando durante nuestro primer contacto con el terreno en 1972. En 1834 y 1836, cuando San Andrés recurre a la justicia —a menudo a propósito de conflictos de tierras—, se opera una distribución de tareas entre las dos comunidades: a menudo el alcalde es ladino (en 1834, Lorenzo Sical y en 1836, Pedro Calo), a veces flanqueado por un alcalde indígena secundario (en 1836, Pedro Chach), pero, curiosamente, el secretario de la Alcaldía es un indígena (en 1834 y 1836, Andrés Antún y en 1845, Juan Chach).51 Representantes de los vecinos de San Andrés, los otros regidores que se constituyen en parte civil en los conflictos judiciales del periodo son, según los casos, ladinos o indígenas —mezclados cuando se trata de conflictos del común de San Andrés con otros pueblos vecinos (Sacapulas, Zacualpa) y separados cuando se trata de conflictos internos entre ladinos e indios de San Andrés. Durante toda esta primera mitad de siglo, la parroquia, que sigue siendo servida regularmente, a pesar de las perturbaciones anticlericales del primer periodo liberal, parece mantener la balanza más o menos igual entre las dos comunidades indígena y ladina, cuyos conflictos se expresan fuera del campo de la iglesia, de sus cofradías y hermandades.52 En ese contexto institucional relativamente estable, confortado por la permanencia de los estatutos personalizados heredados del periodo colonial —al común de indios, la carga de la contribución territorial, versión republicana del tributo colonial; a los ladinos, de hecho, el privilegio de escapar a esta fiscalidad, a pesar de un impuesto simbólico sobre la renta—, San Andrés lucha por defender sus tierras tradicionales, al exterior contra sus vecinos y al interior contra los apetitos territoriales nunca colmados de los ladinos descendientes de los primeros inmigrantes en San Andrés en el siglo xviii.

2.1 LA DEFENSA DE LOS TITULOS TERRITORIALES INDIGENAS DE SAN ANDRES ENTRE 1823 Y 1845

41Cada vez que los intereses pueblerinos de San Andrés Sajcabajá compiten con ios de sus vecinos, la solidaridad juega entre indígenas y ladinos, que defienden juntos sus tierras ejidales administradas por el consejo municipal, en nombre de la posesión inmemorial de su territorio y, por tanto sobre una base indígena y étnica. En cambio, cada vez que conflictos territoriales oponen al interior del pueblo a indígenas y ladinos, estos últimos, apoyándose en los abogados de la República, rechazan este mismo derecho territorial étnico reclamado para defensa suya por el común de indios representado por su municipalidad indígena. En el primer caso, San Andrés Sajcabajá gana sus procesos. En el segundo, el común de indios los pierde. No se podría medir mejor, a través de este proceso, la ambivalencia de las actitudes de los ladinos, dispuestos a valerse del derecho indígena cuando sirve a sus intereses municipales y denunciarlo cuando se opone a sus intereses privados. No se podría mostrar mejor que la municipalización republicana de la vida aldeana en las comunas con población mixta conforta, en definitiva, al poder ladino a expensas del de los indígenas. Pero, detengámosnos en la descripción de las etapas de este proceso en San Andrés entre 1823 y 1845.

  • 53 “San Bartolomé Jocotenango” (1823) en AGST, paq. 1, no. 10.
  • 54 “Delimitación del ejido de San Bartolomé” (1836) en ibid., no. 25, ff. 1 a 6.

42● Las delimitaciones con los vecinos de San Andrés. Al favor del cambio de régimen político que sigue a la Independencia, y como era de esperar, los antiguos conflictos reaparecen. Entre San Bartolomé Jocotenango, anexo de San Andrés, y Sacapulas, la cuestión nunca resuelta desde 1602 de sus límites respectivos se reanima desde 1823 y desemboca en un primer reglamento,53 insatisfactorio para San Bartolomé-San Andrés que lo pone en tela de juicio en 1836, con sus indios y ladinos solidarios, “respecto a ser este pueblo uno de los que tienen más disputas antiguas con sus vecinos”. El territorio reclamado es el de la hacienda Pacaquesh, antiguo centro habitado prealvaradiano como atestiguan todavía las ruinas de Pat’ zak, reclamado, para el común de San Bartolomé contra los calpules de Saca-pulas, por el alcalde adjunto sanandresino Domingo Aamac y el secretario (ladino) Juan Castro. El caso es resuelto a favor de San Andrés Sajcabajá y, finalmente, 276 caballerías (más o menos 12 400 ha) son atribuidas al ejido de San Bartolomé Jocotenango.54

  • 55 “Delimitación del ejido de San Andrés Sajcabajá” (1836) y “Deslinde de la hacienda Tululché” (1836 (...)
  • 56 “Remedida del ejido de San Andrés” (1944) en ibid.

43También en 1836, San Andrés se hace reconocer sin problemas sus límites sur con Zacualpa y la hacienda El Tululché, marcados por la línea de la cresta de la sierra de Chuacús,55 operación renovada el 19 de marzo de 1844 a propósito de los límites entre San Andrés, Zacualpa y Joyabaj alre-dor del lugar llamado Cruz Chich.56 En todos esos casos, San Andrés defiende con éxito contra el exterior los límites de sus tierras ejidales, mucho más allá de los límites de la legua cuadrada reconocida legalmente a las reducciones indígenas por las antiguas Leyes de Indias, y con el concurso de todos sus habitantes, indios y ladinos.

  • 57 “Composición del ejido de San Andrés Sajcabajá” (1834) en ibid., en Alcaldía mayor de Sololá, no. (...)

44● El común de indios contra los ladinos de San Andrés. No sucede en absoluto lo mismo cuando la municipalidad indígena o los representantes del común de indios en la municipalidad de San Andrés pretenden utilizar a su favor el mismo derecho territorial étnico contra las pretensiones territoriales de los ladinos, especialmente contra los descendientes y parientes de Teresa Sical. Aquí, el conflicto dura más de diez años (desde 1834 hasta 1845) y es la continuación directa del conflicto que había opuesto a ambas partes entre 1794 y 1798. Se descompone en varias fases. La primera es la de la lucha del común de San Andrés ante las autoridades para recuperar su título, confiscado o destruido durante la visita ocular de 1794, al decir del juez privativo de tierras de entonces, por basarse en supersticiones de otra época. En 1834, los indígenas Andrés Antún (secretario de alcaldía), Sopón y Chach (regidores), todavía apoyados por los ladinos Lorenzo Sical (alcalde) y Cortés reclaman en vano este título al juez. Este, durante su visita ocular a los lugares reclamados, declara: “los interesados no pueden querer más que a las simas de los serros que se avisan desde el pueblo y forman orizonte”.57 Singular delimitación, incluso con respecto a las delimitaciones de 1794-1798 efectuadas a favor de los Sical.

  • 58 “Delimitación del ejido de San Andrés con los Sical” (1836) en ibid., f. 9.
  • 59 “Composición del ejido de San Andrés Sajcabajá” (1836) en ibid.

45San Andrés reanima el asunto en 1836 en presencia de un nuevo geómetra que apoya su solicitud, a falta del famoso documento, nunca encontrado, con una memoria de mojones antiguos de nuestras tierras, establecida a partir de la tradición oral, el cual incluye en el ejido de San Andrés las tierras de Chimul, al este del río Lilillá, denunciadas como baldías por los Sical. El juez imparcial hace comparecer a tres ancianos (ajwab) del pueblo con más de 60 años (por lo tanto nacidos más o menos en la época en que Cortés y Larraz visitaba San Andrés): Gaspar López, Andrés Cipriano y Juan Esticunac. Estos confirman las afirmaciones de la memoria y el juez procede a la visita ocular, primero en los límites de San Andrés y Uspantán, al norte. Episodio interesante: el común de Uspantán, convocado, confirma el límite del río Chixoy con San Andrés... pero lamenta también que su título de ejido haya sido “perdido” por su cura de parroquia. Durante esta delimitación, está presente el ladino Urízar, interesado en las tierras de la parcialidad sanandresina de Chinillá. El juez se dirige luego a la ribera derecha de los ríos Aguacaliente y Lilillá, reclamada por los Sical, en presencia de éstos y de sus guardaespaldas, Julio Valdéz y Garabitos. El juez reconoce los títulos de los Sical compuestos “legalmente” entre 1794 y 1799, pero vacila en cuanto a las tierras de Chimul que Teresa Sical habría comprado a Diego Cosme Guerra, quien las había heredado de su antepasado, el cacique Francisco Guerra, el cual había pedido composición en 1629.58 Los representantes del común de San Andrés rechazan esos datos, haciendo valer —lo que es cierto— que todas esas transacciones habían sido efectuadas en ausencia y a espaldas del común desde 1794.59 Apurado por acabar, el juez Molina procede a la delimitación a favor de los Sical, declarando no fundada la solicitud de San Andrés sobre las tierras poseídas por los habitantes de Canilla (los Sical), y asigna a San Andrés un ejido legal de una legua cuadrada más las tierras comprendidas entre los mojones no sometidos a reclamación.

  • 60 “Andrés Antún, secretario de San Andrés, pide títulos del tiempo de la Alcaldía de Sololá” (1841) (...)
  • 61 “Que el Escribano de Hacienda localice el título de ejido del pueblo de San Andrés Sajcabajá” (27 (...)
  • 62 “Remedida del ejido de San Andrés Sajcabajá” (1844-1845) en AGST.
  • 63 “Composición de los títulos de Picaché” (1836-1845) en Archivo de Canilla.
  • 64 “El agrimensor Manuel José Vargas pide ante la medida y deslinde del ejido de San Andrés Sajcabajá (...)

46Es subestimar la combatividad del común de San Andrés quien vuelve a la ofensiva en 1841, reivindicando, a través de su secretario Andrés Antún, el título desaparecido desde 1794 y el de 1836 que le fue también confiscado, con el fin de defenderse contra los “Sicales y su bastante familia”.60 En 1844, nueva solicitud en el mismo sentido, que desemboca, al fin, en una búsqueda seria por las autoridades del título perdido de 179461 y en una redelimitación de las tierras reclamadas por el juez-geómetra Manuel José Vargas,62 con el pretexto de que la visita ocular de 1834 “comenzó unos tiros de medida y no concluyó”, lo que es cierto, pero olvida la delimitación de 1836 (lo que muestra que el común de San Andrés aprende mucho del arte de mala fe, frecuentando a ladinos y gente de ley desde 1794). El 6 de marzo de 1844, el agrimensor Vargas parte de Guatemala y tarda cuatro días en llegar a San Andrés. En el camino, en Sololá, una carta de los Sical lo informa de que “los indios, convocando a otros pueblos para hechárselos encima, intentan atacar sus propiedades o lanzarlos de sus terrenos”. Antigua obsesión de la conjura indígena entre estos ladinos traumatizados por la rebelión de 1820, pero también tentativa para disuadir al juez de proseguir su comisión: signo de que, en el terreno, la relación de fuerzas en ese momento no está a su favor. En consecuencia, el juez apresura el procedimiento y otorga a los Sical los terrenos reclamados —especialmente las 121 cuerdas de milpa del río Lilillá, ocupadas, sin embargo, por 14 familias sanandresinas— con el pretexto de que son de poco valor, que los ladinos tienen más necesidad de ellas que los comunales (argumentos todos utilizados ya en 1794 sobre el mismo tema, pero sin éxito) y que así, los Sical tendrán al fin una “frontera natural” con el ejido de San Andrés: el propio río Lilillá.63 Suspende, entonces su comisión y exige 321 pesos de gastos al común de San Andrés.64 En 1845, la municipalidad indígena de San Andrés, que ha reunido con esfuerzo 300 pesos, solicita quittus del resto... y que se le reconozca las 19 000 ha (430 caballerías) restantes de su ejido amputado. Así se acaba provisoriamente este interminable proceso engendrado por los apetitos territoriales de los Sical quienes, entre 1794 y 1845, han absorbido más de 4 000 ha de las tierras comunales de San Andrés. Con este compromiso de 1845, el conflicto se apacigua durante unos 30 años. Gracias a su combatividad, desde 1794, el común indígena de San Andrés ha podido, a pesar de todo, salvar provisoriamente más o menos el 80 % de su territorio comunal inicial.

2.2 EL IRRESISTIBLE ASCENSO DE LOS NUEVOS PROPIETARIOS LADINOS ALREDEDOR DE SAN ANDRES SAJCABAJA ENTRE 1825 Y 1845

47Dos medidas legislativas republicanas favorecen la expansión territorial de los latifundistas ladinos alrededor de San Andrés. La primera es el decreto número 27 de 1825 que estipula la repartición de todas las tierras baldías en propiedad, completada en 1845 por la obligación de hacer componer dentro del año las tierras baldías poseídas en las proximidades inmediatas de las haciendas y estancias ya apropiadas con anterioridad. La segunda es la supresión de las congregaciones religiosas en 1829 y la confiscación consecutiva de sus bienes en 1830.

  • 65 “Defensa del cura de Joyabah contra los indios del mismo pueblo sobre tierras de Quiaquil” (1825) (...)
  • 66 “Denuncia de las tierras de Chipac y Xecaché” (3 de julio de 1840) en AGCA, exp. 85337, leg. 3633. (...)
  • 67 “Deslinde de la hacienda Tululché” (1836) en AGST, paq. 1, no. 21.
  • 68 “Lucas Pérez, vecino de Chinique, denuncia las tierras de Cocabal y pide medida y deslinde” (1830) (...)

48Como consecuencia de la primera serie de medidas, el cura de Joyabaj se apodera de las tierras de Quiaquil-Pueblo Viejo en 1825,65 y los Sical de las tierras del común de San Andrés hasta el río Lilillá, duplicando así su propiedad (sea 2 895 ha suplementarias) con el pretexto de que son baldías. El procedimiento es utilizado también en 1840 en Uspantán, por la hacienda Chicamán perteneciente al cura Henríquez y a su clientela ladina, para acaparar las tierras de Chipac y Xecaché.66 En cuanto a las medidas anticlericales de 1829-1830, tienen por efecto, al sur de San Andrés Sajcabajá, el provocar la secularización de las haciendas Chiché y El Tululché que pertenecían al convento dominico de Santa Cruz del Quiché. Lucas Pérez, ladino de Chinique compra entonces la hacienda de El Tulul-ché en subasta pública. Se convierte así en propietario de unas 2 700 ha (181 caballerías)67 y aprovecha para denunciar inmediatamente las tierras adyacentes y pretendidamente baldías (de hecho, pertenecientes al ejido de Chiché-Chinique) de Cocabal.68

  • 69 “Plano de las tierras de la hacienda San Juan Bautista de Chiché, medidas en 1717 y 1749” (1774) e (...)

49El caso de la ex hacienda dominica de Chiché es más complejo y prueba que las comunidades de Joyabaj y Sajcabajá no son las únicas en luchar para recuperar sus antiguas tierras comunales. Expropiada en 1830 en detrimento del convento de Santa Cruz, esta hacienda no siempre le perteneció. Fue compuesta en 1717 por los Urízar, ladinos de Chinique, que la agrandaron en 1749 y, luego, al emigrar a San Andrés Sajcabajá donde se emparentan con los Sical, la revenden a los dominicos de Santa Cruz.69 Secularizada, es reclamada por el inevitable Lucas Pérez... pero también por los descendientes de Urízar que viven en Chinique, y por el común de Chiché. En 1836, Pérez es desestimado en su demanda y la hacienda es vertida como ejido al común ladinoindígena de Chiché, que se convierte en un nuevo pueblo a mayoría ladina hasta nuestros días.

  • 70 “Ejidos del pueblo de Chinique” (1834) en AGST, paq. 1, no. 19.
  • 71 “Composición del ejido de Chinique” (1836) en ibid.

50De golpe, el vecino pueblo ladino de Chinique, de donde era originario el primer creador de la hacienda, que dejó ahí a sus descendientes, reclama a su vez sus derechos a partir de 1834 —constituidos por unas 400 ha (9 caballerías) que el antepasado Urízar se había reservado en el momento de la venta de la hacienda Chiché al convento de Santa Cruz. Entre tanto las 9 caballerías iniciales se han convertido oficialmente en 34 (alrededor de 1 500 ha), de hecho “teniendo 280 según se ha averiguado”, es decir más de 12 000 ha repartidas entre los primos ladinos y turbulentos de Chinique: esos Noriega, Urízar, Quiroz, Arroyo, etcétera, cuyos caracteres sociológicos son precisados por el mismo documento: “los habitantes son más inclinados a criar ganados que a las siembras... por falta de terreno aparente y de brazos [¡la situación de los ladinos es difícil cuando no poseen localmente indios para explotar!], nunca pasan de la pobreza porque el lugar es proseguido de los ladrones habitantes del Quiché, Chujuyub y Lemoa de los cuales se mantienen las cárceles de Sololá siempre llenas”.70 Es, en consecuencia, en este ambiente de western que es compuesto, finalmente, en 1836 el ejido ladino de Chinique, constituido legalmente por una legua cuadrada, sin incluir las tierras baldías adyacentes, de hecho ya acaparadas desde 1834.71

2.3 EL DINAMISMO DEMOGRAFICO EN SAN ANDRES DURANTE EL PERIODO

  • 72 Arch. Parr. de S.A.S.: Libros de bautismos no. 2.

51Desgraciadamente, no poseemos estadísticas homogéneas y continuas sobre San Andrés entre 1821 y 1871 que permitan medir el fenómeno. Pero muchos signos indican un crecimiento demográfico muy neto entre esas dos fechas, tanto entre los ladinos como entre los indígenas. Los archivos parroquiales de San Andrés, desgraciadamente discontinuos, nos proporcionan la prueba de ello entre 1855 y 1861. Las rúbricas “Altas y Bajas” o “Nacidos y Defunciones”, nos permiten reconstituir el balance demográfico del pueblo durante esos siete años:72

CUADRO 28 - NATALIDAD Y MORTALIDAD EN SAN ANDRES ENTRE 1855 Y 1863

  • 73 Ibid.

52A pesar de su brevedad esta serie suscita algunos comentarios. La tasa de nacimientos, en incremento general entre 1855 y 1863, aumenta todavía más entre 1857 y 1859; pero en mayor proporción disminuye la tasa de mortalidad que cae a menos del 20 % de lo que era todavía en 1857. ¿Estaría viviendo San Andrés su “revolución demográfica” y saliendo al fin de una demografía de antiguo régimen?Aun cuando la continuación de la serie nos falta para confirmarlo, es lo más probable, ya que durante los censos ulteriores a 1880, la tendencia no se invirtió. Sin embargo, notemos que en 1857, la epidemia azota de nuevo: “en agosto atacó la epidemia a este pueblo y se retiró el día lo. de noviembre [de 1857]”,73 llevándose sin duda a los más débiles y aliviando de golpe a los años siguientes de su reserva de defunciones habituales. Queda que la tasa de mortalidad sigue baja pasado 1858. La tendencia parece ser hacia el incremento de la población sanandresina a largo plazo. Crecimiento impetuoso puesto que si tomamos como base la evaluación más alta de esta población en el periodo inmediatamente anterior (más de 1 500 habitantes contabilizados en 1808-1809), las cifras parroquiales de 1855-1861 nos dejan suponer una tasa de crecimiento anual medio que sobrepasaría el 30‰ o incluso el 40‰!

  • 74 “Delimitación del ejido de San Bartolomé Jocotenango” (1836) en AGST, paq. 1, no. 25.

53Por supuesto, semejante explosión demográfica —que desgraciadamente nos ha sido imposible confirmar en los pueblos vecinos—, en el mismo momento en el que las reservas territoriales indígenas se reducen a causa de las expoliaciones ladinas, provoca agudos problemas: presión del hombre sobre las tierras de cultivo (lejos de disminuir, a pesar de la primera expulsión de 1794, la población del río Lilillá aumenta hasta 1836), exceso de pastoreo en bosques y praderas comunales (en esta época comienza, sin duda, la inexorable degradación ecológica de las laderas medias forestales alrededor de San Andrés), población en excedente obligada a emigrar temporalmente o, finalmente, de manera durable. Desde 1836, Juan Castro, secretario de alcaldía, observa a propósito de los habitantes de San Bartolomé Jocotenango que ”... estando tan escasos de recursos para subsistir nos hemos bisto en el trabajo de estar aixlados en el departamento de Suchitepéquez la cantidad de 60 familias”.74 El litoral del Pacífico y sus plantaciones siguen siendo, en consecuencia, el exutorio de la presión demográfica en el Quiché, a pesar de que la baja coyuntural de las exportaciones de la producción disminuye las necesidades de mano de obra de los latifundios costeros. Desde San Andrés, del Quiché y del conjunto de los Altos persiste, por tanto, el flujo migratorio temporal hacia Retalhuleu y Cuyotenango, lo que es decididamente un rasgo estructural de las tierras altas indígenas desde el siglo xviii cuando no desde el siglo xv. Algunas cifras recogidas en los archivos parroquiales de Cuyotenango nos permiten adivinar la importancia del fenómeno entre 1845 y 1855. Se trata del bautizo de hijos de migrantes nacidos en las plantaciones:

  • 75 Arch. Parr. de Cuyotenango: Libros de bautismo. Para 1846: padre Francisco Puente y para 1851 y 18 (...)

CUADRO 29 - ORIGEN GEOGRAFICO DE LOS NIÑOS BAUTIZADOS EN LA IGLESIA DE CUYOTENANGO ENTRE 1845 Y 185575

  • 76 Según “Síntesis del proceso migratorio de braceros del altiplano a la costa sur y sus repercusione (...)

54Aunque no da la medida exacta de las migraciones, puesto que excluye, en especial, a los numerosos migrantes varones sin mujer ni hijos, esta estadística muestra una presencia de indígenas provenientes de las tierras altas, los cuales engendran entre un quinto y un cuarto de los niños nacidos en el lugar y que han sobrevivido hasta el bautizo. Si ahora detallamos a los migrantes por región de origen o de tránsito y si los comparamos con los datos de 1968,76 adivinamos sorprendentes permanencias seculares:

CUADRO 30 - ORIGEN REGIONAL DE LOS MIGRANTES “ÁLTENOS” EN LAS PLANTACIONES DEL PACIFICO ENTRE 1845 Y 1868

55En Cuyotenango entre 1845 y 1855, los migrantes quichés que hacen bautizar a sus niños nacidos en la costa son originarios de Nebaj, Chajul, Cotzal, Sacapulas, Cubulco, Joyabaj y San Andrés Sajcabajá.

3. Los factores de cambio en Guatemala después de 1865

  • 77 Véanse Amurrio, 1966 y la colección de periódicos en la Biblioteca Nacional de Guatemala.

56Por muy marginal que sea, en una región también marginal, San Andrés Sajcabajá, a pesar de la estabilidad lograda después de las composiciones de tierras entre 1836 y 1845, no escapa al movimiento demográfico y migratorio. Permanece integrado, no obstante, a una Guatemala que, por muy estabilizada que sea durante más de 30 años por los conservadores, se mueve también en profundidad. Lentas para producir sus efectos, las instituciones constitucionales de la República terminan por modificar las relaciones de la sociedad con el poder; surge una nueva fracción oligárquica, cuyo poder se funda en el cultivo del café —primer producto de exportación guatemalteco después de 1865, pese a que la coyuntura depresiva perdura hasta 1865. Por eso, después de la muerte del presidente Carrera en 1865, se produce una reacción liberal y “positivista”, ilustrada en el plano político por líderes como Granados y Barrios; en el plano intelectual por hombres como Pujol, González, Vélez y Recinos; en el plano periodístico por el nacimiento o renacimiento de periódicos tales como La Semana (entre 1865 y 1871), La Sociedad Económica (en 1870 y 1871), El Guatemalteco (entre 1871 y 1873), El Café (que había aparecido ya en 1839).77 De manera lógica, este renacimiento neoliberal prepara el relevo político de los conservadores. Es asumido por Justo Rufino Barrios quien, apoyándose en milicias y guerrillas reclutadas en provincia —en especial en los Altos y el Quiché— se apodera del poder provincial desde 1871 hasta 1873 y de la presidencia de la República en 1873.

B. EL QUICHE CONSTITUIDO EN RESERVA INDIGENA MARGINAL POR LA DICTADURA LIBERAL: 1871-1920

I. LA GUATEMALA DESDE BARRIOS HASTA ESTRADA CABRERA (1871-1920)

57Alejados del poder durante más de 30 años, los liberales y sus aliados intelectuales “positivistas” resultan beneficiados por el desplazamiento de poder económico que se produce a favor de los plantadores-exportadores de café, a expensas de los sectores tradicionales productores de añil y cochinilla, y las ambiciones de una nueva generación criolla encarnada por Justo Rufino Barrios y sensible a las nuevas corrientes de la época.

1. La revolución liberal de 1871-1873

1.1 LIBERALES Y POSITIVISTAS GUATEMALTECOS DESPUES DE 1865

58Los liberales no olvidan que Guatemala fue creada y fundada por los suyos entre 1821 y 1839, lo que marcó fuertemente a las instituciones del país. Incluso después de 1839, los conservadores no pueden hacer marcha atrás totalmente y, por ejemplo, aunque anulan las medidas anticlericales de sus predecesores, no pueden restituir todas sus antiguas prerrogativas a la Iglesia. Desde 1865, la crisis iniciada con la muerte de Carrera permite a toda una nueva generación liberal recuperar las esperanzas y pretender asumir la herencia de sus abuelos, transmitida especialmente por el general Miguel García Granados, liberal moderado que fue amigo de Mariano Gálvez y que conservó siempre su distancia en relación con el poder conservador de Carrera.

  • 78 Ibid.

59En el plano intelectual, el movimiento se identifica con las Lecciones de filosofía positiva dictadas entonces por Adrián Recinos o con las profesiones de fe cientistas y mecanicistas de Valero Pujol y Darío González. En suma, un nuevo espíritu, venido de Europa, sopla en Guatemala78 en un momento en que la coyuntura internacional está cambiando también, no sólo porque el desarrollo de los intercambios marítimos consolida la integración de Guatemala al mercado mundial, sino porque, a la muerte de Carrera, los nordistas en los Estados Unidos y los liberales de Juárez en México acaban de salir triunfantes, los primeros de la guerra de Secesión y los segunos de la guerra patriótica contra la invasión francesa en México. El momento parece pues propicio en Guatemala para lanzar la ofensiva liberal. Pero, en ese país con estructuras sociales y políticas todavía tan tradicionales y tan poco democráticas, la única vía para lograr la victoria sólo puede ser ilegal, revolucionaria. Por tanto el joven Justo Rufino Barrios, liberal convencido y militante —en Quezaltenango editó el diario Malacate que le valió la violenta oposición del partido jesuíta local— pasa a la acción en 1871.

1.2 BARRIOS Y LA REVOLUCION LIBERAL DE 1871-1873

  • 79 Véanse Morales Urrutia, 1961 y Diccionario geográfico de Guatemala 1962.
  • 80 Vela, 1934.

60Su estrategia es sencilla: puesto que las vías del poder en la capital están cerradas a sus amigos políticos, crea un contrapoder insurreccional en provincia, apoyado por la opinión liberal del país, para investir y luego destruir al estado conservador. Muy ligado a los Altos, Barrios recluta allí a partidarios armados que organiza en guerrillas y milicias —el Quiché oriental provee así un gran número de milicianos, sobre todo ladinos, pero a veces indígenas, especialmente en las regiones de Santa Cruz del Quiché y de Cubulco. Establece paulatinamente un verdadero contrapoder que legisla incluso cuando Ciudad Guatemala no ha sido todavía investida— por ejemplo, erigiendo el Quiché en departamento independiente79 el 12 de agosto de 1872 por decreto número 72, o proclamando desde 1872 la supresión de las congregaciones religiosas restablecidas desde 1839 por los conservadores.80

  • 81 “Letters from J. Th. Skinner, merchant of Guatemala, to Leyard” (1827-1864) en Leyards Papers, Bri (...)
  • 82 Woodward, 1966, op. cit. y Gropp, 1941.

61En el exterior, a cambio de la promesa de cesión por Guatemala del Soconusco a México, obtiene el apoyo del gobierno de Juárez y atrae a su causa a una nueva generación de representantes del capitalismo extranjero —británico, francés, norteamericano, alemán...— mucho más interesados en invertir en el comercio y la producción del país que en contentarse con los únicos beneficios del comercio de librecambio tradicional. Cuando el negociante británico Jorge Thomas Skinner se retira efectivamente de los negocios con una fortuna ya hecha en 1864, después de 38 años de actividad de importexport en Guatemala,81 toda una época del capitalismo de librecambio se acaba. Los inversionistas que especulan ya con la victoria previsible de Barrios, establecen de ahora en adelante las nuevas reglas del juego económico y eliminan a las últimas instituciones de origen colonial que obstaculizan el libre desarrollo del capitalismo financiero en Guatemala: el Consulado de Comercio de Guatemala (suprimido después de 1871) y la Sociedad Económica de Amigos del Estado de Guatemala (suprimida en 1881).82 Valiéndose de todos esos apoyos, después de dos años de poder ilegal en provincia, Barrios se apodera del Estado en 1873 e instala de manera durable un sistema de gobierno que sobrevivirá, después de su muerte, hasta 1920: la dictadura liberal.

2. La dictadura liberal y el despegue del gran capitalismo agrario de exportación en Guatemala entre 1873 y 1920

2.1 EL REGIMEN DE DICTADURA LIBERAL DESDE BARRIOS HASTA ESTRADA CABRERA

62El nuevo régimen, establecido por abuso de autoridad, evidentemente no puede presentarse como un régimen representativo nacido de un consenso popular. Personalizando al extremo el poder en la persona de su presidente quien se apoya mucho más en el ejército, la policía, la administración y los medios de negocios nacionales y extranjeros que en una vida parlamentaria generalmente reducida a una parodia, conserva este carácter hasta 1920 y marca de modo durable y en sentido muy poco democrático la vida política de Guatemala hasta nuestros días. Se trata de una dictadura presidencial apoyada en una fracción de la élite criolla y en fracciones del pueblo ladino o indígena controladas mediante el sistema de clientelas políticas locales.

63Esta dictadura se inspira en una filosofía política liberal, sobre todo en materia económica. En efecto, el orden que reina entonces en Guatemala depende mucho menos del estado de derecho (liberal) que del poder del gobierno o, si se prefiere, del “Señor Presidente”. Con todo, el presidente y sus consejeros, herederos de los primeros liberales de la Independencia, quieren la modernización económica del país, la transformación social de sus sectores en movimiento, la integración reforzada al sistema mundial ahora dominado menos por el comercio que por las finanzas. Más que liberales, son neoliberales, favorables a la iniciativa privada a condición que ella sea desarrollista y modernizadora, en cierto modo “tecnócrata”. Los equivalentes contemporáneos de esta política de Barrios y Estrada Cabrera deberían buscarse por el lado de Porfirio Díaz en México y de Augusto B. Leguía en el Perú.

64Que este neoliberalismo, no obstante, deba algo a los antiguos liberales, lo prueba la política anticlerical de Barrios quien no sólo vuelve a secularizar los bienes de la Iglesia, cierra conventos y congregaciones, expulsa al arzobispo Pinol, sino que combate también lo que constituye una de las bases del poder clerical sobre la élite dirigente: su hegemonía cuando no su monopolio sobre la enseñanza. Las leyes sobre educación de 1875, 1879 y 1882, al organizar un sistema de enseñanza laicizado en Guatemala, finiquitaron, la separación entre la Iglesia y el Estado. En adelante, la Iglesia guatemalteca, privada de sus congregaciones, bienes y rentas y excluida de la formación escolar de la élite criolla puede contar únicamente con los sacerdotes seculares para mantener su presencia en las ciudades y en el medio rural en un momento en que las perturbaciones anticlericales y la disminución de sus ingresos provocan una verdadera crisis de vocaciones sacerdotales. Por primera vez, experimenta un verdadero retroceso incluso en los campos indígenas, por ejemplo en San Andrés Sajcabajá, privado de cura entre 1873 y 1963. En compensación, la ideología liberal ofrece ersatz de cultos laicos y republicanos: entre 1873 y 1920, se inaugura en Guatemala templos consagrados a Minerva, al Progreso y a otras divinidades del Panteón racionalista y cientista de la época.

65En cuanto a las instituciones propiamente políticas, tienen dificultades para crear su propia legitimidad. De ahí los dramas de sucesión del poder que duran todavía actualmente en este país y que adquieren, según los casos, aspectos trágicos o cómicos. Después de 25 años de dictadura, Barrios es asesinado en 1898 y, en 1920, Manuel Estrada Cabrera es destituido y encarcelado por un movimiento popular. Son los límites del liberalismo en Guatemala como en otros países de América Latina.

2.2 LA LEGISLACION AGRARIA ENTRE 1873 Y 1920

  • 83 Wagley, 1957.

66Mucho más durables se revelan al uso las disposiciones adoptadas por el poder en materia agraria y destinadas a facilitar el despegue de un gran capitalismo agrícola apoyado en un mercado externo o interno en expansión. La medida de consecuencias sociales más graves es la obligación impuesta por Barrios en 1872 a los arrendatarios enfitéuticos de las tierras de Iglesia, cofradías, comunidades municipales o indígenas de comprar la propiedad directa de esas tierras y de transformarse así en propietarios soberanos de sus explotaciones.83 La medida, adoptada incluso antes de la instalación definitiva de Barrios en el poder, vence la impaciencia de la nueva oligarquía del café y la ganadería para eliminar las rentas perpetuas de origen colonial (reserva de usufructo enfitéutica, fundaciones piadosas, etcétera), que gravan hasta entonces la explotación racional de las tierras disponibles, y para acelerar las transferencias definitivas de propiedades a verdaderos empresarios agrícolas.

  • 84 Decreto no. 170 del 8 de enero de 1877 en AGCA, Poder legislativo federal, no. 2912.
  • 85 Disposiciones que deben observarse en la enajenación de terrenos municipales, 1891.
  • 86 Decreto no. 224 del 26 de octubre de 1878; Decreto no. 416 del 20 de noviembre de 1888; Decreto no (...)
  • 87 Stephan, 1907.

67Una vez dado el impulso, sólo queda al poder legislativo completar este dispositivo legal. Decreta a partir de 1877 la alienación de los terrenos municipales a las personas privadas, con la compra a una tasa degresiva según antigüedad, de los usufructos enfitéuticos al Banco Nacional quien vertirá en compensación un 4 % de intereses anuales a las municipalidades despojadas así de sus tierras de ejidos.84 Este decreto es completado por una circular de 189185 que precisa que todo arrendatario de un terreno municipal superior a una caballería (45 ha) deberá informar a la Sección de Tierras o a la Secretaría de Gobernación que arbitrará en caso de reclamos. Dispone, finalmente, parcelaciones de tierras patrimoniales según la urgencia de las políticas de valorización y colonización regionales. Se da prioridad al suroeste del país en 1873, donde el Estado podrá atribuir lotes de 45 a 225 ha al precio de 200 pesos la caballería ya desbrozada y de 500 pesos la caballería todavía virgen de toda valorización. Entre 1878 y 1894, se pone el acento en el noroeste pastoral y forestal del país y se otorgan facilidades exorbitantes a los criadores-des-brozadores-colonos por decreto de 1878. Tan exorbitantes, que el decreto de 1888 fija los lotes concedidos a únicamente 30 caballerías (1350 ha) y el decreto de 1894 a únicamente 15 caballerías por colono.86 Sin embargo, incluso este último decreto, restrictivo en cuanto a la alienación de las tierras patrimoniales por el Estado, contiene cláusulas increíbles relativas a las tarifas y al procedimiento de venta. Las tierras dedicadas a los cultivos más especulativos (café, algodón, madera para construir) costarán 550 piastras por caballería, 400 piastras para los productos “secundarios” (plátanos, caña de azúcar, tabaco) y únicamente 250 piastras para los productos juzgados menos rentables (ganado, cereales, viñas, añil y henequén). Ahora bien, sabemos que en departamentos marginales como el Petén o al interior de Izabal, entonces ampliamente abiertos a la colonización extranjera —alemana, norteamericana—, las tierras patrimoniales son otorgadas de preferencia por simple denuncia a la prefectura y, en general, declaradas para un uso establecido en la tarifa más baja. En los años que siguen al decreto, las compañías de colonización alemanas o la United Fruit Company americana adquieren gratuitamente, o por un bocado de pan, tierras llamadas “de crianza”, donde en realidad se hacen los cultivos más rentables: café, algodón, plátanos, caña de azúcar.87

68En total, he aquí cómo se establece el balance de esas fantásticas concesiones de tierras patrimoniales, efectuadas en provecho de la oligarquía, de los colonos y de las compañías de colonización extranjeras entre 1873 y 1920:

CUADRO 31 - ADJUDICACIONES DE TIERRAS EN PROPIEDAD ENTRE 1873 Y 1920

  • 88 Según Méndez Montenegro, 1960 y Guerra Borges, 1969.

69De hecho, el total rectificado se establece en 1 208 835 ha distribuidas durante estos 50 años por la dictadura liberal de Barrios hasta Cabrera, sea más del 35.5 % de las 3 400 000 ha cultivadas en Guatemala en 1950.88

2.3 EL DESPEGUE DEL GRAN CAPITALISMO AGRARIO

70Beneficiando de esta legislación que le es completamente favorable, el gran capitalismo agrario de exportación localizado en las tierras bajas tropicales del suroeste (costa del Pacífico), del noroeste (Peten y Verapaz) y del este (región de Izabal en Guatemala, donde se instala en especial la United Fruit), conoce un desarrollo sin precedentes basado en el café, los plátanos, el algodón, la madera y la ganadería. Se dota a las regiones de puentes, caminos, ferrocarriles y equipos urbanos y rurales en las zonas de gran colonización agrícola, todo lo cual, financiado por el gran capital extranjero, trastorna las condiciones de vida de esta nueva “Guatemala útil” y acelera su ladinización.

  • 89 “Estudio sobre la agricultura nacional” (1881) en AGCA, 19.3, no. 242; Progresivo desarrollo econó (...)
  • 90 “Estudio sobre la agricultura nacional publicado en cumplimiento del acuerdo de 30 de junio de 188 (...)
  • 91 “Movimiento de población habido en los pueblos de la República” (1881) en AGCA, Poder legislativo (...)
  • 92 “índice ordenado del Archivo del Ministerio de Hacienda”, (1871-1877) en AGCA, exp. 88187, leg. 39 (...)
  • 93 U.S. Bureau of American Republics Commercial directory of Guatemala 1891; “Les 9 maisons commercia (...)
  • 94 Boddan-Whetham, 1877; Stoll, 1878-1883; Oswald, 1881; Conkling, 1886; Nie-derlin, 1898; Maudslay y (...)

71La administración guatemalteca favorece este desarrollo multiplicando las intervenciones para censar las riquezas potenciales del país, para provecho de los inversionistas privados. Una vez desaparecidos el Tribunal del Consulado y la Sociedad Económica, nada más se opone, en efecto, a su acción directa en un país puesto a su disposición. Se multiplican entonces los estudios oficiales sobre la situación agrícola y económica del país,89 los folletos y exposiciones publicitarios destinados a atraer colonos y hombres de negocios extranjeros,90 y los primeros censos republicanos sistemáticos y serios de los recursos naturales y humanos.91 Este interés por la “Guatemala útil” provoca el interés por “la otra Guatemala”, provincial, indígena e histórica, tanto por parte de los guatemaltecos92 como por extranjeros interesados en los negocios93 y el turismo arqueológico o etnográfico.94

72En esta literatura, se percibe netamente que Guatemala está transformándose, en ese momento, en una sociedad cada vez más dualista a medida que se desarrollan las regiones integradas al capitalismo de exportaciones agrícolas, y a medida que se marginalizan los departamentos de la provincia tradicional, mestiza o indígena. El nuevo departamento del Quiché pertenece totalmente a esta provincia marginal y abandonada, tal como la conoció Percival Maudslay en 1898.

II. EL DEPARTAMENTO DEL QUICHE ENTRE 1872 Y 1920

73Designado departamento independiente por el decreto número 72 del 12 de agosto de 1872, el destino del Quiché está ahora netamente separado del de la zona de expansión de la antigua confederación quiché —Suchitepéquez y Quezaltenango. Esta verdadera resurrección territorial del antiguo reino de Utatlán, realizada por Barrios cuando todavía no se había apoderado del Estado central, no es solamente un homenaje a la historia precolonial, ni una simple medida de geografía administrativa destinada a desmantelar el antiguo departamento de Suchitepéquez, demasiado vasto y difícil de administrar. Corresponde al reconocimiento de la especificidad geográfica y sociocultural del Quiché oriental en el conjunto guatemalteco y, sin duda, al favorecer localmente el acceso de sus fieles a carreras administrativas nuevas, permite pagar una deuda de Barrios a sus partidarios que, en Jocotenango, Cubulco y Santa Cruz, lo apoyaron desde 1871 hasta 1873 y facilitaron el éxito de su revolución política.

74Corresponde sobre todo a la voluntad política de separar en adelante la administración de las tierras altas indígenas de la de las zonas donde triunfa el gran capitalismo urbano y agrícola. Presentimos, por tanto, desde un principio, que la fundación del departamento del Quiché podría muy bien manifestar la existencia de dos Guatemala: una, capitalista, progresista, ladinizada y con dirección criolla y la otra tradicional, a mayoría indígena, destinada a convertirse en reserva de mano de obra y de tierras acaparables de la otra. Porque, aunque el Quiché experimenta grandes transformaciones entre 1872 y 1920 —demográficas, políticas y agrarias—, éstas no desembocan en una mejor integración de su población indígena a la nación. Al contrario, los únicos beneficiarios aquí de la evolución que se produce durante este segundo medio siglo de vida republicana son los elementos ladinizados de la población cuyos avances —escolares, demográficos, territoriales y residenciales— se realizan únicamente legando a los indígenas una marginalidad y un arcaísmo inéditos en la historia de la región.

1. El Quiché sometido a la dictadura liberal entre 1872 y 1920

1.1 EL QUICHE IMPLICADO EN LA POLITICA NACIONAL

  • 95 Véase León, 1945.

75No es sorprendente que Barrios haya encontrado apoyos en la región y en el conjunto de los Altos para conquistar el poder por la vía armada. La creciente ladinización de las antiguas tierras indígenas de Iglesia que se ha producido desde hace más de un siglo —por inmigración y por crecimiento natural in situ— modificó profundamente el equilibrio social y cultural de la zona. En Santa Cruz, Chinique, Joyabaj, Uspantán, Cubulco y San Andrés viven ahora minorías ladinas inquietas, a menudo pobres pero deseosas de un ascenso social y económico rápido, ya sea a expensas de los indios, ya sea al favor de trastornos sociales (abigeatos, banditismo) o políticos (guerrillas, promociones en el aparato de Estado). Existen, por tanto, ahí, en reserva, clientelas ladinas potenciales, listas para movilizarse cuando la coyuntura se invierte localmente o en el plano nacional. En consecuencia, entre 1865 y 1873, Barrios encuentra sin dificultad partidarios ya acostumbrados a la violencia en sus relaciones con los indios o con sus propios elementos marginados (recordemos, por ejemplo, la triste reputación de banditismo adquirida desde 1836 por ciertos moradores vecinos de la hacienda Chiché). Y sus enemigos, vencidos en el plano nacional en 1873, no vacilan a su vez en movilizar militarmente a sus clientelas locales para intentar proseguir la lucha contra él. Así en 1877, el caporal José Rubio, alias Ramón Carrera, propietario de la hacienda Chuixiquín, aliado del cura español de Uspantán, Félix Pajas, emprende una guerrilla de escaramuzas contra los partidarios de Barrios a lo largo y ancho del departamento.95 Notemos, de paso, que esta conjuración us-panteca de un conservador ladino con un cura español es muy lógica en un departamento donde las leyes anticlericales de 1839 y, luego, de 1872-1882 favorecieron a los compradores liberales de los bienes del clero (Lucas Pérez en la hacienda El Tululché, por ejemplo) en detrimento de los elementos clericales de la provincia. La comunidad ladina del departamento —conservadora o liberal— se siente, pues, plenamente implicada en las contradicciones de la política nacional y aprovecha para saldar sus cuentas en el plano local. Este rasgo, instituido por la revolución liberal de 1871-1873, sigue siendo estructural y permanente en la región hasta nuestros días.

  • 96 “Delimitación de las tierras acordadas por el presidente Barrios a los milicianos quichés” (1884-1 (...)
  • 97 “Delimitación de las tierras de Chimul y Chimulato Caboblal entre Canilla y Cubulco” (1910) en Arc (...)

76En cuanto a los indios del departamento, agredidos por la comunidad ladina y privados del apoyo tutelar de la Iglesia atacada nuevamente por las medidas anticlericales de Barrios, no pueden ya contentarse con tratar de defender sus títulos comunitarios como lo hicieron entre 1836 y 1870, porque la presión ladina se ha vuelto más fuerte y porque las nuevas leyes sobre la alienación de tierras patrimoniales y municipales les quitan las últimas garantías tradicionales. Una parte de ellos desespera por poder mantener sus tradiciones y los comunitarios proletarizados no tienen ya gran cosa qué perder; algunos se localizan en la clientela de los ladinos que simulan querer defenderlos a cambio de su adhesión personal a un jefe de partido local, él mismo situado en la clientela de un político ambicioso. Jugando a favor de Barrios o de Estrada Cabrera, estos mecanismos de movilización “política” de ciertos sectores indígenas les aportan entre 1871 y 1873 y, luego, después de 1877, en las luchas contra las guerrillas conservadoras, la ayuda preciosa de centenares de milicianos indígenas a los cuales piensan recompensar con dones de tierras otorgadas en propiedad entre 1884 y 1888 en San Bartolomé Jocotenango96 y en 1910 en Cubulco.97 Por primera vez, de esta manera en su historia, el Quiché es atravesado por las divergencias y aspiraciones de la política nacional mezclados con las aspiraciones locales. En el plano político, el Quiché está nacionalizándose, al menos en su fracción ladina y la minoría “politizada” de la masa indígena.

77Sin embargo, no exageremos el fenómeno puesto que, además de que esta movilización se hace en la forma muy poco democrática de “partidos” clientelistas y armados (milicias, guerrillas y montoneras), sólo concierne, en definitiva, a una minoría ínfima de la sociedad departamental. Durante el censo electoral de 1882, de una población departamental de 75 979 hahitantes, únicamente 2 710 electores son inscritos, ¡sea 1 habitante por cada 27! Esta proporción oscila, según los pueblos, entre los siguientes valores:

  • 98 Anales estadísticas de la República de Guatemala, 1882, (1): 20.

CUADRO 32 - PROPORCION DE HABITANTES EMPADRONADOS EN 188298

  • 99 Ibid.

78No por casualidad la participación electoral más fuerte es favorecida por la dictadura liberal ahí donde está segura de sus apoyos (los milicianos de San Bartolomé Jocotenango, por lo demás recompensados con tierras durante los años siguientes). Por el contrario, Uspantán, tierra de guerrillas antiliberales desde 1877, tiene el porcentaje más bajo, sin que se sepa si es el resultado de un boicot voluntario organizado por los jefes locales o de un sabotaje administrativo sistemático durante las solicitudes de inscripción en las listas electorales. Como quiera que sea, a escala del departamento como en la mayoría de sus pueblos, con la excepción relativa de San Bartolomé, la masa indígena es excluida en su conjunto de toda participación política. En San Andrés Sajcabajá, por ejemplo, entre 1877 y 1881, únicamente 68 electores (ladinos) son inscritos de un total de 4 139 habitantes censados el 31 de diciembre de 1882.99

1.2 EL “PROGRESO” LIBERAL-AUTORITARIO EN EL QUICHE ENTRE 1872 Y 1920

79La dictadura liberal favorece pues abiertamente a sus clientelas en detrimento de sus adversarios y de la masa indígena del departamento no movilizada en el plano político. ¿Qué ganan estas clientelas?Los antiguos milicianos indígenas adquieren un estatuto garantizado de pequeños o medianos propietarios del suelo en un momento en que las últimas garantías que protegen a las tierras tradicionales de las comunidades desaparecen para sus hermanos de raza. Los ladinos liberales consolidan su estatuto político, económico, social y cultural en el departamento cuando no en la nación.

  • 100 Véase Morales Urrutia, 1961 (1): 48 y Diccionario geográfico... (2): 120-122.
  • 101 Arch. Parr. de Joyabaj y San Andrés Sajcabajá.
  • 102 Anales estadísticas de la República de Guatemala 189 (2).

80● Los avances administrativos y escolares. Parte para satisfacer las necesidades de sus clientelas políticas regionales, parte para acelerar la integración del departamento a la nación, la dictadura liberal opta por una política de “desarrollo” y de “avance” departamental que le permite, al mismo tiempo, reforzar su control político en la zona. El “avance” es, primero, administrativo La creación de una prefectura en Santa Cruz del Quiché y de nuevos servicios (escuelas, policía) mejoran el control estatal del departamento y desarrollan un sector terciario departamental, laico y ladino. Sólo los ladinos, efectivamente hispanohablantes y alfabetos (al menos una parte de ellos) tienen acceso localmente a estas carreras de Estado o municipales. Terminan así su conquista del poder regional que había comenzado más de un siglo atrás con la conquista del poder económico y residencial (ganadería, composiciones de tierra, derecho de residencia en las reducciones indígenas), pero que continuaba enfrentándose hasta 1871 con la omnipotencia moral del clero sobre la masa indígena. Después de 1872, las municipalidades caen definitivamente bajo la hegemonía ladina en territorio indígena o, en caso de conflicto insoluble, se vuelven autónomas —como es el caso en Canilla, que se convierte en municipio independiente de San Andrés Sajcabajá el 21 de marzo de 1893.100 En cuanto a la Iglesia, marginada definitivamente por las nuevas leyes anticlericales y escolares promulgadas por Barrios entre 1872 y 1882, pierde su monopolio de control de los indígenas —no le quedan sino cinco curas titulares en la región en 1883 (en Joyabaj, Nebaj, Sacapulas, Santa Cruz y Chichicastenango)—101 y su cuasi monopolio de alfabetización, puesto que compite desde 1883 con 42 institutores retribuidos por la municipalidad o el Estado, que enseñan entonces a leer y a escribir a 920 niños y 258 niñas del departamento.102 En contrapartida a su esfuerzo financiero, para mejorar los servicios administrativos regionales, el Estado y las municipalidades ladinas controlan mejor la masa indígena en el plano fiscal y social y los elementos marginados o disidentes en el plano político.

  • 103 En Recopilación de leyes (4): 280, citado en Morales Urrutia, 1961.
  • 104 “Padrón de los vecinos de Santa Cruz Quiché efectos al pago de la contribución de caminos” (1887) (...)

81De hecho, la base del financiamiento de este sistema administrativo es más que nunca la explotación fiscal de la masa indígena —en forma de “contribución territorial” o de impuesto sobre el ingreso; en forma de prestaciones gratuitas obligatorias, municipales, departamentales o de Estado; en forma de contribuciones indirectas (tasas sobre las operaciones comerciales) o incluso de verdaderas gabelas (impuestos sobre los alcoholes). Así, San Andrés Sajcabajá figura en buen lugar en la lista de consumidores tasados por ingestión de licores y alcoholes en 1884,103 y los indígenas de Santa Cruz del Quiché son los únicos obligados a prestaciones gratuitas entre los vecinos afectados al pago de la contribución rutera en 1887.104

82El control policiaco, asegurado por comisionados políticos o comisionados militares, es todavía débil y asumido ampliamente en el medio indígena por los regidores y alguaciles tradicionales y en el medio ladino por los grupos de voluntarios formados en caso de urgencia (guerrilla o banditismo). No obstante las estadísticas criminales del Quiché en 1883 traducen una situación a finales de cuentas relativamente apacible —salvo en dos puntos: la violencia relacional en el medio indígena (¿a causa del alcoholismo?) y los tráficos ilícitos (de ganado, alcohol e influencia) en el medio ladino.

  • 105 En Anales estadisticas... 1893 (2): 150-155.

CUADRO 33 - ESTADISTICAS CRIMINALES COMPARADAS DEL QUICHE Y DE GUATEMALA EN 1883105

  • 106 Ibid., 1882 (1).
  • 107 “Centros poblados de la República según el censo de 1881” en Lemale, 1881: 1-422.
  • 108 En Morales Urrutia, 1961 (1).

83● La debilidad de los progresos materiales aparte de la ganadería. En el plano del desarrollo material del departamento, la distancia es enorme entre al ideología progresista proclamada y las realizaciones en el terreno. Todavía en 1882, el departamento no posee ningún hospital (los hospitales más cercanos son los de Amatitlán y Quezaltenango).106 Ciertamente, Barrios nombró ya 42 maestros de escuela en el departamento, lo que es inédito en la historia de la región. Pero, mal equipados y con una formación a veces insuficiente en el plano pedagógico, disponiendo de aulas inadecuadas en las cuales se reúnen alumnos de distinta edad, no satisfacen las necesidades escolares del departamento. En 1881, la mayoría de los caseríos e incluso algunas capitales municipales se encuentran todavía sin escuela.107 En San Andrés Sajbacajá, las primeras subvenciones escolares son atribuidas únicamente a partir de 1893.108

  • 109 Maudslay y Cary, op. cit.
  • 110 Lemale, 1881, ibid.
  • 111 Lemale, op. cit.
  • 112 Morales Urrutia, 1961 (1).

84La red de comunicaciones, fundamental para la integración del departamento al resto del mercado y de la nación, en 1881 como en 1920 es más o menos lo que era al final del periodo colonial. Caminos muleteros o de transporte malos siguen franqueando sierras y barrancos en condiciones heroicas (Anne Cary y Percival Maudslay se impresionan tanto con eso en 1898 como Thomas Gage en 1605), que limitan las cargas movili-zables y mantienen a los pueblos a distancias considerables entre ellos (a una, dos y a veces tres jornadas de cabalgata continua entre los dos crepúsculos).109 El correo, cuando es asegurado con la capital del departamento (únicamente a lo largo de los antiguos caminos reales de Santa Cruz a Sacapulas o Joyabaj) llega una vez por semana y, a veces, una vez al mes. Con una organización algo mejor, la capital departamental beneficia de cuatro correos mensuales con Guatemala.110 Esta situación presenta inconvenientes para el poder metropolitano —por ejemplo, cuando Uspantán se rebela en 1877. Por tanto, no es por casualidad si los primeros esfuerzos hechos hacia 1881, lo son justamente en esta región: se construye un verdadero puente de fierro sobre el río Chixoy entre Santa Cruz y Uspantán, y algunos trabajos permiten unir Uspantán y San Cristóbal Verapaz con una verdadera ruta por el valle del río Chixoy.111 Pero, una innovación técnica va a bastar para controlar eficazmente y con pocos gastos a la región: el telégrafo. En San Andrés Sajcabajá, por ejemplo, se inaugura la línea el 19 de febrero de 1918,112 único medio de comunicación rápida de las autoridades locales con el resto de la nación. Por lo demás, por los pasos difíciles de la sierra de Chuacús, en 1918, son necesarios al menos cuatro días para alcanzar a caballo Guatemala y más de una jornada para llegar a Santa Cruz o Sacapulas.

  • 113 Lemale, 1881, op. cit.: 42-47.
  • 114 Ibid.: 1-414.

85En esas condiciones, no es sorprendente que, fuera de los avances de la ganadería, el Quiché permanezca al margen de los progresos económicos que se producen en las tierras bajas tropicales o en la vecina Verapaz. Mientras ésta es afectada por la especulación cafetera (Rabinal cuenta con más de 30 000 pies de café) realizada por las compañías de colonización alemanas apoyadas por las finanzas hanseáticas o por colonos individuales que han equipado sus propias haciendas, como el británico Eldwin James,113 en el Quiché hay de menos de 10 000 pies de café plantados en 1880, localizados sobre todo en Uspantán (véase cuadro número 27). Algunas plantaciones de caña producen algunas centenas de quintales de azúcar, panela y alcohol a lo largo del río Chixoy y al sur de la sierra de Chuacús, comercializadas regionalmente por intermediarios ladinos. La artesanía ladina cubre las necesidades locales en tejas, ladrillos, arneses, monturas, zapatería, plomería y carpintería. La artesanía indígena produce sus textiles de algodón o lana, sus cuerdas vegetales y, más escasamente, como en Sacapulas o San Andrés Sajcabajá, productos comercializables como la sal, los huipiles y los petates. En suma, una pequeña y mediana producción mercantil destinada sobre todo a las necesidades locales y muy poco a la exportación extraregional, con especialidades aldeanas que remontan a la época colonial o prealvaradiana: el ejemplo mismo de un “país” tradicional, que procede a intercambios limitados y centrado en sí mismo. En el plano económico, una región al margen de las corrientes especulativas que extravierten al resto de la Guatemala “útil” y que se arcaiza, por tanto, en una tradición casi inmutable; tiene todas las características de una “reserva”, excepto en dos campos: la ganadería y la explotación forestal que son los dos sectores de especulación intensa del Quiché desde 1870-1880 hasta nuestros días.114 El siguiente cuadro, a pesar de sus imprecisiones, permite esbozar la estructura económica del Quiché oriental:

CUADRO 34 - ESTADISTICAS AGROPECUARIAS DEL QUICHE HACIA 1881

  • 115 Según Estudio sobre agricultura nacional... para preparar la exposición de Guatemala 1881.

86En el Quiché, la misma fuente señala siete cosechadores de tabaco al sur de Chuacús, que producen 68 500 mecates, y entre los 6 572 propietarios registrados (de modo incompleto) nueve grandes hacendados (Marroquín, Méndez, de León, Flores, Peraira, Jirón, Natareno, Chavarrín y Alvarado).115 Por muy imprecisos y aproximados que sean, estos datos confirman la vocación pecuaria del Quiché... y el proceso de apropiación privada de las tierras patrimoniales e indígenas, sea por acaparamientos latifundistas, sea por reparticiones de tierras de ejidos a los campesinos miembros de las comunidades aldeanas, indígenas o ladinas. Este cuadro evoca un departamento donde los criadores prosperan a título privado, pero cuyas municipalidades, reducidas casi exclusivamente a los recursos de la fiscalidad indígena, son en conjunto pobres. Impresión confirmada por las siguientes estadísticas que sitúan al Quiché entre los más pobres del país en esa materia en 1883:

  • 116 Según Anales estadísticas de la República 1893, (2).

CUADRO 35 - INGRESO MUNICIPAL POR HABITANTE SEGUN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA EN 1883116

87Ahora bien, aparte del progreso de la ganadería y del latifundismo ladinos, ninguna innovación económica mayor viene a modificar ese análisis hasta 1920: ni una nueva ruta transitable, ni ferrocarriles, ni nuevo recurso agrícola industrial. Este departamento política y administrativamente controlado directamente por los agentes del poder central, recibe muy poco de él (aparte de algunas subvenciones escolares, algunos puestos en la función pública y algunas líneas telegráficas y, durante las elecciones, algunos políticos de la capital). Si, a pesar de todo, algo se mueve en el Quiché durante esos 50 años de dictadura liberal, se debe primero a su dinámica y a sus propias contradicciones sociales, a aquello cuya historia seguimos desde 1770-1780: la confrontación entre un dinamismo demográfico irrepresible y un expansionismo territorial ladino que se ha apoderado definitivamente del poder político municipal desde 1871 con la complicidad del Estado central.

2. El florecimiento demográfico del Quiché hasta 1920 y sus consecuencias

2.1 LA EXTRAORDINARIA VITALIDAD DEMOGRAFICA DE LAS DOS COMUNIDADES, LADINA E INDIGENA

88Apoyándose en el censo nacional de 1881, Carlos Lemale sitúa a la población del Quiché en sexta posición en la lista de departamentos guatemaltecos:

  • 117 Lemale, op. cit.: 422.

CUADRO 36 - DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR DEPARTAMENTOS EN 1881117

89La superficie del departamento es de unos 8 378 km2. Esto nos da una densidad levemente superior a 8.7 hab/km2 —lo que es poco y prolonga el subpoblamiento colonial tardío de la región. Sin embargo, el hecho nuevo consiste en que esta densidad, a pesar de seguir siendo baja, probablemente se duplicó desde la Independencia por efecto de la revolución demográfica iniciada desde 1850. Las tasas de crecimiento que habíamos descubierto en los archivos parroquiales de Sajcabajá (véase supra) son confirmadas efectivamente para el conjunto del departamento en 1880 en las siguientes proporciones:

  • 118 En Movimiento de población habido en los pueblos de la República 1881: 5-26.

CUADRO 37 - MOVIMIENTO DEMOGRAFICO DEL QUICHE EN 1880118

  • 119 En Anales estadísticas... 1882 (1).

90A este paso, la población del Quiché se duplica en 20 años, ya que, si los accidentes epidémicos y las hambrunas no parecen haber desaparecido, su gravedad es menor. Frenan provisoriamente el crecimiento, pero no lo invierten, como lo verificamos en 1882, año nefasto en el cual el Quiché registra una alza de la mortalidad —2 902 decesos— todavía compensada con 3 626 nacimientos, sea un saldo positivo de 724 individuos equivalente a una tasa de crecimiento del 10 ‰.119 El Quiché no escapa a las crisis demográficas cíclicas de todas las sociedades rurales tradicionales, pero desde 1850, no las vive ya como catástrofes sino sencillamente como un freno que se debe, en periodo nefasto, a un aumento de la mortalidad y a una leve compresión de la natalidad. Cuarenta años más tarde, el modelo de estas oscilaciones demográficas vividas por el departamento es el siguiente:

  • 120 En Informe y cuadros de la Dirección general de Estadísticas 1928.

CUADRO 38 - MOVIMIENTO DEMOGRAFICO DEL QUICHE ENTRE 1922 Y 1928120

  • 121 Según Censo de la República de Guatemala de 1921.

91Muestra los cambios experimentados en 50 años por el Quiché en su régimen demográfico: la tasa media de natalidad baja de 50 ‰ en 1880 a 40 ‰ entre 1922 y 1928; la tasa de mortalidad se mantiene más o menos en 18 ‰ y la tasa de crecimiento disminuye, en consecuencia, de más de 31 ‰ a menos de 23 ‰.121 Sin embargo, si la revolución demográfica produce su máximo en la región sin duda entre 1850 y 1890, no ha agotado sus efectos hacia 1920-1930 y, ciertamente, no los ha agotado tampoco en 1980 (lo que, de paso, revela la vanidad de querer aplicar mecánicamente el modelo de la revolución demográfica vivida por Europa entre 1750 y 1850 a las sociedades campesinas del Tercer Mundo donde esta “revolución” ejerce efectos mucho más prolongados).

92Como quiera que sea, el Quiché vive un extraordinario crecimiento demográfico durante la dictadura liberal, tal como aparece en el siguiente cuadro:

CUADRO 39 - CRECIMIENTO DEMOGRAFICO DEL QUICHE DE 1880 A 1921

  • 122 En Anales estadísticas de la República de Guatemala 1882 (1).

93Ahora bien, este crecimiento es compartido por las dos comunidades étnicas del departamento, ladina e indígena. En el medio indígena, esto no nos sorprende: como toda sociedad rural tradicional, los quichés conocen un aumento natural elevado a partir del momento en que las nuevas condiciones alimenticias (ligadas a una mejor difusión de los productos por un mercado a pesar de todo en expansión) reducen la mortalidad y los efectos de las epidemias. En el medio ladino, esto es más sorprendente puesto que, al menos para los que son propietarios territoriales, podría esperarse cierto malthusianismo sucesorio a fin de evitar que el patrimonio adquirido sea fragmentado entre los herederos. Tal razonamiento, lógico desde el punto de vista económico, no considera las divisiones sociales y los comportamientos adquiridos. A menudo de origen pobre y todavía pobres a pesar de la explotación de los indios, la mayoría de los ladinos del Quiché tiene un comportamiento natalista muy poco selectivo dentro y fuera del matrimonio. Testimonio de ello, estas estadísticas de nacimientos legítimos e ilegítimos en el Quiché en 1882:122

CUADRO 40 - NACIMIENTOS EN EL QUICHE EN 1882

94Por tanto, el saldo demográfico de la comunidad ladina es tan positivo como el de los indígenas y contribuye a mantener la inestabilidad territorial de la mayoría de los ladinos del departamento. Esto explica, sin duda, a la vez:

  • que se constituyan comunidades ladinas con tierras de ejidos a expensas de las tierras indígenas en varios lugares del departamento (en Chiché, Chinique, Canilla y Uspantán), prueba de la imposibilidad de la mayoría de los ladinos para acceder al estatuto de latifundista privado y soberano;
  • que estas comunidades ladinas resulten a menudo (en Canilla, Chiché y Chinique) de la división entre herederos de un patrimonio territorial fundado por un antepasado durante el siglo xviii (los Méndez en Chiché, los Sical en Canilla);
  • que numerosos ladinos, en excedente y excluidos de esas distribuciones, tengan como única solución continuar instalándose en los municipios indígenas y arrendar o acaparar sus tierras comunales ahora que es posible legalmente...
  • ... o instalarse en la clientela inquieta de los poderosos, proveyéndolos de capataces, guardaespaldas y partidarios armados en caso de conflictos políticos.

95Todas esas soluciones tienen en común afectar los intereses indígenas de manera directa o indirecta y de comprimir la simultánea expansión demográfica indígena en el interior de límites municipales y territoriales cada vez más estrechos.

2.2 LA COLONIZACION LADINA DE LOS MUNICIPIOS QUICHES

96Favorecidos por la legislación municipal republicana, los ladinos del Quiché prosiguen entre 1872 y 1920 la colonización insidiosa o brutal de las municipalidades del departamento. Dotados desde 1825 de una representación municipal propia, incluso en las antiguas reducciones indígenas donde son todavía una minoría, marginalizan o domestican paulatinamente a las autoridades del antiguo común de indios representados en la municipalidad indígena paralela; se apoderan de la mayoría de los puestos claves (secretario de alcaldía, alcaldía municipal) y benefician del apoyo abierto de los representantes locales del poder central (juez de primera instancia, recaudador, maestro de escuela, comisario de policía, etcétera), generalmente reclutados entre los suyos. Por eso, de órgano de representación indígena de partida, la mayoría de las municipalidades quichés se convierte en el periodo en un instrumento de la dominación y explotación de los indígenas por los ladinos, favoreciendo sus expoliaciones territoriales y permitiendo la explotación fiscal (neotributaria o tasadora) de la masa indígena. Nada indica mejor el carácter antiindígena de este poder municipal ladino en el conjunto de Guatemala que estas estadísticas de los ingresos municipales en 1893:

  • 123 Anuario estadístico de Guatemala: 1893-1894 en AGCA, Poder legislativo no. 1953.

CUADRO 41 - RENTAS MUNICIPALES DE GUATEMALA EN 1893123

97Cuando se sabe que la mayoría de los encarcelados lo son a nivel mu nicipal por abuso de alcohol, riñas o animales vagabundos, que el consumo de alcohol y el pequeño comercio semanal son ante todo indígenas, se comprende que cerca del 65 % de los ingresos municipales de Guatemala sean obtenidos por la fuerza policial o fiscal de la masa indígena residente. Esto sin hablar de las obligaciones a prestaciones gratuitas (ruteras, refacción de construcciones, servicio de correos). En suma, al apoderarse de la gestión municipal, los ladinos desvían en su provecho y maximalizan los ingresos de las antiguas reducciones indígenas. Sin embargo, según su importancia numérica, esta estrategia de los ladinos varía para cada municipalidad entre 1872 y 1920.

  • 124 Becquelin, 1969, op. cit.

98● Los municipios dirigidos por indígenas. Se vuelven raros, pero subsisten, ya sea porque la ola ladina todavía no los ha investido a causa de su aislamiento geográfico, ya sea porque su común, aliándose a tiempo al poder central, ha obtenido, en contrapartida, la garantía de su posesión ejidal y de su personalidad étnica. A la primera categoría pertenecen los pueblos ixiles del extremo norte del departamento, aislados por la sierra de los Cuchumatanes: Chajul, Cotzal, Nebaj —Nebaj donde los primeros ladinos se instalan únicamente a partir de 1887 y no pasan de 98 todavía en 1898.124 A la segunda categoría pertenece el caserío de San Bartolomé Jocotenango, anexo autónomo de San Andrés Sajcabajá el cual, al aliarse masivamente a Barrios desde 1817-1872, goza de un estatuto privilegiado excepcional en la región (véase supra). En todos esos casos, la municipalidad o el anexo municipal local siguen siendo administrados de manera directa por los representantes indígenas del común, aunque bajo control de los representantes del Estado central. Pero, en ausencia de ladinos residentes, los conflictos con la otra comunidad regional se reducen al mínimo.

99● Los municipios indígenas con minoría ladina. Son la mayoría en el departamento hasta 1920 y pasado esta fecha. Por su importancia numérica, la mayoría indígena sigue teniendo gran peso y, lo hemos visto en San Andrés Sajcabajá entre 1794 y 1845, los alcaldes municipales ladinos, apoyados en su clientela local, no pueden desafiar impunemente a la opinión del común de indios el cual, a través de sus alcaldes y regidores indígenas por un lado, y sus cofradías por otro, dispone de verdaderos medios de resistencia. Sin embargo, en Cunen, Uspantán, Sacapulas, Sajcabajá, Joyabaj y Chichicastenango, los indígenas han perdido el poder municipal entre 1850 y 1880.

100En consecuencia, aunque en minoría, los ladinos disponen ya de la función pública local (escuela, recaudación, tribunal, policía y correo) y de los principales puestos de la magistratura municipal (alcaldía y secretaría). Apoyados, llegado el caso, por matones de los principales hacendados, disponen, por tanto, del poder de policía municipal (oficial o temporal) que les permite arbitrar a favor de su comunidad en los casos de litigio ocasionados por la fiscalidad, las reparticiones de tierras comunales y las apropiaciones legales o ilegales de tierras de propios por los criadores ladinos. Al dominar institucionalmente la cabecera municipal, antigua reducción indígena ahora bajo dirección ladina, favorecen los acaparamientos territoriales operados en los caseríos y aldeas periféricos, sea en forma de arriendo muy barato, sea en forma de consolidación de la posesión en propiedad por derecho de uso adquirido y por compra de la reserva de usufructo enfitéutico, obligatoria desde 1872. En consecuencia, favorecen en provecho de los suyos la ladinización de sectores enteros del territorio municipal, que se vuelven autónomos con respecto a los antiguos derechos de uso indígenas, erigiéndose en hacienda, estancia o comunidad ladina independiente. Así se vuelven paulatinamente autónomos, entre 1830 y 1900, los pueblos ladinos de Canilla, Chiché, Chinique y Lemoa, originariamente tierras de ejidos de los comunes de San Andrés, Joyabaj-Zacualpa, Santa Cruz del Quiché o Chichicastenango.

101En cuanto a la mayoría indígena, urgida por su propia expansión demográfica, le es preciso buscar recursos agrícolas complementarios fuera de la legua cuadrada de cultivo de ejidos que le había asignado el administrador colonial en cada reducción. Disminuida en su propio pueblo por la tutela municipal ladina, con pocas tierras, tiende entonces a dispersarse nuevamente hacia os antiguos emplazamientos cultivados antes de la política de reducción colonial. Este movimiento centrífugo, resultado del crecimiento demográfico y de la colonización ladina, dispersa de nuevo a la población indígena en numerosas aldeas, primero aldehuelas y luego, pasado 1880-1890, verdaderos caseríos cuando no nuevos pueblos propiamente dichos.

102Por lo demás, los ladinos salen ganando puesto que este movimiento descongestiona al pueblo cabecera de su excedente demográfico indígena que, a la larga, podría volverse peligroso, y permite fraccionar el resto del territorio municipal en caseríos, administrados localmente por ladinos, y en aldeas indígenas, reservas fiscales y de mano de obra explotable al servicio de las haciendas, estancias y caseríos, a título temporal o permanente.

103● Los municipios fundados por ladinos. Hemos visto sus orígenes que remontan a las composiciones de tierras consentidas por la Corona española a jefes de parentelas ladinas durante el siglo xviii. En lugar de mantenerse en el estatuto de haciendas o estancias, estas tierras privatizadas son escindidas por el juego de las particiones sucesorales desde la primera generación. Durante la segunda generación, los herederos, amenazados por la minifundización individualista, reaccionan y se constituyen en comunidades dotadas de prerrogativas comunales: tierras ejidales (la hacienda del antepasado fundador, en general agrandada entretanto con nuevas composiciones de tierra realizadas a expensas de las tierras indígenas), representación colectiva y personalidad jurídica (especie de delegado de los propietarios ligados por parentesco) y, pronto, acceso al estatuto municipal independiente ratificado por el Estado. Así aparecen al sur de la sierra de Chuacús, antes de 1870, tres municipios ladinos que no existían en el momento de la Independencia: Chiché, Chinique y Lemoa. Así, los herederos de Teresa Sical, repartidos entre las tierras de Patzité y Canilla, obtienen el 21 de marzo de 1893 que Canilla, erigido en municipalidad independiente, sea separado de la tutela de la municipalidad mixta de San Andrés Sajcabajá, lo que reanima los conflictos de delimitación del nuevo municipio con sus vecinos San Andrés, Uspantán, Cubulco y Joyabaj.

104Fundados por ladinos, estos municipios cuentan, sin embargo, con muchos indígenas, mano de obra necesaria para los trabajos agrícolas de la antigua hacienda o estancia fundadora (peones y mozos), o ocupantes ilegales centrifugados aquí por la presión demográfica que reina en sus antiguas reducciones de origen. Encontramos aquí una mezcolanza del territorio comunal repartido entre la cabeza de distrito (con mayoría ladina), las estancias y haciendas ladinas privatizadas de la periferia —con una fuerte minoría o, si se quiere, una mayoría de mano de obra indígena proletarizada o sometida— y las aldeas de inmigrantes indígenas recientes, que viven en la dependencia económica y social de los caseríos y haciendas ladinas y en la dependencia administrativa y fiscal de la municipalidad ladina homogénea. A diferencia de los indios de las antiguas reducciones, éstos, en principio, no poseen ninguna representación legal —ni en la municipalidad ni a través de un común instituido en la época colonial. En este sentido, benefician todavía de menos garantías que sus hermanos de las comunas mixtas y su estatuto de comunidad indígena de residencia cautiva de los ladinos no está lejos de emparentarse lisa y llanamente con el peonaje o servidumbre de hacienda.

  • 125 Lemale, op. cit.: 1-414.

105● Esbozo de una geografía municipal del Quiché en el periodo. En vista de lo que precede, y a partir de los datos del censo nacional de 1881, es posible intentar un esbozo de la geografía administrativa y del habitat en el Quiché diez años después de su erección como departamento independiente —tomando en cuenta que el movimiento de dispersión del habitat en caseríos, haciendas dirigidas por ladinos y aldeas indígenas se acelera entre 1880 y 1920. Según Carlos Lemale,125 esta geografía podría resumirse de la siguiente manera (véase cuadro 42):

CUADRO 42 - CENTROS POBLADOS DEL QUICHE EN 1881

CUADRO 42 - CENTROS POBLADOS DEL QUICHE EN 1881

106De este cuadro, ciertamente aproximativo e incompleto (algunas de sus cifras no concuerdan con los datos oficiales del censo de 1881), se desprenden, sin embargo, de manera explícita los siguientes puntos, que tienen por lo menos valor indicativo:

  • de los 40 000 habitantes registrados aquí en la región que rodea a San Andrés Sajcabajá y sus vecinos inmediatos, más de 30 000 viven fuera de los centros de las antiguas reducciones coloniales quichés, lo que nos da una tasa de dispersión del habitat que alcanza ya en 1881 más del 75 %
  • esta dispersión es compensada por el movimiento inverso de reconcentración en nuevos centros ladinos o nuevas aldeas indígenas cuya población sobrepasa a veces a la de la cabecera municipal
  • de las 13 460 ha acaparadas de modo explícito por alrededor de 45 propietarios ladinos o indígenas (sea un promedio de más o menos 300 ha por propietario), 5 726 habitantes, encerrados en las relaciones de producción de la hacienda o la estancia, escapan al control directo de las municipalidades, puesto que están bajo el dominio y el patrocinio del propietario. Es decir que el latifundio somete ya de manera directa a cerca del 15 % de la mano de obra disponible del departamento;
  • frente a estos avances evidentes del latifundismo, una de las reacciones colectivas de los comunes indígenas y ladinos consiste en apropiarse de los lotes de tierra comunales indivisos y en explotarlos colectivamente. Esas tierras “del común” o “muy divididas entre los moradores” totalizan 15 975 ha y permiten vivir a 8 994 residentes permanentes, es decir cerca del 23 % de la población de la región. Comunitarias (de barrio, cofradías o del común), estas tierras, sin embargo, no son comunales, puesto que son adjudicadas en propiedad proindivisa a sus poseedores.

2.3 LOS AVANCES DEL INDIVIDUALISMO AGRARIO Y DEL LATIFUNDISMO

107La evolución geográfica del departamento revela lo que rastreamos desde fines del siglo xviii: los constantes avances de la apropiación territorial a expensas de las tierras comunales y la mano de obra indígena. Esta situación, efectiva antes de 1870, se agrava entre 1880 y 1920 por la acción ya tradicional de las parentelas ladinas instaladas en el Quiché desde hace más de un siglo, pero también por la acción, y esto es nuevo, de otras clientelas políticas de la dictadura liberal, ladinas e indígenas.

  • 126 “Informe del Jefe de la Sección de Tierras acerca de los trabajos verificados en las oficinas de s (...)
  • 127 “El Jefe del Quiché, para que se dé audiencia a Nicolás Alonso y Arturo Ubico, colindantes de las (...)
  • 128 “Eleuterio B. de León, antes el Jefe de la Sección de Tierras, denuncia un terreno baldío de 30 ca (...)
  • 129 “Rigoberto González, denuncia un terreno baldío en el paraje del Tambo, Uspantán” 6 de febrero de (...)

108En efecto, desde 1881 (véase cuadro supra), aparecen nuevos hombres entre los propietarios notables del departamento y, entre esos 45 propietarios, figuran indígenas (una decena) que, jugando su carta individualista por sí mismos o en asociación con ladinos (¿son solamente sus testaferros?), han acaparado a título privado el equivalente a unas 1 500 ha. Con ello, estos indígenas “evolucionados” se separan del destino de sus hermanos de raza y, ahora propietarios capaces de redactar los contratos de venta en español por su propia cuenta, se vuelven de hecho ladinos. Participan a su manera en los avances del latifundismo ladino en la región, particularmente intenso en Sacapulas, Cunen y Uspantán hacia 1889,126 1892,127 1899128 y 1914.129 Pero, ninguna municipalidad ilustra mejor la gravedad y variedad de este asalto que la de San Andrés Sajcabajá sometida en el territorio de sus dos anexos, Canilla y San Bartolomé Jocotenango, a todas las formas de agresión territorial imaginables en el periodo.

3. San Andrés asaltado por el latifundismo entre 1880 y 1920

109Entre los siglos xvi y xviii, San Andrés había mantenido casi intacto su carácter indígena colonial y su territorio étnico, uno de los más vastos de todas las reducciones indígenas de la región. Las primeras transformaciones que lo habían afectado y que debían modificar su estatuto inicial habían venido siempre del este, de Verapaz: difusión de ganado mayor a partir de fines del siglo xvi, colonización por ladinos originarios de Rabinal en el siglo xviii a los cuales se agregan los ladinos de Uspantán o Chinique. En el siglo xix, a estas antiguas amenazas se agregan las que provienen de Chiquimula (numerosos ladinos chiquimuleños se instalan entre 1780 y 1880 en Sacapulas y Uspantán) y, sobre todo, las que vienen de Santa Cruz del Quiché y San Pedro Jocopilas donde los favoritos de la dictadura liberal invisten después de 1880 las tierras occidentales de San Andrés y de su anexo San Bartolomé Jocotenango. Entre 1880 y 1920, San Andrés Sajcabajá debe luchar en dos frentes, al este alrededor de Canilla y al oeste alrededor de San Bartolomé, con dos tipos de conflictos agrarios, los primeros ya antiguos, que datan de un siglo y los segundos, inéditos y consecuencia directa del régimen de dictadura liberal que reina sobre el Quiché a partir de la capital departamental, Santa Cruz.

3.1 LOS CONFLICTOS CON LAS ANTIGUAS PARENTELAS LADINAS ALREDEDOR DE CANILLA

11083

supra). de facto 130

111Estas pretensiones suscitan la oposición de los poderes territoriales concurrentes: los comunes de Sajcabajá y Joyabaj y los milicianos de Cubulco. Invocando títulos coloniales de 1750, el común de Joyabaj reconoce a Simeón Méndez la posesión de Chichaj, pero reclama su propiedad eminente “como parte del terreno baldío que se medía [en 1750] y ha sido sembrado y habitado por ellos como por otros de otras poblaciones [de San Andrés y Cubulco]”. En cuanto a las tierras de Chimul, reclamadas a la vez por los Sical, el común de San Andrés y los milicianos de Cubulco que las consideran “baldías y en donde desde muchos años pastaban sus ganados”, se vuelve muy difícil delimitarlas porque los Sical las avalúan en 30 caballerías (1 350 ha) en 1879, y los milicianos de Cubulco en 188 caballerías (8 460 ha) en 1881. Ahora bien, en este asunto complejo, si todo el mundo ladinocriollo está listo para pisotear los derechos de uso indígenas, la Presidencia de la República, invocada, desearía mantener la balanza equilibrada entre sus partidarios políticos locales, milicianos de Cubulco por un lado, pero también “milicianos coherederos [los Sical-Méndez] de Canilla”. Barrios decide otorgando gratuitamente en 1878 46 caballerías de las tierras de Chichaj (2 070 ha) a los habitantes de Canilla y una cantidad no precisada de las tierras de Chimul a los milicianos de Cubulco en 1883. Medida de conciliación, que no arbitra y no satisface ni a las reclamaciones de los Sical sobre Chimul ni a las de los comunes de Joyabaj y Sajcabajá, que no reconocen los límites asignados a sus ejidos en 1882.

112El asunto se reanima en 1910 cuando Candelario Urízar (originario de Chinique e instalado en Canilla), Bernabé Méndez y Juan Valdéz-Salazar (de Canilla) reconocen los derechos adquiridos en 1883 por los milicianos de Cubulco sobre Chimul, pero reclaman en compensación no ya 30 sino 80 caballerías de ese paraje. Haciendo valer que la población humana y animal de Canilla-Patzité ha aumentado de modo considerable desde 1794, justifican también su pretensión de colonizar 200 caballerías (9 000 ha) en la región forestal tropical situada al norte de Uspantán, al mismo título de lo que acaba de obtener la comunidad ladina de Chinique del general Reina Barrios, responsable de la colonización de esta zona que lleva su nombre desde entonces (la zona Reina). Finalmente, Chimul es compuesto definitivamente en 1911: 77 caballerías (3 465 ha) a favor de los milicianos de Cubulco y 110 caballerías (4 950 ha) a favor de los “milicianos coherederos de Canilla”. Ratificada por el presidente Estrada Cabrera, esta acta reconoce, por tanto, las deudas de la dictadura liberal con sus partidarios políticos locales... y termina de amputar en cerca de la mitad al antiguo territorio comunal reconocido a San Andrés Sajcabajá antes de 1794, puesto que entre 1794 y 1911, la parentela Sical ha absorbido unas 10 000 ha de las 22 000 que constituían primitivamente el ejido y los baldíos de la antigua reducción.

11383

xxgens 131132
  • 133 Trabajos de campo personales y de equipo y Lebot, 1979, op. cit.
  • 134 En Morales Urrutia, 1961 (1): 483 y Diccionario geográfico... 1962 (2): 120-122.

114Esta república de primos, que dirige el territorio por derecho de herencia y que ha sido constituida como comunidad patricia, teniendo pa-triarcalmsnte a su disposición clientelas indígenas y ladinas pobres y estando bien colocada desde 1871 en la clientela política directa de la dictadura liberal, aspira con toda naturalidad a un poder municipal independiente de la municipalidad mixta ladina e indígena de San Andrés Sajcabajá. Lo obtiene el 21 de marzo de 1893 cuando Canilla, separado de San Andrés, se vuelve una entidad municipal autónoma.133 Las composiciones de tierras efectuadas en 1904, 1910 y 1911 (véase supra) le permiten acabar de conformar su territorio, adjudicando a Canilla y sus propietarios los parajes de Chimul, Chimulato y Chichaj a pesar de las pretensiones de los ribereños: Cubulco, Joyabaj y San Andrés.134 A partir de ese momento, esta comunidad ladina, consolidada en su poder territorial y municipal, deberá defenderse a su vez de los nuevos inmigrantes y su comportamiento político deberá evolucionar, por consiguiente, del liberalismo político de 1871-1880 al conservatismo social que es el suyo desde 1953.

3.2 EL ASALTO TERRITORIAL DE LOS CLIENTES DE LA DICTADURA LIBERAL ALREDEDOR DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO

11583

  • 135 En 1904, Canilla anexa definitivamente en detrimento de Cubulco los caseríos de Chitanil, Rabinalá (...)
  • 136 En Lemale, op. cit.

116Alrededor de San Bartolomé Jocotenango, sin embargo, las nuevas leyes republicanas sobre la tierra habían favorecido desde 1839 la implantación de arrendatarios ladinos, especialmente en Sacapulas donde se habían instalado chiquimuleños en 1839, en las tierras de cultivo alimenticio y de pastizal del lugar llamado Zununil. En 1881, según un procedimiento clásico durante la República, esos 505 arrendatarios ladinos de Sacapulas que ocupan más o menos 1 600 ha en arriendo (dos leguas cuadradas)135 inician un proceso contra la municipalidad de recepción, reclamándole los recibos de los arriendos pagados desde 1839. En 1888, en aplicación del decreto que autoriza a los propietarios certificados de una tierra a denunciar con propiedad las tierras baldías adyacentes a su posesión, reclaman 900 ha vecinas que la Jefatura política del Quiché se apresura a acordarles con propiedad soberana en los confines norte de San Bartolomé Jocote-nango136 en detrimento de Sacapulas.

  • 137 “Arrendatarios de Sacapulas” (1889) en AGST, paq. 4, no. 9, San Bartolomé Jocotenango.
  • 138 En Lemale, op. cit.
  • 139 “Delimitación de tierras a favor de los milicianos quichés” (1884-1888) en AGST, paq. 4, no. 4, Sa (...)

117En efecto, la mayor amenaza proviene de la capital departamental cuya Jefatura política es ocupada por un militar que apoyó a Barrios en su accesión al poder y quien, una vez adquirida la victoria, busca hacer medrar a su parentela directa y a su clientela de antiguos milicianos ladinos o indígenas. Desde 1881, más de 2 545 ha son repartidas así en forma de composiciones de tierra recientes entre Santa Cruz del Quiché y San Pedro Jocopilas, con una mano de obra permanente que representa ya más de 1 500 individuos.137 Algunos de los beneficiarios ladinos (unos 20) de esas realengas desde Santa Cruz o Momostenango-Jocopilas, alimentan ambiciones sobre el ejido vecino y todavía no investido de San Bartolomé Jocotenango. Para Aureliano Girón, comandante militar del Quiché, y sus hermanos, oficiales también, se plantea entonces el problema de conciliar las ambiciones de sus partidarios ladinos con los intereses de los milicianos indígenas —la cuasi totalidad de la población de San Bartolomé— que los apoyaron con las armas en la mano en 1871-1873 en un momento difícil. La legislación que recomienda repartir las tierras comunales en lotes apropiados individualmente por los indígenas permite resolver el dilema. A los milicianos indígenas de San Bartolomé se les atribuye 50 caballerías (2 255 ha) divididas en 300 lotes de más o menos 7.5 ha cada una en 1884, en consideración de los servicios prestados, de su pobreza reconocida y con el fin de “aliviar la situación presente de los expresados indígenas que se ven desposeídos i en su ignorancia sin más amparo que las disposiciones que en su favor libren”.138 Sin embargo, en el mismo momento en que se adopta esta medida igualitaria pero favorable al individualismo agrario indígena, el presidente Barrios firma, en 1886, un decreto que otorga a otro indígena, pero éste en vías de ladinización, más de 20 caballerías explotadas por varios interesados de San Bartolomé. El beneficiario, un tal Francisco Lux, que ya había acaparado 40 caballerías de tierras adyacentes del ejido de Jocopilas desde hacía varios años, se convierte en consecuencia en propietario de un latifundo de 2 700 ha que invade ampliamente las tierras de San Bartolomé. Ante la protesta de la municipalidad de Sajcabajá, el poder político resuelve finalmente a favor de Francisco Lux a pesar de sus dudosos derechos (en efecto, no puede prevalerse de una posesión indiscutible desde hace más de 30 años), porque cambiar una decisión firmada por Barrios crearía un peligroso precedente.139 Este primer golpe logrado a favor de un “indígena” —de hecho, del latifundismo— libera la vía a los aspirantes hacendados de origen ladino.

MAPA 6 - LOS ACAPARAMIENTOS LATIFUNDISTAS EN SAN BARTOLO!

COTENANGO ENTRE 1886 Y 1900

118● Las expoliaciones ladinas del ejido de San Bartolomé entre 1886 y 1890. Es con toda intención que empleamos la palabra expoliación para lo que sigue, no por romanticismo indigenista, sino porque expresa exactamente la manera con la cual una camarilla política local, aliada de la dictadura y disponiendo de la ley y de la fuerza militar, atropella los derechos adquiridos indígenas y se apropia en un 70 % de su valor oficial (por lo demás muy subestimado con respecto al precio real) de las tierras de San Bartolomé Jocotenango.

119A tal señor, tal honor: comenzaremos por los hermanos Aureliano, Marcelo, Manuel y Vicente Girón .El mayor, Aureliano, es prefecto y comandante militar del Quiché bajo Barrios. Solos o asociados a diversas comparsas, se apropian ininterrumpidamente de las siguientes tierras comunales:

    • 140 “Composición de tierras en favor de Francisco Lux” (1886) en ibid., paq. 4, no. 3.
    asociados a los ladinos de Santa Cruz, Parada, Cifuentes y Lucas, de las 903 ha de Pat’ zak, avaluadas en 602 pesos y adquiridas en 1889 en 421 pesos;140
    • 141 “Medida de los terrenos ‘Cimientos de Patzac’” (1888-1889) en AGST, paq. 4, no. 11 y 12.
    por su propia cuenta, de las 903 ha de Moluba y Tecachate (20 caballerías), avaluadas en 865 pesos y compradas en 1889 en 605 pesos;141
    • 142 “Delimitación de los terrenos Moluba y Tecachate” (1888-1889) en AGST, paq. 4, no. 13.
    por su propia cuenta, de las 450 ha de Mixcolaja, avaluadas en 320 pesos y compradas en 225 pesos en 1889.142 Representan, en total, un latifundio de 2 256 ha.
  • 143 “Delimitación privada de los terrenos de Mixcolaja”(1889) en AGST, paq. 4, no. 16.

120Imitando su ejemplo, y con su apoyo, 42 ladinos originarios de Mo-mostenango y Jocopilas, representados por Juan González, denuncian 40 caballerías (1840 ha) de las tierras de Laguna Seca, entre Jocopilas y Jocotenango. Ante la oposición de este último, representado por la municipalidad de San Andrés, González denuncia la “insaciabilidad” de San Bartolomé, el cual, con únicamente 350 contribuyentes, osa reclamar tierras que ni siquiera puede valorizar, tal como lo demuestra en el lugar la presencia de unos ranchos de teja miserables. Avaluados en 1 470 pesos, esos terrenos son comprados en 1 030 pesos por González en 1887. Determinada en su oposición, la municipalidad de San Pedro Jocopilas rehusa admitir el acta de venta,143 pero San Bortolomé se somete.

  • 144 “Títulos de Laguna Seca” (1887) en AGST, paq. 4, no. 4.
  • 145 “Aldea de Chujuyup San Andrés Sajcabajá” (1890) en AGST, paq. 5, no. 15.

121En 1885, 144 milicianos ladinos representados por los hermanos Girón y Parada reclaman las tierras de Chujuyup. Barrios se las otorga... pero es necesario esperar hasta 1890 para proceder a su delimitación y reparto. Entretanto, las 20 caballerías iniciales otorgadas a Parada en 1888 se han transformado en 94 caballerías (4 240 ha) otorgadas gratuitamente en 1890, en vista de que San Andrés no ha podido presentar sus títulos de esos terrenos.144 A partir de esta cabecera de puente, dichos milicianos ladinos se extienden a las tierras de Dos Llanos a propósito de las cuales surge un nuevo conflicto con la municipalidad de San Andrés en 1900.145

  • 146 “San Andrés Sajcabajá contra los milicianos de los Dos Llanos”, en AGST, paq. 16, no. 6.

122En las tierras de Pacasmán y Quicaché, Nicolás Aguilar denuncia 25 caballerías en 1889. Para satisfacer a los tres ocupantes indígenas, se otorga a cada uno un lote de 23 ha y se compone el resto —1 220 ha— a los hermanos Aguilar. Asociados con Teodosio Pereira, guardabosques de Santa Cruz, éstos denuncian entonces las tierras vecinas de Canoítas y Paquix. Mismo procedimiento: se otorga 1.6 ha a cada uno de los siete indígenas establecidos ahí y se compone el resto, el cual reagrupado con las tierras de Pacasmán y Quicaché, forma un latifundio de unas 2 960 ha en 1889.146 Así, en dos años, el común de San Bartolomé Jocotenango, confrontado brutalmente a la legislación y las clientelas políticas departamentales de la dictadura liberal, pierde de golpe el control de las siguientes tierras:

CUADRO 43 - ACAPARAMIENTOS LATIFUNDISTAS EN SAN BARTOLOME JOCOTENANGO ENTRE 1886 Y 1900

123De estas 14 470 ha pasadas a la propiedad privada, 2 274 (el 15.7 %) son parceladas a minifundistas indígenas en lotes de 1.6 a 1.7 ha; 12 197 son distribuidas entre cuatro latifundios que varían entre 900 y 6 496 ha. San Bartolomé Jocotenango da así una prueba ejemplar de lo que significa la legislación agraria de la dictadura liberal en los Altos: con el pretexto de favorecer el acceso de guatemaltecos a la propiedad privada, mini-fundiza de modo irreversible a la masa indígena y distribuye a precios preferentes el resto de sus antiguas reservas territoriales a algunos favoritos del régimen —aquí, en la proporción de casi el 75 % de las tierras disponibles. No es únicamente en las tierras bajas tropicales que la dictadura liberal favorece al latifundismo a nombre del despegue del capitalismo agrícola de exportación; es también en las regiones indígenas más tradicionales de los Altos cuyo carácter de reserva —de hombres y tierras— se encuentra así confirmado. La consecuencia previsible de semejante política es que, lejos de favorecer la integración de la masa de la población quiché a la nación, termina al contrario por marginarla, como en el caso notable de San Andrés Sajcabajá.

3.3 LA EVOLUCION DE SAN ANDRES HACIA EL ESTATUTO DE MUNICIPIO OLVIDADO AL EXTREMO DEL MUNDO

  • 147 “Terrenos de Paquix, Paxcamán, Quicache, Canoítas en San Bartolomé Jocotenango” en AGST, paq. 5, n (...)

124● Un municipio abandonado a su suerte. Cuando, en 1898, Anne Carrie y su marido Percival Maudslay, permanecen en San Andrés Sajcabajá, la impresión que les asalta es el aislamiento y la desolación. En el itinerario que los conduce de Santa Cruz a las ruinas arqueológicas de Uspantán, después de una interminable etapa a través de la sierra de Chuacús, bosques y caminos escarpados, llegan a San Andrés de noche, no encuentran ningún albergue, retroceden ante los restos de un antiguo “convento” disputados entre ratas y cucarachas, y se repliegan finalmente en el único edificio cubierto, por cierto, con un techo de paja nuevo y que sirve ordinariamente de sala de reunión al cabildo municipal. Ahí, compartiendo su noche con corrientes de aire y murciélagos que entran en ese lugar abierto a los vientos, se acomodan como pueden. A la mañana siguiente, gozan del despertar de una naturaleza que se obstina en su magnificencia (sol, canto de pájaros, orquídeas sobre el único árbol, muerto, de la plaza central), pero descubren con sorpresa la ausencia total de árboles vivos en todo este pueblo rodeado de bosques. En efecto, recientemente, un edil ladino, inspirado en una concepción muy personal del progreso liberal, hizo cortar todos los árboles como medida de higiene pública. Sin mucho pesar, nuestros viajeros abandonan entonces este caserío poco acogedor y cabalgan hacia el río Chixoy adonde llegan la noche siguiente.147 Claro, las impresiones de viaje son a menudo muy subjetivas, pero en este caso, corresponden, por desgracia, completamente a ciertas impresiones que resentimos en el mismo lugar entre 1972 y 1977. Corresponden, sobre todo, a lo que podemos saber por otro lado de San Andrés hacia esa época.

  • 148 Maudslay y Carry, 1899, op. cit.
  • 149 Lemale, 1881, op. cit.
  • 150 “Inventario efectuado por el P. Romualdo Monteroso, cura de Joyabaj” (21 de octubre de 1886) e “In (...)
  • 151 Arch. Parr. de S.A.S. y de Joyabaj: Libros de matrimonios de 1891 a 1901.

125En 1881, a diferencia de numerosos pueblos del departamento, San Andrés todavía no posee ni escuela ni correos. Sus relaciones con el resto del mundo dependen, por tanto, del azar de viajes privados emprendidos por sus habitantes, viajes que exigen más de una jornada para llegar a Santa Cruz y cuatro días para alcanzar Guatemala a caballo. Ningún camino transitable, únicamente malos caminos muleteros o pistas hacia Sacapulas, Uspantán, Santa Cruz, Cubulco y Joyabaj. Fuera de un escaso alumbrado público en el centro del pueblo, no se ha iniciado ningún trabajo de utilidad pública, ni siquiera una fuente.148 La iglesia y su presbiterio (el “convento” de los Cary/Maudslay) están semiabandonados. Cuando el cura de Joyabaj, Romualdo Monteroso, los visita y establece el inventario, en 1886, descubre que fueron despojados de su altar, adornos, objetos de plata y campanas desde la partida del último cura de San Andrés, en 1873. En San Bartolomé Jocotenango, igual constatación: las imágenes de los santos locales de San Bartolomé, del Rosario, de San Miguel, de Jesús Nazareno, de la Ascensión y la cruz misma han desaparecido aquí como en San Andrés “en poder de los cófrades”. Es el resultado de la política anticlerical de la dictadura liberal la cual, al reducir a cuatro el número de curas que sirven el Quiché, sitúa a San Andrés y sus anexos Canilla y San Bartolomé en el magisterio del lejano curato de Joyabaj. Abandonados a su suerte, los fieles indígenas organizados tradicionalmente en cofradías, abandonan la Iglesia, sin objeto fuera de los oficios de Navidad y Semana Santa, acaparan las imágenes y estatuas piadosas heredadas del periodo colonial y las guardan bajo llave o les consagran un culto cada vez menos ortodoxo en la casa de los principales mayordomos de cofradías. Durante un nuevo inventario realizado en 1912, quedan en la iglesia únicamente los muros desnudos, signo de que la cristiandad indígena sanandresina se sume de modo inexorable en sus costumbres semicristianas, semipaganas. Este proceso secular —el vacío clerical dura aquí desde 1873 hasta 1963— favorece, por supuesto, el poder paralelo de los ajwab (ancianos reputados un poco brujos) que acaparan los puestos de mayordomos y disponen así, fuera del control de la Iglesia y la municipalidad, de los rebaños de cofradías: del de la cofradía del Rosario en Chinillá y del de la cofradía de San Andrés en Aguacaliente. Comentario decepcionado del cura visitador en 1886: “del número de animales y productos solamente los indígenas lo saben. Años atrás los párrocos llevaban la cuenta pero desde el decreto de consolidación todo se trastornó, mas dichos bienes fueron exceptuados por el general Barrios cuyo documento entiendo obrará en la Jefatura política del departamento”.149 Sólo los ladinos conservan un contacto institucional más o menos regular con su cura de parroquia yendo a caballo a Joyabaj, especialmente para regularizar sus matrimonios, como lo certifican los documentos parroquiales entre 1891 y 1901.150 Dos acontecimientos tardíos modifican apenas este balance mediocre de la dictadura liberal en San Andrés: la construcción de una escuela a partir de 1893 y la inauguración, el 19 de febrero de 1918,151 de un telégrafo que une San Andrés a Santa Cruz.

  • 152 En Morales Urrutia, 1961 (1), op. cit.

126● Un núcleo de irredentismo indígena. Inevitable contrapartida del aislamiento en el cual es mantenido, nuestro pueblo refuerza su particularismo ya tan pronunciado en 1871, que lo deja al margen de las perturbaciones políticas que agitan a su periferia entre 1871 y 1880. Aquí, ningún miliciano, a diferencia de lo que ocurre en San Bartolomé, Canilla o Cubulco. Nada de guerrillas conservadoras tampoco, como en 1877 en Uspantán. Todo ocurre como si el común indígena de San Andrés rechazara el mundo exterior, hostil e incomprensivo, engendrado por las instituciones republicanas. Y, puesto que ni siquiera posee el recurso secular de un apoyo clerical, le queda únicamente crisparse en sus tradiciones, costumbres indígenas y, en simbiosis conflictiva con éstas, también con los usos y costumbres de los ladinos que viven aquí desde hace ya más de un siglo. De este irredentismo aldeano esquivo y terco rinden testimonio, para quejarse, los hombres de “progreso” contemporáneos, tal como ese juez agrimensor que opera en 1887 en Laguna Seca y que declara: “ardua es la empresa de tener que deslindar los ejidos de los pueblos [San Bartolomé y San Andrés] que aún están sometidos en la ignorancia y más que nunca afincados por la ambición de adquirir tierras, interpretando los antiguos legajos que con el socorro pero inmerecido nombre de títulos de tierras conservan cuidadosamente en los archivos”.152 Ninguna duda de que nuestro hombre, después de tantos otros desde 1794, acaba de tropezar con el famoso título en quiché de San Andrés que uno de sus predecesores declaraba lleno de idolatrías, supersticiones y falsas aseveraciones establecidas por arte diabólico.

  • 153 “Títulos de Laguna seca” (1887) en AGST, paq. 4, no. 4.
  • 154 “Milicianos de los Dos Llanos”, en AGST, paq. 16, no. 6.

127Ahora bien, esta convocación de la historia y la etnicidad para defender los derechos adquiridos frente a las agresiones del nuevo orden no es sólo un fenómeno exclusivamente indígena. Contra los nuevos invasores ladinos llegados de Santa Cruz y para defender las prerrogativas de un pueblo al que se identifican en la tercera o cuarta generación, los antiguos residentes ladinos de San Andrés no vacilan en reclamar esta herencia histórica y en hacer causa común con los indígenas. Así, en 1900, contra los hermanos Girón y su clientela de milicianos ladinos que están invadiendo los comunales de Dos Llanos con el apoyo de un pariente de Barrios, comisario político, encontramos al lado de los indígenas de San Andrés a Apolinario López Salazar y Cecilio Reyes,153 alcaldes ladinos de la municipalidad. Una vez más, se verifica la ambivalencia cultural de los ladinos implantados en el medio indígena: antiindios cuando se trata de sus intereses de parentela privados y proindios cuando es la condición para garantizar el frente común aldeano contra los recién llegados del exterior. Detrás de esta actitud, los intereses objetivos de una comunidad territorial de criadores-agricultores étnicamente dividida, pero obligada a la solidaridad para defender sus reservas pecuarias, única fuente posible de acumulación mercantil. En 1883, este atesoramiento pecuario alcanza las siguientes proporciones en San Andrés, incluidos los anexos de Canilla y San Bartolomé: caballos (1357), bovinos (4 378), ovinos (1 188), porcinos (1 232).154 Se comprende fácilmente en esas condiciones que la resistencia opuesta por ladinos e indígenas de San Andrés a los nuevos latifundistas provenientes de Santa Cruz, Chiquimula y Jocopilas no sea únicamente la manifestación de un espíritu arcaico y retrógrado, sino la defensa del derecho a participar en la única fuente de enriquecimiento significativa del departamento. Los ladinos de San Andrés utilizan su reserva indígena aldeana para defender sus intereses territoriales municipales amenazados desde el exterior y, con esto, contribuyen a proteger ciertos rasgos específicamente quichés de esta reserva, porque ella es la base étnica de su dominación municipal al interior y su reserva negociable al exterior. Su poder municipal “liberal y progresista” se acomoda, por tanto, con cierta tolerancia hacia las costumbres indígenas, que ridiculizan (como “liberales de progreso”) y mantienen (como ladinos responsables de “sus” indios) al mismo tiempo.

128En cuanto a los propios indígenas, excluidos aquí de toda posibilidad de movilidad o promoción social o civil —a diferencia de los pueblos vecinos donde algunos indígenas, promovidos propietarios individuales, se convierten en verdaderos neoladinos—, adoptan la única estrategia posible en este pueblo: en materia de organización política propia, sólo cuentan con sus tradiciones que han sabido resistir a tres siglos de dominación colonial y a un siglo de dominación republicana. Mejor aún, las reviven a un grado inédito puesto que, abandonados por el Estado y la Iglesia después de 1873, nada viene a oponerse a su funcionamiento —aparte de la municipalidad ladina, pero interesada en la tolerancia como acabamos de verlo. De golpe, y de modo paradójico, la dictadura liberal, heredera de los legisladores, que preveían la extinción de idiomas y costumbres indígenas, permite a los indígenas sanandresinos consolidar reflejos étnicos muy viejos, que habríamos podido creer definitivamente extirpados después de 300 años de tutela colonial y clerical. Esta verdadera “reindianización” de los indígenas de San Andrés, acelerada después de 1873 por el gran vacío clerical, se manifiesta en especial en dos campos esenciales: una revalorización indígena del terruño comunal y la restauración indígena de un poder religioso-político autónomo.

129Presionados por su explosión demográfica y por la colonización ladina de su pueblo y sus tierras comunales, los quichés de San Andrés se vuelven a dispersar fuera de la antigua reducción colonial y valorizan antiguos centros cultivados y habitados en la época prealvaradiana: tierras irrigadas marginales y milpas desbrozadas en el bosque. En suma, por primera vez desde 1540-1570, el habitat rural se vuelve a dispersar con el triple efecto de acelerar el abandono de la iglesia central, de reforzar las solidaridades consanguíneas (los nuevos establecimientos dispersos se fundan a menudo en una familia extensiva) y de favorecer el reagrupamiento en cofradías autónomas, dirigidas, como las parentelas, por ajwab.

130Estos últimos se encuentran investidos con una parte de los poderes de los antiguos jefes de calpules prealvaradianos, que ejercen dirigiendo la política agrícola de su parentela, controlando el funcionamiento de las cofradías y participando en el sistema de puestos de la municipalidad indígena. Esta, por oportunidad política delega a sus regidores indígenas el cuidado de administrar los asuntos indígenas que no están en conflicto con los intereses municipales o privádos de la comunidad ladina. Así se reconstituye en San Andrés, entre 1873 y 1920, toda una jerarquía social indígena paralela que encuentra espontáneamente una parte del antiguo fondo social maya-quiché, incluso en el plano simbólico y religioso. Al mismo tiempo, se refuerza el sincretismo pagano-cristiano que, en realidad, no había desaparecido nunca desde hacía 350 años, pero con un vigor insospechado y ahora abiertamente mantenido en estas cofradías que no son ya controladas por una autoridad clerical ortodoxa. Y la gerontocracia de los ancianos —semijerarcas, semibrujos — bajo apariencias de legalismo político, con respecto a las instituciones municipales, y de reverencia a las imágenes y ritos del catolicismo, mantiene de hecho, un renacimiento indigenista, verdadero aunque semiclandestino, de los indígenas de Sajcabajá.

  • 155 Anales estadísticas de la República de Guatemala 1883, (2).

131Este proceso que prosigue mucho más allá de 1920, contribuye a hacer de San Andrés una de las “reservas” etnológicas más substanciales de Guatemala cuando nuestro trabajo de equipo en el campo se inicia en los años setenta. Pero, en esto, San Andrés no es el único: su destino es paralelo al de esos otros pueblos indígenas de los Altos donde una municipalidad y unas cofradías, funcionan paralelamente durante casi un siglo al poder municipal oficial en manos de los ladinos, han permitido no la conservación, sino la reconstrucción de algunos de sus caracteres étnicos más originales como única respuesta indígena posible a la situación de abandono en la que la dictadura liberal y sus herederos han dejado a estos comunes de indios.155

132Lista de Municipios:

1331 San Andrés Sajcabajá

1342 San Bartolomé Jocotenango

1353 Canilla

1364 Sacapulas

1375 Cúnen

1386 Uspantán

1397 Cubulco

1408 Joyabaj

1419 Zacualpa

14210 Chiché

14311 Chinique

14412 Santa Cruz del Quiché

14513 San Pedro Jocopilas

14614 Santo Tomás Chichicastenango

14715 Patzité

14816 San Antonio Ilotenango

14917 Nebaj

15018 San Juan Cotzal

15119 Chajul

15220 Rabinal

15321 Granados

15422 El Chol

MAPA 7 — SAN ANDRES SAJCABAJA Y EL DEPARTAMENTO DEL QUICHE EN 1972 (según mapa del Instituto Geográfico de Cuastemala)

Notes

1 Ley 2a, no. 286 en Reyes, 1951: 7.

2 Ley del 23 de julio de 1823 en AGCA, Poder legislativo federal, Asamblea nacional constituyente.

3 Ley del 10 de mayo de 1824 en ibid.

4 Ley del 4 de noviembre de 1825 según Pineda Mont, Recopilación de leyes (1): 467.

5 Valle, 1830.

6 Rivera Maestre, 1832.

7 Según Woodward, 1966.

8 García Peláez, 1823.

9 Juarros, 1823; Pechio, 1829.

10 Véase Luque Alcaide, 1962 y, a partir de 1829, el “Mensual de la Sociedad económica de Amigos del Estado de Guatemala”.

11 Véanse especialmente: Wilson, 1829, Colección del British Museum y Herrera “Letters from..., Guatemala envoy to France, to J. Bentham” (1826-1830) en Correspondance of Jeremy Bentham British Museum, Section Manuscript, Add. 33546, ff. 108, 163, 309, 429.

12 “Letters from Jorge Thomas Skinner, merchant of Guatemala, to Leyard” 1827-1864 en Leyards papers, British Museum, Section Manuscripts, Add. 39109, f. 232.

13 Véanse entre otros: Roberts, 1827; Haefkens, 1827; Dunn, 1828; Thompson, 1829; Conder, 1830.

14 Muro, 1798.

15 Decreto no. 14 del 28 de noviembre de 1824 en AGCA, Poder legislativo federal, Asamblea nacional constituyente.

16 En AGCA, ibid., (1823).

17 Ibid.

18 Decreto no. 68 del 10 de noviembre de 1825 en ibid.

19 Decreto no. 66 del 9 de noviembre de 1825 en ibid.

20 AGCA, Poder legislativo federal, Asamblea nacional constituyente.

21 Decreto no. 27 del 19 de enero de 1825 en ibid.

22 Wagley, 1957.

23 Ley del 27 de enero de 1825: “Todas las tierras baldías que no han sido antes concedidas a persona alguna o que, habiéndolo sido han vuelto al dominio del Estado, se reducirán a propiedad particular... pero no será permitido tenerlas incultas o sin uso pasado el término de dos años desde la adjudicación” citado en Borges, 1969.

24 Decreto del 27 de julio de 1829 en AGCA, Poder legislativo federal

25 AGCA, Poder legislativo federal, Asamblea nacional constituyente.

26 Testimonio del padre Pío, dominico de dicho convento, en 1977.

27 “El Intendente de Hacienda solicita autorización del Gobierno para fijar sueldo a Luciano Saravia, encargado del arreglo del Archivo del ex-convento de Santo Domingo” (1830) en AGCA, exp. 45002, leg. 1958.

28 “Libro de conocimiento del Archivo del departamento de Gobernación, Justicia y Negocios eclesiásticos del Archivo de la Secretaría de Gobierno” (1831) en AGCA, exp. 50714, leg. 2415.

29 Holleran, 1949.

30 Según Woodward, 1966, op. cit.

31 Véase ibid.

32 Véase Pineda Mont, op. cit. y Rivera Maestre, op. cit.

33 “Defensa del cura de Jovabh contra los indígenas del pueblo sobre tierras de Quiaquil” (1825) en AGST, paq. 1, no. 11.

34 “Autos de San Andrés Sajcabajá y San Bartolomé Jocotenango” (1823, 1834, 1836) en AGST y “el agrimensor J.G. Carranova acusa recibo del acuerdo de fecha 22, por el cual se le comisionó para la medida y deslinde del ejido del pueblo de San Andrés Sajcabajá” (24 de septiembre de 1834) en AGCA, exp. 85283, leg. 3633.

35 “Lucas Pérez, vecino de Chinique, denuncia las tierras de Cocabal y pide medida y deslinde” (1830) en AGCA, exp. 33084, leg. 1416, f. 2.

36 “Los señores García, Zappón y Cortés de Rabinal solicitan un lapso de dos meses para pagar el terreno Toloxcoc adjudicado en subasta pública” (1835) en AGCA, exp. 31142, leg. 1417.

37 AGST, Haciendas El Tululché y Chiché, 1830 y 1836.

38 “El Ayuntamiento de Guatemala a los pueblos y provincias del Reyno en la cuestión de la unión con México” (2 de mayo de 1823), Colección del British Museum.

39 Woodward, 1966, op. cit.

40 Ibid.

41 Véanse en especial Information for emigranls, or a description of Guatemala... including the British Colony of Vera Paz 1836; Brief statement supported by original documents of the important grants conceded to the eastern coasl of Central America, 1839; Obert, 1840; Puydt, 1842; Compagnie Belge de Colonisation 1842; Baily, 1850 y González (1867) 1961.

42 Véanse en especial Montgomery, 1839; Stephens, 1839; Dunlop, 1847; La Re-naudière, 1847; Crosby, 1849-1864; Tempsky, 1853-1855; Squier, 1858; Valois, 1861; Laferrière, 1866-1875; Belly, 1868 y Morelet, 1857.

43 Véase Administración de Rentas, a partir de 1836 en AGCA.

44 Memorias del Ministerio de Gobierno, a partir de 1836 en AGCA.

45 “El Corregidor de Totonicapán informa al Ministro de Relaciones que el antiguo archivo de la que fue Alcaldía Mayor de Totonicapán y Huehuetenango estaba botado en una pieza del edificio de la municipalidad, destruyéndose los documentos por la humedad, por los ratones y por las ‘extracciones’ de papeles...” (12 de julio de 1845) en AGCA, exp. 50442, leg. 2406.

46 “Catálogo de las obras mandadas empastar hasta esta fecha desde 1600 perteneciente al Archivo general de Gobierno” (1850) en AGCA, exp. 50752, leg. 2418.

47 AGCA, Poder legislativo federal (1839 y 1841).

48 Decreto no. 27 del 13 de septiembre de 1845 en ibid.

49 Decreto del 21 de junio de 1839 en ibid.

50 Dávila, 1846; Brasseur de Bourbourg, 1855-1856; además del mismo autor, se conocen los trabajos epigráficos y etnográficos: Títulos quichés de Sacapulas y Rabinal, el Rabinal-Achi, su versión del Popol Vuh, etcétera.

51 AGST, paq. no. 1, no. 14 (1834), 24 (1836) y 19 (1844).

52 Véase Arch. Parr. de S.A.S.

53 “San Bartolomé Jocotenango” (1823) en AGST, paq. 1, no. 10.

54 “Delimitación del ejido de San Bartolomé” (1836) en ibid., no. 25, ff. 1 a 6.

55 “Delimitación del ejido de San Andrés Sajcabajá” (1836) y “Deslinde de la hacienda Tululché” (1836) en AGST, paq. 1, no. 21.

56 “Remedida del ejido de San Andrés” (1944) en ibid.

57 “Composición del ejido de San Andrés Sajcabajá” (1834) en ibid., en Alcaldía mayor de Sololá, no. 14.

58 “Delimitación del ejido de San Andrés con los Sical” (1836) en ibid., f. 9.

59 “Composición del ejido de San Andrés Sajcabajá” (1836) en ibid.

60 “Andrés Antún, secretario de San Andrés, pide títulos del tiempo de la Alcaldía de Sololá” (1841) en ibid.

61 “Que el Escribano de Hacienda localice el título de ejido del pueblo de San Andrés Sajcabajá” (27 de marzo de 1844) en AGCA, exp. 33374, leg. 1419.

62 “Remedida del ejido de San Andrés Sajcabajá” (1844-1845) en AGST.

63 “Composición de los títulos de Picaché” (1836-1845) en Archivo de Canilla.

64 “El agrimensor Manuel José Vargas pide ante la medida y deslinde del ejido de San Andrés Sajcabajá la parte interesada deposite en el Corregidor de Sololá el monto de honorarios...” (1844) en AGCA, exp. 33373, leg. 1419.s

65 “Defensa del cura de Joyabah contra los indios del mismo pueblo sobre tierras de Quiaquil” (1825) en AGST, paq. 1, no. 11.

66 “Denuncia de las tierras de Chipac y Xecaché” (3 de julio de 1840) en AGCA, exp. 85337, leg. 3633.

67 “Deslinde de la hacienda Tululché” (1836) en AGST, paq. 1, no. 21.

68 “Lucas Pérez, vecino de Chinique, denuncia las tierras de Cocabal y pide medida y deslinde” (1830) en AGCA, exp. 33084, leg. 1416, f. 2.

69 “Plano de las tierras de la hacienda San Juan Bautista de Chiché, medidas en 1717 y 1749” (1774) en AGCA, exp. 53078, leg. 6021, f. 26.

70 “Ejidos del pueblo de Chinique” (1834) en AGST, paq. 1, no. 19.

71 “Composición del ejido de Chinique” (1836) en ibid.

72 Arch. Parr. de S.A.S.: Libros de bautismos no. 2.

73 Ibid.

74 “Delimitación del ejido de San Bartolomé Jocotenango” (1836) en AGST, paq. 1, no. 25.

75 Arch. Parr. de Cuyotenango: Libros de bautismo. Para 1846: padre Francisco Puente y para 1851 y 1855: visita arzobispal de don Francisco de Paula García Peláez.

76 Según “Síntesis del proceso migratorio de braceros del altiplano a la costa sur y sus repercusiones nacionales” en Guatemala indígena, 6 (2), diciembre de 1968: 20.

77 Véanse Amurrio, 1966 y la colección de periódicos en la Biblioteca Nacional de Guatemala.

78 Ibid.

79 Véanse Morales Urrutia, 1961 y Diccionario geográfico de Guatemala 1962.

80 Vela, 1934.

81 “Letters from J. Th. Skinner, merchant of Guatemala, to Leyard” (1827-1864) en Leyards Papers, British Museum, Section Manuscripts, Add. 39109, ff. 232-234.

82 Woodward, 1966, op. cit. y Gropp, 1941.

83 Wagley, 1957.

84 Decreto no. 170 del 8 de enero de 1877 en AGCA, Poder legislativo federal, no. 2912.

85 Disposiciones que deben observarse en la enajenación de terrenos municipales, 1891.

86 Decreto no. 224 del 26 de octubre de 1878; Decreto no. 416 del 20 de noviembre de 1888; Decreto no. 493 del 9 de diciembre de 1894 en AGCA, Poder legislativo federal.

87 Stephan, 1907.

88 Según Méndez Montenegro, 1960 y Guerra Borges, 1969.

89 “Estudio sobre la agricultura nacional” (1881) en AGCA, 19.3, no. 242; Progresivo desarrollo económico y social de Guatemala desde el año de 1838 (1886) y Anino, 1894.

90 “Estudio sobre la agricultura nacional publicado en cumplimiento del acuerdo de 30 de junio de 1880 para preparar la Exposición de Guatemala” (1881); Méndez, 1895; Pierson, 1897 y Fuente, 1897.

91 “Movimiento de población habido en los pueblos de la República” (1881) en AGCA, Poder legislativo federal, no. 1930; Anales estadsíticas de la República de Guatemala (1882-1883) 2 vol., en AGCA, ibid., no. 2118 y 2119; Lemale, 1881; Censo Nacional de Población, 1881; Anales estadísticas de la República de Guatemala (1893-1894) en AGCA, Poder legislativo federal, no. 1953; Sánchez y Gómez Flores, 1894.

92 “índice ordenado del Archivo del Ministerio de Hacienda”, (1871-1877) en AGCA, exp. 88187, leg. 3920; Marure, 1897; “El Jefe político del departamento de Guatemala solicita los PP. curas de los pueblos informen acerca de la geografía de su parroquia” (23 de marzo de 1877) en AGCA, exp. 35406, leg. 1471; Barberena, 1894; Revista El Porvenir de Centro América no. 1 al 15, García Elgueta, 1897 y Salazar, 1897.

93 U.S. Bureau of American Republics Commercial directory of Guatemala 1891; “Les 9 maisons commerciales françaises de luxe du Guatemala” en Stephan, 1907 y Filsinger, 1916.

94 Boddan-Whetham, 1877; Stoll, 1878-1883; Oswald, 1881; Conkling, 1886; Nie-derlin, 1898; Maudslay y Cary, 1899.

95 Véase León, 1945.

96 “Delimitación de las tierras acordadas por el presidente Barrios a los milicianos quichés” (1884-1888) en AGST, San Bartolomé Jocotenango.

97 “Delimitación de las tierras de Chimul y Chimulato Caboblal entre Canilla y Cubulco” (1910) en Archivo de Gobernación, Arbitrios, t. 29: 277 .

98 Anales estadísticas de la República de Guatemala, 1882, (1): 20.

99 Ibid.

100 Véase Morales Urrutia, 1961 (1): 48 y Diccionario geográfico... (2): 120-122.

101 Arch. Parr. de Joyabaj y San Andrés Sajcabajá.

102 Anales estadísticas de la República de Guatemala 189 (2).

103 En Recopilación de leyes (4): 280, citado en Morales Urrutia, 1961.

104 “Padrón de los vecinos de Santa Cruz Quiché efectos al pago de la contribución de caminos” (1887) en AGCA, exp. 88454, leg. 3973.

105 En Anales estadisticas... 1893 (2): 150-155.

106 Ibid., 1882 (1).

107 “Centros poblados de la República según el censo de 1881” en Lemale, 1881: 1-422.

108 En Morales Urrutia, 1961 (1).

109 Maudslay y Cary, op. cit.

110 Lemale, 1881, ibid.

111 Lemale, op. cit.

112 Morales Urrutia, 1961 (1).

113 Lemale, 1881, op. cit.: 42-47.

114 Ibid.: 1-414.

115 Según Estudio sobre agricultura nacional... para preparar la exposición de Guatemala 1881.

116 Según Anales estadísticas de la República 1893, (2).

117 Lemale, op. cit.: 422.

118 En Movimiento de población habido en los pueblos de la República 1881: 5-26.

119 En Anales estadísticas... 1882 (1).

120 En Informe y cuadros de la Dirección general de Estadísticas 1928.

121 Según Censo de la República de Guatemala de 1921.

122 En Anales estadísticas de la República de Guatemala 1882 (1).

123 Anuario estadístico de Guatemala: 1893-1894 en AGCA, Poder legislativo no. 1953.

124 Becquelin, 1969, op. cit.

125 Lemale, op. cit.: 1-414.

126 “Informe del Jefe de la Sección de Tierras acerca de los trabajos verificados en las oficinas de su cargo durante el año 1890” en AGCA, Poder legislativo federal, no. 2359: 72-86.

127 “El Jefe del Quiché, para que se dé audiencia a Nicolás Alonso y Arturo Ubico, colindantes de las tierras denunciadas en San Miguel Uspantán por vecinos de Quezaltenango” (26 de abril de 1892) en AGCA, exp. 34187, leg. 1439.

128 “Eleuterio B. de León, antes el Jefe de la Sección de Tierras, denuncia un terreno baldío de 30 caballerías en Uspantán” (10 de mayo de 1899) en AGCA, exp. 34719, leg. 1446.

129 “Rigoberto González, denuncia un terreno baldío en el paraje del Tambo, Uspantán” 6 de febrero de 1914 en AGCA, exp. 85815, leg. 3636.

130 “Recomposición de los títulos de las tierras de Chimul” (1832-1911) en Archivo de Canilla.

131 Para todo este párrafo, véase ibid.

132 Ibid.

133 Trabajos de campo personales y de equipo y Lebot, 1979, op. cit.

134 En Morales Urrutia, 1961 (1): 483 y Diccionario geográfico... 1962 (2): 120-122.

135 En 1904, Canilla anexa definitivamente en detrimento de Cubulco los caseríos de Chitanil, Rabinalá, Los Encuentros, La Montaña, Cusulá y Alibal Baj; en 1910-1911, los caseríos de Chimul y Chimulato y 200 caballerías en la zona Reina; finalmente, desde 1878, Canilla consolidó sus títulos sobre Chichaj. Fuente: Archivo de Gobernación, Arbitrios, t. 29, ff. 227-231.

136 En Lemale, op. cit.

137 “Arrendatarios de Sacapulas” (1889) en AGST, paq. 4, no. 9, San Bartolomé Jocotenango.

138 En Lemale, op. cit.

139 “Delimitación de tierras a favor de los milicianos quichés” (1884-1888) en AGST, paq. 4, no. 4, San Bartolomé Jocotenango.

140 “Composición de tierras en favor de Francisco Lux” (1886) en ibid., paq. 4, no. 3.

141 “Medida de los terrenos ‘Cimientos de Patzac’” (1888-1889) en AGST, paq. 4, no. 11 y 12.

142 “Delimitación de los terrenos Moluba y Tecachate” (1888-1889) en AGST, paq. 4, no. 13.

143 “Delimitación privada de los terrenos de Mixcolaja”(1889) en AGST, paq. 4, no. 16.

144 “Títulos de Laguna Seca” (1887) en AGST, paq. 4, no. 4.

145 “Aldea de Chujuyup San Andrés Sajcabajá” (1890) en AGST, paq. 5, no. 15.

146 “San Andrés Sajcabajá contra los milicianos de los Dos Llanos”, en AGST, paq. 16, no. 6.

147 “Terrenos de Paquix, Paxcamán, Quicache, Canoítas en San Bartolomé Jocotenango” en AGST, paq. 5, no. 3.

148 Maudslay y Carry, 1899, op. cit.

149 Lemale, 1881, op. cit.

150 “Inventario efectuado por el P. Romualdo Monteroso, cura de Joyabaj” (21 de octubre de 1886) e “Inventario efectuado en 1912”, en Arch. Parr. de S.A.S.

151 Arch. Parr. de S.A.S. y de Joyabaj: Libros de matrimonios de 1891 a 1901.

152 En Morales Urrutia, 1961 (1), op. cit.

153 “Títulos de Laguna seca” (1887) en AGST, paq. 4, no. 4.

154 “Milicianos de los Dos Llanos”, en AGST, paq. 16, no. 6.

155 Anales estadísticas de la República de Guatemala 1883, (2).

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Légende CUADRO 24 - VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE GUATEMALA EN 1825
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Légende MAPA 5 - SAN ANDRES SAJCABAJA Y SUS ANEXOS EN 1836
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