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Dilemas del Trabajo y las políticas laborales

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Paula Vidal Molina

El neoliberalismo, trampantojo del imperialismo

Xabier Arrizabalo Montoro

Texte intégral

1“Hasta en la sopa”: utilizando la extendida expresión coloquial, se puede decir que el término neoliberalismo se encuentra ya hasta en la sopa. Son muy numerosos los foros y organizaciones, que dicen reclamarse de los intereses de la mayoría, en los que mencionar el término se ha convertido en una obligación y hasta en una suerte de salvoconducto que sitúa a quien lo dice entre los que entienden. Incluso en el movimiento obrero ha permeado.

2El uso del término neoliberal asociado a la idea de que se trata de la orientación estratégica del capital en la actualidad, impuesta en particular a través de la política económica, genera la ilusión de que habría una alternativa, de que el capital podría poner en marcha otra orientación, otra política, distinta a la que efectivamente se aplica. Se trata de un planteamiento peligroso, porque identificar el neoliberalismo con el capitalismo salvaje, sugiriendo así la idea de que es posible otro capitalismo, propone de facto la perspectiva de que los problemas sociales, cada vez más agravados, podrían resolverse en el marco del capitalismo. Es decir, que resulta factible un capitalismo civilizado, un capitalismo con rostro humano, un “capitalismo bueno”. Como si el capitalismo pudiera basarse en algo distinto de la rentabilidad que se asienta en la explotación de la mayoría, que es la clase trabajadora. Una explotación que, además, siempre debe ir en aumento debido a las dificultades crecientes de valorización que padece el capital, dado su carácter no ya contradictorio sino crecientemente contradictorio. Tal y como Marx explica con la ley del descenso tendencial de la tasa de ganancia, que es la conclusión principal de El capital, reveladora de que el capitalismo no es reformable (Marx, 1894: 269-341)

3La entronización del neoliberalismo como una supuesta categoría teórica sustantiva, a la hora de determinar la orientación del capital, ha llevado incluso a plantear toda una serie de disquisiciones acerca de distintos tipos de neoliberalismos (viejos y nuevos, ortodoxos y heterodoxos, etc.). Como si en la orientación del capital hubiera consideraciones distintas a la única verdaderamente determinante: tratar de poner todos los medios a su servicio para contrarrestar las mencionadas dificultades de valorización, dificultades cada vez mayores. Con absoluta independencia de que cada uno de esos medios se acerquen más o menos a los planteamientos teóricos de tal o cual corriente teórica. Un par de ejemplos muy elocuentes al respecto lo ofrecen: i) la nacionalización de catorce bancos y ocho financieras por la dictadura pinochetista en 1982-1984, como se explica más adelante; ii) la orientación marcadamente keynesiana de Bush jr. a partir sobre todo de 2001, tanto en el campo de la política monetaria, con tipos de interés en el entorno de cero, como en el de la política fiscal con el aumento del gasto militar. Sin embargo, tanto Pinochet como Bush jr. son identificados como neoliberales, ultraneoliberales incluso. Entonces, ¿por qué adoptaron esas medidas? Ciertamente la retórica liberal ayuda a la propaganda en favor de las políticas de privatización, desregulación, etc. que son cruciales para el interés del capital. Pero siempre, siempre que en una hipotética balanza se pusieran en un platillo las medidas que dice tal o cual teoría y, en el otro platillo, las que dictan los intereses de los sectores que controlan no ya el gobierno sino el aparato de Estado… siempre pesaría más el segundo.

4No es una casualidad que sea precisamente en el año 1973, en Chile, donde se dé el pistoletazo de salida -y nunca mejor ni más trágicamente dicho- a una serie de políticas que van a cuestionar, frontalmente, las conquistas obreras y democráticas arrancadas durante decenios en el devenir de la lucha de clases. Acontece entonces en el país andino una enorme intensificación de esta lucha, hasta el punto de alcanzar un carácter revolucionario (Arrizabalo: 2021). Por tanto, se acelera la implantación de la orientación económica que suele caracterizarse como neoliberal, para la que se habían ido formando economistas chilenos en Estados Unidos, ya desde 1955, en el marco del acuerdo entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago. Este hecho se complementa con la complicidad con la dictadura de siniestros personajes como Friedman, Hayek, Harberger, Tullock, Buchanan, etc.; es decir, algunos de los más connotados autores identificados como neoliberales, que colaboraron con Pinochet de forma directa, incluso viajando al país donde eran tratados con todo lujo, etc.

5Pero ¿se impone la política económica tan destructiva porque lo proponen estos autores? ¿O más bien se acude a ellos como forma de justificar, apelando a su supuesto carácter científico, las políticas que dicta el capital financiero, sobre todo estadounidense? De hecho, ¿realmente lo que define esa política es el planteamiento general del liberalismo económico que se declara contrario a la intervención del Estado? Más aún, realmente el liberalismo económico, como toda doctrina que defiende la dominación burguesa, ¿habla en serio de que el Estado intervenga menos? ¿O solamente se trata de que intervenga de otro modo? Un modo centrado de forma descarnada en la liquidación de los obstáculos para aumentar la explotación laboral y de los recursos naturales, pero aumentando al mismo tiempo, como la otra cara de la misma moneda, las ayudas al capital y la intervención represiva de los derechos democráticos conquistados. ¿Acaso el Estado chileno entre 1973 y 1990 interviene menos que en el periodo anterior? No, de lo que se trata es de que interviene de una manera distinta, incluso muy distinta dentro de los límites de todo Estado burgués y más aún tratándose del que corresponde a una economía dependiente, dominada. Pero vaya que sí interviene.

6Es verdaderamente ingenuo sostener que la pugna radica en si el Estado interviene o no. La pugna es acerca de la orientación de dicha intervención. ¿Puede alguien defender, seriamente, que alguna clase o fracción de clase renuncie a utilizar la palanca de la actuación estatal en su favor? Desde el punto de vista de la clase trabajadora esta intervención siempre tendría un carácter muy limitado en un Estado burgués. Pero para la clase burguesa va de suyo puesto que se trata de su Estado y lo utiliza en toda la medida de lo posible, para favorecer el proceso de acumulación del capital. No ya la clase burguesa en conjunto sino la fracción dominante de ella, la que tiene una mayor ascendencia sobre el Estado, es decir, el gran capital.

7En definitiva, la política económica no es una variable exógena al proceso de acumulación, como si un partido que llega a un gobierno pudiera elegir libremente cuál aplicar, de forma ajena a las exigencias de la rentabilidad y particularmente de los mencionados sectores dominantes. Claro que podría poner en el centro los intereses de la mayoría. Tan claro como que de forma inmediata dicho gobierno sería puesto en el punto de mira. Y el mantenimiento de esa orientación en favor de la mayoría le llevaría inevitablemente a un escenario de ruptura, más pronto que tarde. En el resto de los casos la política económica que se impone no obedece a ningún debate teórico, ni guarda fidelidad a posición teórica alguna. Simplemente a estas exigencias, salvo que la clase trabajadora consiga arrancar conquistas que se institucionalicen en el Estado burgués, por contradictorio que resulte.

8Pensémoslo en términos de un ejemplo: en las elecciones de mayo de 1979 en Reino Unido, si en lugar de ganar el Partido Conservador de Thatcher hubiera triunfado el Partido Laborista, ¿qué política habría aplicado? Se pueden imaginar dos escenarios. O bien la misma que Thatcher, aunque hubiera sido con otras formas y ritmos; o bien la correspondiente al mandato de las urnas en tal caso, de satisfacer las reivindicaciones de la mayoría (en cuyo caso, aplica el razonamiento del apartado anterior acerca de las implicaciones rupturistas que implicaría). De todos modos, no ocurrió y por tanto es especulativo pensar en qué habría pasado en el caso contrario. Sin embargo, en Francia, justo dos años después, en mayo de 1981, sí gana las elecciones el Partido Socialista, en coalición con el Partido Comunista, asumiendo la presidencia su candidato Mitterrand. Su orientación inicial fue socialdemócrata, concretada en el Programa Común acordado en 1972, que incluía, entre otras medidas, nacionalizaciones, aumento del salario mínimo y las ayudas familiares, así como impuestos a las grandes fortunas. Pero la burguesía reaccionó con fuerza (fuga de capitales, desinversiones) y en marzo de 1983 Mitterrand se plegó, girando hacia las políticas de ajuste fondomonetarista, que en Europa se canalizan a través de la UE, entonces Comunidad Económica Europea (CEE). Por tanto, las políticas que en alguna medida recogían las reivindicaciones de la mayoría, expresadas también en las urnas -además de en las movilizaciones-, no duraron ni dos años.

9La conclusión es clara: estas políticas distintas sólo podrían haberse mantenido si el gobierno hubiera optado por apoyarse en la clase trabajadora, asumiendo por tanto la posibilidad real de una ruptura con el Estado burgués. Dicho de otro modo: bajo el sometimiento a las exigencias del capital financiero sólo hay una política posible, que es la del cuestionamiento de las conquistas obreras y democráticas arrancadas por el movimiento obrero a lo largo de decenios. Y esta política se impone con total desconsideración de lo que diga ninguna corriente de pensamiento y de su coherencia con nada distinto de los intereses de dicho capital.

10Para desarrollar la argumentación al respecto, se va a caracterizar en primer lugar la situación mundial desde el estallido de la crisis de los setenta. Una crisis cuya existencia como tal se revela con toda nitidez el 15 de agosto de 1971, con la declaración de Nixon, presidente de Estados Unidos, de la ruptura de la convertibilidad dólar-oro. Este patrón monetario había sido la piedra angular de la dominación estadounidense constituida en torno a 1945. Hasta el punto de que su significado profundo radicaba en la imposición, a las otras potencias imperialistas, de que renunciaran a la palanca de la política cambiaria, particularmente importante en la lucha por el mercado mundial.

11A continuación, en este texto se aborda la respuesta que da a la crisis la clase capitalista, más precisamente la fracción dominante del capital a escala mundial. Se trata de una política de cuestionamiento de todas las conquistas obreras y democráticas arrancadas previamente, bajo la formulación de una política de ajuste, que como tal sería supuestamente excepcional pero que en realidad tiene un carácter permanente. Impuesta a través del FMI como sujeto constituido al servicio del capital financiero estadounidense, cabe caracterizarla por tanto como ajuste permanente fondomonetarista. Dejando de lado, por tanto, toda idealización de que respondiera a un planteamiento programado como tal y adscrito a una corriente, concretamente la neoliberal. Cuando el lugar de esta corriente queda limitado a una labor justificativa de dicha política, sin influencia alguna en su aplicación, que sólo obedece al interés directo de dicho capital. Incluso en Chile, con la implicación mencionada de esos autores cómplices de la dictadura, lo relevante es el contenido de la política impuesta, que se resume en la eliminación de los obstáculos que suponen las conquistas obreras y democráticas para la acumulación del capital.

12Posteriormente se expone el desarrollo de esta corriente, aunque de forma muy esquemática, para poner a la luz su carácter puramente instrumental acotado al terreno propagandístico, justificativo. De ahí deriva la conclusión final centrada en que no tiene nada que ganar la clase trabajadora entrando en esos debates interburgueses acerca de la política económica, por lo demás puramente idealistas. De hecho, puede perder, si la ilusión de que se pueden resolver los problemas en el capitalismo le lleva a buscar aliados en la burguesía para lograr ese supuesto capitalismo bueno, como con el malhadado “diálogo social” que es simplemente la subordinación de las organizaciones obreras a los intereses de la burguesía. La clase trabajadora sólo puede ganar, literalmente todo, organizándose de forma independiente de todo compromiso con el capital, para la lucha condicional por sus aspiraciones, hasta el final.

1. Crisis de los setenta, vuelta a la convulsa normalidad del imperialismo y ajuste permanente fondomonetarista

13Si el criterio para definir el estatus del período que transcurre entre la crisis de los setenta y la crisis actual fuera el habitual, el criterio de qué acontece con el ritmo de acumulación, de este período sólo se podría decir que es limitado, irregular, inestable y lleno de asimetrías. ¿Existe algún otro criterio para definirlo de una forma precisa y elocuente? Para hallarlo, la clave se encuentra en que se trata del período que “sigue” a la crisis de los setenta y “antecede” a la actual (recalcamos estos verbos para señalar que no es simplemente una sucesión temporal, sino que hay una conexión o vínculo causal). Porque precisamente ese período “intercrisis” se define por la respuesta a la crisis de los setenta, que se trata de imponer desde quien marca la pauta del proceso de acumulación, la fracción dominante del capital. Esta respuesta consiste básicamente en intentar desvalorizar la fuerza de trabajo (junto a la intensificación del pillaje de los recursos naturales, particularmente en las economías dependientes, ). O, dicho de otra manera, el período se define por una orientación del capital que tiene como eje el aumento de la explotación (la tasa de plusvalía), para tratar de recuperar la rentabilidad (la tasa de ganancia) y, con ello, supuestamente, reanudar la acumulación. Éste y ningún otro es el sentido de la política económica que se impone, de una forma u otra, en prácticamente todos los países del mundo: el ajuste permanente fondomonetarista. Este ajuste expresa las exigencias de la fracción dominante del capital en el estadio imperialista del capitalismo, que es el capital financiero estadounidense.

14De modo que estas políticas se aplican como respuesta a la crisis y, finalmente, acaban contribuyendo a que se desemboque en una crisis aún mayor, la crisis que estalla en 2007-2008. Crisis esta última que ahora, desde la perspectiva de 2021, resulta inequívoco que nunca había quedado atrás del todo, formando parte de una suerte de “crisis crónica” del capitalismo (Arrizabalo: 2019) . Esta secuencia es verdaderamente elocuente: crisis→ajuste→crisis. Tras ella subyace la dificultad creciente de valorización del capital, mostrando el carácter del estadio imperialista, en cuanto a las tensiones que se imponen sobre las fuerzas productivas; no sólo limitando su desarrollo sino también provocando su destrucción a una escala cada vez mayor, como hoy se expresa ya de forma muy abierta incluso en las economías históricamente más avanzadas (Arrizabalo, 2014: 525-542).

15En resumen, la grave situación actual sólo puede entenderse considerando la crisis de los setenta y la respuesta que trata de dar el capital. Con todo ello se pone de relieve la imposibilidad de un verdadero redespliegue de la economía capitalista mundial, revelándose así que el período de recuperación y crecimiento que grosso modo transcurre entre 1945 y 1971 tenía, inevitablemente, un carácter muy excepcional (Arrizabalo, 2014: 277-367). Y que la crisis de los setenta y todas las convulsiones que implicó, y que han seguido dándose, son la única “normalidad” posible en el mencionado estadio imperialista del capitalismo. Supone, por tanto, que carecen de todo fundamento las proclamaciones de la superación del estadio imperialista del capitalismo, ya se llamen capitalismo monopolista o capitalismo monopolista de Estado o neocapitalismo o globalización o financiarización, etc.

16Entonces, desde finales de los años setenta, ante la crisis, que expresa las dificultades crecientes de valorización, la fracción dominante del capital financiero trata de imponer una muy determinada política económica. Esta política impugna frontalmente el statu quo previo, caracterizado, especialmente en Europa pero no sólo, por un amplio entramado de derechos democráticos y obreros conquistados por la clase trabajadora. Aunque a menudo se presenta esta política como coyuntural e incluso como excepcional ( “políticas de choque en circunstancias muy puntuales”), su persistencia muestra un carácter ilimitado en el tiempo que justifica el oxímoron del “ajuste permanente”. Oxímoron porque, por definición, una política de ajuste es una política de carácter excepcional que busca dar respuesta puntual a una determinada circunstancia. Típicamente un desequilibrio externo, consistente en un déficit comercial que provoca dificultades financieras; ya que la política económica calificada de estabilización se asocia mayormente a desequilibrios internos, como la inflación o el déficit público, aunque la distinción entre externos e internos suele ser difusa e incluso simplista. Y, sin embargo, estas llamadas políticas de ajuste no sólo no son puntuales, sino que se mantienen ya desde hace más de treinta y cinco años. Es decir, se trata de una “excepcionalidad permanente” o, dicho con más precisión, la constante apelación a circunstancias excepcionales para imponer siempre la misma política, de forma permanente.

17La política económica es la palanca de la que disponen los gobiernos para tratar de incidir en el proceso de acumulación. Se lleva a cabo a través del manejo de determinadas variables, como las tasas de interés, los tipos de cambio y la reglamentación del comercio internacional, la regulación del mercado de trabajo y los salarios, la estructura impositiva y el gasto público, etc. Se compone de la política monetaria, la política cambiaria y comercial, la política fiscal y la política laboral entre otras. Pero los gobiernos tienen otra forma de condicionar u orientar el proceso de acumulación: mediante la actividad directamente productiva de las empresas y servicios públicos.

18Ahora bien, en tanto se trata de gobiernos que conducen la política económica en el seno de un Estado burgués, cuya función constitutiva es favorecer la acumulación, parten de una premisa ineludible (salvo que asuman una perspectiva de ruptura con él): favorecer la acumulación del capital, para lo que se requiere una rentabilidad suficiente. Aunque en determinados contextos históricos la clase trabajadora ha logrado incrustar conquistas obreras y democráticas en los Estados burgueses, en última instancia la rentabilidad se impone necesariamente a cualquier otra consideración. Y esta “última instancia” se revela más imperativamente cada vez, con la profundización y extensión de los rasgos propios del estadio imperialista del capitalismo. La imposibilidad de mantener esas conquistas se expresa tajantemente en la crisis de los años setenta y se corrobora con toda claridad en la respuesta que impone el capital desde entonces.

19Sólo en relación con este conflicto puede explicarse la irrupción de la mencionada figura de Thatcher, así como la de Reagan, pues encarnan, de una forma muy directa, la orientación del capital en general, pero sobre todo de su fracción dominante . Esta orientación consiste en una destrucción de valor que va más allá de la que impone la crisis y que se concreta especialmente en la desvalorización de la fuerza de trabajo. La clave radica en que las dificultades crecientes de valorización, que desembocan en la crisis, hacen que se revelen como fardos insostenibles todas las cesiones que las burguesías se vieron obligadas a aceptar, en el convulso escenario de la segunda mitad de los años cuarenta (entonces “podían” hacerlas porque había margen, pese a ellas, para la rentabilidad por la destrucción previa; pero también “tenían que” hacerlas, para tratar de desactivar la explosividad social):

20pero restaurar las condiciones de valorización del capital impone destruir los capitales insuficientemente rentables, reducir una parte considerable de los costes de producción, dicho de otro modo, incrementar la explotación del trabajo. Se trata también de modificar la intervención del Estado: las subvenciones a los sectores juzgados no rentables deben ir a los sectores rentables. Todo lo que años de lucha habían arrancado a los cálculos estrechamente privados, debe regresar a la esfera de la rentabilidad financiera: escuela, sanidad pública, transporte colectivo, audiovisual, correos y telecomunicaciones, viviendas de protección social... (Cize y otros, 1990: 151).

21Todas estas medidas que configuran los planes de ajuste obedecen a la búsqueda de ese objetivo: la recomposición de las condiciones que permitan la valorización del capital. Es decir, se trata de promover espacios para la acumulación del capital. De ahí, por ejemplo, el lugar central que las privatizaciones ocupan en el conjunto de estas políticas, ya que abren nuevas actividades y servicios a la inversión privada, reduciendo además el salario en sus distintos componentes. O la desregulación, que elimina lo que para el capital son trabas a sus posibilidades de valorización (sean del tipo que sean, pero, sobre todo, las normativas que protegen a los trabajadores y sus condiciones laborales, así como las que limitan la actuación del capital extranjero en cada país).

22En última instancia se encuentra la necesidad de aumentar la explotación, como requisito para la prosecución del proceso de acumulación (aumentar la tasa de plusvalía para lograr una tasa de ganancia suficiente). La explotación no es una categoría teórica abordable de forma individual, sino social (al fin y al cabo, el salario en su conjunto, de igual modo que el capital, no son sino relaciones sociales). Decimos “salario en su conjunto” porque el salario real no es sólo el salario nominal corregido por la inflación, sino que incluye también todos los distintos tipos de remuneraciones, directas o indirectas, de las que disponen los trabajadores en una sociedad. Y, en concreto, el salario diferido (pensiones o subsidio de desempleo) así como el salario indirecto (acceso gratuito o subsidiado a servicios sociales como la educación, la sanidad, la energía, las telecomunicaciones, el transporte, etcétera). La búsqueda de una mayor explotación que permita la recuperación de la tasa de ganancia supone, en definitiva, modificar lo que coloquialmente se suele denominar el “reparto de la tarta”.

23Podría parecer que de esta formulación se deriva que los problemas de la acumulación proceden de un consumo excesivo ligado a unos salarios demasiado elevados. Pero no son “demasiado elevados en general”, sino “demasiado elevados relativamente”, en relación con las necesidades de la rentabilidad. La humanidad, en la actualidad, tiene capacidad mucho más que de sobra para que el conjunto de la población mundial tenga acceso a un consumo óptimo en todos los planos, incluidos los de educación, salud, etc. Sin embargo, las exigencias de la rentabilidad lo impiden, incluso impiden simplemente la preservación de las condiciones de vida arrancadas por la lucha.

24Por otra parte, desde ningún punto de vista puede defenderse, seriamente, que la aplicación de estas políticas de ajuste corresponda a decisiones individuales de cada gobierno nacional, acordadas de forma libre y democrática. El orden imperialista vigente permite a quien lo controla, el capital financiero estadounidense apoyado en su administración y en su ejército, imponer las políticas acordes a sus intereses. A pesar del grave debilitamiento de dicho orden, no hay ninguna burguesía en el mundo capaz de impugnar el lugar hegemónico de Estados Unidos. Un lugar que incluye la actuación de una organización bajo su tutela, encarnando de forma institucional dicha hegemonía: el FMI (complementado por el Banco Mundial y otras agencias). Dicho claramente: el FMI, entronizado desde la Segunda Guerra Mundial como supervisor de la estabilidad monetaria internacional, es el instrumento a través del cual el capital financiero estadounidense impone esas políticas en prácticamente todos los países del mundo.

2. ¿Neoliberalismo… o fondomonetarismo como expresión directa de las exigencias del imperialismo?

25Como se ha consignado al principio, la denominación de estas políticas como “neoliberales” ha sido muy exitosa, particularmente en las “organizaciones de izquierda” . De acuerdo con ella, la imposición de estas políticas obedecería al triunfo ideológico de la corriente neoliberal en el seno de las posiciones burguesas. No puede negarse que, paralelamente a la imposición del ajuste, se desarrolla un gigantesco entramado ideológico, propagandístico, que pretende camuflar el marcado contenido de clase de estas políticas, presentándolas como resultado de un planteamiento teórico o ideológico. Pero la realidad no funciona así. La orientación de la política económica no se dilucida en el terreno teórico. Se decanta en el terreno político, en el que se confrontan intereses. En la lucha de clases que enfrenta los intereses de capitalistas y trabajadores, en primer lugar, y en la pugna competitiva que enfrenta a las distintas fracciones del capital y los distintos capitales individuales entre sí, en segundo lugar.

26A posteriori se buscan todos los elementos que pueden coadyuvar a la aplicación efectiva de esa orientación. Porque la aplicación de las medidas que componen esta política no es automática. En una sociedad clasista como la capitalista, toda medida de política económica lesiona algunos intereses, pero en este caso en mucha mayor medida. Hablamos de unas políticas que consisten en una drástica desvalorización de la fuerza de trabajo, vale decir, por tanto, en un deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población: la clase trabajadora. Y la clase trabajadora, en mayor o menor medida organizada como movimiento obrero, puede oponerse a ellas y de hecho lo hace, también en mayor o menor medida, en función de las determinadas circunstancias políticas que concurren en cada caso.

27Entre los elementos que contribuyen a aplicar una determinada política se encuentran los ideológicos. Y ciertamente en los últimos decenios se ha desarrollado en torno a ellos una gigantesca maquinaria propagandística: los panfletos liberales o neoliberales, que copan en gran medida los mayores medios de comunicación, las universidades, etc. Pero esta maquinaria, como punto de apoyo que es, “viene a continuación”. Para decirlo de forma muy elocuente y pese al riesgo de simplismo: “primero” se dilucida en los cenáculos del capital dominante cuál es la orientación deseada de la política, valorando antes que nada las necesidades de una rentabilidad suficiente para estimular la acumulación, incluyendo si es necesario, por razones políticas, algunas pequeñas concesiones que faciliten su aplicación. Y “después” se impulsa un entramado general de apoyo a esas políticas, de carácter pseudoteórico, academicista, mediático, etcétera.

28(...) No es arriesgado afirmar que la teoría y las políticas monetarias interpretan mejor en momentos de estanflación las necesidades de la burguesía internacional y de muchas burguesías nacionales que el keynesianismo, al sugerir remedios radicalmente reaccionarios para afrontar el malestar burgués: inducir abiertamente el desempleo (...) para “darles una lección a los sindicatos” (...) destruir el capital “ineficiente” por medio del libre cambio y altas tasas de interés; reducir los impuestos sobre las ganancias y los altos ingresos, aumentar los que pagan los asalariados, cortar drásticamente el gasto público especialmente en dirección a reducir el salario social. Todas éstas son medidas que deben conducir a elevar la rentabilidad de largo plazo del capital .

29Por tanto, no se trata de que se apliquen “políticas neoliberales”: se aplican las políticas que favorecen los intereses del capital financiero dominante, que es el estadounidense y, por cierto, cuestionando cada vez más los procedimientos al menos formalmente democráticos. Estas políticas se imponen a través de la principal palanca institucional que está en manos de dicho capital, el FMI, cuyo diseño institucional precisamente le constituye como un instrumento coercitivo a su servicio, por la capacidad que tiene otorgada de tutelar las políticas económicas de los países cuando la estabilidad monetaria está amenazada. Por eso, en rigor, estas políticas no han de ser caracterizadas como neoliberales, sino como fondomonetaristas, denominación que permite dar cuenta del hecho central de quién está verdaderamente detrás de ellas. Fondomonetaristas a fuer de imperialistas. De hecho, ni siquiera hay una identificación geográfica y temporal clara entre las políticas efectivamente impuestas y las formulaciones neoliberales: “neoliberalismo” puede ser un término útil para referirse a políticas e ideología. Pero mi análisis sobre los datos me llevó a la conclusión de que no es muy útil como concepto para explicar los cambios económicos que han estado ocurriendo durante los últimos 40 años. Muchos cambios importantes y tendencias empezaron a comienzos de la década de 1970 o antes, previo a la emergencia del neoliberalismo a inicios de los años ’80. El enlentecimiento del crecimiento económico, en los EE. UU. y globalmente, antecede al neoliberalismo. Lo mismo ocurre con otras tendencias en los EE. UU., como el aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso, el menor crecimiento de los salarios, el aumento en las deudas pública y privada en relación con el PBI, el menor ritmo de inversión pública en infraestructura y el aumento en la duración promedio del desempleo. Y el aumento de la inestabilidad financiera global -las crisis bancarias, de deuda soberana y cambiarias- son en buena medida atribuibles a una combinación de inflación acelerada a fines de los años ’60, comienzos de los años ’70 y el colapso del sistema de Bretton Woods, el “patrón otro internacional”, que se produjo entre finales de los años ’60 y comienzos de los años ’70. Por lo tanto, considero las políticas e ideología neoliberal en su mayoría como un efecto de estos cambios y una respuesta a los mismos más que como su causa .

30En definitiva, con independencia de que esas políticas coincidan en mayor o menor medida con el recetario liberal, no es éste el que las define. De hecho, en cada ocasión en la que chocan dicho recetario y los intereses de los grupos dominantes, obviamente son éstos los que se imponen. Puesto que lógicamente, como se ha explicado al principio, en una hipotética balanza siempre pesaría más el platillo de los intereses que el de las formulaciones teóricas de carácter general.

31Es el llamativo caso ya mencionado, por ejemplo, de la intervención de catorce bancos y ocho financieras en Chile, entre los años 1982 y 1984. Esta intervención estatal choca frontalmente con el planteamiento liberal, para el que si una empresa no es competitiva debe quebrar y que otra ocupe su lugar. Sin embargo, el régimen en el que se produce la nacionalización de estas veintidós empresas es la dictadura de Pinochet, una de las experiencias históricas más expresamente identificadas con el liberalismo económico. En efecto, como se ha apuntado previamente, su política económica fue teledirigida, incluso de forma muy directa, desde ciertos sectores encarnados en particular en personajes como los mencionados Hayek, Friedman y Harberger, cómplices de ese régimen criminal al que asesoraron incluso presencialmente, mientras alegaban una supuesta asepsia de la economía respecto a la política . En marzo de 1975 Friedman, tras su primera visita, prescribió un “tratamiento de choque” en carta dirigida a Pinochet, que efectivamente se aplicaría… porque coincidía con las necesidades del capital de las que Friedman se hacía portavoz. Esta complicidad política no es una cuestión anecdótica, sino que retrata plenamente a estos personajes, mostrando de forma inequívoca que su defensa del orden burgués identifica como principal enemigo a la clase trabajadora organizada, es decir, al movimiento obrero y, por ello, aplauden regímenes tan criminales en tanto representan la defensa más descarnada de dicho orden burgués, concretada en la persecución del movimiento obrero hasta la prohibición de sus organizaciones, la eliminación física de sus dirigentes, etc. .

32Retomando la argumentación sobre el caso de esos bancos y financieras nacionalizados, ¿qué debía haberse hecho entonces, de acuerdo con el dogma liberal? Obviamente lo dicho, que el mercado resolviera: si no eran competitivos debían quebrar y que otros ocuparan su lugar. Sin embargo, los intereses de grupos económicos próximos al gobierno preferían una intervención para llevar a cabo una masiva inyección de capitales públicos que los saneara, de cara a su posterior reprivatización. Y ésta fue la opción elegida, desde luego.

33Además, la identificación de estas políticas como responsabilidad del demonizado “neoliberalismo”, sin poner en el centro su marcado trasfondo de clase, tiene importantes implicaciones políticas, al preparar el terreno para acotar el rechazo que suscitan los retrocesos. De manera que sólo se rechace la forma de conducir la política económica (el “neoliberalismo”), abriendo así la vía para reivindicar otras políticas económicas, que en todo caso no plantean siquiera la discusión acerca de la necesidad capitalista de una explotación siempre en aumento. Como ocurre con la extemporánea reivindicación de una vuelta al keynesianismo, que lo es, extemporánea, en parte porque no es viable y en parte porque en la medida en que sí lo es ya está en marcha como revela por ejemplo el plan de estímulo permanente y su próximo episodio bautizado como Plan Biden) . El problema, en definitiva, no sería el capitalismo, sino solamente una mala gestión de él. En realidad, nunca los sectores dominantes del capital, que tienen capacidad de imponer su orientación a los gobiernos, aceptarían el corsé de una política económica regida estrictamente por una pauta teórica (que les obligaría a renunciar, por ejemplo, en este caso del liberalismo, a la palanca de la intervención estatal cuando sus intereses así lo recomienden) .

34En conclusión, caracterizar estas políticas como neoliberales genera confusión, porque apunta a la idea de que su imposición obedece a cuestiones teóricas o ideológicas, cuando en todo caso lo que hay detrás de ellas, inevitablemente, son intereses. De manera que lo sustantivo, lo fundamental, no es si las políticas efectivamente aplicadas se acercan más o menos a ese recetario, ni que efectivamente se arguya éste como coartada para su aplicación, alegando que se trata de una cuestión teórica, no política; lo sustantivo de estas políticas, y por tanto el aspecto fundamental para poder comprenderlas, es su condición de fondo, en tanto expresión de los intereses de la fracción dominante del capital a escala mundial, es decir, el capital financiero estadounidense. Como se ha dicho, dado que las políticas acordes a estos intereses se imponen a través del FMI, vale la pena etiquetar al ajuste permanente como fondomonetarista, expresión en todo caso de su carácter imperialista.

35O dicho en términos lingüísticos: para caracterizar estas políticas se debe acompañar al sustantivo “ajuste” -que define su condición de medidas de choque que impugnan el statu quo previo- el calificativo “permanente” -que indica su orientación estratégica, que va mucho más allá de un momento o circunstancia especial, por más que esa estrategia sea en sí misma una huida hacia delante- y el calificativo “fondomonetarista” -que precisa su contenido en el único terreno que permite su plena comprensión, el de los sujetos propios de la acumulación capitalista y los intereses que les enfrentan; es decir el terreno de la crítica de la economía política- (Arrizabalo, 2014: 79-83). De modo que se forma la expresión “ajuste permanente fondomonetarista” para caracterizar con rigor el contenido de fondo y el significado de estas políticas que, en todo caso, se pueden identificar más sencillamente como las políticas imperialistas que son.

36Precisamente la mención al Fondo Monetario Internacional obedece a que su concepción y diseño buscaban reservarle esa competencia única, la de poder ejercer una tutela sobre las políticas económicas de los demás países. La ecuación por tanto es muy sencilla: Estados Unidos controla de hecho el FMI, organismo que por su parte tiene la capacidad de injerencia en el resto de las economías nacionales. Ergo el imperialismo estadounidense ejerce su hegemonía, de una forma u otra según los casos (por ejemplo, la subordinación de la burguesía alemana al imperialismo estadounidense, limitada, parcial y objeto de negociaciones y conflictos es muy diferente de la subordinación de la oligarquía salvadoreña, prácticamente absoluta, general e impuesta sin apenas resistencia).

37Hay un plano en el que esto se plasma con toda elocuencia: las exigencias que el FMI impone a los países para concederles préstamos o avalar su concesión por parte de otros sujetos. El propio FMI las define como condicionalidad: cuando un país obtiene crédito del FMI, el gobierno se compromete a ajustar la política económica para superar los problemas que le llevaron a solicitar asistencia financiera a la comunidad internacional. Las condiciones de estos préstamos también sirven para cerciorarse de que el país será capaz de reembolsar los recursos al FMI. En los últimos años el FMI ha simplificado la condicionalidad para fomentar la identificación de los países con políticas sólidas y eficaces .

38Esta condicionalidad se concreta en las Cartas de Intenciones y los Memorandos de Política Económica vinculados a ellas. Aunque según el FMI estos documentos los redactan las autoridades nacionales, obviamente éstas sólo pueden formular aquello teledirigido previamente por él. De hecho, el mismo FMI reconoce que cada vez concede más peso a las “Acciones previas” a la concesión de los créditos, en una suerte de “autocensura” de los países, que deben aplicar ciertas medidas antes incluso de tener asegurado el acceso a los fondos; lo que, por tanto, les insta a ir muy lejos en dichas medidas o, para decirlo gráficamente, “a ser más fondomonetaristas que el propio Fondo Monetario Internacional”: en el marco de una amplia reforma de sus mecanismos de crédito, en 2009 el FMI introdujo un nuevo servicio de préstamos, la “Línea de Crédito Flexible” (Flexible Credit Line, FCL), que no se basa en la condicionalidad tradicional de los programas, sino que incluye estrictos criterios de habilitación predefinidos (que se conocen también como “condicionalidad ex-ante”) .

39Sólo durante dos años, entre el verano de 2010 y el de 2012, el FMI extendió este mecanismo a economías con cierta antigüedad en la Unión Europea, con las cinco Cartas de Intenciones, con su Memorando respectivo, impuestas a Grecia (6 de agosto y 8 de diciembre de 2010, 4 de julio y 30 de noviembre de 2011 y 9 de marzo de 2012), las cuatro a Irlanda (3 de diciembre de 2010, 28 de noviembre de 2011 y 10 de febrero y 30 de mayo de 2012) y las cinco a Portugal (17 de mayo, 1 de septiembre y 9 de diciembre de 2011 y 15 de marzo y 27 de junio de 2012) . También a otras como Hungría (4), Eslovaquia (1), Bulgaria (22), Letonia (11), Lituania (7) y Rumanía (22), además de otros países del este no miembros de la UE.

La apelación al liberalismo, coartada para la eliminación de obstáculos a la valorización del capital

40¿En qué medidas de política económica se concreta el ajuste? Por una parte, en un determinado manejo de las que suelen denominarse políticas económicas coyunturales: fiscal, monetaria, cambiaria y comercial, de rentas y precios, etc. Se las llama coyunturales porque se ocupan de ciertas variables, como los tipos de interés o las tasas de cambio, sobre los que se puede actuar cotidianamente. Pero cuando una determinada orientación de las políticas coyunturales persiste a lo largo de mucho tiempo, adquiere de facto un carácter permanente que llega a emparentarla con las políticas que típicamente se conocen como estructurales. Es el caso, por ejemplo, de las políticas fiscales que hacen gravitar, cada vez más, la recaudación estatal sobre los ingresos de los trabajadores, tanto directamente mediante una mayor carga fiscal a sus ingresos y un trato de favor a las rentas del capital, como indirectamente a través del peso creciente de la imposición indirecta, que repercute proporcionalmente en mayor medida sobre los salarios. Políticas fiscales regresivas que, mantenidas durante años y unidas a otras, provocan una redistribución del ingreso cada vez más regresiva.

41Por otra parte, el ajuste se concreta también en un plano directamente estructural, en el sentido de medidas no cortoplacistas: las privatizaciones, la desregulación y una determinada apertura externa. Estas medidas de fondo suelen presentarse como “reformas estructurales”, con tanta pompa como poco rigor. Porque la noción de reforma tiene un contenido conocido, consolidado históricamente como tal, que alude a la institucionalización de límites a la explotación capitalista, esto es, mejoras relativas para la clase trabajadora que se incorporan en la regulación estatal . Las medidas a las que se alude, las del FMI, no son por tanto reformas, son contrarreformas: no ponen límites a la explotación capitalista, sino que, al contrario, los reducen cada vez más, con el objetivo final de su total eliminación.

42Para abordar la forma que toma la aplicación del conjunto de esta política, es necesario volver al debate sobre el trasfondo teórico del ajuste: que la política económica no se dilucide en el terreno teórico no significa que no se apele a formulaciones teóricas. Sí que se remite a ellas, de cara a presentar la orientación a imponer no como una decisión política marcadamente de clase, sino como una decisión técnica o científica; es decir, para justificarla. En efecto, las referencias a la teoría siempre tienen una intencionalidad práctica. Por ejemplo, identificar como principales problemas de una economía nacional el déficit comercial con el exterior o la inflación (y nunca el desempleo o la desigualdad), prepara el terreno para recortar sesgadamente las posibilidades de consumo de la población, el objetivo buscado:

“el resultado final de la integración de esas diferentes (aunque no antagónicas) aproximaciones teóricas, podría sintetizarse en los siguientes términos: el déficit de la balanza de pagos y la inflación son desequilibrios generados por una capacidad de demanda (deseo de comprar apoyado con dinero y crédito) superior a las posibilidades inmediatas de la oferta interna y la capacidad para importar, que induce descensos de las reservas monetarias internacionales [es decir] el enfoque que subyace en las políticas de estabilización que postula el FMI concibe el déficit de la balanza de pagos y la inflación como un fenómeno circunstancial originado en una falla o desvío del funcionamiento económico estimado normal; esto es, en condiciones de equilibrio y estabilidad bajo el supuesto de mercados que operan en competencia perfecta. La responsabilidad en el origen de esas distorsiones monetarias, que se expresan en una sobrevaluación cambiaria, un exceso de demanda global y una excesiva expansión crediticia, se adjudica en definitiva al erróneo manejo de las políticas económicas que impiden el libre funcionamiento de los mercados”
Lichtensztejn y Baer, 1986: 70-71 y 74.

43O dicho de otra forma: situar en el centro la inflación es simplemente una excusa para imponer una serie de medidas, como se muestra en el hecho de que sus resultados respecto a ella son muy limitados:

“como programas antiinflacionarios y de estabilización, los del FMI poseen una eficacia más que dudosa. De hecho, no constituyen sino un taparrabos que racionaliza la generación de procesos recesivos. Con ellos, se busca debilitar la fuerza económica y política de la clase obrera, de la burguesía industrial nacional y de vastas capas de la pequeña y mediana burguesía. Su eficacia real habría que juzgarla en términos de sus objetivos más bien implícitos: centralización de capitales, elevación de la tasa de plusvalía, reestructuración del aparato económico estatal, succión de excedentes por el capital transnacional, etcétera (…)”
Valenzuela, 1991: 154.

44Precisamente por eso, por el carácter puramente instrumental de las políticas, el FMI no guarda una línea teórica inamovible. Como se apoya mayoritariamente en aquellas formulaciones funcionales a los objetivos de fondo perseguidos, se le identifica con posiciones liberales o neoliberales, porque éstas, cuestionando con carácter general la intervención del Estado en la economía, sirven de coartada para la particular intervención del Estado que se quiere liquidar: aquella que toma la forma, por ejemplo, de salario indirecto. Pero, ni que decir tiene, el cuestionamiento de la intervención estatal se abandona si lo que está en juego es, por ejemplo, un entramado de subvenciones a ciertos segmentos del capital privado o el impulso a determinadas infraestructuras requeridas por ellos.

45La acumulación del capital exige un aumento de la tasa de plusvalía, para intentar evitar que la tendencia a la caída de la tasa de ganancia se verifique efectivamente. Para ello se busca la reducción del salario indirecto (especialmente a través de la privatización-liquidación de los servicios sociales, como la enseñanza o la sanidad), del salario directo (sobre todo mediante la impugnación de los marcos estatales de relaciones laborales, la reglamentación que protege relativamente a los trabajadores, asegurando su capacidad negociadora) y del salario diferido (con el cuestionamiento del salario de enfermedad o de desempleo o de vejez). En este último caso la experiencia chilena la toman como referente porque allí se liquidó completamente en los apenas siete meses que van de octubre de 1980 a mayo de 1981 (Arrizabalo, 2014: 394-402). Por eso, en las últimas cuatro décadas el liberalismo ocupa un lugar muy importante en el marco general de referencia del FMI, dado que ofrece la mejor cobertura teórico-ideológica para estas políticas que se quieren imponer en todo el mundo. Pero sin dejar de apelar a otras formulaciones teóricas, si resultan útiles para la imposición de las medidas que exige el capital.

46Desde los años cuarenta se había intentado dar un impulso al liberalismo, en especial con la publicación en 1944 de la obra de Hayek Camino de Servidumbre, en la que critica la intervención estatal a la que identifica como un obstáculo para el llamado “libre juego de las fuerzas del mercado”. A continuación, en 1947 el propio Hayek convoca una conferencia en Mont-Pèlerin (Chardonne, Suiza), a la que asisten no sólo economistas como él, su antecesor Mises o Friedman, sino también políticos como Erhard, filósofos como Popper, etc. De allí surge la Sociedad Mont-Pèlerin, baluarte de ese “nuevo liberalismo”. En el campo de la economía, la base es el enfoque neoclásico. En torno a él se funden corrientes conexas, cuyos antecedentes directos son los economistas vieneses citados, Mises y Hayek. Entre estas corrientes destaca especialmente el monetarismo (Friedman). Pero también la Economía de la Oferta (Mundell, Laffer, Gilder, Wanniski, Craig Roberts, de quienes suele verse a Mellon como antecedente), la teoría de la elección pública (Buchanan), la economía de las expectativas racionales (Muth, Lucas, Sargent, Wallace, Barro) y otras. Con todo ello y más allá de ciertas discusiones internas, se conforma la Nueva Macroeconomía Clásica que acabará desplazando a un segundo plano, tanto en el terreno político como en el académico, a la “síntesis neoclásica-keynesiana”:

“si el enfoque macroeconómico propugnado por Keynes fue originalmente un intento de superar el extremo individualismo metodológico característico de los neoclásicos ortodoxos, hoy las cosas se presentan de otra manera, y la propia Macroeconomía keynesiana, entremezclada primero con otros componentes neoclásicos en el seno de la llamada “Síntesis” (la síntesis neoclásico-keynesiana de Hicks, Hansen, Samuelson, etc.), y retada de forma cada vez más intensa por lo que se ha dado en llamar “Nueva Macroeconomía Clásica” -que mejor cabría denominar “Macroeconomía neoclásica pura”, por su renuncia a la voluntad de compromiso representada por la “Síntesis”-, formada por una conjunción de teorías que han ido surgiendo en oposición a la Síntesis -como el “monetarismo”, la teoría de la “elección pública”, la Economía de las “expectativas racionales”, la “Economía de la Oferta”, etc.-, ha evolucionado hasta lo que es hoy la Macroeconomía sincrética de los manuales al uso. En ella, la nota más característica es que no queda rastro alguno del intento keynesiano de restaurar el enfoque social, holista, no-individualista, característico de la tradición clásica y marxista, que ha quedado por completo extirpado por la costumbre de identificar lo macroeconómico como el resultado de una simple “agregación” (aritmética, gráfica, etc.) de resultados obtenidos en el plano de la conducta individual de los agentes económicos”
Guerrero, 1997: 32.

47El conjunto de estas formulaciones se concreta en el Consenso de Washington (como lo denomina el economista británico John Williamson en Lo que Washington entiende por política de reformas). Este “Consenso” recoge esas medidas de políticas que, ciertamente, ya venían aplicándose, especialmente en las economías subdesarrolladas al amparo de sus inducidos problemas de endeudamiento externo. Se pueden recopilar en un decálogo, que exponemos a continuación de acuerdo con su propia terminología (que en muchos casos resulta poco ajustada a la realidad, además de contradictoria). Las tres primeras se refieren a las cuentas públicas: i) disciplina fiscal y control del déficit público; ii) reducción y preferiblemente eliminación del gasto público en subsidios y subvenciones; iii) reforma impositiva que modere los tipos marginales. La llamada liberalización es el objetivo que se busca con las cuatro siguientes: iv) liberalización de los tipos de interés, que debe determinar el mercado y, sin embargo se defiende que deben ser positivos; v) liberalización de los tipos de cambio, que igualmente ha de establecer el mercado, pero que, a la vez, se sostiene que sean competitivos y estables; vi) liberalización de la política comercial, mediante la eliminación de trabas a las importaciones (retirada de cuotas y limitación de aranceles, que deberían ser poco dispersos y situarse entre el 10 % y el 20 %), así como del abandono de la protección a la industria nacional; vii) liberalización de la inversión extranjera directa (IED), que no debería ser discriminada respecto a la nacional (de hecho, se sitúa como objetivo su atracción, incluso mediante la capitalización de deuda). Finalmente aparecen las tres medidas que enmarcan el conjunto de esta orientación: viii) la privatización defendida con el mantra de la mayor eficiencia de las empresas privadas; ix) la desregulación de los mercados, tanto internos como en las relaciones con el exterior, en aspectos entre los que se incluyen algunos de los ya mencionados: controles a la inversión extranjera, barreras a las importaciones, impuestos, control de ciertos precios, así como muy señaladamente la eliminación de todo límite legal a los despidos; x) garantía de los derechos de propiedad.

48Ni que decir tiene que este programa, además de presentarse de una forma embellecida, pues elude referirse directamente siquiera al empleo, las condiciones de trabajo y los salarios, tanto directos como indirectos, incurre en contradicciones. Por ejemplo, la de sugerir cómo deben ser las tasas de interés o los tipos de cambio, mientras formalmente se defiende su determinación por el mercado. Estas contradicciones se explican porque la defensa del “libre juego del mercado” es muy ambigua: por una parte, se defiende formalmente y de manera muy enfática, pero, por otra parte, en el terreno práctico se prescinde de ella en aquellos ámbitos en los que una determinada intervención del Estado es favorable a los intereses de los sectores dominantes del capital.

49En el marco del análisis económico burgués, protagonizado en gran medida por monetaristas y keynesianos, hay un punto en el que se concentra buena parte de la discusión: la llamada Curva de Phillips. Su formulación original de 1958, del neozelandés A. W. Phillips, era puramente empírica y planteaba simplemente que la relación entre la evolución de los salarios nominales y el desempleo presentaba la forma de una curva con pendiente negativa y no lineal, así como convexa respecto al origen (cuanto mayor es la tasa de desempleo, mayor será su reducción ante un aumento determinado de los salarios nominales).

50La evidencia estadística de las anteriores secciones II a IV, parece apoyar en general la hipótesis planteada en la sección I, de que la tasa de variación de los salarios monetarios puede explicarse por el nivel de desempleo y la tasa de variación del desempleo, excepto en los años o inmediatamente después, en los que hay un aumento suficientemente rápido de los precios de importación para compensar la tendencia de aumento de la productividad para reducir el costo de vida (…) Estas conclusiones son, por supuesto tentativas. Es necesaria una investigación mucho más detallada sobre las relaciones entre desempleo, salarios, precios y productividad.

51En 1960, el canadiense Lipsey elabora un análisis teórico de la curva y los estadounidenses Samuelson y Solow la reformulan, sustituyendo los salarios nominales por la inflación, dándole así la forma con la que es conocida habitualmente . El trade-off o compensación entre inflación y desempleo es impugnado por los autores monetaristas, desde Friedman y Phelps, que plantean que la curva no es estable, sino que se desplaza de acuerdo con las expectativas de inflación . De modo que en el largo plazo la curva de Phillips no es decreciente sino vertical.

52Tras esta polémica teórica hay un trasfondo importante en materia de política económica. Frente a las posiciones keynesianas, que apoyan la intervención pública mediante políticas fiscales y monetarias expansivas, los monetaristas plantean que éstas son inútiles, porque al aumentar los precios en proporción al aumento de la oferta monetaria, sus posibles efectos en la economía real se difuminan en el largo plazo e incluso en el corto.

53En los años setenta, con la estanflación que supone la existencia simultánea de desempleo e inflación, se extiende la crítica a la formulación keynesiana de la curva de Phillips, impulsándose un nuevo monetarismo al que se conoce como Nueva Macroeconomía Clásica, basada en particular en la noción de expectativas racionales (desarrollada por autores como Lucas, Sargent, Wallace y Barro, entre otros). Esta corriente sostiene que la curva de Phillips es vertical incluso en el corto plazo, de lo que derivan la noción de “tasa natural de desempleo”, a la que denominan con el acrónimo NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment o “tasa de desempleo no aceleradora de la inflación”). Esta posición dinamita de facto la vieja síntesis neoclásico-keynesiana, de gran predicamento teórico desde los años treinta, que consideraba el planteamiento de Keynes como un caso particular del análisis neoclásico, sobre la base del modelo IS-LM desarrollado principalmente por Hicks y Hansen, y profundizado por otros autores como Modigliani .

54El sentido de este debate no puede ser comprendido desde una perspectiva economicista ni en términos puramente teóricos. Tras él se encuentra la realidad de las dificultades crecientes de valorización que, justamente en los años setenta, desembocan en la crisis. En ese contexto, la formulación de una tasa natural de desempleo (o una NAIRU) tiene una consecuencia obvia: puesto que no tiene sentido ninguna intervención pública para combatir el desempleo, en el primer plano solamente ha de situarse la lucha monetarista contra la inflación (posición que, como ya se ha señalado, encarnan con claridad Reagan y Thatcher). De hecho, junto con la NAIRU se formula asimismo la noción de tasa de desempleo no aceleradora de los salarios (Non Accelerating Wage Rate of Unemployment o NAWRU). Con ella se busca legitimar la posición política de que los salarios no crezcan por encima de la productividad o, dicho de otro modo, que no se reduzca la tasa de plusvalía (lo que efectivamente ocurrió algunos años en algunas economías avanzadas durante esa década) y, para lograrlo, imponer la desregulación laboral que debilite la posición de fuerza de la clase trabajadora.

55En definitiva, este planteamiento refleja la reivindicación por parte del capital de un “ejército industrial de reserva” que sea suficiente para disciplinar los salarios. Por tanto, bajo la coartada de controlar los precios, lo que realmente se impone es una nueva forma de aumentar la explotación. Es decir, se abandona el viejo mecanismo de limitar los salarios reales a través de la inflación, habida cuenta de que la fuerza negociadora de la clase trabajadora lo inutiliza al indexar la evolución de los salarios al aumento de precios. Y en sustitución de este mecanismo se recurre a otro más directamente coercitivo: la presión del desempleo y el subempleo.

56Además, hay un elemento que condiciona cada vez más la discusión acerca de las cuestiones monetarias. Se trata de que la oferta monetaria (es decir, la cantidad de dinero existente) no obedece exclusivamente a la autoridad monetaria, sino que, gracias a la desregulación financiera, se desarrolla una emisión privada creciente (a lo que se añade también la posibilidad de una mayor velocidad de circulación del dinero; que, sin embargo, la teoría cuantitativa considera constante) . Se refuerza así la argumentación de que la reducción efectiva de la inflación en los primeros años ochenta, en los países desarrollados, no se debió al control de la masa monetaria, sino a la recesión provocada por estas políticas. Esto se aprecia con claridad en las dos economías en las que estas políticas se aplicaron antes y con una mayor intensidad: Estados Unidos y Reino Unido. En ellas, la inflación disminuye desde el año 1981, como consecuencia de la evolución del PIB que, en los años 1980, 1981 y 1982, fue respectivamente del -0,3 %, 2,5 % y -2,0 % en la economía estadounidense y del -2,0 %, -1,2 % y 2,2 % en la británica, lo que supone más de 4,5 millones de nuevos desempleados en EE. UU. entre 1979 y 1983, y casi 2 millones en Reino Unido en 1979-1986 (exactamente 4.627.000 y 1.983.000) .

57Conviene precisar bien el significado de este cambio en relación con la inflación y el marco general de la política económica en el que se encuadra. Tras la Segunda Guerra Mundial el endeudamiento público era un problema para la acumulación. Ante ello, el “mecanismo inflacionario” se convirtió en una forma de aliviarlo:

“la reducción de la deuda pública es por tanto una necesidad para el capital. Uno de los medios para lograrla es el permanente aumento de los precios que tiene como efecto disminuir de año en año el valor real de la deuda a reembolsar. El componente inflacionista de la política keynesiana, al mismo tiempo que favorece la tasa de ganancia al disminuir los salarios reales, contribuye a reducir el peso de los gastos públicos sobre la acumulación privada
Gill, 1996: 684- 685.

58Con la crisis que estalla en los primeros años setenta, la política económica adopta, como se ha dicho, el control de la inflación como parte del entramado que trata de restaurar la rentabilidad mediante el aumento directo e indirecto de la tasa de plusvalía:

“los mismos objetivos de rentabilización se han perseguido en lo sucesivo en el marco de una política que sitúa la lucha contra la inflación como una prioridad. En situación de inflación reducida, la reducción de los salarios reales exigen desde ahora en adelante un ataque directo contra los salarios, el cual pasa necesariamente por un ataque contra las condiciones de empleo y de trabajo en general (salario mínimo, sanidad y seguridad, fondos de pensión, antigüedad, acceso a la sindicación, etc.), ataque que se apoya en una reclamación de desreglamentación a todos los niveles, mientras que la reducción de la deuda pasa por la reducción directa de los gastos públicos y el desmantelamiento o la rentabilización de los servicios del Estado, medios draconianos para frenar en la fuente su progression” .
ibidem: 685

59Es un cuestionamiento en toda regla del statu quo configurado hasta entonces:

“en estas medidas hay algo más que un simple reajuste de orientación. La erosión perceptible a medias de los salarios reales y de la deuda pública por la inflación se sustituye entonces por una abierta ofensiva cuyo doble objetivo es la supresión de toda traba a la explotación del trabajo y a la liquidación del sector público, es decir, la recuperación por el sector privado de aquello que de alguna manera le había sido "expropiado" con el transcurso de los años por el lugar creciente tomado por el Estado; se trata de "recapitalizar" una economía de la que una parte cada vez mayor llegaba a funcionar escapando a las reglas del capital; se trata de volverle a dar un carácter capitalista a todo un conjunto de actividades cuyo mantenimiento y existencia deberán depender de su rentabilidad y cuyo funcionamiento será parte integrante de la acumulación del capital”
ibidem: 685.

60La crisis, al fin y al cabo, permite observar con más nitidez el conflicto de intereses entre la clase trabajadora y la clase capitalista:

“desreglamentación, privatización, retroceso del intervencionismo y reducción de los programas sociales son las consignas en nombre de las cuales el capital ha emprendido su lucha para acabar con las conquistas sociales y democráticas de las organizaciones sindicales y populares (derechos democráticos a la salud, a la seguridad social, a la educación, etc.) de las que se beneficia el conjunto de la población trabajadora, es decir, la aplastante mayoría de la población. Por esenciales que sean estas conquistas puesto que responden a profundas necesidades sociales, son un obstáculo para el capital, para la producción de ganancia, para la acumulación privada. El capital, preso de pánico en el momento en que se intensifica la crisis crónica mundial de la economía, se empeña en una ofensiva en toda regla para liquidarlas”
ibidem: 685-686.

61Además de las medidas monetaristas, el entramado teórico identificado de forma genérica con el término “neoliberalismo”, al que se apela interesadamente para presentar una decisión política de primerísima importancia como si fuera una cuestión meramente técnica, incluye otros elementos y en particular los planteamientos de la llamada Economía de la Oferta. Esta corriente también se remite a la economía liberal clásica y en particular a la formulación que se asocia con la figura de Jean Baptiste Say: la ley de los mercados (loi des débouchés), conocida como “Ley de Say” y simplificada en la idea de que toda oferta crea su propia demanda .

62La Economía de la Oferta se concentra sobre todo en cuestiones fiscales, sobre las que aplican los instrumentos microeconómicos neoclásicos y, en particular, el de los precios relativos. A partir de ello concluyen que hay un exceso de intervención estatal en este plano, concretada en una fiscalidad demasiado elevada y demasiado progresiva, que desincentiva la inversión productiva. La referencia principal de este planteamiento es la Curva de Laffer, según la cual, a partir de un cierto nivel de impuestos, hay una relación inversa entre el tipo impositivo y la recaudación fiscal, porque una fiscalidad elevada desincentiva la actividad económica . A la inversa, una reducción de los tipos impositivos provoca un aumento de los ingresos gracias a su efecto de estímulo de la inversión. En definitiva, “la economía de la oferta sustituye la preocupación por la stagflation por una nueva que denomina taxflation” (Gill, 1996: 678).

63En consecuencia, recomiendan reducir los tipos impositivos marginales, alegando que se trata de estimular la inversión favoreciendo fiscalmente a quienes tienen mayor capacidad de ahorro. De hecho, un destacado autor de esta corriente, George Gilder, afirma que para reducir las desigualdades primero hay que aumentarlas . Este planteamiento se extiende a otros ámbitos, instando a reducir la cobertura del desempleo “para estimular la búsqueda de empleo”, o proponiendo la reducción de las cotizaciones patronales a la seguridad social “para incentivar la contratación” (el FMI llega a calificar de “impuesto contra el empleo” a estas cotizaciones).

64Finalmente, estas formulaciones concluyen en las políticas de privatización-liquidación de empresas y servicios públicos:

65“el Estado no solamente debe retirarse de las actividades productivas en las que entra directamente en competencia con el sector privado, sino también reducir al máximo los gastos asociados a sus actividades improductivas de sanidad y educación públicas, de protección social y de redistribución de los ingresos, al igual que algunas de sus funciones administrativas o de proveedor de infraestructuras sociales. Desde esta perspectiva, las funciones del Estado que no pueden ser privatizadas deben ser gestionadas según las normas de la empresa privada y rentabilizadas, a falta de lo cual deberán ser eliminadas (…) En este contexto de vuelta a un liberalismo integral del que se evacua todo papel real del Estado, corresponde al individuo económicamente “racional” y sólo a él tomar las decisiones que, al hacer óptima su satisfacción inmediata e intertemporal en tanto que consumidor, suministrador del trabajo, ahorrador o productor, se supone que simultáneamente logran el bienestar general” (Gill, 1996: 679).

66Hay una prueba definitiva que muestra con claridad que apelar a estas pomposas formulaciones pseudoteóricas, muy simplistas y demagógicas, no es más que una escenificación para camuflar su carácter marcadamente clasista. Esta prueba la aporta el resultado efectivo de la aplicación de estas políticas, de las que el doble período presidencial de Reagan (1981-1989) es paradigmático:

“la adopción en los años ochenta de medidas fiscales que se inspiran en las propuestas planteadas por la economía de la oferta ha dado lugar, contrariamente a las previsiones de la curva de Laffer, a una explosión de los déficit presupuestarios y a un fuerte incremento de la deuda pública cuyo financiamiento se revela tanto más pesado cuanto las tasas de interés reales (tasas de interés monetarias o nominales reducidas en la magnitud que presenta la tasa de inflación) han seguido siendo muy elevadas a pesar de una reducción de la inflación a lo largo de toda la década (…) La reducción de las tasas marginales de tasación no ha permitido incrementar los ingresos fiscales por la ampliación de la base imponible que teóricamente debía acompañar a un crecimiento económico mejorado por una mayor propensión al ahorro, al trabajo, a la innovación y a la inversión (…) Obviamente, con un nivel real de gastos públicos constante, una caída de los ingresos amplifica un déficit presupuestario, de ahí la campaña concertada llevada en todos los países para reducir el “tamaño del Estado”, es decir, principalmente las partidas más onerosas pero al mismo tiempo las más necesarias de los gastos públicos que son los programas sociales, al ser señalados los gastos como la fuente del mal cuando, por el contrario, éste venía de la caída de los ingresos. A lo largo de toda esta década se han profundizado también las desigualdades en la distribución del ingreso. Sin duda ésta es, en opinión de los economistas de la oferta, la necesaria situación transitoria de desigualdades crecientes que serían la condición previa obligada para una mayor prosperidad futura para todos y todas”
Gill, 1996: 679-680.

67Con todo lo expuesto queda clara la complementariedad entre las formulaciones monetaristas, con sus desarrollos posteriores, y la Economía de la Oferta. Sus recomendaciones respectivas confluyen en promover espacios de rentabilidad mediante una desvalorización de la fuerza de trabajo, tanto directa como indirectamente. Por una parte, debilitando el salario directo a través de la presión que impone el ejército industrial de reserva, sacralizado como “tasa natural de desempleo”. Por otra parte, mediante la reducción del salario indirecto y diferido por la privatización de servicios públicos (sanidad, transporte público, educación, pensiones) y por el recorte directo en ámbitos como el subsidio de desempleo.

68Pero todo este despliegue teórico o pseudoteórico no es más que el espectáculo de fuegos artificiales utilizado para camuflar que la política económica no obedece a debate teórico alguno. Que sólo atiende a las necesidades de los sectores que tienen la capacidad de imponer que los gobiernos apliquen las medidas acorde a sus intereses.

Conclusión: ¿Denuncia del neoliberalismo o defensa incondicional de las reivindicaciones?

69En las filas de las organizaciones que se reclaman de los intereses de la mayoría de la población, que es la clase trabajadora, se ha hecho fuerte la idea de que los graves problemas sociales actuales proceden del neoliberalismo. Se trata de una idea muy endeble pero que, a la vez, resulta peligrosa. Es endeble por su carácter idealista, que presupone que la política aplicada obedece a una posición teórica, como si la política, que se decide en el terreno de la lucha de clases, se alineara necesariamente con tal o cual planteamiento teórico. De modo que los gobiernos quedaran presos de dicho planteamiento, no pudiendo aplicar medidas distintas a las que éste presenta. Esto es, como si las medidas no se impusieran con total independencia de que tal o cual corriente teórica las promueva.

70Frente al delirio promovido por la propaganda burguesa, que reivindica la existencia de una sociedad como mera suma de individuos (el engendro del “homo economicus”), en la realidad existen agrupamientos de los individuos de acuerdo con sus intereses compartidos, ligados a su lugar en las relaciones de producción (a su vez determinados por su condición o no de propietarios de medios de producción). Son las clases sociales, principalmente la clase burguesa y la clase trabajadora en las sociedades que llamamos capitalistas, aquellas en las que domina el modo de producción capitalista. Para hacer valer esos intereses, las clases se organizan políticamente, en un proceso plagado de dificultades y contradicciones. La clase explotadora, la capitalista, se organiza en particular en torno a su Estado, el Estado burgués, que se constituye como “un comité que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” . Por su lado, la clase explotada, la trabajadora, se organiza como movimiento obrero, construyendo partidos y sindicatos sobre todo.

71El conjunto de miembros de la clase capitalista comparte intereses frente a la clase trabajadora, a la que explota no remunerándola todo el trabajo que realiza (el trabajo no pagado constituye la plusvalía que se apropia la clase capitalista como ganancia). Pero esta clase se encuentra fragmentada porque sus integrantes, los capitalistas, compiten entre sí para repartirse la plusvalía total, es decir, para apropiarse como ganancia, individualizadamente, de una parte de dicha plusvalía. No sólo está fragmentada sino en conflicto, porque la ley del descenso tendencial de la tasa de ganancia se expresa en un estrechamiento del mercado ya mundial, en una sobreacumulación reveladora de que “no hay sitio” para todos los capitales que aspiran a valorizarse (no hay sitio porque no hay plusvalía suficiente). Por eso es una fracción del capital, la dominante, la que de hecho maneja los Estados burgueses, imponiendo la política que favorece a sus intereses particulares. Incluso constitucionalizándola, como se aprecia con claridad en dos ejemplos recientes.

72En el caso español, en septiembre de 2011 se cambia el artículo 135 de la constitución para establecer la prioridad del pago de la deuda sobre cualquier otro gasto público, es decir, la transferencia de recursos de todos a la fracción dominante del capital que es el capital financiero: “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta” .

73En el caso chileno, en respuesta al estallido social, en noviembre de 2019 se modifica el capítulo XV de la constitución para habilitar el proceso constituyente en curso, estableciéndose en el artículo 135 la prohibición de remover los acuerdos comerciales ya firmados: “el texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” . Esto es, se blindan las políticas de apertura fondomonetarista, concretada en los tratados internacionales que son los llamados acuerdos de libre comercio. Políticas que no sólo desprotegen a la clase trabajadora, sino que también perjudican a los pequeños capitales de base nacional, al eliminar las medidas que reservaban en alguna medida el mercado nacional para ellos.

74En este caso la medida aperturista coincide con lo que dicen los liberales, pero obviamente se aplicaría igual cualquier otra medida que favoreciera al capital, con total independencia de su adscripción teórica (como en el ejemplo mencionado de 1982-84). Lo mismo ocurre con el cambio constitucional español: aunque podría pensarse que sí es una medida liberal, porque el resto del artículo 135 se encuadra en una orientación de estabilidad presupuestaria y al fin y al cabo impone que el Estado pague deuda. Pero sabiendo el hecho de que la política económica se dirige permanentemente al endeudamiento público, ese redactado impone una transferencia constante hacia el capital, un mecanismo de subvención de facto. Lo opuesto a lo que dicen defender los liberales.

75En cualquier caso, todo lo anterior corresponde a la perspectiva de la clase capitalista respecto a un Estado que le es propio, constituido para garantizarle su propiedad de los medios de producción y la vía para su mantenimiento y ampliación que es la explotación. Pero este Estado existe en una sociedad en la que la explotación provoca la lucha de la clase explotada que, históricamente, ha logrado incrustar conquistas en él, respecto a las cuales la clase capitalista alega que el Estado no debe intervenir, vale decir, que dichas conquistas deben ser desmanteladas.

76Por el contrario, ¿cuál es la perspectiva de la clase trabajadora acerca de la intervención estatal? La clase trabajadora en general, incluso la organizada como movimiento obrero, no tiene una posición monolítica. Hay sectores de ella que depositan ilusiones en que se puedan resolver los problemas en la sociedad capitalista, a través de la intervención del Estado. Esto ocurre porque sectores incluso mayoritarios de la dirección del movimiento obrero se han pasado al bando de la clase burguesa, colaborando con ella. En particular la corriente socialdemócrata, muy simbólicamente desde 1914, y la estalinista, desde finales de los años veinte. Facilitan así el hecho que señalaba Lenin (1916: 480) hace ya un siglo: “la ideología imperialista penetra, incluso, en el seno de la clase obrera, la cual no está separada de las demás clases por una muralla china”.

77Antes ya, Luxemburg (1900: 9) comienza así su libro Reforma o revolución: es posible que el lector se sorprenda, prima facie, por el título del presente trabajo. ¿Puede declararse la socialdemocracia en contra de las reformas? ¿Debemos oponer la revolución social, la transformación del orden existente, última meta a la que aspiramos, a las reformas sociales? Por supuesto que no. La lucha diaria por las reformas, por el mejoramiento de la condición de los trabajadores dentro del sistema social y por las instituciones democráticas, ofrece a la socialdemocracia el único medio de tomar parte activa en la lucha de clases al lado del proletariado y de trabajar en dirección a su objetivo final: la conquista del poder político y la supresión del trabajo asalariado. Entre las reformas sociales y la revolución existe para la socialdemocracia un lazo insoluble: la lucha por las reformas es su medio; la revolución social, su fin.

78Y aclara el estatus de las reformas en el terreno económico en los siguientes términos: “expresado desde el punto de vista económico, no es una amenaza a la explotación capitalista, sino simplemente la regulación de esta explotación” (ibidem: 39). En torno a todo esto hay una importante discusión que, en cualquier caso, excede completamente el alcance de este apartado final . Pero incluso planteada de forma tan general sirve para contextualizar la conclusión final.

79La clase trabajadora no tiene nada que ganar identificando el enemigo en una determinada corriente burguesa y las formulaciones teóricas o pseudoteóricas de sus propagandistas. Porque es un debate entre burgueses, todos los cuales comparten la defensa de la sociedad capitalista que se basa en la explotación, cada vez más acrecentada, de la clase trabajadora. Y porque por eso mismo es un debate falso en cuanto a su implicación en la política efectivamente aplicada. La cual sólo obedece a los intereses de la clase capitalista o de su fracción dominante.

80Por tanto, la clase trabajadora no tiene nada que ganar identificando el enemigo en el neoliberalismo. Porque el debate entre liberalismo (o neoliberalismo) y keynesianismo es un debate entre burgueses, todos los cuales comparten que las conquistas obreras y democráticas deben ser desmanteladas, de acuerdo con las necesidades de la acumulación capitalista. Y porque por eso mismo es un debate falso ya que las medidas que se adoptan, no se adoptan atendiendo a disquisiciones teóricas, sino a los intereses directos de la clase capitalista o su fracción dominante.

81De hecho, la alineación del movimiento obrero con una corriente burguesa, sea la que sea, la keynesiana o cualquier otra, es literalmente su alienación. El movimiento obrero se convierte en otro. Construido para la defensa de los intereses de la clase trabajadora, se reorienta en función de la ilusión falaz de un capitalismo bueno, a cuya construcción debe contribuir, en particular por la vía del llamado diálogo social. Es decir, se convierte en pilar del orden burgués. Al igual que ocurre con la fórmula tan en boga de “colaboración público-privada”, mera charlatanería que oculta su contenido real de poner los recursos públicos en manos del capital privado, el diálogo social es simplemente la autoanulación de las organizaciones obreras, que se ponen al servicio del capital, comprometiéndose en un supuesto bien común que no lo es ni podría serlo, dado que su fundamento es la explotación de trabajadoras y trabajadores, además necesariamente en aumento, por las leyes que inexorablemente rigen la sociedad capitalista.

82Y entonces, ¿qué debería hacer la clase trabajadora? La respuesta es sencilla: defender sus reivindicaciones de una forma incondicional y, por consiguiente, hasta el final. Por supuesto, sin menospreciar cualquier conquista parcial que se alcance, en el buen entendimiento de que estas conquistas tienen una doble virtud: por una parte, práctica, en tanto permiten aliviar la explotación capitalista en el “mientras tanto”. Por otra parte, pedagógica, por cuanto favorecen la toma de conciencia de la clase acerca de esa condición de conquista, es decir, de mejoras que son resultado -y no podría ser de otro modo- de su actuación política independiente, que van de la mano de su organización política asimismo independiente. Claro que con el horizonte de una sociedad sana y por tanto no presidida por la propiedad privada de los medios de producción, es decir, de una sociedad comunista. Pero concentrada en lo que toca en cada momento, porque no hay atajos.

83El problema no es el neoliberalismo, simple propaganda de las exigencias del capital en su estadio imperialista, tremendamente exacerbadas hoy. El problema son estas exigencias del capital, que impugnan frontalmente todas las conquistas arrancadas y toda aspiración a una vida verdaderamente digna para el conjunto de la población. Problema que sólo se puede combatir exitosamente mediante el agrupamiento político que permita la defensa de conquistas y aspiraciones hasta el final.

Bibliographie

Bibliografía

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Auteur

Profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, director del Diploma de Formación Continua "Análisis crítico del capitalismo (El método marxista y su aplicación al estudio de la economía mundial actual)" y director del Instituto Marxista de Economía (IME). Doctorado en Economía en la UCM (1993), máster Internacional en Planificación, Políticas Públicas y Desarrollo, CEPAL-ILPES (Naciones Unidas) en Santiago de Chile (1990), licenciado en Ciencias Económicas (1989) y en Sociología (1992) en la UCM.

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